Crisis en el sistema hospitalario de Río Negro

Crisis en el sistema hospitalario de Río Negro

Médicos y enfermeros que renuncian, guardias de emergencia y reducción de servicios, falta de insumos y paros en reclamo de recomposición salarial: la crítica situación de la salud pública en el hospital Carrillo de Bariloche, y en toda la provincia de Río Negro.

En un panorama de progresivo agravamiento de la salud pública de Río Negro, los trabajadores del área realizaron esta semana un paro de 72 horas en reclamo de recomposición salarial e insumos hospitalarios. Particularmente se encuentra en emergencia el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, porque allí presentaron sus renuncias la mayor parte de los jefes de servicios y de los centros de salud, en rechazo a la oferta salarial que les hizo el gobierno provincial.

Los médicos jefes de áreas renunciaron a sus puestos el 20 de marzo, y los trabajadores actualmente se encuentran en un paro por tiempo indefinido. Horas después del comunicado oficial del hospital, una multitud de vecinos se acercó a dar un abrazo simbólico al edificio. Desde entonces, hubo numerosas manifestaciones, carteles y marchas. Existe un comprometido acompañamiento de la comunidad, juntas vecinales y organizaciones sociales para acompañar el reclamo del personal de salud.

Natalia Criado, trabajadora social del Hospital Zonal de Bariloche, dice que “la situación actual de la salud pública es que se encuentra de luto”. “Sin recomposición salarial para el personal, renuncias de trabajadores y falta de insumos básicos que impactan directamente en la población”, agrega. Desde el hospital sostienen que los pedidos de aumentos empezaron en la prepandemia por lo cual se arrastra un importante déficit salarial, más aún con la inflación; y el presupuesto se viene reduciendo desde el año pasado.

Ante la falta de respuesta de parte del intendente de Bariloche y de la provincia, la atención programada está suspendida en los servicios de hospital y centros de salud, se redujeron al mínimo los servicios esenciales y sólo las urgencias se están atendiendo. “Hay responsabilidad compartida –afirma Criado–. Tanto el hospital como los centros de salud en Rio Negro dependen del gobierno provincial, por lo cual este es el principal responsable. Pero también vale aclarar que se cortó la coparticipación a las provincias desde el gobierno nacional”.

Entre el lunes 25 y el miércoles 27 la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, Asspur, dispuso un paro de actividades en los hospitales de la provincia, que se llevó adelante con abrazos solidarios, festivales, panfleteadas, carpas y sentadas públicas en ciudades como Cipolletti, General Roca, Viedma y Allen. El gobierno, que denunció a unos 50 trabajadores del hospital de Bariloche por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”, abrió una negociación con los gremios. Días atrás el gobernador Alberto Weretilneck atacó la huelga a través de la televisión la radio provincial, dijo que no había plata y que no harían otra oferta salarial. “La única respuesta que recibimos de parte del gobernador fue invitarnos a retirarnos al sector privado. Se generó una mesa de diálogo para el sector salud desde el lunes 25, pero es la gente la que se está pronunciando a favor nuestro, de parte de la dirigencia no hay nada”, dice Ariana Curbelis, coordinadora del servicio social en el hospital de Bariloche.

El hospital zonal de Bariloche es de complejidad 6 y es cabecera de zona. Lo que implica que tiene especialidades que otros no, y las personas son derivadas allí para su atención. Las renuncias implican que estas especialidades no van a funcionar. Enfermería ya viene con una reducción del personal, no se llegan a cubrir las guardias y el personal está sobre exigido. Lo mismo pasa con otras áreas, también esenciales en la cadena de atención: trabajadores de mantenimiento, limpieza, cocina, que migran hacia otros trabajos mejores pagos.

“La perspectiva no es prometedora porque en el marco nacional ya se observa una reducción notable de los derechos, una restricción de acceso a prestaciones, al derecho de interrupción legal del embarazo, los derechos de las personas con discapacidad vienen en un deterioro progresivo”, cuenta Criado. Además, desde el hospital subrayan que la tendencia que se observa claramente es hacia una salud privada, el famoso arancelamiento de la salud.

Las áreas de Emergencias, Pediatría, Salud Mental, Farmacia, Oncohematología, Servicio Social, Cuidados Paliativos, Cardiología, Oftalmología, Cirugía y los diversos centros de salud en los barrios más bajos, suspendieron sus actividades, ya que no se encuentran en condiciones de garantizar lo mínimo indispensable para una atención de calidad.

Gastón Vera, jefe del centro de salud de Ojo de Agua, que toma más de ocho barrios de la ciudad, comenta: “Aquí insumos y recursos faltan desde hace meses, pero ahora con la llegada del nuevo gobierno se aceleró; esto se suma al tema salarial, porque no alcanza para vivir, y ahora no tenemos personal estable que pueda atender tanta demanda”.

Esta situación afecta a la población. Existen personas que necesitan tomar sus medicaciones y no lo hace: gente mayor, con problemas psiquiátricos o hasta los métodos anticonceptivos. “Necesitamos que el gobernador vea, porque esto trasciende a los trabajadores de la salud pública, es un pedido de toda la comunidad”, agrega Vera.

“Nos gustaría dejar como mensaje principalmente que la salud pública es un derecho, garantizarla es función de Estado, y tiene que ser de calidad y universal, que abarque a todos y todas”, dice Ariana Curbelis. “Queremos seguir trabajando, sin trabajadores no se sostiene la salud pública, queremos volver a nuestros lugares en el hospital y en los barrios donde tenemos que estar”, concluye Criado.

Despidos armados

Despidos armados

Un custodio del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños amenazó con desenfundar su arma en medio de un ruidazo de protesta por los despidos en el organismo.

El cuerpo de delegados de la ATE emitió un comunicado este miércoles denunciando el accionar del cuerpo de seguridad de Alberto Baños, actual secretario de Derechos Humanos, quien llegó al cargo luego de ejercer como juez “duro entre los duros” dentro del fuero penal. Según explica el documento, uno de los custodios del exjuez intentó sacar su arma de fuego delante de los trabajadores que se encontraban agrupados de forma pacífica en un ruidazo que protestaba ante la baja de casi cien contratos.

Los agentes de seguridad, vestidos de civil y armados, habían ingresado al predio de la Secretaría buscando impedir el contacto directo con el funcionario, quien se encontraba en el segundo piso del establecimiento.

En medio de la protesta, un policía desabrochó la funda de su arma amenazando con sacarla. La tragedia se evitó gracias al esfuerzo de una de las manifestantes que lo llamó a recapacitar. Una vez calmada la situación, la seguridad se reunió con Baños en su oficina. El ruidazo se dio por terminado, y más de 150 trabajadores volvieron a sus casas sin recibir las respuestas que demandaban.

El cese de los contratos, acompañados por una serie de despidos que data desde principio de marzo, fueron posibles debido a la frágil situación laboral de los trabajadores, quienes aseguraron que “no van a claudicar” a pesar de las amenazas. Como agravante, el hecho tuvo lugar en el mismo Espacio de Memoria y Derechos Humanos, días después de que las calles reclamaran “memoria, verdad y justicia”.

El nombramiento de la figura de Baños para presidir el espacio de Derechos Humanos, desplazando en su función a Horacio Pietragalla Corti -nieto restituido de padres desaparecidos- fue desde un principio centro de polémicas. Y la presencia de oficiales armados en el predio de la exESMA, donde hace años regía un acuerdo de desarme del personal de seguridad, parece una nueva provocación del gobierno. La violencia vuelve a acechar en el lugar más doloroso.

La amenaza de nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos se enmarca dentro de las 15.000 cesantías anunciadas este miércoles por el Gobierno nacional a aquellos empleados del Estado contratados con la modalidad conocida como Artículo 9, una forma de integrar la planta transitoria de los organismos públicos. En verdad, se trata de contrataciones precarias que pueden incluir a personal con más dos décadas de antigüedad. 

Como secuela del hecho, tanto Baños como el cuerpo de delegados evalúan las posibilidades de realizar una demanda: el primero por actos de violencia, y los segundos por la ruptura de este acuerdo.

Once represores condenados

Once represores condenados

Diez perpetuas y una sentencia a 25 años para los responsables de las torturas, desapariciones y robos de bebés ocurridos en el Pozo de Banfield, el de Quilmes y la Brigada de Lanús durante la última dictadura. También fueron castigados por lo acontecido en La Noche de los Lápices.

 El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, el martes 26 de marzo, sentenció a la pena de prisión perpetua a diez imputados por los crímenes cometidos en tres centros clandestinos de detención: las Brigadas de Investigaciones de Banfield, de Quilmes, de Lanús. Uno de los  imputados fue condenado a  25 años y otro quedó absuelto. El Tribunal calificó los crímenes cometidos por los imputados que actuaron en los centros clandestinos de detención “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y “el Infierno” de Lanús con asiento en Avellaneda como delitos de lesa humanidad.

A casi tres años y medio de su inicio del juicio, el presidente del TOF Ricardo Basílico leyó el veredicto con una sala de audiencia llena que esperaba escuchar una condena ejemplar y cárcel común para los represores. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas estuvieron presentes escuchando el fallo y otras decenas estaban en las afueras de los Tribunales de La Plata. Los medios autogestivos “Pulso Noticias” junto con “La Retaguardia” transmitieron el juicio por youtube que se pudo ver por dos pantallas colocadas en la vereda, frente al tribunal, para seguir el juicio.

Dieciocho fueron los imputados y seis murieron durante el juicio, entre ellos, el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La querella de Abuelas de Plaza de Mayo acusó a los 12 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad. A ella se le sumó la de Justicia Ya, y otras particulares.

Fueron condenados a las penas de prisión perpetua Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Horacio Luis Castillo. Julio Condioti fue condenado a 25 años de prisión y Enrique Barre fue absuelto.

Abuelas de Plaza de Mayo fue querellante junto con los nietos restituidos Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Garack -quien busca a su hermano o hermana; y con Pablo Díaz, sobreviviente de “La noche de los lápices”, secuestrado y torturado en el Pozo de Banfield y Graciela Borelli Cattaneo, hermana de un ciudadano uruguayo víctima del Plan Cóndor.

Colleen Torre, abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo opinó sobre la sentencia: “Estamos muy conformes porque fueron diez perpetuas. Por un lado, se condenó por primera vez a Juan Miguel Wolk, jefe del Pozo de Banfield, lo mismo que a Castillo. Wolk es el responsable de la desaparición de los chicos de la noche de los lápices. Además, fueron condenados no sólo por la apropiación de nietos y nietas que han podido recuperar su identidad, que nacieron en el Pozo de Banfield o que fueron secuestrados con sus madres como Pedro Nadal en el pozo de Quilmes; sino también por la desaparición forzada de tres nietos que todavía seguimos buscando”, agregó Colleen. “Me parece importantísimo que los hayan condenado porque resalta que son personas que aún continúan desaparecidas, y es de suma importancia poder condenarlos por la desaparición forzada de todas las mujeres embarazadas con el agravante que conlleva”.

En ese sentido, la abogada de Abuelas dio cuenta de lo necesarios que son los juicios para acceder a información sobre lo ocurrido: “Estos juicios reavivan la posibilidad de tener y de poder seguir buscando datos, siguen apareciendo testimonios de mujeres embarazadas desaparecidas que nos enteramos más de cuarenta años después. Es importante lograr estas condenas en contexto de negacionismo, es importante también que los jueces puedan seguir mencionando y hablando de las desapariciones forzadas y la necesidad de que estos juicios sigan porque todavía nos falta la verdad sobre lo que paso, donde están los nietos y nietas que estamos buscando y sabemos que los genocidas y represores de los Pozos saben dónde están”.

Torre en el alegato había mencionado la violencia y el destrato específico a las mujeres: “Algo que también se mencionó es el sufrimiento de las mujeres embarazadas, nos parece importante que se ponga en el fundamento de la sentencia porque hablamos de violencia específica: la violencia obstétrica. Más allá de la violencia específica que sufrieron las mujeres y las compañeras trans, las mujeres fueron utilizadas como envase contenedor de bebés para sacarle su hijo o hija y quedárselo como botín de guerra. En este sentido también un represor reivindicó y justificó la apropiación de niños y niñas durante la dictadura, esto no hace más que darnos la razón aun sabiendo que la teníamos, que todos ellos fueron parte del plan sistemático de apropiación”, enfatizó.

La condena resultó ejemplar y la alegría se notó en sus protagonistas y en la sala: “Tenemos que esperar los fundamentos del veredicto del tribunal pero la sensación fue de alegría siempre con ese sinsabor porque aún nos falta mucha verdad y no la dicen, sobre todo por los hijos e hijas que están buscando a su mamá y a su papá y no les devolvieron sus cuerpos, ni sus restos, pero sabiendo que por lo menos a partir de anoche van a dormir sabiendo que no están impunes por los crímenes cometidos en los centros clandestinos”.

Torre también se refirió a la importancia de la publicidad de los juicios de lesa humanidad: “Me parece importante que puedan ser transmitidos y visibilizados porque más allá del resultado jurídico penal, las condenas son necesarias y es una obligación del Estado argentino de investigar, juzgar y en su caso, condenar a los responsables de estos crímenes y que los más jóvenes puedan tener esa inmediatez con un testimonio, con un veredicto porque me parece que de esa manera pueden llegar a conocer de una manera más profunda y sensible la historia antes que por un manual. Las víctimas y sobrevivientes están declarando hace años y muchos no lo quieren hacer más porque es agotador y doloroso. En esa inmediatez que tienen los juicios transmitidos, las personas más jóvenes pueden sentir lo que sucedió y pueden verle la cara y los gestos a los imputados. Las Abuelas siguen buscando a sus hijos y a sus nietos, y tal vez a partir de estos juicios se pueda seguir visibilizando lo que siempre nos enseñaron ellas: que la lucha es con amor y siempre es colectiva”.

ANCCOM también conversó con Miguel “El Tano” Santucho hijo de Cristina Navajas y hermano del último nieto restituido. Cuando él declaró en el juicio contó que su mamá estaba embarazada en el momento de su secuestro y que estaban buscando a su hermano o hermana. El año pasado, junto a Abuelas de Plaza de Mayo, lograron encontrar a Daniel Santucho, su hermano. “Me parece que la sentencia estuvo bien, fue muy significativo que hayan sostenido tantas sentencias a cadena perpetua pese al clima político. La justicia llegó tarde y dos de los imputados nunca habían sido condenados. Tantos años de impunidad… cuando declaré dije que me parecía que estos imputados después de tanto tiempo, de nunca haber aportado información, que saben dónde están los otros nietos y lo que hicieron con los desaparecidos, no me parecía bien si les daban beneficios. Con todo lo que hicieron para para evadir la justicia y no aportar nada, la verdad que se le dé privilegios me parecía mal”, declaró y reflexionó: “En la sala se sintió la disconformidad porque los imputados no estuvieron presentes, pero más allá de eso, me parece que las condenas son motivos para festejar, sobre todo porque logramos que mi hermano fuera parte de los motivos por los cuales fueron condenados”.

“Cuando empezamos el juicio hacía más de tres años que estábamos con la querella de mi mamá, pero como hace menos de ses meses apareció Dani logramos a último momento incorporar su caso como uno de los delitos a investigar, a juzgar y ayer tuvimos la primera condena por lo que le hicieron. El apropiador de Dani murió impune. El Tribunal declaró que fueron crímenes de lesa humanidad en el marco un genocidio, hay que remarcar que hicieron las sentencias teniendo en cuenta los crímenes sexuales y las violaciones”, destacó el Tano Santucho y compartió: “Todo lo que sé lo reconstruí cuando era chiquito y pensé que no tenía mucho para aportar. Los abogados de Abuelas me dijeron que era muy importante que yo expresara ante el Tribunal las consecuencias de los hechos y a mí me sirvió mucho, me saqué una mochila de encima, pero se resignificó totalmente cuando apareció mi hermano y el Tribunal tuvo la posibilidad de ver y de constatar. Estar presente con mi hermano y estar ahí con él fue muy simbólico”.

A minutos de la sentencia, Daniel emocionado se abrazaba con mucha fuerza a una foto de su mamá, su hermano ponía su mano en su hombro para contenerlo. “Lo que me genera acompañar a mi hermano en estos momentos… él siempre tiene presente a nuestra madre y está procesando toda la información. Ayer él fue con un cartel y dijo: `Yo siento que mamá está presente`”. Miguel reflexiono acerca de la importancia de hacer memoria: “Las condenas si bien llegan tarde y algunos momentos son insuficientes, ayer el Tribunal nombro a las más de 600 víctimas y eso te hace tomar dimensión también del daño y de la gravedad de los crímenes y uno se da cuenta de lo insuficiente que es la misma condena porque llega más de 40 años después o porque por la edad tienen privilegios, están en sus casas, tienen prisión domiciliaria. Pero lo importante es que no continuaron impunes porque todo lo que no se puede condenar, todo lo que queda impune se puede llegar a repetir con facilidad. Es importante que quede esa marca, ese mensaje a las generaciones siguientes.

 “Yo lo digo muy abiertamente: al no haber podido condenar como correspondía a los responsables civiles del terrorismo de Estado, a los empresarios, al poder económico que estaban detrás de ese proceso, claramente ellos sí son impunes y ellos creen que pueden volver a intentarlo porque no les llega una condena. Por más ejemplar que sea y no logra condenar a los responsables económicos de la dictadura, esos pueden volver a intentarlo otra vez. Por lo menos que la sociedad sepa y condene todos los hechos de violencia que pasaron”.

En la sentencia también estuvo presente Maria Ester Alonso Morales, que vino desde Alemania para presenciar el veredicto: “Yo declaré en este juicio en el 2021, vine de Alemania para hacer la declaración testimonial. Como estábamos en pandemia declaré por zoom porque en ese momento no se estaban tomando declaraciones presenciales. He seguido este juicio a la distancia a través de La Retaguardia y ayer para mí fue conmovedor estar en la sala junto a compañeros y compañeras de H.I.J.O.S, los nietos y nietas y junto a miembros de organismos de derechos humanos de La Plata”. El tiempo es una constante en los familiares que hace décadas esperan obtener justicia: “Esperamos mucho este juicio porque el centro clandestino del Pozo de Banfield también fue maternidad clandestina. Es la primera vez que Miguel Ángel Wolf recibió una condena por delitos de lesa humanidad. En este juicio faltó Adriana Calvo y faltó Hilda que lamentablemente no llegaron a presenciar este escrito tan importante y hace años que veníamos esperando una condena también por los jóvenes de La Noche de los Lápices”. Alonso Morales agregó: “En este juicio declaré para contar la historia de la detención de mi madre y de sus compañeros, que fue en noviembre del 1974. Sus compañeros inauguraron, por decirlo así, el Pozo de Banfield, el centro clandestino de detención y uno de ellos, Manuel Taboada está desaparecido. Lo torturaron y lo mataron y se robaron el cuerpo de la morgue policial. Seguramente los fundamentos de la sentencia van a traer este hecho, lo que venimos diciendo hace mucho que el terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo de 1976 comenzó antes porque ya hubo desapariciones y torturas antes de la fecha del golpe”.

Sobre su caso declara: “Mi madre estaba embarazada de mí y de mi hermana melliza cuando la detuvieron junto con Dalmiro Suárez, Nelfa Suárez, Ester Alonso y Víctor Taboada. Como estaba embarazada la dejaron en la comisaría segunda de Quilmes y a sus compañeros los trasladaron al Pozo de Banfield para torturarlos; después se volvieron a encontrar en un camión de traslado de personas con destino al Penal de Olmos en la Unidad 8 junto a María Ester y Suárez. Yo pasé ahí mi primer año de vida con mi hermanita. Mi hermana María Elena falleció en 1991 con 16 años, víctima de una enfermedad inmune como el lupus, así que soy yo la que queda de la familia para presenciar este juicio y ayer me reencontré con Víctor Taboada hijo que nació también en la Unidad de Olmos, ahí había un pabellón para madres con sus bebés”, rememoró Morales.

Hubo celebración del veredicto dentro y fuera de la sala. El público levantó en alto los pañuelos blancos, insignia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, mientras sostenían carteles que decían: “Son 30000 y fue genocidio”.

A días de haberse cumplido 48 años del último golpe de Estado y en un contexto de resurgimiento de los discursos negacionistas y las provocaciones provenientes del gobierno nacional, en Argentina se sigue encontrando memoria, verdad y justicia.

La odisea de testearse por el dengue

La odisea de testearse por el dengue

Los pacientes deben hacer filas de horas con fiebre y dolores en el cuerpo desde la madrugada. La población acude al Hospital Muñiz por falta de elementos para testear en otros centros de salud. Todos se declaran colapsados. Prometen el resultado para el día, pero es enviado por correo 48 horas después.

Mientras el nuevo brote de dengue llega a cifras sin precedentes, con 134.202 casos en lo que va de año y 106 muertes desde mediados del 2023 según el último Boletín Epidemiológico Nacional, los pacientes con síntomas forman filas durante horas en las 18 unidades febriles habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires. Una de las más concurridas es la del Hospital Muñiz de Parque Patricios, donde suelen acudir muchos que no pudieron testearse en otros centros debido a la falta de reactivos.

A media mañana, todos los días, alrededor de treinta personas forman una aglomeración silenciosa frente a la entrada de la unidad febril del hospital. A pesar de las caras largas, se mantienen atentos. Esperan escuchar, entre los vehículos que pasan por la calle interna y el sonido de los pájaros, un nombre y apellido: el propio o el de la persona que acompañan. Griselda Segueso se deja caer sobre el costado de la rampa que zigzaguea hasta la estrecha puerta esmeralda de estilo colonial. Con los ojos entrecerrados y los labios violáceos, se apoya sobre la baranda caliente. El sol no da tregua y el malestar tampoco. “Lo que menos me imaginé es que me iba a traer tanto dolor”, dice en una voz frágil. Viene desde Mataderos a confirmar un caso prácticamente seguro de dengue: en su familia ya cursaron la enfermedad su hijo y su marido, mientras que la hija aguarda en Pediatría por un desmayo. Según cuenta, de los cuatro es la que más padece los síntomas: “Al principio te tira la fiebre, pero después el cuerpo ya no te deja dormir. Desde el viernes que no descanso, tengo muchísimo dolor de cabeza y de cuerpo”.

Quince días atrás, también estuvo en el Muñiz para que testeen a su hijo. Llegaron al mediodía y no los atendieron, a pesar de que varios carteles fijaban la hora de cierre a las 16. “Ahora sabía que si vengo temprano me van a atender, hay que esperar mucho”, afirma. Añade que en el Santojanni les avisaron desde el principio que no tenían reactivos, una historia que se repite en otros pacientes que probaron suerte sin éxito en el Hospital Penna –a poco más de diez cuadras – y el Argerich, entre otros. 

Facundo Quiroga está desde las 4 de la madrugada con su cuñado Juan José, de 63 años, que tiene fiebre alta hace cinco días y bajó de peso. Entraron a las 8 de la mañana, horario de apertura de la unidad febril, como los primeros de la fila. No obstante, dice que no los llamaron respetando el orden de llegada. “Somos de Virrey del Pino, pero vinimos de allá porque no hay nada, está todo colapsado”, cuenta. La odisea del cuñado de Quiroga tiene paradas frustradas en el Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, y el 32 Simplemente Evita en González Catán donde, a falta de test, le pusieron suero para aliviar la fiebre, que llegó a superar los 40 grados. Después de una hora con suero en el Muñiz, la espera continúa con preocupación: en lugar de las dos horas estipuladas, les dicen que el resultado del test tardará dos días en llegar por e-mail. Juan José permanece sentado, alejado de la gente. Su mirada agotada sigue a Facundo, que entra a reclamar. Un suspiro sale del barbijo requerido para ingresar, prefiere dejárselo puesto. Entre los que preguntan por el dengue en ventanilla, hay consultas por neumonía. Mejor no arriesgarse.

Una enfermera le pide paciencia a la gente, sostiene que no dan abasto con los que llegan de distintos puntos de Capital y Buenos Aires. Explica a ANCCOM que la gran cantidad de cuadros de deshidratación requieren suero, lo cual extiende la demora para el turno del siguiente en la lista hasta tres horas. Entretanto, los mosquitos revolotean alrededor de la calle, que tiene un par de charcos y un tacho de basura sin tapa. Como la mayoría, María Gairo se defiende de las picaduras a base de palmadas en los brazos y las piernas. “Soy recicladora urbana, y es imposible prevenir el dengue en las condiciones en las que trabajamos”. Cuenta que no tiene quien la acompañe, aunque se encuentra en la fila con compañeras de trabajo. 

Al mediodía queda menos de la mitad de gente afuera. Los que llegan a preguntar a la ventanilla son enviados a su casa -a menos que presenten síntomas de alarma como sangrado en encías, nariz, vómitos, orina o heces-, considerados positivos en dengue si coinciden los síntomas y su duración con los indicados por el Ministerio de Salud nacional. Les recomiendan tomar paracetamol y aislarse entre 7 y 8 días. 

De acuerdo a la cartera nacional, se registraron 106 muertes por dengue en todo el país en la temporada 2023/2024, entre julio y marzo. En medio de un brote récord, que suma 41.450 casos confirmados entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y sin oferta pública de vacunas, los que se acercan a los hospitales, sin garantía de conseguir confirmar o descartar la enfermedad en el día. La fiebre, denominada quebrantahuesos, no quebranta paciencias.

“Estamos en la línea de indigencia”

“Estamos en la línea de indigencia”

SiPreBA realizó una nueva asamblea abierta, en el contexto de dos jornadas nacionales de cese de actividades y paros. Acordaron la continuidad del plan de lucha para lograr unas paritarias dignas y evitar el cierre de los medios públicos.

El martes 26 de marzo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) convocó a una asamblea abierta frente a la Editorial Perfil, en conjunto con las dos jornadas nacionales de paros, ceses y asambleas impulsadas por la Federación Argentina de los Trabajadores de Prensa (FATPREN), para exigir a las empresas una oferta paritaria con un porcentaje acorde a la pérdida inflacionaria. En el acto, diferentes delegados tomaron la palabra para expresarse sobre la situación salarial actual y estuvieron presentes periodistas de Clarín, TV Pública, Página/12, Crónica y Tiempo Argentino, entre otros.

En el barrio de Barracas, una cálida tarde recibe a los manifestantes que llegan para posicionarse en frente del edificio de Editorial Perfil. Portan remeras que los identican como trabajadores de prensa, banderas de SiPreBA que agitan en el moderado viento, y suenan bombos, que también portan las siglas del sindicato. En diálogo con ANCCOM, Ana Paoletti, secretaria adjunta de SiPreBA y trabajadora de Página/12, dio un panorama de la situación que los llevó a movilizarse: “Estamos en medio de la discusión paritaria, o sea estamos participando en reuniones donde se determinan los aumentos salariales.Nosotros venimos con sueldos atrasados desde hace mucho tiempo y están siendo muy reacios a firmar un acuerdo”.

“Empezamos hace casi dos meses con una oferta de un voucher de supermercado de sesenta mil pesos”, contó Paoletti y añadió: “Hoy son dos sumas no remunerativas para los meses enero y febrero, y estamos tratando para marzo y abril tener un porcentaje, porque el problema de las sumas no remunerativas y de los vouchers es que eso no va al salario”. En ese sentido, explicó: “Hoy, un salario de reactor está en 243 mil pesos en bruto, lo cual es una miseria. Ya estamos por debajo de la línea de indigencia, hace mucho que vienen cayendo”. Y se expresó sobre el contexto actual: “En el medio nos toca este contexto de situación política que obviamente también afecta, porque hay una intención desde el gobierno de licuar los ingresos de los trabajadores. Las cámaras empresarias están aprovechando para que el ajuste lo paguemos quienes trabajamos día a día en los diarios, revistas, agencias de la ciudad de Buenos Aires”.

Paoletti también habló de las negociaciones: “Nosotros siempre fuimos con propuestas, ellos rechazaron esas propuestas porque eran muy ambiciosas, venían con propuestas muy a la baja. A partir de esas propuestas las reformulábamos para tratar de llegar a un acuerdo” y agregó: “De hecho, nosotros estamos siempre proponiendo para tratar de cerrar, porque entendemos que nuestros compañeros y compañeras están pasando un momento desastroso y necesitan plata en sus bolsillos, aún sabiendo que la recomposición que podamos lograr en estos meses no es la que corresponde, porque la devaluación ha sido muy grande y la pérdida de nuestro poder adquisitivo, con la inflación que hubo, ya es catastrófica. Pero ellos siempre terminan rompiendo la negociación paritaria. A la vez, muchas de las empresas en sus lugares de trabajo han ido dando aumentos a cuenta, pero eso es la voluntad de cada empresario de dar lo que quiera. Y en muchos lugares esos aumentos no aparecieron”.

Ana Paoletti, secretaria adjunta de SiPreBA y trabajadora de Página/12

Durante el acto, el primero en tomar el megáfono fue Matías Cardone, secretario de actas de SiPreBa y periodista de Perfil, quien también se refirió a la situación salarial: “En estos tres meses la inflación acumulada es de 72%, y el último aumento que recibimos fue en diciembre del 7,5%”, dijo y se expresó sobre los medios públicos: “Todos sabemos que la situación de Télam, de los compañeros que están acampando en la puerta y estamos resistiendo ahí porque creemos que la agencia que usamos todos los días tiene que estar de pie, es la única que puede brindar información que salga de La Quiaca y la única que tiene un sentido federal. Un sentido de la información que también, en estos tiempos, es una forma de luchar contra la post verdad”. Y agregó que SiPreBA “va a pelear por los puestos de trabajo, va a pelear por que los medios públicos estén al aire y va a pelear también por los salarios. Una lucha no claudica con la otra. Tenemos que pelear por todo a la vez. Como podamos, con la forma que tenemos, pero lo vamos a hacer”.

Matías Cardone, secretario de actas de SiPreBa y periodista de Perfil

Luego, Renata Stella, delegada de SiPreBA en TV Pública, expresó: “Desde la Televisión Pública estamos permanentemente sufriendo operaciones de prensa que lo que buscan es desgastarnos, es rompernos, es angustiarnos y que bajemos los brazos. Pero como nos tiene acostumbrados nuestro sindicato, nosotros no lo vamos a hacer, estamos acá”. La última en hablar fue Florencia Defelipe, delegada de SiPreBA en Perfil: “Nosotros no somos el futuro de la empresa, nosotros somos la empresa. Porque gracias a nosotros se llenan los bolsillos de guita y gracias a nosotros salen los productos a la calle. Y son ellos los que afectan los productos, son ellos los que generan que los productos no terminan saliendo como corresponde, los productos no tienen rating, porque ellos no quieren invertir. Y es imposible no invertir en sus trabajadores, que son los que los garantizan”.