A casi un año de la muerte de Daiana Abregú, su familia denuncia que la Policía Bonaerense y el Poder Judicial buscan transformar un homicidio en un suicidio.
Familiares y amigos reclaman justicia en el centro de la ciudad de Laprida en junio de 2022.
“Los domingos se suele suicidar gente”, mencionaron desde la Fiscalía a la familia de Daiana Soledad Abregú, horas después de enterarse de la muerte de la joven en la comisaría de la ciudad bonaerense de General Laprida, el 5 de junio del año pasado. Su familia nunca creyó esta hipótesis y su hermana, Antonella, sostiene a ANCCOM: “Mi hermana no era una delincuente, y aunque lo hubiese sido, ellos no podían matarla de esa manera. Desde el primer momento quisieron encubrir todo. Querían que la sacáramos directamente de la comisaría al cementerio»
El pasado 28 de febrero comenzó la reconstrucción de los hechos por parte de la Policía Federal que “arbitrariamente construyó la diligencia sólo con el relato de los imputados y con la intención de sostener el suicidio como única hipótesis”, según indicó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “La primera reconstrucción fue de la primera hipótesis que maneja el fiscal, el suicidio, y ahora estamos pidiendo el informe a la Corte Suprema de Justicia bonaerense para tener fortalecida la segunda hipótesis de homicidio, que es la carátula que hoy tiene la causa: ‘Homicidio triplemente agravado’ y esto implicaría perpetua. El 24 de junio, con la hipótesis que más firme esté, la causa girará a que se trató de un suicidio o se elevará a juicio por homicidio”, indica el abogado de la familia de la víctima, Sergio Roldán.
Daiana tenía 26 años y un hijo de 9 cuando el 4 de junio de 2022 salió con algunos amigos a un boliche de Laprida, una ciudad de casi diez mil habitantes, ubicada en el centro-sur de la Provincia de Buenos Aires. Al retirarse, la policía la detuvo en la madrugada por “alteración del orden público”. No era la primera vez en esa comisaría, sabía que en pocas horas la iban a soltar y ese mensaje fue brindado a la familia al mediodía; solo tenían que esperar. Doce horas después de la detención, un patrullero tocó la puerta de su casa para informar que Daiana había sido encontrada muerta en la celda con signos de ahorcamiento. Para entonces gran parte del pueblo ya lo sabía.
El fiscal, Ignacio Calonje, ordenó una autopsia que fue realizada por miembros de la Policía Bonaerense, violando los tratados internacionales que prohíben la participación de una fuerza presuntamente implicada en muertes bajo custodia. “Como no nos dejaron ver el cuerpo, tuvimos que esperar a que la gente se vaya del velatorio. Recién ahí pudimos verle rasguños en el cuello, golpes en la cabeza y las muñecas con moretones. Aprovecharon las primeras horas que nosotros no sabíamos cómo manejarnos e hicieron todo rápido para ‘encajonar’ (sic) una muerte más, haciéndola pasar como suicidio”, recuerda la hermana y agrega: “(El ministro de Seguridad provincial) Sergio Berni vino a vernos y nos prometió que todos iban a salir de sus puestos porque hicieron las cosas mal, pero se borró cuando comencé a hacerle preguntas a lo largo de lo que iba pasando. No me respondió nunca más y, tiempo después, dijo que ‘la chica tenía problemas de adicción y por eso hizo lo que hizo’”.
La CPM solicitó una segunda autopsia del cuerpo, en la que los peritos judiciales de la Corte Suprema bonaerense cuestionaron el primer informe ante la falta de exámenes e indicaron que se encontraron lesiones compatibles con la hipótesis de homicidio, como signos de autodefensa en el cuerpo de la joven. Eso llevó al fiscal a encarcelar a cinco efectivos bonaerenses: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Vanesa Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya, ya que estuvieron presentes en el transcurso del tiempo desde que Daiana entró en la comisaría a las siete de la mañana hasta que la encontraron sin vida entre las tres y cuatro de la tarde.
A partir de ambas autopsias, el fiscal solicitó un informe pericial a la Policía Federal que concluyó que fue un suicidio, por lo que los uniformados fueron liberados, aunque continúan imputados.
“El fiscal valora como prioritario un informe de la Policía Federal que tiene diversos problemas técnicos y niega, sin ningún tipo de argumentación, la solicitud de un informe integral de la Corte Suprema que realizan las dos querellas”, dice Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, y concluye: “Nuestro reclamo es que haya una investigación imparcial y exhaustiva que dé cuenta de los hechos, de lo que pasó y de los responsables. Desde Amnistía Internacional, decimos que hay que seguir todas las líneas investigativas posibles y que, en el caso de rechazar o denegar algunas de las pruebas, tiene que estar completamente fundamentada para que las víctimas puedan entender y avanzar en la investigación”.
“El informe presentado decía que era un suicidio porque ella ‘no tenía una buena vida’, dejando de lado los informes de las autopsias que eran los que tenían que evaluar. Por poco ponían ‘como le gustaba salir y tomar, le agarró la loca y se quiso matar’, era sumamente misógino. Nosotros pedimos que se dé de baja el informe, pero el fiscal Calonje los soltó. Solo estuvieron un mes detenidos, largó hasta a la principal sospechosa que le encontraron mensajes mofándose de que tenía a mi hermana detenida. Mi familia se los ha cruzado en el pueblo como si nada”, dijo Antonella.
Según informó la CPM, el día previo a la reconstrucción de los hechos, Horacio Abregú, el padre de Daiana, fue amenazado por el abogado de uno de los policías imputados. Laprida, la ciudad al que llegó la familia hace algunos años, hoy es el escenario de las amenazas. Antonella comenta: “Yo iba a visitar a mi familia y siempre me pareció un pueblo hermoso, tranquilo. A raíz de lo que pasó con mi hermana, nos enteramos que muertes así ya habían ocurrido y nunca se habían investigado correctamente. Hay testimonios de personas que fueron detenidas en esa comisaría y las golpearon, mojaron e incluso los asfixiaron con bolsas en la cabeza para ‘tranquilizarlos’. La única vez que intentó investigar Asuntos Internos, la comisaría fue prendida fuego”.