Por Estefanía Denise
Fotografía: Milagros Gonzalez

Pese a que la ley de VIH garantiza un trato “libre de criminalización” para las personas portadoras, persiste el estigma social e incluso la persecución judicial.

En un comunicado conjunto, la Fundación Huésped y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA) reclaman la rectificación de la contradictoria normativa legal que criminaliza a las personas portadoras de VIH.

Si bien la Argentina es uno de los países más avanzados de Latinoamérica en cuanto al diagnóstico, análisis y tratamiento, el problema más grave para quienes padecen la enfermedad sigue siendo la estigmatización social -cuya principal causa es la desinformación-, y de la cual participan tanto los medios como el Poder Judicial.

Huésped y ONUSIDA hacen un llamamiento al Estado para que implemente medidas acordes a la erradicación de la percepción socialmente difundida que vincula la exposición al VIH como un delito.

Por caso, un hombre fue detenido recientemente en Santa Fe tras ser acusado de haber transmitido la enfermedad de manera intencional a dos exparejas. A raíz del hecho, algunos medios difundieron datos personales y aspectos de la vida íntima del imputado.

La Ley 27675 de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS sancionada en junio de 2022 establece el derecho a recibir un trato digno y libre de criminalización respecto a nuestro estado de salud, tanto en el marco social como jurídico. Y prohíbe explícitamente que el dato sobre la salud de las personas salga a la luz y sea expuesto públicamente, como así también utilizarlo en su contra en un proceso penal.

El nuevo marco jurídico garantiza el trato igualitario de todas aquellas personas que posean la enfermedad, y establece que se deben implementar programas informativos sobre su tratamiento, tanto a nivel personal como social, con la finalidad de que no sean marginadas.

“La utilización de la Ley 12331 de Profilaxis, aprobada en 1936, que en su artículo 18 sanciona ‘con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas’, no sólo resulta contraria a la legislación vigente, sino que contradice la evidencia científica existente para la prevención del VIH”, afirman en el comunicado.

«Los juicios que usan la Ley de Profilaxis, además de criminalizar, develan el estado de salud de la persona, vulnerando y exponiendo un dato sensible», dice Mar Lucas.

De allí la necesidad urgente de una actualización, para evitar una colisión de sentidos antagónicos entre las leyes. “No hay evidencia científica que asegure la identificación de quienes transmiten la enfermedad. Los juicios que usan la Ley de Profilaxis, además de criminalizar, develan el estado de salud de la persona, vulnerando y exponiendo un dato sensible a la par que se construye un relato de su vida personal que intente justificar el estigma social que le es impuesto”, sostiene la directora de Innovación Estratégica de Fundación Huésped, Mar Lucas, en diálogo con ANCCOM.

“Resulta imposible establecer la cadena de transmisión del VIH con certeza, ya que no existen herramientas que permitan acreditarla: se trata de información que involucra datos sobre el cuidado en las relaciones sexuales de las personas y de sus parejas previas. En algunas investigaciones judiciales suele observarse la difusión de información privada y sensible, articulada con conjeturas y prejuicios, muchas veces carentes de evidencia”, agregan en el comunicado.

Una forma de evitar ser acusado de contagiar la enfermedad sería no testearse. “En otros países donde se han implementado leyes penales contra la transmisión del VIH, se obliga a las personas con sida a decir que son portadoras a la pareja antes de tener cualquier tipo de interacción sexual. Esto ha generado que gran parte de la población no se testee a fin de tener en su defensa el beneficio de la duda, de no saber”, señala Lucas.

No es la primera vez que Huésped y ONUSIDA insisten en la resolución de este tipo de problemáticas. La criminalización es constante, aunque hay casos más resonantes que otros por impulso de medios de comunicación que dispersan el estigma social. A menudo con un lenguaje inadecuado y discriminatorio, terminan entorpeciendo la búsqueda de soluciones.

La respuesta al VIH necesita de la cooperación de los diferentes poderes del Estado, así como de la comunidad, para suprimir de raíz la sanción punitiva por medio de la debida aplicación de investigaciones que aíslen las posturas estigmatizantes contra los pacientes. Para Huésped y ONUSIDA, está claro: “Promover el testeo, las medidas de prevención y cuidado y favorecer el acceso a la salud y la educación sexual”.

PositHIVa

El II Festival Sociales PositHIVa, realizado el pasado viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,  facilitó el acceso a testeos rápidos de VIH, distribuyó preservativos de manera gratuita y organizó una serie de conversatorios y cconferencias vinculados al tema.

La actividad fue llevada adelante el viernes pasado por la Consejería de Salud Sexual Integral de la Facultad junto al área de Salud y Población del Instituto Gino Germani (IIGG).