Un custodio del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños amenazó con desenfundar su arma en medio de un ruidazo de protesta por los despidos en el organismo.
El cuerpo de delegados de la ATE emitió un comunicado este miércoles denunciando el accionar del cuerpo de seguridad de Alberto Baños, actual secretario de Derechos Humanos, quien llegó al cargo luego de ejercer como juez “duro entre los duros” dentro del fuero penal. Según explica el documento, uno de los custodios del exjuez intentó sacar su arma de fuego delante de los trabajadores que se encontraban agrupados de forma pacífica en un ruidazo que protestaba ante la baja de casi cien contratos.
Los agentes de seguridad, vestidos de civil y armados, habían ingresado al predio de la Secretaría buscando impedir el contacto directo con el funcionario, quien se encontraba en el segundo piso del establecimiento.
En medio de la protesta, un policía desabrochó la funda de su arma amenazando con sacarla. La tragedia se evitó gracias al esfuerzo de una de las manifestantes que lo llamó a recapacitar. Una vez calmada la situación, la seguridad se reunió con Baños en su oficina. El ruidazo se dio por terminado, y más de 150 trabajadores volvieron a sus casas sin recibir las respuestas que demandaban.
El cese de los contratos, acompañados por una serie de despidos que data desde principio de marzo, fueron posibles debido a la frágil situación laboral de los trabajadores, quienes aseguraron que “no van a claudicar” a pesar de las amenazas. Como agravante, el hecho tuvo lugar en el mismo Espacio de Memoria y Derechos Humanos, días después de que las calles reclamaran “memoria, verdad y justicia”.
El nombramiento de la figura de Baños para presidir el espacio de Derechos Humanos, desplazando en su función a Horacio Pietragalla Corti -nieto restituido de padres desaparecidos- fue desde un principio centro de polémicas. Y la presencia de oficiales armados en el predio de la exESMA, donde hace años regía un acuerdo de desarme del personal de seguridad, parece una nueva provocación del gobierno. La violencia vuelve a acechar en el lugar más doloroso.
La amenaza de nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos se enmarca dentro de las 15.000 cesantías anunciadas este miércoles por el Gobierno nacional a aquellos empleados del Estado contratados con la modalidad conocida como Artículo 9, una forma de integrar la planta transitoria de los organismos públicos. En verdad, se trata de contrataciones precarias que pueden incluir a personal con más dos décadas de antigüedad.
Como secuela del hecho, tanto Baños como el cuerpo de delegados evalúan las posibilidades de realizar una demanda: el primero por actos de violencia, y los segundos por la ruptura de este acuerdo.