Un viaje subterráneo a la literatura

Un viaje subterráneo a la literatura

Se realizó la 22° edición del Vagón de Lectores, una iniciativa que busca recuperar el aspecto colectivo de la lectura. Cientos de personas se acercaron a leer en un recorrido de la Línea D, de la mano de la propuesta de la booktuber Cecilia Bona.

Sábado por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. A pocos metros de la Plaza de Mayo, donde turistas y paseantes se paran a ver con detenimiento los puestos que venden banderitas, escarapelas y toda clase de accesorios patrios, la estación Catedral de la Línea D recibe una afluencia poco común para tratarse de un fin de semana. Ubicada casi en la esquina de Diagonal Norte y Bolívar, la boca del subte exhibe una multitud ordenada que se congrega en la puerta, todos llevan un libro. Es que a las 15  tiene lugar el Vagón de Lectores, un evento que propone compartir el viaje leyendo desde la Catedral hasta Congreso de Tucúman. La actividad surge de la mano de Cecilia Bona (@porqueleerok), periodista, productora y una de las principales booktubers del país, bajo la propuesta de devolverle a la lectura su dimensión colectiva y transformar el libro en punto de encuentro.

“La idea salió en el 2020 de la forma más casera posible. Entré a un subte y había tres personas que estaban leyendo, y pensé que loco sería entrar y si en vez de tres hubiera más, ¿y si fuera todo el subte? Si tal vez no pasa naturalmente, por qué no lo provocamos, ahí empecé a convocar por redes, tal día a tal hora vamos a llenar un vagón, y en efecto el 9 de febrero de 2020 llenamos un vagón y medio”. Para cuando surgió el primer Vagón de lectores, Cecilia llevaba dos años haciendo Por qué leer. ”Era una cuenta muy pequeña, tenía 6.000 seguidores, era muy chiquita para atreverme a hacer una cosa así pero dije, bueno que pase lo que sea. Después vino la pandemia y ya no se podía hacer en el subte, cuando se abrió todo un poco más empecé a hacerlo en parques de Buenos Aires y Argentina”, relata. Esta es la edición número 22 y la segunda en el subte: “Estuvimos en San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Comodoro Rivadavia y en Mar del Plata en la playa, leímos media hora cada uno nuestro libro en un mismo punto de encuentro. Esa es la herencia que nos dejó el vagón, el tiempo de media hora que duraba el viaje de la Línea A. La idea es que nos contagiemos entre las personas que estamos leyendo de esta comunidad que se forma alrededor del libro y aunque parezca que es un acto solitario es un acto colectivo”.

En un andén lleno de gente, Cecilia se ubica en el centro y desde un micrófono lanza indicaciones a los concurrentes, algunos ávidos de subirse al primer vagón que abría sus puertas. Esta vez, la magnitud de la convocatoria supuso acompañamiento institucional para la organización. “La primera vez lo hice sola. Pero después de eso pensé, tengo que ser responsable también de la seguridad de las personas. Entonces ahora lo hacemos en conjunto con Subterráneos de Buenos Aires, que nos va a estar acompañando y  también se encargan de que salga bien”, describe.

El espacio está lleno, hay familias con niños, grupos de amigos y lectores que comparten con otros compañeros de viaje las páginas elegidas para la tarde. Vale Keck está leyendo Pasar a la acción, de Sofía Contreras, y trajo también Estafa, el libro producido por la Feria de Editores este año: “Es la segunda vez que vengo, la primera fue el año pasado cuando lo hicieron en la plaza de mi barrio, en Villa Ballester”, dice. Para Cecilia tampoco es la primera vez en un Vagón de Lectores “Vengo porque soy lectora. Traje para entender esta realidad distópica, Consejos no solicitados sobre política internacional de Juan Gabriel Tokatlian y para desenfrascarme cuando ya no puedo más, El gran libro de los gatos de Blackie Books”. Vino con su mamá Sonia. “Es la primera vez que vengo. Traje Mujeres de cincuenta, aunque tengo 73, pero es un libro que me marcó, me enseño como ser más optimista y vivir mejor la vida. También traje este que es un libro del sur, que me trae recuerdos de cuando era chica”. Cecilia se pone los anteojos y le dice a su madre: “Contá cuál es el título ma”, se trata de Polico y Gon Gabino, un libro de la autora rionegrina Ana Emilia del Rosario Giovanini. Entre la marea de libros, algunos títulos se repiten, Berna Vaianela trajo el último de cuentos de Samanta Schweblin, editado por Random house, El buen mal. “Me encanta como cuentista y narradora. Lo estaba leyendo en casa y es el que elegí para traer hoy”, señala.

Alrededor de trescientas personas viajan hasta la estación Congreso de Tucumán, un subte lleno que suscita la sorpresa de los pasajeros que se encontraban de casualidad con esa escena al subir en las distintas estaciones. Para los desprevenidos hubo también libros que circulaban para que nadie se quede sin la posibilidad de participar. Algunos leen para compartir un fragmento al acompañante del asiento de al lado, otros lo hacen en silencio o chusmean las tapas a su alrededor. Al llegar a la terminal, el acto de cierre incluyó una puesta en común y un sorteo con premios para grandes y chicos. Entre palabras de agradecimiento, Cecilia recordó que, hacía un tiempo, alguien se había referido a la idea del Vagón de Lectores como un Aleph. Por eso, como el 24 de agosto se celebra el Día del Lector en homenaje a su autor, Jorge Luis Borges, leyó un fragmento del cuento para los pasajeros reunidos en ronda a su alrededor:

“Vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo”.

 

El Senado desenchufó la motosierra

El Senado desenchufó la motosierra

La Cámara Alta aprobló la las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. También rechazó cinco decretos desregulatorios de Milei referidos al INTI, el INTA, Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos y diferentes organismos culturales.

En una sesión maratónica de más de trece horas, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría, además de derogar cinco decretos de desregulación impulsados por el oficialismo. La oposición logró mayorías amplias y dejó en evidencia la pérdida de apoyos del gobierno de Javier Milei.

La sesión ocurrió apenas 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara, por primera vez en el gobierno de la motosierra, un veto presidencial, al insistir con la Emergencia en Discapacidad. Desde el oficialismo se intentó frenar el golpe enviando a negociar al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, pero la estrategia no tuvo éxito.

 

Financiamiento universitario: una mayoría que desafía el veto

El proyecto de Financiamiento Universitario fue aprobado por 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Según lo expresado por el presidente Javier Milei, la norma será vetada porque “rompe con el equilibrio fiscal” que defiende su administración. Sin embargo, la contundente mayoría alcanzada en el Senado anticipa que, de concretarse el veto, podría ser revertido en el Senado. Habrá que ver, después, qué pasa en Diputados.

La sanción contó con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso votaron a favor senadores que hasta hace poco acompañaban al Gobierno, como Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes). En contra se expresaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres del PRO: Martín Goerling, Alfredo De Angeli y Carmen Álvarez Rivero. Carolina Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa, mientras que Juan Carlos Romero (peronista salteño) y dos senadoras del PRO se abstuvieron.

El proyecto aprobado por el Senado busca garantizar tanto el financiamiento del sistema universitario como la actualización de los salarios de sus trabajadores. En lo que respecta al funcionamiento de las universidades públicas, la norma dispone que las partidas presupuestarias deberán actualizarse tomando como referencia la inflación. A partir del 1º de enero de 2025, el monto destinado se ajustará en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medida por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024. Además, durante todo el año se aplicarán subas bimestrales, con el fin de que los fondos no queden desfasados frente al aumento de precios.

Por otra parte, la ley establece la recomposición salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales. El Ejecutivo deberá actualizar los sueldos tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en agosto de 2025. Esa recomposición no podrá ser menor al porcentaje de inflación informado por el INDEC y, a diferencia de otras sumas otorgadas en años anteriores, deberá ser remunerativa y bonificable, es decir, que se integrará al salario básico y tendrá impacto en aguinaldos, antigüedad, aportes jubilatorios y otros adicionales.

Esta medida responde a que la administración pública viene funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso desde comienzos de 2023.

En el inicio del debate, el senador Fernando Salino (San Luis, Frente de Todos) destacó la “buena técnica legislativa” del texto y subrayó que el objetivo es asegurar la protección y sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el país. Martín Lousteau (UCR) agregó: “No hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria y hoy los salarios de los docentes están por debajo del resto de los empleados públicos”.

 Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) por su parte atacó: “El 4% de los egresados se está llevando el 55% de salarios que se producen en el 30% de las universidades, entonces de lo que hablamos es sobre la ineficiencia, ineficacia y malos manejos de los fondos públicos. (…) La educación pública es una prioridad para este Gobierno e importante para los argentinos y para este bloque político”. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?”.

En comunicación con ANCCOM, Javier Palma, secretario general de AGD Sociales, señaló: “La aprobación por parte del Senado de esta ley es un capítulo más de la larga lucha que venimos dando en defensa de la universidad pública frente a las políticas de destrucción que lleva adelante el gobierno de Milei. Desde la AGD lo vemos como un paso adelante, aunque no definitivo, y por eso llamamos a toda la comunidad educativa —trabajadores, docentes, no docentes y estudiantes— a redoblar esfuerzos, a ganar las calles y a seguir construyendo un gran movimiento de lucha. Esto no es una victoria definitiva, sino apenas un capítulo más en una larga pelea. Seguramente Milei vetará esta ley y será la Cámara de Diputados la que deba confirmar o no ese veto. Para esa instancia debemos estar movilizados y en la calle, incluso ese mismo día, para lograr la victoria definitiva”.

Golpe al plan de desregulación

La Cámara alta ayer también votó en contra de cinco decretos redactados por Federico Sturzenegger, pieza central del plan de achicamiento del Estado. Todos fueron rechazados con amplias mayorías:

  • Decreto 462/25: reorganizaba al INTI y al INTA, reduciendo funciones y recursos. Fue rechazado por 60 votos. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) denunció que, pese al rechazo legislativo, el Gobierno ya había despedido a 367 trabajadores del INTA.
  • Decreto 461/25: disponía la disolución de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. También rechazado por 60 votos.
  • Decreto 351/25: modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue derogado con 58 votos. Eduardo “Wado” de Pedro advirtió que la medida “entorpecía la búsqueda de los 300 niños y niñas que aún faltan encontrar” y significaba “complicidad plena con la dictadura militar”.
  • Decreto 345/25: facultaba al Ejecutivo a intervenir organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y varios institutos históricos. Rechazado por 57 votos.
  • DNU 340/25: desregulaba la marina mercante nacional, recortando derechos laborales. Fue rechazado por 55 votos.

 

En diálogo con ANCCOM, Fernando Yapur, licenciado en Física y trabajador del laboratorio de Óptica y Dimensional del INTI, explicó:“A lo largo de estos meses de lucha nos fuimos organizando en la Asamblea Multisectorial, que se conformó con los distintos sectores que integran el INTI. El objetivo inicial fue frenar la fusión que el Gobierno impulsaba a principios de año entre el INTI, el INTA y la CONAE. Esa fusión era en realidad un proceso de destrucción de los organismos: pretendían reducir tres instituciones a una sola, lo que implicaba recortar personal y, sobre todo, limitar las capacidades técnicas y científicas de cada uno”.

Yapur describió la estrategia: “En ese marco, hablamos con 146 diputados, tuvimos reuniones con cada uno, realizamos tres intervenciones en la Comisión de Ciencia y Tecnología y finalmente, el 13 de agosto, se logró la media derogación del decreto 462/25. Fue una victoria enorme. Restaba el Senado, y allí conseguimos 60 votos a favor y solo 10 en contra. El resultado fue aplastante. Los argumentos que llevaron los legisladores en defensa del INTI son los que pudimos transmitir a través de toda esta lucha, que fue impresionante a nivel legislativo, territorial, comunicacional, judicial y gremial”.

Pero el trabajador asegura que la lucha continúa: “Esto no termina acá. Tenemos que seguir organizados porque todavía restan dos años de este gobierno, que no va a cesar con sus políticas de destrucción de la industria nacional. De aquí a las próximas elecciones debemos convencer a la sociedad de que queremos un proyecto de país inclusivo, industrializado, con oportunidades y con trabajo de calidad. Porque sin industria nacional no hay trabajo de calidad, y sin trabajo de calidad no hay oportunidades”.

Yapur asegura que el rechazo al veto implica dar vuelta el modelo de país que promueve el gobierno: “Un modelo primarizado, con un 90 % de la población por debajo de la línea de pobreza y un 10 % acumulando toda la riqueza. No queremos solamente exportar materia prima y tener una economía neocolonial. Queremos una patria libre, soberana y con industria nacional”.

Emergencia en pediatría: el Garrahan en el centro

Pasada la medianoche, el Senado aprobó la Emergencia en Pediatría con 62 votos a favor y 8 en contra. La norma declara la emergencia sanitaria por un año, habilita la compra directa de insumos, mejora salarios del personal de salud y exime del pago de Ganancias a guardias y horas extra. Además, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y deroga la reforma al régimen de residencias médicas impulsada por el Ministerio de Salud.

Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci (UC) denunció la “doble vara” del Gobierno: “No hay recursos para la emergencia pediátrica, pero sí para los sectores más ricos”. El cordobés Luis Juez se mostró conmovido: “Cuando un padre se desespera, la primera respuesta que escucha es ‘vayan al Garrahan’. La esperanza de los padres con hijos enfermos está en el Garrahan. No puedo callarme en este tema”.
En contraposición, Carmen Álvarez Rivero (PRO) reiteró su rechazo. Tras haberse disculpado por sus declaraciones anteriores —“no todos los niños argentinos tienen derecho a venir al Garrahan”— sostuvo que antes de reforzar ese hospital deberían construirse centros de alta complejidad en todas las provincias.

Con estas votaciones, el Senado no solo dio por tierra con los decretos de desregulación de Milei y sancionó dos leyes claves para la sociedad, sino que también dejó en evidencia la fragilidad política del oficialismo y la capacidad de articulación de una oposición que, por primera vez en mucho tiempo, actuó en bloque.

Lo que suceda en Diputados frente al eventual veto presidencial marcará el próximo capítulo de esta disputa. Pero por ahora, la fotografía es clara: el Congreso se plantó frente al plan de ajuste y la motosierra ya no corta tan fácil como en los primeros meses de gestión.

 

«Vamos a trabajar a las movilizaciones como si estuviéramos en guerra»

«Vamos a trabajar a las movilizaciones como si estuviéramos en guerra»

Trabajadores y trabajadoras de prensa se movilizaron al Ministerio de Seguridad para repudiar y exigir la renuncia de Patricia Bullrich. Con fotos de las escenas de represión que sufrieron, recorrieron las inmediaciones y alertaron a los vecinos: Sin libertad de prensa no hay democracia.

Sobre el cruce de las avenidas Las Heras y Pueyrredón –mientras la ministra de seguridad Patricia Bullrich estaba por comenzar una conferencia de prensa junto al ministro del interior de Chile, Álvaro Elizalde–, en plena luz del día y en medio de la rutina y el caos porteño, se agruparon trabajadores de prensa con sus cámaras en mano. Se movilizaron hacia el Ministerio de Seguridad en repudio a la violencia sistemática ejercida por las fuerzas policiales y militares durante sus coberturas en la vía pública.

La gente que pasaba caminando esquivaba aquel tumulto, apurada observaba con confusión y desconfianza, “¿Qué es lo que están esperando?”, preguntó un peatón. Carteles con fotografías impresas de recientes represiones comenzaron a circular de mano en mano. En el reverso tenían inscriptas consignas breves y claras: “Justicia por Pablo Grillo”, “Expresión sin represión”, “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”.

Las cámaras fotográficas y los elementos de protección y cuidado se volvieron herramientas complementarias y cotidianas para los fotoperiodistas argentinos frente a un nuevo desafío: ejercer su trabajo bajo amenaza. “Vamos a las movilizaciones con máscaras de gas y antiparras como si estuviéramos en la primera línea del frente de guerra, es demencial, a veces no pasa nada y viene uno igual y nos gasea”, comentó en diálogo con ANCCOM el fotoperiodista Guido Piotrkowski.

Lento y de forma colectiva, iniciaron la marcha hacia la puerta del Ministerio de Seguridad. “La idea es correr un poco el eje del lugar de siempre protestar frente al Congreso y la Casa Rosada, y en este caso, protestar frente a la responsable de la represión y agresiones que vivimos todos los miércoles pero que comenzó con las movilizaciones de la Ley Ómnibus”, explicó Piotrkowski. El reclamo incluyó no solo justicia por los ataques de violencia sufridos por colegas, sino también, la exigencia de renuncia de Bullrich, señalada como la principal responsable de la persistente agresión estatal. “La violencia sistemática a quienes ejercemos el periodismo es una decisión política, exigimos la renuncia de la ministra de Seguridad responsable del ataque a Pablo Grillo”, expresaron en su comunicado colectivo.

 En la entrada, dos guardias serios y rectos observaban con desconcierto. Al dar vuelta en la esquina, para volver a posicionarse frente al edificio, aquellos guardias ya se habían multiplicado. Hombres de trajes y zapatos bien lustrados comenzaron a salir y agruparse en la vereda. Atendían nerviosos y apresurados los llamados entrantes en sus celulares y radios, mientras observaban en silencio aquellas imágenes que recordaban las sucesivas y violentas represiones sufridas por periodistas y ciudadanos argentinos –que hacen uso su derecho constitucional a huelga– sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados con armas y hasta arrestados.

Desde hace más de un año, los miércoles frente al Congreso se repite el uso de maquinaria represiva ilegal junto a despliegues desproporcionados y uso de armas hacia trabajadores y adultos mayores que reclaman por mejoras en sus haberes y condiciones de vida. “Todos los miércoles ya es un folklore esa coreografía que despliega la gendarmería y todas las fuerzas de seguridad custodiando las calles, vienen a pegarnos a nosotros y a los jubilados. Hay veces que ni siquiera hay manifestantes ni jubilados, estamos solo los periodistas y nos reprimen de todas formas”, contó Piotrkowski. Según la Comisión Provincial por la Memoria, en el primer semestre de 2025 hubo 1.251 heridos y 130 detenciones arbitrarias en CABA.

En enero de 2025, al inicio del gobierno de Javier Milei, la violencia estatal comenzó y nunca frenó. “Desde ARGRA puntualmente lo advertimos, ni bien nombraron a la ministra, empezamos a activar todo lo que era el protocolo cuando ella era ministra en 2016. Cuando sucedió lo de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el día de los piedrazos, tuvimos 37 compañeros heridos con balas de goma. A partir de ahí volvimos a activar un protocolo de seguridad que se inaugura en diciembre del 2023, y en febrero comenzamos a hacer las primeras denuncias cuando activaron el protocolo de seguridad anticonstitucional”, explicó Sebastian Vricella presidente de la Asociación de reporteros gráficos de la República Argentina (ARGRA), y agregó: “El 13 de marzo, un día después de que hieraran a Pablo Grillo, hicimos una conferencia de prensa pidiendo la renuncia de la ministra”.

El primer caso de violencia extrema registrado fue hacia el fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente el 12 de marzo durante una marcha de jubilados frente al Congreso. Recibió en su cabeza el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Guerrero, quien pudo ser identificado gracias al colectivo el Mapa de Policía con imágenes que lograron capturar los mismos compañeros de prensa. Grillo estuvo 83 días en terapia intensiva y fue sometido a siete operaciones, incluida la colocación de una prótesis craneal.

El miércoles pasado, durante la marcha de jubilados en la Plaza Congreso, Camila Rey (fotoperiodista) y Yazmín Orellana (periodista)  –trabajadoras de la prensa de ATE y del medio independiente Laboratorio del Pensamiento Popular–, fueron detenidas por agentes de la policía de la Ciudad mientras ejercían su labor. Fueron tiradas al piso, esposadas, y trasladadas por tres comisarías distintas. Rey sufrió una luxación en el brazo; Orellana recibió una patada en la cara. La detención duró cinco horas. El argumento oficial de su detención fue “declaración de rebeldía y desobediencia a la autoridad”.

Desde las autoridades hay una bajada de línea clara: la libertad de prensa como amenaza. Así, el periodismo se ha convertido en el blanco de un ataque que no cesa. Una decisión política que demuestra la intención de ocultar los reclamos sociales de la ciudadanía, incluso si eso implica censurar a quienes difundan imágenes de lo que sucede.

Ya frente al Ministerio, algunos fotoperiodistas intentaron dialogar con los agentes de seguridad. No hubo respuesta. Solo miradas duras y tensas. Sin perder el impulso colectivo, losreporteros gráficos retomaron la marcha hacia el cruce de Las Heras y Pueyrredón. Allí realizaron un semaforazo. Se alinearon con sus cámaras colgadas al cuello y las pancartas en alto sobre el pase peatonal, las consignas se elevaron ante la visión de todos los transeúntes. Una última foto fue tomada para registrar y dejar constancia: sin libertad de prensa no hay democracia.

Publicación vía aRGra y Sebastián Andrés Vricella
Publicada en cuenta de Instagram, 22/08/2025

NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La represión, las restricciones y el ataque sistemático a quienes ejercemos el periodismo son parte de la decisión política de un Gobierno que ve en la libertad de prensa una amenaza. Quieren un país desinformado e ignorante para llevar adelante un ajuste que empobrece a las mayorías.

Exigimos la renuncia de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable del ataque a Pablo Grillo.

¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?

“Norma es una referenta de nuestra historia y de nuestras luchas”

“Norma es una referenta de nuestra historia y de nuestras luchas”

El documental “Norma también”, producido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, se presenta en el DOCA este fin de semana. Recupera la lucha de la activista jubilada en los noventa en un momento donde los adultos mayores vuelven a tomar la calle.

Norma también, el documental dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, recupera el legado de Norma Plá, activista en los años noventa, en un mundo actual en donde se alza su figura como bandera, cuanado los jubilados toman la delantera y vuelven a ser protagonistas de la resistencia a un gobierno neoliberal. La película se presentará este fin de semana en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA), en el marco de la 16ª Muestra de Cine Documental DOCA. Las entradas se agotaron en pocos días pero ya hay más funciones programadas (se pueden ver en el IG de la película) y se proyectará también en el circuito alternativo.

El documental Norma también se centra en la experiencia de una joven estudiante feminista de Ciencias Sociales, que fascinada por la historia de Norma Plá, va recuperando su legado mediante entrevistas y material de archivo.

El equipo de realización está integrado mayormente por mujeres en puestos clave. Según contó a ANCCOM Natalia Vinelli, directora del audiovisual, la película es el resultado de muchos años de investigación: “Tiene el punto de partida en un corto que hicimos en 2009 llamado ¡450! Norma Plá y la lucha de los jubilados en los 90, que por distintas razones no continuamos desarrollando hasta que en 2020 decidimos recuperarlo. Lo pensamos en un contexto muy diferente al actual, pensábamos por dónde entrar a contar la historia de Norma teniendo en cuenta que había una generación muy joven que no la había conocido y es interesante poder poner en vínculo a la generación que la había conocido en contacto con otra que no”.

Además, la realizadora destacó que “es importante traer la figura a las discusiones actuales; no pensar en términos de cierta desesperanza, de cierta angustia, de ver cómo las cosas se repiten, sino realmente para hacer un ejercicio de memoria que nos permita discutir, polemizar, movilizar, informar, todas cuestiones que tienen que ver con la con la tradición del cine militante y la posibilidad que brinda para generar espacios de debate y de movilización”. Recordó que con el cambio de gobierno no recibieron el financiamiento que les habían otorgado por unanimidad y, sin embargo, “decidimos avanzar porque no queríamos que la película fuera silenciada”.

 

¿Desde dónde recuperan la figura de Norma Plá?

Nosotras entendimos que el rol que Norma Plá había tenido en el espacio público aportaba y era necesario reivindicarlo desde el movimiento feminista por lo que había significado esa recuperación del espacio público para una mujer, vieja y pobre, que puede sobreponerse al ataque permanente y al maltrato mediático y ocupar la calle, ocupar los estudios de televisión, para llevar adelante todas sus demandas que tenían que ver con las condiciones de vida digna. Nos parece importante porque es tradición en nuestra historia que muchas mujeres, sin pensarse inicialmente o sin problematizar el feminismo, ocuparon y generaron roles muy importantes, desde Eva hasta las Madres de Plaza de Mayo. Ellas fueron asumiendo la perspectiva feminista desde la propia práctica, entonces hay un hilo o una subtrama en el documental que tiene que ver con la construcción de un feminismo popular. También están las luchas con las cuales Norma articuló, de resistencia al neoliberalismo, que es muy importante poder leer desde la actualidad cuando tenemos políticas que, con similitudes y diferencias, claramente nos llevan a recordar la época de los noventa. Cuando hay una eliminación de la moratoria de las jubilaciones, las primeras que tienen dificultades son las mujeres porque son a las que les faltan más años de aporte, porque han trabajado más tiempo en sus casas, porque ese trabajo no ha sido reconocido, o porque han trabajado y no han tenido los aportes. Cuando retomamos este proyecto todavía no había cambiado el gobierno, era diferente lo que estaba pasando en el país. A su vez, cuando Milei asume, discute y cuestiona fuertemente a los feminismos, avanza discutiendo contra la casta y ubica en la casta a los pobres, a los jubilados, a los comedores populares, a la educación pública, entonces ahí la película se fue resignificando porque Norma es una referenta de nuestra historia y de nuestras luchas, y ese cambio de escenario vuelve a este documental una pieza urgente.

 

Retoman el trabajo en 2020, pero en el medio la figura de Norma vuelve a cobrar preponderancia social, ¿cómo ven ésto?

Sí. En el marco del documental se va construyendo esa figura y sucede que también asistimos a la emergencia de Norma con el cambio de gobierno, en el contexto del ajuste contra los sectores más débiles de la población, y concretamente en las nuevas marchas de los miércoles de los jubilados en el Congreso. A medida que íbamos rodando, íbamos viendo la figura en un mural, en una remera, en la bandera, en los volantes y en los reclamos, el recuerdo sobre esa memoria de lucha de los jubilados y jubiladas en los noventa ya retomada desde la actualidad. Entonces entendimos que, como todo proceso documental, la película fue transformándose, se fue ampliando y que llegaba en un momento muy oportuno porque también ahí encontramos que había un interés, que había un público que quería una película como ésta.

 

 

¿Qué significó para ustedes hacer este documental en medio del avance del gobierno en contra de la cultura y de la producción de cine nacional?

Para mí fue desafiante. Con Alejandra Guzzo, cuando presentamos el proyecto para codirigir la película, ganamos un subsidio en el INCAA y eso nos permitió escribir un primer guion que tenía que ver con el tratamiento estético y narrativo de la película. Después presentamos un proyecto para lograr un subsidio a la producción y el jurado nos declaró de interés por unanimidad. Cambió el gobierno, asumió la nueva conducción del INCAA y no firmaron la resolución, que estaba esperando, por lo tanto nos dejaron sin el financiamiento. Y por eso te digo que ahí es desafiante. Porque nosotras no pensábamos que íbamos a tener un trato diferente del que tenían los comedores populares que se estaban quedando sin comida y que estaban puestos bajo sospecha, porque para este gobierno es muy fácil poner a los sectores que menos tienen en el lugar de la sospecha. Frente a eso decidimos avanzar desde el punto de vista autogestivo, que era algo que sabíamos hacer desde Barricada TV y Cine Insurgente. Pero esto no disculpa al Estado de la obligación que tenía tanto con Norma también como con las ochenta películas que quedaron sin financiamiento, porque se les ocurrió a estos nuevos políticos de turno que no iban a pagar los compromisos contraídos con todo el sector documental.

¿Qué mirada tiene este gobierno sobre el cine nacional?

El gobierno pretende instalar la idea de que el cine nacional no debe ser financiado porque debe seguir las reglas del mercado y no tiene público. Eso es mentira, yo no conozco una película que no se haya encontrado con su público. Norma… lo demuestra porque hicimos una campaña de financiamiento y tuvimos cientos de aportantes. Es necesario seguir peleando por la defensa de la soberanía audiovisual y, porque dentro de eso, el documental es un espacio muy importante porque se mete a contar historias que sino no se cuentan.

“Exigimos verdad, justicia y humanidad”

“Exigimos verdad, justicia y humanidad”

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado comparten información y apoyo mutuo ante la falta de respuestas oficiales. Transforman el dolor en acción y proponen una Ley de Trazabilidad de los Medicamentos. En paralelo, la investigación judicial sobre HLB Pharma continúa, mientras se actualiza la cifra de fallecidos.

Movilización de familiares de víctimas frente al Hospital Italiano de La Plata el 31 de julio de 2025. Foto: Gentileza Alejandro Ayala.

El grupo de WhatsApp nació el martes 15 de junio, a las 21:34. Esa noche no hubo brindis ni discursos, apenas el silencio intermitente de un chat en el que familiares empiezan a contar quiénes eran sus seres queridos fallecidos, sus sospechas sobre el fentanilo y la incertidumbre que los acompañaba. El grupo se llama “Unidos por la Justicia de las Víctimas del Fentanilo Mortal”. Su propósito: ser una red de apoyo en el mar de desinformación que rodea el caso, compartir información que nadie les da, pasos burocráticos que se vuelven un calvario y la certeza de no estar solos en un país que había ignorado las alarmas y sus historias en los primeros meses.

“La primera en salir a dar a conocer el caso fue Sol, la mamá de Renato –recuerda Sandra Altamirano, madre de una de las víctimas–. Ahí Alejandro, el hermano de Leo, se contacta con ella. Mi hija, Gisel, habló con Ale también y ahí nace el grupo”. Allí se cruzaron Sandra, que perdió a Daniel Sebastián Oviedo en el Hospital Italiano de La Plata; Sol Francese, la madre de Renato, que todavía recuerda cómo su hijo de 18 años intentaba sentarse en la cama; Alejandro Ayala, que vio a su hermano Leonel ingresar a un quirófano con una pancreatitis y morir con una infección generalizada, y se plantó frente a diputados. “Nos quieren callar”, les dijo, en referencia a “intereses políticos y del narcotráfico” que buscan silenciarlos.

“Somos de la provincia de Buenos Aires, pero nos escriben de todo el país para obtener información”, explica Sandra desde su teclado. “Nos preguntan cómo pedir sus historias clínicas. Casi todos tuvieron problemas con eso, nosotros fuimos unos de los primeros y no tuvimos inconvenientes”, agrega.

Las familias siguen peleando con obstáculos concretos: hospitales que niegan historias clínicas o no dan respuestas, burocracias que exigen papeles imposibles y mucha desinformación. Decenas de personas continúan tratando de averiguar si sus seres queridos fallecieron a causa del fentanilo. Una de ellas, Anabella –que pidió que se resguarde su identidad– todavía guarda la duda de si a su papá le inyectaron del lote contaminado y espera que le entreguen la carpeta que pidió hace semanas. Otra, Mary, que también golpea puertas sin respuesta para saber si hermano es una víctima más de la mayor crisis farmacéutica de la historia argentina. Entre tanto, la sospecha crece: ¿cuántos murieron por el fentanilo adulterado y todavía no se sabe?

El grupo de WhatsApp se hizo refugio y oficina a la vez: contención, pero también protocolos caseros. Allí circula el siguiente instructivo armado, en medio del duelo, por los mismos familiares:

  1. Pedí la historia clínica completa en la institución donde estuvo internado/a.
  2. Solicitá la versión digital, si es posible.
  3. Revisá si le administraron fentanilo.
  4. Buscá si aparecen estas bacterias en los cultivos: Ralstonia pickettii – Klebsiella pneumoniae.
  5. Pedí los lotes de fentanilo utilizados durante la internación.
  6. Enviá un mail al juzgado con la historia clínica: jflaplata3.sec8@pjn.gov.ar

Este paso a paso es lo más parecido a la verdad en un país que todavía no encuentra cómo contarla. Mientras los chats se llenaban de indicaciones para investigar, nombres de abogadas y números de expedientes, afuera la cronología se volvía una espiral. El 13 de agosto Córdoba confirmó que se presentará como querellante en la causa. El ministro de Salud de la provincia, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que “las ampollas contaminadas están fuera de circulación” y exigió que todas las instituciones sanitarias coordinen el retiro de los lotes sospechosos. 

El 17 de agosto los medios empezaron a hablar de cerca de 96 muertes, una cifra que competía con el silencio oficial, aunque otras fuentes mencionan un rango entre 87 y 96 víctimas fallecidas.

El 18 de agosto el Malbrán, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, comenzó a analizar muertes sospechosas en Córdoba y luego se conoció que su informe formal sirvió de base al juez Kreplak para decisiones clave.

El 20 de agosto llegó la noticia más fuerte: Kreplak ordenó detener a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y a su familia. Procesado por contrabando y fraude de importaciones, con un embargo millonario. Las pericias confirmaron lo que las familias sabían sin necesidad de microscopio: en 12 de 20 casos analizados, el fentanilo adulterado fue un factor que precipitó la muerte. 

Y el 21 de agosto la causa sumó una novedad: Interpol emitió una alerta amarilla para rastrear posibles vínculos internacionales en la cadena de distribución, mientras el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que hay al menos 15 muertes más bajo estudio que podrían engrosar el registro oficial.

Y mientras el presidente Milei intentaba hacer un uso político partidario de la tragedia, quitándole toda responsabilidad a su gobierno, el padre de Daniel Sebastián Oviedo, Daniel Gustavo Oviedo, le escribió una carta abierta, denunciando el silencio oficial y acusándolo de desfinanciar los organismos de control.

“Usted y su temerario gobierno, luego de 120 días de silencio ante la explosión mediática producida por esta tragedia sanitaria sin precedentes a nivel global, decide un cierre de campaña politizando las muertes de nuestros seres amados y nuestro dolor, deslindando responsabilidades y queriendo capitalizar rédito electoral con tamaña desgracia”.

Ante la frustración y la búsqueda de acciones concretas para reclamar justicia, Gisel Oviedo, en nombre de su hermano, impulsa el pedido de un proyecto de ley. Mediante la recolección de firmas, buscan crear una Ley de Trazabilidad con el propósito de impulsar una norma que garantice la trazabilidad integral de los productos medicinales, no solo durante su elaboración bajo las normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), sino también en todas las etapas de su comercialización. Esta medida permitirá identificar y rastrear cada ampolla como una unidad individual. Algo que, si hubiera existido antes, quizás habría evitado la muerte de pacientes de cada rincón del país.

Cada uno de los miembros de las familias lo repiten: la desinformación dolió tanto como la muerte. En esas zonas grises donde lo único que no faltan son las preguntas, se instala la angustia: volver a velar a un hijo, un hermano o un padre, porque ahora la sospecha reabre la herida. Como dice Anabella: “Es como si mi papá hubiera vuelto a morir”.

En un rincón del grupo, alguien escribe: “Somos familiares unidos por el dolor. Transmutando nuestro dolor en amor. No hay que dejarlos hacer política con nuestro dolor”, escribe la hermana de una víctima. “Esto no es política, es dolor, vidas perdidas y familias destruidas, lo que exigimos verdad, justicia y humanidad”, y alguien responde con un corazón rojo, y otro participante coparte el link de una nota judicial, y así funciona la memoria en tiempos de catástrofe: entre la ternura y la evidencia.

Ante la desidia y el silencio del Estado, las familias aprendieron a investigar, a denunciar, a rastrear ampollas y lotes, y a acompañarse en la madrugada de un grupo de WhatsApp, donde cada notificación es la promesa de que alguien, en algún lugar, entiende lo que les pasó.