Médicos y enfermeros que renuncian, guardias de emergencia y reducción de servicios, falta de insumos y paros en reclamo de recomposición salarial: la crítica situación de la salud pública en el hospital Carrillo de Bariloche, y en toda la provincia de Río Negro.
En un panorama de progresivo agravamiento de la salud pública de Río Negro, los trabajadores del área realizaron esta semana un paro de 72 horas en reclamo de recomposición salarial e insumos hospitalarios. Particularmente se encuentra en emergencia el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, porque allí presentaron sus renuncias la mayor parte de los jefes de servicios y de los centros de salud, en rechazo a la oferta salarial que les hizo el gobierno provincial.
Los médicos jefes de áreas renunciaron a sus puestos el 20 de marzo, y los trabajadores actualmente se encuentran en un paro por tiempo indefinido. Horas después del comunicado oficial del hospital, una multitud de vecinos se acercó a dar un abrazo simbólico al edificio. Desde entonces, hubo numerosas manifestaciones, carteles y marchas. Existe un comprometido acompañamiento de la comunidad, juntas vecinales y organizaciones sociales para acompañar el reclamo del personal de salud.
Natalia Criado, trabajadora social del Hospital Zonal de Bariloche, dice que “la situación actual de la salud pública es que se encuentra de luto”. “Sin recomposición salarial para el personal, renuncias de trabajadores y falta de insumos básicos que impactan directamente en la población”, agrega. Desde el hospital sostienen que los pedidos de aumentos empezaron en la prepandemia por lo cual se arrastra un importante déficit salarial, más aún con la inflación; y el presupuesto se viene reduciendo desde el año pasado.
Ante la falta de respuesta de parte del intendente de Bariloche y de la provincia, la atención programada está suspendida en los servicios de hospital y centros de salud, se redujeron al mínimo los servicios esenciales y sólo las urgencias se están atendiendo. “Hay responsabilidad compartida –afirma Criado–. Tanto el hospital como los centros de salud en Rio Negro dependen del gobierno provincial, por lo cual este es el principal responsable. Pero también vale aclarar que se cortó la coparticipación a las provincias desde el gobierno nacional”.
Entre el lunes 25 y el miércoles 27 la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, Asspur, dispuso un paro de actividades en los hospitales de la provincia, que se llevó adelante con abrazos solidarios, festivales, panfleteadas, carpas y sentadas públicas en ciudades como Cipolletti, General Roca, Viedma y Allen. El gobierno, que denunció a unos 50 trabajadores del hospital de Bariloche por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”, abrió una negociación con los gremios. Días atrás el gobernador Alberto Weretilneck atacó la huelga a través de la televisión la radio provincial, dijo que no había plata y que no harían otra oferta salarial. “La única respuesta que recibimos de parte del gobernador fue invitarnos a retirarnos al sector privado. Se generó una mesa de diálogo para el sector salud desde el lunes 25, pero es la gente la que se está pronunciando a favor nuestro, de parte de la dirigencia no hay nada”, dice Ariana Curbelis, coordinadora del servicio social en el hospital de Bariloche.
El hospital zonal de Bariloche es de complejidad 6 y es cabecera de zona. Lo que implica que tiene especialidades que otros no, y las personas son derivadas allí para su atención. Las renuncias implican que estas especialidades no van a funcionar. Enfermería ya viene con una reducción del personal, no se llegan a cubrir las guardias y el personal está sobre exigido. Lo mismo pasa con otras áreas, también esenciales en la cadena de atención: trabajadores de mantenimiento, limpieza, cocina, que migran hacia otros trabajos mejores pagos.
“La perspectiva no es prometedora porque en el marco nacional ya se observa una reducción notable de los derechos, una restricción de acceso a prestaciones, al derecho de interrupción legal del embarazo, los derechos de las personas con discapacidad vienen en un deterioro progresivo”, cuenta Criado. Además, desde el hospital subrayan que la tendencia que se observa claramente es hacia una salud privada, el famoso arancelamiento de la salud.
Las áreas de Emergencias, Pediatría, Salud Mental, Farmacia, Oncohematología, Servicio Social, Cuidados Paliativos, Cardiología, Oftalmología, Cirugía y los diversos centros de salud en los barrios más bajos, suspendieron sus actividades, ya que no se encuentran en condiciones de garantizar lo mínimo indispensable para una atención de calidad.
Gastón Vera, jefe del centro de salud de Ojo de Agua, que toma más de ocho barrios de la ciudad, comenta: “Aquí insumos y recursos faltan desde hace meses, pero ahora con la llegada del nuevo gobierno se aceleró; esto se suma al tema salarial, porque no alcanza para vivir, y ahora no tenemos personal estable que pueda atender tanta demanda”.
Esta situación afecta a la población. Existen personas que necesitan tomar sus medicaciones y no lo hace: gente mayor, con problemas psiquiátricos o hasta los métodos anticonceptivos. “Necesitamos que el gobernador vea, porque esto trasciende a los trabajadores de la salud pública, es un pedido de toda la comunidad”, agrega Vera.
“Nos gustaría dejar como mensaje principalmente que la salud pública es un derecho, garantizarla es función de Estado, y tiene que ser de calidad y universal, que abarque a todos y todas”, dice Ariana Curbelis. “Queremos seguir trabajando, sin trabajadores no se sostiene la salud pública, queremos volver a nuestros lugares en el hospital y en los barrios donde tenemos que estar”, concluye Criado.