La derecha parlamentaria sostiene a la presidenta Dina Boluarte, cuya promesa de llamar a elecciones antes de fin de año se diluye mientras mantiene una agenda afín a las grandes empresas y alejada de los intereses populares.

En medio de la convulsión social que se vive en Perú, con más de 60 personas asesinadas por la represión desatada por el régimen de Dina Boluarte -aunque la cifra es imprecisa porque se considera que algunas no fueron contabilizadas-, ANCCOM dialogó con Colín Fernández, abogado y militante del flamante Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), un espacio que se define como “de centro”. Desde Lima, donde dirige un estudio jurídico y está por concluir un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fernández afirma que “no se percibe un quiebre constitucional” y, cuando se le requiere su opinión sobre las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas tras la caída de Pedro Castillo, manifiesta que se trata de “críticas aisladas”. “Se habla de lo autoritario –agrega–. Son las voces de los opositores que antes apoyaban a Castillo y quieren ver al gobierno de Boluarte como dictatorial”. Para Fernández, los acontecimientos de los últimos meses se tratarían de un eslabón más en una problemática institucional de larga data.

¿En qué momento comenzó la crisis política en Perú?

Nuestro país ha vivido una historia muy convulsionada desde su fundación. Lo ha caracterizado la desunión. Y la situación actual empezó en el momento en que el Gobierno no ha tenido articuladores efectivos en el Congreso de la República y se produjo, por consecuencia, esta “contención” que se viene dando desde el gobierno de Pablo Kuczynski (2016-2018), con Ollanta Humala (2011-2016) también se visualizaba esa tensión pero no era tan fuerte y por eso que no lo llegaron a destituir. Lo mismo sucedió con Alejandro Toledo (2001–2006) que lo quisieron vacar pero, a último momento, no consiguieron los votos porque él comenzó a articular e hizo alianza con el partido de Fernando Oliveira, lo mismo hizo Alan García (2006-2011). Alberto Fujimori, sin embargo, tenía comprado todo el Congreso.

Al Pedro Castillo se le atribuye una estrecha relación con Vladimir Cerrón (dirigente del partido Perú Libre y ex gobernador), hoy condenado por corrupción, ¿qué opina al respecto?

No sé si error o acierto, pero Castillo llegó a la presidencia con el partido de Cerrón, se supone que para formar parte de un partido político hay que conocer a su líder. Cerrón ha sido sentenciado por hechos de corrupción en su gestión como gobernador regional de Huancayo, donde hay gran descontento. Se dice que no ha hecho nada por su provincia. Castillo, al inicio de gobierno, trató de tomar distancia de Cerrón, pero no del todo, y más se notó en el segundo gabinete que lideró Mirta Vásquez. Ella es izquierdista, pero una de las más progresistas. Aparentemente, Castillo intentó desligarse de Cerrón no por convicción sino por la presión mediática, y los resultados están allí: no pudo hacer sentir su poder en los ámbitos del Estado porque no tenía detrás una estructura sólida. En el ámbito político, se necesita articular con las diferentes fuerzas y, para esto, hacen falta personas que representen y ayuden con ese rol. Quienes estaban alrededor de Castillo eran técnicos, alejados del quehacer político, mientras que los que le podrían haber sido más útiles él los ahuyentó en su indecisión de alejarse o no de Cerrón, y la presión mediática estaba puesta en que se alejara. A fin de cuentas, tomó distancia por esa presión. Castillo nombraba ministros y también por presión mediática los hacía renunciar. Se tiene que entender que si el Poder Ejecutivo y el Legislativo están en contienda, uno de ellos va a caer, como ya ocurrió en el gobierno de Vizcarra.

¿Qué se percibe en los peruanos en relación a sus gobernantes?

La gran mayoría del país, conformada esencialmente por las provincias, quiere que los congresistas se vayan, mientras que los congresistas niegan la realidad y parece que viven en un mundo paralelo, y creen que el pueblo los ama y se van a quedar hasta el 2026. Hay descontento de un gran sector de la población que no ven realizadas sus aspiraciones y ven que su Estado no está acompañando a forjar el bienestar común, uno de los objetivos por los cuales ha sido creado el Estado. Históricamente, la zona norte del país se siente más identificada con el capitalismo, con las ideas proempresa, de salir adelante, el emprendimiento, a diferencia de la zona sur, donde nos encontramos con un ciudadano más insatisfecho en sus reclamos al Estado y que tiene una cierta influencia de un sector de la izquierda. Hay que tener claro que la política es la lucha por el poder. Para amainar a los contrincantes, hay que hacer ciertas concesiones y eso es normal. Alan García hizo una articulación en el Congreso con el fujimorismo, y por eso tuvo esa convivencia de cinco años. Luego los gobiernos pasaron a resquebrajarse. En los últimos meses del gobierno de Humala ya se venía dando esta situación. Y en el de  Kuczynski ya se complicó todo.

¿Cuál es el mayor reclamo al régimen de Dina Boluarte?

Boluarte llegó a prometer que si sacaban a Castillo, ella renunciaba a la presidencia. Esas declaraciones, el pueblo peruano se las restriega en la cara. El gobierno de Boluarte está en piloto automático y no está chocando con las grandes empresas, no aporta nada nuevo y se está dejando llevar por lo que hicieron los anteriores gobiernos. Se percibe una inercia. Se limita a cumplir la agenda sin grandes cambios.

¿Convocará a elecciones antes de fin de año como también dijo?

No. No cumple sus promesas. Estos días, con los desastres naturales (aluviones y el ciclón Yaku), las protestas han menguado y aún no se sabe si se van a reactivar, pero como no hay una notoria convulsión social en Lima y las otras provincias, entonces ellos se sienten que ya han ganado esta lucha. No olvidemos que muchos de estos congresistas han llegado con préstamos bancarios y también con favores que tienen que devolver. Boluarte se va a querer quedar aunque hay partidos políticos que se están preparando para esas supuestas elecciones.

¿Cómo ve a Dina Boluarte como presidenta?

Es una pieza de ajedrez utilizada por el Congreso para permanecer hasta el 2026. Si al Congreso no le sirviera la presidenta, ya la hubieran sacado. El tema es que si Boluarte renuncia o la sacan, la Constitución vigente, de 1993, dice que inmediatamente el presidente del Congreso asumiría la presidencia, pero sólo para convocar elecciones. Hay congresistas que se han atrevido a reinterpretar a su manera la Constitución diciendo que en ese caso sólo se convocaría a elecciones para presidente, pero no para el Congreso. Están gobernando a espaldas de los intereses  del país. Hay una realidad capitalina y otra provinciana. La provinciana muchas veces no es atendida por las autoridades nacionales que están centradas en la realidad capitalina, tal es así que cuando las autoridades de provincia tienen que aprobar un presupuesto, la autorización llega desde Lima. Y en general, si  el provinciano quiere mejorar su calidad de vida, tiene que venir a Lima. 

¿Boluarte está a salvo de la vacancia?

Hay una moción para el 2024 que aún no ha sido ratificada y si no se ratificada, no se va a realizar. Para que sea admitida en el debate se necesita un 40 por ciento (52 votos a favor). Si se admitiera el debate luego se necesitaría 87 votos, los dos tercios, para ser vacada. La vacancia está siendo promovida por un grupo minoritario de izquierda, donde está Perú Libre. La derecha y centroderecha, que son mayoría, están respaldando a Boluarte. Dina está para rato, a menos que aparezca algún tema de corrupción que la comprometa. Su popularidad sigue bajando. Y la del Congreso asciende a un 91 por ciento. Mientras tanto, la incertidumbre sobre nuestro país sigue presente.