La localidad neuquina sufre actividad sísmica hace ocho años como consecuencia del fracking en Vaca Muerta. Mientras el suelo tiembla y los hogares se desmoronan, la causa judicial impulsada por sus habitantes descansa en la Corte Suprema hace más de un año.

El 19 de noviembre se cumplieron ocho años del primer temblor en Sauzal Bonito, provincia de Neuquén, que tuvo una magnitud de 4,2 en la escala de Richter e inauguró una realidad con la que sus habitantes deben convivir día a día producto del fracking en Vaca Muerta.

“Se ríen de la desgracia ajena”, dice Andrés Durán, habitante de Sauzal Bonito, sobre el gobierno provincial. “Es una cuestión de intereses de un grupo monetario junto con grupos parlamentarios, pero en el medio somos sesenta familias que estamos padeciendo lo peor de lo peor”, denuncia.

El 28 de agosto de 2013, YPF en asociación con Chevron dieron inició a la fractura hidráulica de Vaca Muerta, una formación geológica que tiene una extensión de treinta mil kilómetros cuadrados y comprende parte de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Desde entonces las perforaciones han crecido año a año.

De acuerdo con Martín Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, el fracking es una técnica con la que se busca extraer hidrocarburos no convencionales, de difícil acceso, que están alojados en roca madre y arenas compactas. Este tipo de intervención consiste en la perforación del suelo e inyección a alta presión de agua, arena de sílice y químicos que permiten la migración de los hidrocarburos. En el caso de Vaca Muerta, estos están alojados entre los tres mil y cuatro mil doscientos metros de profundidad.

En Argentina, “el cambio de la técnica fue radical a partir del 2000”, afirma Mullally, “antes estaba muy focalizada. Se hacían una o dos fracturas a lo sumo y ahora toma una escala masiva” que requiere perforar permanente y sistemáticamente para realizar las extracciones de hidrocarburos no convencionales. Según Mullally, “en la provincia de Neuquén está concentrado el 95% de la explotación de Vaca Muerta” y esto lleva a que en 2021 hubiera un promedio de 5,6 incidentes diarios además de los constantes temblores.

“A partir de 2015 empezaron a generarse movimientos pequeños, casi imperceptibles, hasta que un día tuvimos un gran temblor”, cuenta Durán, que habita Sauzal Bonito hace diez años. “Fue como un sacudón; daba la impresión de que se iba a caer todo”, añade y explica que al principio no sabían de qué se trataba ya que, a pesar de encontrarse sobre la falla de Huincul, Sauzal Bonito no cuenta con antecedentes de temblores previos a la implementación del fracking. Este paraje de menos de 400 habitantes se encuentra frente al yacimiento Fortín de Piedra, operado por el grupo multinacional Techint.

“Entre 2018 y 2023 tuvimos aproximadamente cuatrocientos temblores, un 80% en Sauzal Bonito”, afirma Durán y explica que muchos de sus habitantes tuvieron que desalojar sus hogares ya que “la mayoría de las casas tiene más de treinta, cuarenta, cincuenta años, se hacían con adobe y algunas son de adobe con revestimiento de cemento. Todo se rompió”.

Además de temblores constantes que provocan el desprendimiento de rocas y la fractura de las viviendas, el fracking en Vaca Muerta es responsable de producir contaminación hídrica en la zona. Las empresas “captan el agua del río y la vuelven a tirar sucia”, afirma Durán y cuenta que en Sauzal Bonito solían utilizar un sistema de aljibe para consumir agua directamente de las napas que era sometida a purificación por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que también se encargaba de hacer análisis mensuales. “Empezó a salir petróleo por todos lados, el agua dejó de ser pura y el EPAS dejó de entregarnos los análisis”, dice Durán.

 “En el caso de Fortín de Piedra, más del 50% de la inversión fue producto del subsidio del Estado. Nosotros los llamamos ‘petroplaneros’”, dice Mullally.

Petroplaneros

A pesar de que los gobiernos de las distintas provincias y el mismo gobierno nacional hablen de Vaca Muerta como la gran promesa para Argentina, en octubre de 2018 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las repercusiones de la explotación del gas y petróleo sobre el cambio climático y el medio ambiente.

Los intereses de las empresas fracturadoras y el Estado van de la mano. Mullally habla de “un gran problema que se advertía hace mucho tiempo” que es la dependencia de extracción de hidrocarburos no convencionales en nuestro país ya que “Vaca Muerta representa un 70% de la producción gasífera y casi un 50% de la producción petrolera”. Esto ha sido posible mediante la inversión e intervención del Estado: “En el caso de Fortín de Piedra, más del 50% de la inversión fue producto del subsidio del Estado. Nosotros los llamamos ‘petroplaneros’”, dice Mullally.

En pos de seguir el derecho de la “soberanía energética” que permite la libre exploración y explotación de los recursos energéticos, “se está cometiendo una gran injusticia, un atropello contra el medio ambiente y las personas, pero el negocio es más fuerte”, dice Durán. Esto se ve reflejado en que “en Neuquén ni siquiera se hicieron los estudios de impacto ambiental porque hubo un decreto del Poder Ejecutivo que decía que con los estudios que hacen las empresas bastaba y que no iban a hacer audiencias públicas, las cuales están establecidas por ley”, denuncia Ángeles Acosta, abogada en la causa.

En este contexto, la regulación y más aún el cese del fracking son imposibles. Como explica Mullally, “si querés parar Vaca Muerta tenés que pensar cómo vas a reemplazar esa energía y eso no se está haciendo. Es todo lo contrario, se está apostando a profundizar la actividad”.

La causa

A pesar del consenso entre las empresas fracturadoras y el Estado, aquellos que sufren las consecuencias del fracking no se quedan callados. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto con la Comunidad Mapuche Lof Wirkalew y habitantes de Sauzal Bonito llevan adelante una causa judicial que se encuentra estancada en la Corte Suprema de Justicia desde marzo del año pasado. “La causa está parada porque la jueza federal de Neuquén se declaró incompetente y frente a ese conflicto de competencia tuvimos que acudir a la Corte de Justicia de la Nación, pero todos sabemos los atrasos absurdos que tiene la Corte para los casos que no le importan”, explica Acosta.

“Al principio no sabíamos a quién acudir”, dice Durán y agrega: “No teníamos a nadie de las empresas, de la provincia, ni de ningún organismo que se nos acercara para plantear esto. Así que tuvimos que recurrir a la FARN. Ellos nos proveyeron un equipo jurídico y después nosotros empezamos a movernos en la zona”. Durán también habla de la indiferencia del gobernador neuquino al momento de presentarle esta problemática: “Cuando empezamos a golpear puertas, nunca nos recibió y tuvimos que buscar un partido opositor, un partido de izquierda, que nos brinde la posibilidad de exponer en la Legislatura de Neuquén, donde estaban todos los legisladores menos los del oficialismo”, explica.

La causa consta de un recurso de amparo con el que reclaman que se realicen audiencias públicas, estudios de impacto ambiental hechos por el Estado y que se regule la actividad del fracking ya que “no hay límite alguno para las empresas que pueden llevarse todo como quieran y sin tener en cuenta los costos en el medio ambiente y la sociedad”, dice Acosta. Esta regulación de la actividad implica controlar la intensidad de la explotación y ampliar la distancia entre las zonas de fractura y los asentamientos urbanos, además de crear planes de contingencias y dotar a las comunidades vecinas de infraestructura adecuada para hacer frente a la actividad sísmica. El año pasado, el gobierno provincial anunció que construiría casas antisísmicas para todos los habitantes de Sauzal Bonito. “Como yo ya había empezado a hacerme una casa antisísmica de material, rechacé la oferta. Entonces me dijeron que me iban a dar una ayuda económica para hacerme la casa. Sigo esperándola”, cuenta Durán.

El recurso de amparo también solicita al Poder Ejecutivo provincial el control de los pozos sumideros: que se evite su utilización en caso de riesgo sísmico y que el agua allí acumulada sea tratada como un residuo peligroso, no solo por su toxicidad, sino también porque la inyección de aguas residuales, o flowback, en pozos sumideros puede inducir temblores.

“Solicitamos una red sismográfica que brinde precisiones sobre la sismicidad que presenta la región y también que haya un semáforo sísmico para que las empresas detengan sus operaciones durante dieciocho horas cada vez que la fractura hidráulica produzca un sismo de intensidad mayor a 1,5 en la escala de Richter”, explica Acosta. Si bien la red de sismógrafos ya existe, los datos que recolecta no se hacen públicos.

En 2021 FARN publicó un documento en el que expresa en detalle los riesgos sociales y medioambientales que conlleva la actividad en Vaca Muerta. “Las respuestas tanto del gobierno provincial como de las empresas que están fracturando son nulas – denuncia Acosta-, estamos hablando de complicidades más que de omisiones. De un Poder Judicial que no trabaja como es debido y que no vela por resguardar los derechos de las personas”.

“El abogado que está al frente de la causa nos dijo que ellos iban a esperar un tiempo prudencial para ver si la Corte se expedía -dice Durán-, pero ahora con estos nuevos episodios que han habido, más la cuestión de las inundaciones que tenemos. No salimos de una que caemos en otra”. Según Acosta, “hay innumerables daños que el fracking está causando a las poblaciones, a los ríos y a la naturaleza. Actualmente intentamos plantear estos nuevos hechos que están sucediendo mientras ellos se toman todo el tiempo del mundo para decirnos quién es competente para atender este amparo”, explica.

Desde su grupo de autoconvocados y con el apoyo de FARN, Durán expresa su deseo de que esta problemática resuene en los medios de Buenos Aires ya que “hemos llegado a este cuello de botella que es insostenible y la Corte Suprema solamente funciona si hay una cuestión mediática de por medio”, concluye.