Crece el apagón informativo del Gobierno

Crece el apagón informativo del Gobierno

El Ejecutivo dio de baja a las páginas web y las redes sociales de los medios públicos. Ya no se puede acceder a su programación por vía digital ni tampoco a sus repositorios. Para argumentar la medida, utilizó una provocación más: dijo que se encuentran bajo un «proceso de reorganización», la misma expresión que empleaba la dictadura militar para autodefinirse.

El gobierno de Javier Milei sigue esmerilando a los medios públicos y violando la Ley 27.275 cuyo objeto es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Durante la mañana del martes 21 de mayo tanto los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, Televisión Pública y canales de contenidos públicos, Encuentro y Pakapaka, como la propia ciudadanía argentina, amanecieron con el apagón de las respectivas páginas web y redes sociales. La medida se suma a la suspensión del servicio de la Agencia de Nacional de Noticias Télam que ya se encuentra próxima a cumplir tres meses.

En un comunicado firmado por el interventor de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Diego Martín Chaher, el gobierno nacional sigue con el despojo de los medios de comunicación públicos, en respaldo de su primordial objetivo: clausurarlos o que pasen a manos privadas. Así, se ordenó la suspensión de la transmisión y emisión en las redes sociales y páginas web de los medios públicos de cualquier tipo de contenido. Este comunicado fue enmarcado bajo el anuncio del inicio de un “proceso de reorganización” en las señales de televisión y radios del Estado, utilizaando las tres palabras con las cuales se auto definía la dictadura militar.

En ese sentido, la exgerenta de Contenidos Públicos Jessica Tritten dijo en su cuenta de X “Las señales educativas del Estado Nacional se encuentran emplazadas en la ex ESMA, actual Espacio para la Memoria y Derechos Humanos. Que la comunicación oficial diga que los medios públicos se encuentran en un ‘proceso de reorganización’ es una provocación, una más, inaceptable”.

El apagón digital de los medios públicos podría pensarse como una analogía contemporánea, en este contexto tecnológico, de la quema de libros durante la última dictadura cívico militar», señala Kejval.

Este silenciamiento de los canales digitales de la TV Pública, Radio Nacional, Canal Encuentro y Pakapaka generó rechazó y preocupación entre trabajadores y trabajadoras de los medios públicos.

En este sentido Martín Becerra, periodista, investigador y docente universitario, opinó que “lo del proceso de reorganización es una provocación por activar la denominación con la que se había atribuido durante la última dictadura. No sabemos en qué consiste dicho proceso. Si efectivamente el gobierno tiene algún tipo de planificación para reorganizar los medios estatales”.

Por su parte, Larisa Kejval, Directora de la Carrera de Comunicación de la UBA, también compartió su reflexión. “Esto es muy grave e implica una dificultad para toda la ciudadanía. No podemos acceder a producción informativa de estos medios ni a sus archivos pertenecientes al patrimonio público, producidos en otro momento histórico”. Y agregó que “el apagón digital de los medios públicos podría pensarse como una análogía contemporánea, en este contexto tecnológico, de la quema de libros durante la última dictadura cívico militar”.

Kejval destacó la importancia de concientizar en relación a los diversos niveles que la sociedad necesita desplegar en cuanto a la lucha y resistencia. «No es solo cuestión de resistir sobre lo que se nos impone como urgente e inmediato, es importante la dimensión cultural». A modo de reflexión se preguntó: “¿Qué pierde el pueblo argentino al perder los canales de expresión? Perdemos la posibilidad de construir relatos, amalgamado de conjunto de resistencia, y la posibilidad de construir proyectos a futuro”.

Christian Staufacher, delegado de CPSE (Contenidos Públicos Sociedad del Estado) contó que desde diciembre no tienen autoridades. “Hace una semana vino el asesor del interventor y se reunió con Pakapaka y Encuentro, y planteó que las redes iban a tener una nueva orientación, sin especificar. Ayer abruptamente salieron a pedir las claves y bajaron la página web y las redes sociales, sin explicar nada”.

Además agregó: “Nuestro objetivo principal es difundir esto por los medios de comunicación y fundamentalmente que no se apruebe la Ley Bases”.

Desde el CPSE están a la espera de una reunión para ver como se sigue. “Al estar bajo un gobierno cuya política es la destrucción del Estado, no podemos esperar algo bueno. No queremos hacer conjeturas hacía adelante, porque sabemos que se manejan muy en el día a día”, dijo Staufacher.

El diputado de Unión por la Patria, Pablo Carro, repudió el desmantelamiento de los medios de comunicación públicos y la privatización. De igual manera, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) los empleados y empleadas de los medios públicos difundieron un comunicado denunciando un Plan de “desmantelamiento” realizado por el Gobierno nacional.

Los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública hicieron una asamblea que culminó con una marcha por los pasillos del histórico edificio de Figueroa Alcorta, con aplausos y cantando “la patria no se vende”.

 

La universidad para y reclama

La universidad para y reclama

Docentes, no docentes y estudiantes de todo el país realizaron clases públicas, semaforazos y marchas de antorchas como anticipo del paro de este jueves. A un mes de la masiva marcha, aún no hay solución para las casas de estudios.

Organizaciones estudiantiles y sindicatos docentes y no-docentes realizaron este miércoles 22 de mayo distintas acciones para visibilizar el conflicto universitario y la crisis presupuestaria. Con clases públicas y marchas de antorchas, las universidades volvieron a pisar fuerte en todo el país.

La sede Drago del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires empezó el turno mañana con clases públicas. A un día del comienzo de 48 horas de lucha universitaria, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció un aumento del 270% para el funcionamiento de todas las universidades nacionales. Este número representa sólo un 10% de los gastos de las casas de estudio: el personal humano que hace a las instituciones sigue con el salario congelado. Claudio Lobo, integrante de la Universidad Nacional de San Luis y miembro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advierte que el gobierno nacional tuvo reuniones informales con el resto de universidades, pero que todavía el anunciado aumento del presupuesto no se oficializó.

“Sin resolución, no hay una afectación de dinero. Entonces todas las universidades que están aglutinadas en el CIN no van a tener una certeza del cumplimiento hasta que se firme”, sentenció Lobo en diálogo con ANCCOM. Además, rememoró los acuerdos previos: ”Sucedió lo mismo con el compromiso del 70% de aumento inicial anunciado en febrero que se concretó pasado marzo. El segundo aumento del otro 70% que era para mayo, aún está sin resolución. Por lo tanto, este anuncio solamente será tomado por el CIN como un acuerdo y algo concreto si en la reunión de la próxima semana se firma la resolución correspondiente”.

Mientras, en Buenos Aires, a metros de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiantes con pecheras del centro de estudiantes y con bufandas cortaban Puan y la Avenida Pedro Goyena, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán, jóvenes se reunían en grupos para iniciar la marcha de las antorchas. Desde el lunes, convocaron a movilizar a toda la provincia porque consideran que la educación es un derecho en sumo riesgo. Así, se acercaron organizaciones ajenas a la academia como la Asociación Civil de Trabajadores del Audiovisual de Tucumán, que quedaron atrás de la bandera azul francia de la Asociación Docentes e Investigadores de la Universidad (ADIUNT).

Al mediodía, después de las primeras clases de la mañana, estudiantes y docentes de las Facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica de la UBA  usaban el espacio de los semáforos para hacer visibles sus reclamos al apretado tráfico de las inmediaciones de Plaza Houssay. Lo mismo hacían docentes y no docentes de la Universidad Pedagógica Nacional en el cruce de las avenidas 9 de Julio e Independencia. 

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, agrupados en COAD, llamaron a exigir aumento presupuestario para todo el país, que se detenga el recorte a los salarios y a posicionarse en contra de la Ley de Bases porque “nos oponemos a un proyecto que pretende entregar nuestra soberanía nacional, avanzar con las privatizaciones y saquear los recursos de nuestro país – declaró COAD en el comunicado-. Si el Gobierno Nacional sigue ajustando, docentes, no docentes, estudiantes y toda la comunidad vamos a seguir luchando”.

A casi un mes de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, el Ministerio de Capital Humano intentó romper la unidad universitaria acordando sólo con la Universidad de Buenos Aires el 270% de presupuesto para los gastos de funcionamiento. Violeta Finocchiaro, presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, destacó: “Los estudiantes venimos encarando un gran momento de lucha. La marcha del 23 de abril fue un claro reflejo de nuestro nivel de organización, que tenemos no sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy volvemos a salir a la calle estudiantes, docentes y la sociedad toda. Nos encontramos en la marcha de las antorchas para reclamar un presupuesto para todas las universidades, por salarios docentes dignos y en contra de la Ley de Bases”. En la Facultad de Ingeniería de la UBA, se instaló una mesita por dos horas para firmar contra el DNU.

Según un informe de CONADU, por primera vez en 20 años hay salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. “Ese 270% deja afuera la discusión salarial, que es el 90% del presupuesto. Las personas que trabajamos en la universidad, docentes y no docentes, perdimos más del 35% en nuestro poder adquisitivo salarial en los últimos cuatro meses”, concluyó Ana Arias, decana de la Facultad de Sociales UBA.

En esa línea, estudiantes, docentes y no docentes de esa facultad organizaron un “apagón y velazo por el presupuesto y salario para los trabajadores” bajo la consigna “Sin nosotrxs, la UBA no funciona”. Con el aumento de la partida, la universidad podría pagar las facturas de luz, pero no las investigaciones ni las becas estudiantiles.

Leonardo Murolo, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Quilmes y coordinador de la editorial de esa universidad retrata la misma situación con respecto al desfinanciamiento: “Las partidas de funcionamiento se relacionan desde comprar insumos hasta pagar los servicios y llevar adelante las demás prácticas que emprende la universidad. Queda desfinanciada la investigación, la editorial, la agencia de noticias científicas, la producción audiovisual, la producción de materiales didácticos de diferentes formatos y la extensión, que es la vinculación de la universidad con el territorio”.

“El gobierno de Milei, al igual que hace con otros sectores de trabajadores, pretende descargar todo el ajuste sobre nosotros, sobre nuestros salarios y condiciones de trabajo. Nuestras obras sociales están quebradas, tenemos miles de colegas que trabajan durante muchos años sin cobrar un peso, nuestros jubilados tienen actualización de su haber cada tres meses y la docencia preuniversitaria perdió además el refuerzo del FONID”, dijo Ileana Celotto,  secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) en referencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente, y sintetizó: “Sin docentes, no hay universidad ni actividades de extensión ni investigación. Por eso salimos de nuevo con estas medidas de acción directa y anunciamos, desde ahora, que si no hay solución, el segundo cuatrimestre no empezará”.

Por amor a la pelota

Por amor a la pelota

Camioneros ganó el Primer Torneo Promocional Amateur, la nueva categoría de la AFA que reúne equipos de sindicatos, colectividades, nuesvas instituciones y otras centenarias.

Finalizó el Apertura del Torneo Promocional Amateur, y el primer ascenso a Primera C fue para Camioneros. Se trata de la primera ronda de la nueva categoría sub 26, que pasó a ser la quinta del fútbol argentino y se comenzó a disputar en 2024. Luego de un receso, se jugará la segunda parte. Esta competición consta de 14 equipos que se enfrentan en un sistema de todos contra todos en dos torneos: Apertura y Clausura. El campeón de cada certamen obtiene el ascenso. Si las dos etapas son ganadas por el mismo equipo, los que salen segundos se enfrentan por el otro ascenso. Aparte, si son dos los conjuntos campeones de cada torneo,  se enfrentarán para definir la Copa de Campeones. En tanto, quien tenga el peor promedio, sumando ambos torneos, será desafiliado en forma temporal.

Todos los equipos de esta primera edición del Promocional Amateur fueron invitados a participar por la AFA y presentan una gran variedad entre sí. Algunos tienen origen sindical, como Deportivo Metalúrgico, Camioneros o el Sindicato Argentino de Televisión. Otros son muy nuevos y tienen menos de tres años de historia, como el Ezeiza Fútbol Club (equipo con el que colaboró el influencer Santiago Maratea) o el Barrancas UMET, fundado en 2022, vinculado tanto a la Universidad de Belgrano como a la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo. En contraste con estos, también hay equipos que están cerca del centenar de años o ya lo pasaron, como el Everton de La Plata, Juventud de Bernal, Defensores de Glew o Belgrano de Zárate, entre otros.

Justamente, Everton de La Plata recibió el pasado domingo a Defensores de Glew, en el marco de la última fecha del torneo Apertura. El local, fundado en 1905, tiene un predio de cuatro hectáreas y media y su estadio, “Pachi” Funes, tiene capacidad para 2500 espectadores. Además posee seis canchas de fútbol 11 para entrenamiento, un gimnasio, tres canchas de fútbol 7 y una de hockey sobre césped sintético. Complementan las instalaciones un salón-bar, parrillas y estacionamiento.

Unas 200 personas aproximadamente, todas pertenecientes a la parcialidad local, presenciaron el encuentro. Algunas estaban de pie o sentadas en reposeras al costado del alambrado que las separaba del campo de juego. El resto se ubicó en las únicas dos tribunas, ambas de cemento y con capacidad para albergar a 100 personas.

En la tribuna, que se encuentra sobre uno de los laterales, se podía ver a un público adulto (familiares, amigos, socios e hinchas del club) con una actitud pasiva que solo se sobresaltaba con el grito de algún gol. El panorama era muy distinto si hacíamos foco en la otra tribuna, ubicada detrás de uno de los arcos. Allí, las canciones, insultos y gritos sonaban con una frecuencia que supera a la de cualquier contexto habitual, por fuera de una cancha

“La Banda del 16” es como se autodenominan estos hinchas que le ponen el color a la jornada; bombos, banderas y cantos son los ingredientes que utilizan, de manera similar a como lo suelen hacer las barras bravas. Sin embargo, presentan significativas diferencias: la mayoría de sus integrantes no pasa de los 15 años y no se ve a personas consumir estupefacientes o alcohol como en algunas hinchadas de primera.

Ian Vázquez, tiene 13 años, forma parte de este grupo y además es jugador de las divisiones inferiores del club: “Yo vivo cerca, mi papá me trae desde que soy chiquito y ahora estoy jugando en las inferiores del club; hoy no me tocó jugar ni entrenar, pero vine para ver el partido, me encantaría ver al Decano en otra categoría cuando sea más grande y poder jugar ahí”.

Compartiendo la misma tribuna y aliento que Ian está Kevin, con solo 11 años, otro de los integrantes de “la Banda del 16” y que juega en las infantiles del Decano: “Mis papás están en la otra tribuna mirando el partido, mi papá fue jugador del club unos años y después tuvo que dejar, él me cuenta que a mí mamá la conoció en el Everton mucho antes que yo naciera”.

Durante el segundo tiempo se incrementó el número de espectadores, tras finalizar simultáneamente un partido de hockey masculino y fútbol infantil que se realizaban en lugares adyacentes del predio. Parte de esas personas se quedaron a ver lo que restaba del certamen. Un grupo grande de niños se sumó a la popular, esta se vio revitalizada por los refuerzos y comenzó a cantar más fuerte y constante. 

Gonzalo Uranga es director deportivo del Everton, sin embargo su relación con el

club va más allá del puesto que ocupa actualmente “Yo llegué a este lugar a los 18 años y no me fui nunca más. Empecé jugando en reserva, después llegué a primera y al poco tiempo me recibí de profesor de Educación Física, en ese momento comencé a trabajar con los planteles de fútbol y dejé de jugar. Hoy soy director deportivo y antes fui presidente, desde el 2001 hasta el 2016. Para nosotros esto es un sueño, somos un club importante en la zona y eso hizo que nos reconocieran para invitarnos a participar en esta nueva divisional”, contó.

Marcelo Mazzacane, actual presidente del club, brindó algunas sensaciones y proyectos luego de finalizar la primer participación en un torneo oficial de AFA: “Yo estoy en el club desde el año ‘89, en su momento fui jugador de fútbol y hoy tengo la dicha de ser el presidente. Para nosotros es un desafío nuevo, muy importante y estamos intentando estar a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, estamos por construir una cancha techada para que de esa manera no se pierdan días de entrenamiento por lluvia”.

Entre el aliento constante de sus hinchas, el partido ante Defensores de Glew continuó. Resultado final: 3 a 1 para los platenses, que acumularon entusiasmo para cuando se reanude el torneo.

La crisis estalló en Misiones

La crisis estalló en Misiones

Docentes, policías y tafereros tienen en jaque a la provincia con paros, marchas y cortes de ruta. Los salarios por debajo de la línea de indigencia encendieron la mecha. El personal de la salud tomó el Ministerio. El Gobierno nacional se limitó a enviar gendarmes y prefectos.

La tensión en Misiones continúa y son cada vez más los sectores que salen a reclamar por mejoras salariales. La provincia es, hace ya varios días, el epicentro de una lucha social que se materializa a través de paros, marchas, cortes de ruta, y cánticos contra el gobierno. Hugo Passalacqua, el gobernador, no ofreció aún muchas respuestas y el Gobierno nacional se limitó a enviar efectivos de Gendarmería y Prefectura, mientras se desligó del asunto.

El lunes por la tarde, Udpm (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) y Sidepp (Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada) aceptaron el acuerdo ofrecido por el Gobierno que promedia entre el 23% y 50%, bastante por debajo del 100% exigido. Por ello, el resto de los gremios rechazaron la propuesta y continuaron con las protestas. El gobierno provincial se iba a reunir ayer por la tarde con quienes no la aceptaron pero, de manera unilateral, la administración suspendió la mesa de diálogo, empeorando la relación entre ambos. 

Un maestro misionero que recién comienza en la docencia percibe un sueldo aproximado de no más de 250.000 pesos, cifra que lo coloca por debajo de la línea de indigencia. Con el aumento prometido, esa situación no se modifica. 

La comunidad educativa viene con este reclamo hace ya varios meses, aunque estas últimas semanas escaló de manera exponencial. El pasado jueves cientos de ellos marcharon hacia la Legislatura e increparon a los diputados. Hubo forcejeos entre la policía y los maestros, quienes lograron frenar la sesión.

 El lunes por la tarde, luego de que trascendiera la noticia de que los sindicatos más allegados al poder habían pactado una cifra bastante por debajo de la reclamada, el resto de los gremios anunció un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo menos, por 48 horas. La medida, en algunos casos, se extendió hasta hoy y mañana. “Nosotros rechazamos la propuesta porque no soluciona nada. Hoy, la Policía se está levantando porque cobra 450.000 pesos y no les alcanza. Y esa misma cifra nos ofrecieron a nosotros. Es ridículo”, exclamó Rubén Ortíz, docente, historiador y Secretario General de MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación).

Durante el día de ayer, desde bien iniciada la mañana y hasta pasadas las 18, dos columnas educativas marcharon hacia el acceso este del puente, del lado de la localidad de Candelaria. Allí se concentraron miles de personas. Luego, muchos de ellos se sumaron al reclamo de las fuerzas de seguridad en el centro de Posadas. Es decir, lejos de imaginar un acuerdo, los diferentes sectores sociales comienzan a unirse y apoyarse entre ellos, logrando así una lucha colectiva que se observa a lo largo y ancho de la provincia. “La situación ha empeorado. En virtud de que la protesta ha crecido enormemente y hoy se puede decir que todo el territorio de la provincia está paralizada”, afirmó el referente de MPL.

Esta tarde, los maestros realizarán una marcha de antorchas en la ciudad de Posadas, en las avenidas Mitre y Uruguay, a pocos metros del despliegue de las fuerzas de seguridad que ya lleva cinco días de acampe. Por otro lado, mañana se unirán al paro nacional docente convocado por los gremios de la CGT, en defensa de la educación pública. Al respecto, Ortíz agrega: “Tenemos una sola universidad pública acá en el norte, la vamos a defender a muerte. Sobre nuestros cadáveres van a cerrarla. Nosotros estamos dispuestos a todo, esto no es solo por nuestros salarios”, sentenció. 

También la policía

Si bien fueron los docentes quienes tomaron la posta de este reclamo salarial, la noticia tomó impacto nacional cuando se unió un sector impensado: las fuerzas de seguridad. 

El viernes por la madrugada, un grupo de policías autoconvocados, activos y retirados, tomaron el Comando Radioeléctrico, en el centro de Posadas, y al menos siete patrulleros cortaron la avenida Uruguay. Al igual que los docentes, reclaman un incremento del 100% en sus haberes. El sueldo más básico de un policía en la provincia de Misiones no supera los 450.000 pesos, por lo tanto entra en la línea de pobreza ya que no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta básica.

Durante el fin de semana se especuló con un posible acuerdo entre las partes que, finalmente, no llegó a buen puerto. Según trascendió, la oferta fue del 15% contra el 100% reclamado.

La respuesta de Nación fue la creación de un Comité de Crisis, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el gobernador Passalacqua, para “aliviar” el descontento social. Además, la ministra decidió enviar más de 200 gendarmes a Misiones para hacerle frente a los uniformados que acampan y resisten en Posadas. De todas formas, se desligó de la problemática y resolvió que es la provincia quien debe solucionar el asunto. 

El domingo por la tarde, los efectivos se reunieron con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Ller, pero la negociación pasó a un cuarto intermedio. Hoy, miércoles, la situación sigue trabada. El Gobierno afirma haber ofrecido lo máximo posible, pero las fuerzas de seguridad continúan exigiendo, mínimamente, el doble. Además, la tensión crece por los patrulleros en la avenida principal, los policías se niegan a retirarse. Al contrario, son cada vez más, no solo de las fuerzas, sino de otros sectores. 

Por otro lado, también solicitaron una “amnistía” a los sancionados por las manifestaciones para evitar problemas a futuro. Fue en 2012 la última vez que las fuerzas de seguridad protagonizaron una situación similar. En ese entonces, arreglaron un acuerdo en los salarios y a los cinco meses comenzaron a separar a los efectivos que estuvieron involucrados. Esta vez, quieren evitar esa situación.

El fin de semana, además, se sumaron al reclamo los trabajadores de la salud. Al igual que docentes y fuerzas de seguridad, reclaman un 100% de recomposición salarial, mientras tanto los principales hospitales de la provincia se encuentran de paro desde el 18 de abril y, de momento, solo atienden emergencias.

Un trabajador del sistema de salud, con la categoría más baja, como un chófer de ambulancia o un trabajador de ordenanza, está cobrando hoy por hoy 373.000 pesos, un enfermero sin antigüedad 388.000 pesos y un médico 455.000 pesos. Todos, por debajo de la línea de pobreza.

Hasta ahora, las propuestas habían estado muy lejos de lo exigido: 16%, 20% y 22%. Pero, al contrario de lo que reclama la mayoría, muchos de los trabajadores de la salud se llevaron la sorpresa de que ayer por la tarde, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron un acuerdo con el ministro de Salud, Héctor González, por un aumento del 18% para el mes de mayo, una suba del 10% al básico, y un 8% de equiparación salarial. Por eso, esta mañana decidieron instalar una carpa frente al Ministerio de Salud exigiendo respuestas. Una vez allí intentaron gestionar una reunión con las autoridades, pero la misma quedó trunca, generando aún más malestar. Ante esta situación decidieron ir más lejos e ingresar al edificio de manera pacífica. Allí permanecen, en la planta baja, reclamando que el Ministro los reciba. 

Uno de los sindicatos que lleva adelante esta ocupación es la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Misiones. Jorge Duarte, su secretario adjunto, conversó con ANCCOM, desde la toma, y se manifestó al respecto: «Los salarios de los trabajadores de la salud están por debajo de la pobreza y no llegamos ni siquiera al día 10 de cada mes. Estamos cada vez más en un círculo vicioso de endeudamiento, gastando por adelantado nuestro salario”, indicó. 

Por el momento, Héctor González les pidió la entrega de un petitorio por escrito. Los gremios ya lo entregaron y ahora aguardan una reunión mañana a primera hora.

Mientras tanto, el referente de CTA Autónoma Misiones rescata la solidaridad del pueblo misionero que, a pesar de verse imposibilitado a realizar algunas de sus tareas diarias, constantemente se acerca a los centros de acampe con alimentos y palabras de aliento.

Por otro lado, rechaza de manera tajante el accionar del Gobierno nacional: «Nosotros repudiamos la decisión de la ministra Patricia Bullrich. Repudiamos la creación de un Comité de Crisis para enviar fuerzas federales para disciplinar la protesta social. Lo que nosotros creemos necesario es la creación de un comité para resolver los problemas sociales y salariales que estamos reclamando en estos momentos”, exclamó. Al mismo tiempo, disparó directamente contra Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial, a quién acusó de recibir el dinero pero no repartirlo como corresponde. 

En cuanto a los yerbateros, la situación no parece tan fácil. Al contrario, parece venir de larga data. Rubén Ortíz (MPL), además de docente es historiador y afirmó al respecto: “El productor de la yerba mate hoy está al borde del hambre porque Milei abrió las importaciones”. Y agregó: “Lo que está reventando acá en nuestra zona, en el norte de la provincia, es que la pobreza nos ha castigado de manera tremenda. El extractivismo nos mató. El salario no es lo único a resolver”, finalizó, desnudando así una problemática aún más grande que la ya planteada.

«Más allá de las cataratas y la selva -describe Duarte-, en Misiones hay una población sumergida en la pobreza, en las necesidades, sin acceso a viviendas, agua potable y cloacas», la provincia del norte del país, famosa por su tierra colorada, hoy está paralizada y siendo observada por el resto del país por los reclamos salariales de los sectores que la mantienen en pie. Por su parte, tanto el Gobierno provincial como el nacional continúan mirando para otro lado.

El déficit cero mata

El déficit cero mata

Con la excusa de una auditoría, el organismo estatal que distribuye medicamentos oncológicos dejó de entregárselo a los pacientes. Ya hubo siete muertes, 400 pedidos de amparos y 1.900 afectados.

Cecilia Herrera padece un  cáncer de mama y atraviesa la enfermedad por segunda vez. Debería ir por su cuarta quimioterapia y según lo estipulado terminaría su tratamiento en octubre o noviembre. Pero para ello necesita de la medicación Trastuzumab 440, la cual tiene un valor de 20 millones de pesos y debe utilizarla cada veinte días, un costo sin dudas imposible de afrontar para cualquier persona y por ello la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, DADSE, era la encargada de proveerselo. A pesar de que su tratamiento no puede interrumpirse más de diez días, desde la asunción del gobierno de Javier Milei y el cierre de la institución no sólo se quedó sin la provisión de su medicación sino que tampoco recibió ninguna respuesta oficial.

Una característica del gobierno libertario, tanto en su campaña electoral como desde su asunción el pasado 10 de diciembre, es el descreimiento de lo público y su consecuente cierre o desfinanciamiento. Tal es el caso es la DADSE, dependiente desde febrero del Ministerio de Salud, que debería ocuparse de la entrega de medicación a pacientes oncológicos o con otras enfermedades graves o raras y que no posean cobertura médica, pero desde su asunción, la nueva gestión comenzó a vaciar sus oficinas y discontinuar la entrega de medicamentos a dichos pacientes. De esta manera, miles de personas que dependen de la entrega de sus remedios por parte de este organismo para poder continuar sus tratamientos no están pudiendo hacerlo. Es el caso de Cecilia Herrera.

Esta medida gubernamental, que se tomó con la excusa de realizar una auditoría para regularizar la compra de medicamentos, implica que miles de pacientes vean en riesgo su vida ante la imposibilidad de continuar sus tratamientos. A pesar de que el gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, haya negado esta situación diciendo que el organismo no cerró ni se discontinuó la entrega de medicamentos, hay una gran cantidad de casos que demuestran lo contrario. “Este gobierno borró todas esas puertas que nosotros podíamos ir a golpear para reclamar un remedio o asesorarnos sobre la medicación –expresa Herrera–. Lo que está causando este tema es terrible, porque no sabés si mañana vas a tener tu remedio o tu tratamiento. No tenés a quien llamar, no tenés con quién hablar. Lo único que hacés es ir al hospital donde tramitás la medicación para que te atienda una chica y te diga que no vas a tener tu medicación”. Hasta el momento pudo continuar su tratamiento a través de donaciones que recibió de otras personas que pasaron por una situación similar pero que ya no deben utilizar más la medicación. Además de preocuparse por su situación de salud, Cecilia insiste por la incertidumbre que atraviesa y reclama una respuesta por parte del gobierno: “Yo quiero vivir, no pido otra cosa. Y este tipo (Milei) nos está matando”.

Un caso similar es el de Rodolfo Lera, quien sufre melanoma desde marzo del año pasado y vio interrumpido su tratamiento a raíz del recorte efectuado por el Gobierno. Para su tratamiento, que está a mitad de recorrido, debe inyectarse dos ampollas de la medicación Pembrolizumab cada 21 días, las cuales tienen un valor de 18 millones de pesos. Desde diciembre, durante cinco meses Rodolfo no las recibió de la DADSE, sino que también tuvo que recurrir a donaciones para continuar su tratamiento. Recién el pasado 30 de abril recibió tres cajas con dos ampollas cada una, es decir para dos meses.

Su situación es preocupante ya que también es un tratamiento que no puede ser interrumpido, y es una gran incertidumbre no saber si van a enviar o no desde el Gobierno su medicación. Natalia, su esposa, advierte sobre esta situación: “Está en riesgo la vida de la gente. Estaban jugando con la vida de mi marido. Y si pudo continuar su tratamiento es por la generosidad de muchísima gente. Tengo miedo, me asusta lo que está haciendo este gobierno con lo inhumano que es”.

A la falta de entrega de medicamentos, que pone en peligro el tratamiento y por ende la vida de miles de pacientes, se le suma el cierre de las oficinas donde los enfermos podían reclamar sus medicaciones y asesorarse sobre sus tratamientos, generando así una gran incertidumbre y preocupación. Ante esta situación, muchos se acercaron a distintas organizaciones que asisten a personas oncológicos o con otras enfermedades raras para asesorarse sobre sus trámites y realizar sus reclamos.

Respecto a ello, Alejandra Iglesias, presidenta de Asociación Sostén, que asiste a pacientes oncológicos, advirtió en diálogo con ANCCOM sobre esta problemática.

Según pudieron saber, serían 1.900 los pacientes oncológicos que se encuentran en esta situación y más o menos la misma cantidad de personas que sufren otras enfermedades poco frecuentes y crónicas. Es decir, aproximadamente 4.000 personas se vieron privadas de su derecho al acceso a su medicación para realizar su tratamiento. Además, las estimaciones son que siete pacientes perdieron la vida esperando que llegue su medicación. Sin embargo, advierte que estos son números estimativos, ya que no hay un registro oficial de cuántos son los afectados, ni quiénes son, cómo continúan los casos o si recibieron o no su medicación. “Nosotros lo que fuimos viendo es que cuando hacen las licitaciones están los expedientes, pero no podemos ver el número total y todos los registros. Entiendo que esto se irá registrando de alguna manera y en algún momento nos dirán. Lo ideal primero es que se regularicen las entregas y no vuelva a haber esta falta de suministro”, afirma.

Si bien en gestiones anteriores existían problemas y demoras en la entrega de medicamentos, estos finalmente llegaban y los pacientes podían continuar normalmente con sus tratamientos. Con la asunción del nuevo gobierno se asiste a una situación inédita sobre este tema, donde los pacientes esperan meses, no tienen respuesta alguna y ven peligrar sus vidas. “Es incomprensible. No sé hasta dónde vamos a llegar así y recién inicia la gestión con este corrimiento del Estado. Es una situación de desamparo”, expresa Iglesias. “A la situación de enfermedad, que como la del cáncer avanza, las personas están sufriendo un deterioro en su salud mental, porque están angustiadas, con miedo, están desesperadas. Nos hablan todo el tiempo para saber si hay novedades y para nosotros también es muy frustrante decirles que no”.

Frente a esta situación ya hubo más de 400 amparos individuales en los que reclaman la regularización de los casos. A ello también se suma un amparo colectivo que hicieron seis organizaciones, pidiendo al ministro de Salud que diga quién es la persona a cargo de la DADSE, cuál es su presupuesto, cuál es su procedimiento, y exigiendo que este sea rápido y eficaz.

A pesar de que el gobierno haya emitido un comunicado de prensa indicando que “esta administración nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”, miles de casos demuestran lo contrario.