Un mate contra la discriminación

Un mate contra la discriminación

oovimientos sociales y políticas organizaron un desayuno en la 9 de Julio para las personas en situación de calle y denunciar la política represiva y estigmatizante del Gobierno de la Ciudad para los sin techo.

Este martes 14 se realizó, frente al Obelisco, una acción solidaria para las personas en situación de calle en donde se les ofreció un desayuno y concluyó con una conferencia de prensa encabezada por distintas personalidades y organizaciones, bajo la consigna “inseguridad es la aplicación del protocolo ilegal”. Fue, además, una forma de visibilizar la política de persecución a los que no tienen techo por parte del Gobierno de la Ciudad que encabeza Jorge Macri. El objetivo fue manifestarse en contra de las medidas del Ministerio de Desarrollo y Hábitat sobre salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” que se están llevando a cabo, visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del Ejecutivo porteño hacia estas personas.

El evento fue realizado por varias organizaciones sociales, legisladores de distintos bloques, organismos de justicia y diferentes sectores preocupados por el deterioro social. Entre ellos se encontraban la agrupación H.I.J.O.S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTA Autónoma CABA, Comedor Barracas, Somos Barrios de Pie, Proyecto 7, La Barriada, Pueblo Unido, Red Puentes, entre otros.

La legisladora Celeste Fierro (Frente de Izquierda Unidad), en diálogo con ANCCOM, señaló que “esta iniciativa surgió frente a la necesidad de visibilizar el trabajo que se viene haciendo, de conocer que los censos que han llevado adelante las propias organizaciones dan más de 10.000 personas en situación de calle”. Y agregó: “La única política que lleva adelante este gobierno es la represión e intentar instalar que las personas en situación de calle son criminales y directamente enfocarlo en cuestiones de salud mental sin dar una respuesta real en materia habitacional, de trabajo genuino, de salud y de educación que creemos que son los derechos necesarios que se tienen que garantizar”.

El desayuno comenzó a las 8 de la mañana cuando las organizaciones repartieron pan casero, facturas, tortas fritas, galletitas y alfajores. También sirvieron chocolatada, mate cocido y leche caliente y repartieron frazadas para combatir el frío entre las más de 300 personas que se acercaron desde diferentes zonas cercanas al Obelisco. Una de ellas fue Marcelo Díaz, quien desde los 7 años vive en la calle. Hoy con sus 52 años señaló: “El Estado nunca me dio ningún tipo de ayuda, ni una pensión por discapacidad. Yo soy discapacitado por dificultades que tengo en los brazos y vivo el día a día con la ayuda de una revista que hacemos entre las personas en situación de calle que se llama Hecho en Buenos Aires. Gracias a su venta tenemos algo de dinero para sobrevivir”.

Hacia las 10 de la mañana se realizó una conferencia de prensa en donde se plasmaron los principales ejes de los reclamos: la ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” que se llevan a cabo por el gobierno de la Ciudad, mediante los cuales se tira en camiones de residuos las pocas pertenencias que las personas en situación de calle poseen, se las desaloja de la vía pública y se las obliga a ir a los paradores nocturnos donde solo pueden pasar unas horas.

Además, se destacó la importancia de visibilizar esta problemática, pero sobre todo contrarrestar la campaña de deshumanización de estigmatización criminalización y represión que está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las personas en situación de calle.

Semanas atrás se pudo ver por las redes sociales del Jefe de Gobierno, un accionar en donde se mostraba la política de espacio público que llevaba adelante. Macri se enorgullecía de “limpiar” la zona en donde se encontraban personas en situación de calle y eran retiradas del lugar y despojadas de sus escasas pertenencias.

La misma lógica siguió el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este organismo se dedicó a armar un protocolo de intervención de salud mental, a pesar de no ser quien deba realizar esta tarea, ya que debería hacerlo el Ministerio de Salud. También lo hicieron sin respetar las legislaciones vigentes en la materia con el fin de estigmatizar y encerrar de manera compulsiva en hospitales neuropsiquiátricos a la población en situación de calle.

A todo esto, se le suman las recientes declaraciones del Secretario de Seguridad y Jefe de Policía Metropolitana, Diego Kravetz, en donde señaló que las personas en situación de calle “están cómodas viviendo en las ranchadas y que el 50% de esta población tiene antecedentes penales”. Sobre esta estigmatización, Fierro destacó que “hay una política clara por parte del gobierno de “ordenar” la ciudad. A ellos les encanta hablar del orden y hemos visto que para ellos esto es reprimir a los movimientos sociales en la 9 de Julio, es sacar a las personas en situación de calle, sin resolver los problemas estructurales, como una forma de mostrar que están haciendo algo. Pero lo único que están haciendo es no garantizar derechos que son elementales porque el derecho al acceso a la vivienda es un derecho humano que en esta ciudad está completamente cuestionado. Capital Federal es una ciudad llena de casas y de departamentos con gente sin casa y sin vivienda y, sin embargo, su respuesta es la represión”.

También, durante la conferencia, se exigió la aplicación de la Ley 3706, de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, y la Ley 27654, sobre la situación en calle y familias sin techo, para implementar un presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población”.

La conferencia concluyó con Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, quien destacó la importancia de organizar eventos como este, en donde se demuestra que los compañeros que están en situación de calle no están solos, sino que hay todo un grupo de organismos, de legisladores y de organizaciones que hace muchos años, le vienen poniendo el pecho a esta situación. Finalmente, Ávila, en diálogo con ANCCOM, señaló: “Es importante hacer acciones como estas para poder darle visibilidad y decir que la gente en situación de calle no está sola y que no van a poder hacer con ellos lo que quieran.”

La represión avanza

La represión avanza

La Correpi denunció que el proyecto de reforma del Código Penal que presentó Patricia Bullrich legaliza el gatillo fácil, criminaliza la protesta y facilita las detenciones de niños y pobres.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) se reunió junto a abogados y representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, para debatir sobre los proyectos de reforma del Código Penal presentados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri ante el Congreso. “Estas iniciativas nos afectan a todos, todas y todes, no las podemos dejar pasar”, es el lema de la campaña que lanzó la organización antirrepresiva.

Se trata de una reforma penal que en buena medida estaba contemplada en el primer texto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero que en el nuevo texto ya no aparece. Esto, lejos de ser un alivio para la organización política, también es preocupante, ya que para la Correpi el debate sobre la reforma del Código Penal puede pasar inadvertido. “Se lo vende a la opinión pública como el combate a la inseguridad”, afirmó María del Carmen Verdú, una de las máximas representantes de la organización, e hizo hincapié en un tópico que se trató varias veces durante la reunión: cómo lograr que las personas de a pie entiendan la gravedad de estos proyectos.
En la reunión convocada en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se hicieron presentes integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la Red Federal por los Derechos Humanos, sindicatos, asociaciones de profesionales y organizaciones sociales y políticas con miradas e ideologías diversas, que no suelen confluir en otros espacios.

 

Legítima defensa y gatillo fácil
A través de esta modificación del Artículo 34 se busca delegar más facultades a los policías, que no tendrían ningún tipo de consecuencias por su accionar, todo bajo la justificación de la legítima defensa o el legítimo cumplimiento del deber. Es decir, de aprobarse esta reforma, el policía ya no deberá dar la voz de alto ni identificarse, y podrá disparar sin más, incluso por la espalda. “Lisa y llanamente es la legalización del gatillo fácil”, según palabras de Valeria Mustoni, militante de Correpi.
Además, a las víctimas y familiares se les quita el derecho a la querella y de formar parte de un juicio justo. En ese sentido, Verdú sostuvo que “se invierte la carga de la prueba porque se presume que si el policía disparó por algo será”. Con esta reforma, el acusador es quien deberá probar que no hubo hipótesis de legítima defensa ni de legítimo cumplimiento del deber.

Criminalización de la protesta

 De aprobarse este paquete de medidas,con la reforma de los Artículos 237 y 238, se modificarían las figuras de atentado y resistencia a la autoridad, aumentando las penas exponencialmente. El atentado simple pasaría de uno a tres años y medio y dejaría de ser excarcelable, mientras que el atentado agravado sumaría dos años más de pena, pasando así de 4 a 6 años. Además, allí se suma el agravante de que el hecho haya sido cometido por más de tres personas, por lo que Correpi sintetizó que este cambio es una criminalización de la protesta: “El 75% de las detenciones de la Policía de la Ciudad son por atentado y resistencia a la autoridad; marchas, manifestaciones, vecinos quejándose por falta de la luz, personas en situación de calle, manteros”, agregó Verdú. 

Reiterancia 

Esta nueva figura, en principio, busca encarcelar a cualquier persona que ya haya cometido un delito, por más leve que haya sido, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. De esta manera, deberá esperar la finalización del juicio estando ya detenido. Correpi explicó que “la ‘reiterancia’ lejos de ayudar a detener homicidas sueltos solo justifica la persecución a pobres y manifestantes, e intenta llenar las cárceles con personas que han cometido delitos menores. La figura de reiterancia, utilizada ya en la provincia de Mendoza, se aplica ante la simple imputación de un delito, por lo que bastaría solo manifestarse para terminar preso. 

Ley de Organizaciones Criminales

También conocida como la Ley “Antimafias”, inspirada en leyes estadounidenses e italianas según dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, legalizaría los allanamientos e intervenciones de teléfonos sin orden judicial, y las detenciones por 48 horas para averiguación de antecedentes. Por supuesto, durante ese lapso, el detenido permanecerá incomunicado. Una persona solo necesitaría ser acusada de formar parte de una asociación que se considere ilícita para recibir la pena del delito más grave de esa organización, aún si no estuviese enterada de los hechos que habría cometido el resto del grupo. Además, dentro de este paquete de reformas, también se modificaría la Ley 26879 de Registro Nacional de Datos Genéticos y se incorporarían allí absolutamente todos los delitos, desde el más simple al más grave. 

Baja de la edad de imputabilidad

Por si todo esto fuera poco, a estos proyectos debe sumarse la modificación en la baja de la edad de imputabilidad a 12 años, anunciada por Patricia Bullrich el pasado 8 de mayo, Día de Lucha contra la Violencia Institucional porque se conmemora la masacre en Ingeniero Budge, cuando en 1987 personal de la policía bonaerense asesinó a tres jóvenes de entre 19 y 26 años.

 

Luego de casi dos horas de debate en el Sipreba tanto Correpi como los representantes de las organizaciones sociales hicieron foco en dos cuestiones: rechazar categóricamente estas reformas, junto con la Ley de Bases en general, haciéndose presentes en las calles las veces que sean necesarias, e intentar que el resto de la sociedad entienda la gravedad de lo que está en juego para que acompañe el pedido.

 

«Los discursos de odio del Estado se llevan nuestras vidas»

«Los discursos de odio del Estado se llevan nuestras vidas»

Vecinos, organizaciones sociales y partidos de izquierda reclamaron justicia por el triple lesbicidio ocurrido en Barracas.

La Avenida Montes de Oca se desplegaba luminosa con las marquesinas encendidas de las  filiales de multinacionales este lunes a las 18 horas. En la plaza Colombia, un grupo de mujeres hacía gimnasia aeróbica con música romántica, imperturbables por lo que sucedía unos metros más allá. Pero en el corazón de la plaza nacía un grito desgarrado: “Ahora, ahora/ resulta indispensable/ justicia para todes/ el Estado es responsable”.

«No es libertad, es odio. Fue triple lesbicidio», así convocaba la Asamblea de Barracas a la acción. Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Sofía Castro Riglos y Andrea Amarente eran cuatro personas que conformaban dos parejas de lesbianas. Dormían juntas en un hotel transitorio de Barracas, haciéndole frente a las crueldades del invierno neoliberal, cuando su vecino, Justo Fernando Barrientos, les arrojó una bomba molotov y condenó a la muerte a tres de ellas cerca de la medianoche del domingo 5 de mayo.

Este lunes, el Monumento al Izamiento de la Bandera levantaba otros estandartes, colgados por Lesbianes Autoconvocades, organizaciones de izquierda y la Asamblea vecinal de Barracas. Esta última organización, que había discutido la Ley de Bases y el Protocolo Antipiquetes, declaraba con un megafón: “Estamos acá también para romper el cerco de los medios que también son cómplices de la llegada al gobierno de Milei”. El área de feminismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) recalcó: “Hay que seguir construyendo lazos colectivos frente al odio”.

Las doscientas personas que rodeaban el monumento tenían los ojos vidriosos. Desde el fondo, alguien gritaba los nombres de las compañeras y los gritos de “presente” recorrían al grupo. La que sostenía el altavoz lo retomaba: “Ahora y siempre. Nunca más”. Jesi de Lesbianes Autoconvocades tomó la palabra: “Les prendieron fuego por lesbianas pobres haciendo comunidad; por no ser funcionales al cis-tema -dijo subrayando la primer parte de la palabra para enmarcar la denuncia en el atropello cotidiano a todo lo que desafía la norma identitaria-. Las  prendieron fuego con una bomba mientras dormían. Fue un crimen agravado por condiciones precarias de vida, la ausencia de políticas públicas de vivienda y discursos de odio del Estado. Esos discursos no son gratuitos: se llevan nuestras vidas”.

El aire se espesó. Cuando alguien llegaba, se hacía un abrazo de grupo, sin palabras. Un grupo de travestis saludó con alegría a Victoria Freire, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y militante del Frente Patria Grande. La funcionaria amplió la responsabilidad estatal: “Hay un gobierno nacional que desconoce que exista la violencia de género y promueve los discursos de odio a todo nivel. Es una trama que se expresa también en hechos de violencia como este que, efectivamente, no han salido a condenar. Marca una habilitación. La responsabilidad por parte del Gobierno también es estar poniendo en cuestión a la ESI y los derechos adquiridos y además fomentando la violencia como una forma de relacionarnos”.

En el improvisado escenario, una guitarrista tocó “una canción para la Pepa Gaitán” mientras la Asamblea barrial descolgaba las consignas del monumento. Las personas reunidas empiezan a dirigirse hacia una de las puertas de la plaza. “Vamos a cortar la calle y vamos a ir al hotel donde las prendieron fuego hace una semana. Por seguridad, compas, vayamos rápido”, lanzó nerviosa una morena con megáfono.

“¿Escuchaste a Adorni?”, preguntó alzando la ceja una lesbiana y pasándole un mate a su compañera. “Ay… qué pedazo de… – el sentido común rellenó el vacío-. Me genera violencia”, respondió ágil. Cuando al vocero presidencial se le preguntó por el caso en una conferencia de prensa no dijo la palabra “lesbianas” y lo catalogó como cualquier otro crimen violento.

Saliendo a la calle, un grupo de guardapolvos blancos y pecheras del gremio docente Ademys rodeaba el carro del bebé de una de ellas. Entre ellos, estaba Ailen Beraldo, la secretaria de Acción Social del sindicato: “Es muy importante visibilizar y repudiar lo que pasó porque no puede volver a ocurrir. Tenemos que dar gracias de que una de ellas pudo sobrevivir -haciendo referencia a Sofía, quien tiene el 75% del cuerpo quemado y todavía está hospitalizada-, pero realmente es horrible. Deberíamos ser más, repudiando esto. Lo vemos también en los casos de violencia de género, lo vemos con las mamás de nuestros alumnos que van a la escuela y te cuentan. El derecho a la educación sexual integral tiene más importancia que nunca porque se pone en cuestión algo tan importante como respetar a quienes piensan diferente o tienen otra orientación sexual, que es algo que vemos a diario con nuestros estudiantes”.

“En la plaza no parecíamos tanta gente. Ahora que marchamos somos un par de cuadras”, le susurró esperanzada a su pareja una treintañera. Casi trescientas personas llenaban una mano de la avenida por una cuadra y media. Bajo las banderas de ATE, Agustina Panissa caminaba con paso lento pero constante. “Estos asesinatos son una prueba más de la crueldad de este Estado con los discursos de odio de esta gestión que se plasman lamentablemente en el cuerpo. En este caso, en el de tres compañeras”, apuntó. “¡Esto/ no es/ libertad! ¡Esto/ es/ odio!”, gruñían al ritmo de sus pasos. Una de ellas, de canas y pelo corto, marcaba cada palabra con la mandíbula.

Cuando la cuadra y media de manifestantes llegó a Olavarría 1621, se amuchó. El olor a un sahumo originario copó la calle: palo santo para purificar, romero para cortar las malas intenciones y la violencia, azúcar para el porvenir de Sofía. Sin fondos y sin familia, tiene que poder conseguir un lugar donde sanar cuando salga del hospital. “Esto no se cubre en los medios porque es un barrio popular… sabés cómo estaría si hubiese pasado en un departamento de Palermo -critica Feli de la Asamblea feminista de la Villa 31-.  A muchas personas de la comunidad les pasa que se quedan sin familia por defender su identidad”.

Cuando la cuadra y media de manifestantes llegó a Olavarría 1621, se amuchó. El olor a un sahumo originario copó la calle: palo santo para purificar, romero para cortar las malas intenciones y la violencia, azúcar para el porvenir de Sofía. Sin fondos y sin familia, tiene que poder conseguir un lugar donde sanar cuando salga del hospital. “Esto no se cubre en los medios porque es un barrio popular… sabés cómo estaría si hubiese pasado en un departamento de Palermo -critica Feli de la Asamblea feminista de la Villa 31-.  A muchas personas de la comunidad les pasa que se quedan sin familia por defender su identidad”. Atrás, una mujer de treinta y seis años agitaba una bandera del orgullo. Esos mismos colores protegían su cuello en una bufanda de crochet que le había tejido su mamá.

“Cuando mi hija nos dijo que era lesbiana, su papá le dijo que ‘no quería marimachos en su casa’. Casi lo mato. Me ocupé de que pueda confiar en mí y ser su espacio seguro”, contaba Feli con ojos lagrimeantes y llenos de lucha. “Señor, señora/ no sea indiferente/ se mata a las lesbianas/ en la cara de la gente”, espetaba la muchedumbre frente al edificio viejo, de estilo clásico y lleno de humedad. “Están matando a las lesbianas -afirmó una de las organizadoras de la Asamblea y desde el público una travesti agregó ‘¡y a las trans!’. La oradora continuó: “Vamos a cantar con todo lo que eso significa. Esto no va a pasar nunca más”. 

Distintas corrientes de personas se acercaban con velas y encendedores a continuar el apañe en la puerta del hotel transitorio. Una persona no binaria trataba de conceptualizar para controlar el dolor: “Nos quieren deshumanizar para después matarnos sin culpa. Somos su chivo expiatorio”.

En la esquina, una lesbiana y una bisexual, amigas de toda la vida, lloraban desconsoladamente y se abrazaban. Al costado, un grupo de mujeres de cincuenta años debatía: “Mirá cómo estaban, hacinadas. Cuatro en una habitación. Hoy estuvo mejor la acción, que se cortó la calle porque visibiliza”. Con la mirada perdida, una de ellas concluía: “Es una caza de brujas”. Lo que queda es la resistencia, la resistencia amorosa y compañera. Y una lucha eternamente retomada, nunca olvidada. Tras una ronda de mate para combatir el frío que hiela, un grupo de amigas comienza el canto: “¿Dónde está Tehuel?/ Desaparecido/ El Estado es responsable/ Que aparezca vivo”.

“La cisnorma mata. Negarlo es complicado” rezaba una de las banderas que se colgaron de las ventanas del hotel. Los postigos de las ventanas estaban entornados, pero la luz blanca se escapaba hacia la calle. ¿Qué pensarían los vecinos de las asesinadas que tantas veces se cruzaron y que ya habían denunciado las amenazas del asesino? ¿Qué tan erizados tendrían los pelos tras escuchar el clamor doloroso de una comunidad duelando?

Nadie miraba hacia arriba. El dolor era terrestre. El peligro caminaba entre los presentes. Con furia, unas veinteañeras hacían pegatinas en los edificios cercanos. “Memoria marika x todxs nuestrxs muertxs ¡Ni olvido ni perdón!”, “ni casas sin gente ni gente sin casas” y una ilustración de rojo incendiario de dos coyas besándose comenzaban a pintar el barrio porteño.

Mientras tanto, en los bancos de Plaza Colombia, un runner de sesenta años se acercaba relajado a un banco para estirar. Un papel que grita en rojo lo detiene: “Que el miedo lo tengan ellos: Ningunx lgbtiq más asesinadx”. Bajo una foto de flores continuaba: “Venganza por las víctimas de la precarización económica/ por cada palabra de estigmatización y daño que alientan el fascismo y a su violencia”. En negritas e itálicas cerraba “En memoria de Pamela, Roxana y Andrea, lesbianas asesinadas en el conventillo y víctimas de la violencia mediática, política y sistemática – Barracas, Mayo 2024”.

Una docena de años con derechos

Una docena de años con derechos

El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género. Desde entonces, 16 mil personas rectificaron sus actas de nacimiento. Un documental presentado por ATTTA y Fundación Huésped ejercita la memoria.

El pasado jueves 9 de mayo se cumplieron doce años de la sanción de la

Ley N° 26753 de Identidad de Género. Con motivo del aniversario, la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina (ATTTA) presentó en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados el documental “Nada menos que la igualdad”, un proyecto audiovisual realizado junto a Fundación Huésped. 

Mientras tanto, a metros de allí, en la Plaza del Congreso se llevaba a cabo una movilización para exigir justicia por el triple lesbicidio en Barracas. El día anterior había sido el segundo paro general de la CGT durante el gobierno del presidente Javier Milei. 

Desde su promulgación hasta el año 2023, más de 16 mil personas rectificaron su identidad de acuerdo a un informe realizado por la Dirección Nacional de Población dependiente del Ministerio del Interior; la provincia de Buenos Aires se encuentra en el podio de las rectificaciones con el 36%,  seguido de la CABA con el 12%. El Censo 2022 mostró que son más de 170 mil las personas travestis, trans y no binaries, representando el 0,4% de la población.

“La ley nos costó y nos sigue costando muchas vidas de mujeres trans para acceder a derechos económicos, sociales y culturales”, expresó la actual presidenta de ATTTA, Marcela Romero, antes de ingresar a la proyección del documental. 

“Cada vez que hablo de la Ley de Identidad de Género es ‘democracia’. La ley cubre un 40%, falta un 60%. La democracia no se construye con cupos, se construye con derechos y los derechos están, pero se trata de que se cumplan”, continuó Romero antes de dar comienzo al evento.

Todas y todes estaban esperando para ingresar. “DNI en mano, por favor” pedía el guardia de seguridad, pero esta vez no era para llevar a nadie detenide. Antes de la derogación de los edictos policiales, iba presa la persona que vistiera ropa contraria al sexo asignado en su DNI.

“¿Para qué es esta fila?”, preguntó una señora cuya figura reflejaba el desgaste del vivir en la calle. Otro hombre, otra figura distinta, minutos más tarde, consultó lo mismo.

Adelante de todo se encontraba Patricia Xiomara Emanuele, psicóloga social residente de Rosario. Fue una de las primeras mujeres trans que tramitó su  DNI en la ciudad santafesina gracias a la normativa N° 26753. Ni bien pensó en los doce años de la sanción de la ley dijo: “identidad, identidad  para garantizar derechos, porque sin identidad las personas no existimos”.

Emanuele usó tres palabras para definir la ley: “Expectativa de vida”. 

Al costado de la fila, casi al borde de la vereda, junto a otro grupo de mujeres, se encontraba Silvana Sosa: el lunes 2 de julio de 2012 había recibido su DNI rectificado, de la mano de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el entonces Salón de las Mujeres de la Casa Rosada. El actual gobierno de Milei desmanteló ese salón y pasó a llamarlo “Salón de los Próceres”. 

“Pude lograr hacer mi transición gracias a lo que garantiza el Artículo 11° de la 26753, que es tener acceso a una salud integral; poder ser una mujer transexual con todos los fines y derechos como los necesita cualquier persona. -manifestó Sosa-. Fue un camino largo y es la democracia que queríamos, pero para completar la democracia necesitamos ir por leyes de máxima, entre ellas la Ley Integral Trans”.

Silvana Sosa usó dos palabras para definir la norma: “Derechos humanos”. 

Más atrás aguardaba el ingreso Pamela Poletti. Había venido de Chivilcoy exclusivamente para ver el documental. En una frase (o en dos palabras), celebró lo que significó la ley: “¡Al fin! ¡Al fin podemos ser nosotras!”. 

 “El Estado tiene como deuda el reconocimiento de nosotras, las viejas, por todo lo que pasamos en la dictadura”, apuntó luego Poletti.

Auditorio lleno y Marcela Romero, con micrófono en mano, dio inicio al evento: “Primero pedir un aplauso por Claudia Pía Baudracco. Una compañera que dejó todo por la Ley de Identidad de Genero, que nos dejó un monton de enseñanzas para seguir enfrentando al aparato político, a la discriminación y al machismo”, pronunció mientras sus palabras se superponían con los aplausos.

 

-¡Claudia Pía!- exclamó une tras la apertura de Romero.

-¡Presente!- respondió en coro todo el auditorio. 

-¡Ahora!

-¡Y siempre!

 

Tallado en el primer artículo de la ley, “la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. La norma establece también que los tratamientos médicos de adecuación de género  deben ser garantizados tanto por el sistema de salud público como el privado, quienes además están obligados a brindar las prestaciones del Plan Médico Obligatorio.

Claudia Pía Baudracco fue la fundadora de ATTTA y del Archivo de Memoria Trans: una extensa colección de más de 15.000 documentos que abarcan desde principios del siglo XX hasta finales de los años 90. Fotografías, películas, grabaciones de audio, artículos periodísticos, DNI, pasaportes, cartas, notas, registros policiales, artículos de revistas y diarios personales: un conjunto documental que refleja la historia de vida de la comunidad trans en Argentina. 

En diálogo con ANCCOM, para Maria Belén Correa, cofundadora y directora del AMT, la Ley de Identidad de Género representó  “el inicio de la democracia de la población trans, ya que el Estado dejó de tener políticas de persecución para tener políticas de inclusión”.

“Democracia” se repitió en la entrevista con Emiliano Litardo,  corredactor de la normativa vigente: “Se logró resignificar la categoría de género. Cuando vos reformulás ese campo o ese horizonte, estás reformulando otro horizonte que es el democrático. Estás permitiendo que otros cuerpos con otras expresiones de género, que durante años no tuvieron inteligibilidad, no tuvieron reconocimiento, lo puedan tener. El desafío es cada vez ir corriendo más los límites de lo inteligible”.

También se repitió “Derechos humanos” en el testimonio de Litardo: “La ley tiene cuatro aspectos que expresan un enfoque de derechos humanos: la despatologización, la desjudicialización, la descriminalización y la desestigmatización. Un marco por fuera de los cánones médicos, psiquiátricos y psicológicos, que era lo habitual hasta ese momento”.

El corredactor hizo memoria: “Existía la necesidad de defender dos aspectos. Uno  era la cuestión de la despatologización, pero en un proyecto que pudiera hacerse cargo también de las cuestiones corporales. Queríamos que sea una sola ley que contemplase las cuatro dimensiones del derecho a la identidad de género: el reconocimiento, el libre desarrollo personal,el derecho a la rectificación y el trato digno. La otra cuestión que era el reconocimiento del derecho a la identidad de género en niños, niñas y adolescentes”.

Manu Mireles es la cofundadora y secretaria académica de la Mocha Celis,  primer Bachillerato Popular Travesti, Trans y No Binarie del mundo: “Si vos querés hacer algo por la comunidad trans hay dos cosas fundamentales. Primero preguntarte: ¿Por qué no hay personas trans en mi trabajo? ¿Por qué yo no tengo amigas que sean trans? Y la segunda es: no alcanza con decir ‘yo no discrimino’. Tenemos que pasar a una instancia adicional, garantizar condiciones para que una persona que está siendo agredida yo la pueda acompañar. No siempre a lo mejor puedo interceder, pero si veo una situación de violencia, al menos le puedo preguntar a la persona que está siendo violentada ‘¿Estás bien?’ ,’¿Necesitas algo?’Esto de pasar a la acción.”

“¿Cómo respondemos ante la violencia?- se preguntó Marcela Romero – Hoy estamos respondiendo con una actividad en el Congreso, demostrando que acá estamos y que vamos por una Ley Integral Trans”. 

No reciben comida pero sí policías

No reciben comida pero sí policías

EL Poder Judicial ordenó el allanamiento de 27 comedores populares de organizaciones sociales tras una denuncia por coacción presentada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Los dirigentes advierten que se trata de una maniobra para acallar las protestas y señalan que si las organizaciones desaparecen su lugar lo ocuparán los narcos.

Durante la madrugada del lunes 13 de mayo la policía realizó veintisiete allanamientos contra comedores populares, domicilios particulares –donde había niños y niñas durmiendo–, emprendimientos productivos y oficinas de organizaciones sociales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa federal por presunta coacción y defraudación a la administración pública iniciada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

La Justicia Federal investiga a dirigentes y militantes de las organizaciones sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales para que participen de las manifestaciones en contra de las medidas del actual gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Patria Bullrich aportó denuncias anónimas recibidas a través de una línea telefónica habilitada por el organismo. De un total de 900 llamados, tras la depuración que hizo la fiscalía federal de Gerardo Pollicita quedaron 45. De ellos, solamente siete personas accedieron a declarar y a partir de esos datos es que fueron ordenados –por la Sala I de la Cámara Federal porteña accediendo al pedido de la fiscalía, dado que el juez Sebastián Casanello había negado las medidas– los allanamientos a locales del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y otras organizaciones sociales, así como la intervención de líneas telefónicas y el secuestro de dispositivos.

Por su parte, las organizaciones sociales denuncian una intención de apriete del oficialismo por las protestas realizadas desde diciembre, en reclamo de la entrega de alimentos. 

Charly Fernández, integrante del FOL, fue uno de los dirigentes cuya casa fue allanada. “A eso de las 5 de la mañana nos rompieron la puerta, nos tiraron al suelo, nos encañonaron, buscando dispositivos electrónicos”, relató. Y describió que “fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados, agentes de inteligencia, un show donde nos grababan. Claramente no tenían ninguna prueba, sino que venían a hacernos un allanamiento para ver qué sucedía, con el objetivo de demostrarnos el poder que tienen y que vienen a amedrentarnos”. Sin embargo, expresó que no le tienen “miedo a este gobierno injusto que comete actos ilegales y desmedidos”.

Por su parte, Silvia Saravia, referente del movimiento social Barrios de Pie, consideró que el principal objetivo de este tipo de acciones violentas es parte de un plan para criminalizar y atemorizar a quienes defienden los derechos sociales y luchan contra la política que Javier Milei lleva adelante. “Es un modelo de país que empobrece y deteriora las condiciones de vida de la mayoría de la población”, aseguró y completó: “Es un paso más en la intención de estigmatizar a las organizaciones sociales, tienen el objetivo de instaurar miedo en la población para que el gobierno de Milei avance en sus medidas con la menor resistencia posible. Más allá de que no haya ningún compañero de nuestra organización involucrado en la denuncia ni en allanamientos, consideramos un ataque para el conjunto que hoy denunciamos las consecuencias de las medidas del este gobierno, y que estamos en la calle para resistir esos avances”.

No al avance de los narcos en los barrios populares

Durante la fresca tarde del lunes, frente al Congreso Nacional, movimientos sociales y organizaciones denunciaron que las quieren destruir para facilitar los negocios del narco. 

Fernández inició la conferencia denunciando el hecho de que “varios de los allanamientos fueron en barrios populares y en villas de emergencia, donde la policía secuestró el sueldo que las compañeras tenían para sobrevivir“. Además, refirió que “las organizaciones sociales aprendimos y acá estamos todos juntos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a dar la vida por todo lo que construimos y por los pibes y pibas”

Quiénes se hicieron presentes al grito de “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta.. se jode, se jode!” fueron los integrantes del FOL, Polo Obrero, Barrios de Pie, UTEP, Coordinadora por el Cambio Social, CUBa, MTL, entre otras. Además, acompañaron a las organizaciones sociales los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo y Romina del Plá, y Carlos “Sueco” Lordkipanidse, del Encuentro Militante Cachito Fukman y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó que “el movimiento piquetero pelea contra el Gobierno desde el 20 de diciembre. Iniciaron una causa para atacar nuestras movilizaciones. Todos los allanamientos fueron ilegales y clandestinos, lo primero que hizo la policía al allanar el local central del Polo fue apagar las cámaras de seguridad. ¿Por qué será?”.

Las organizaciones reivindicaron la lucha conjunta frente al ataque del Gobierno nacional para “priorizar el avance de los narcos en los barrios populares”, al decir de la mayoría de los oradores. 

 

Amparo judicial por alimentos 

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular(UTEP), con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con comida de calidad, en cantidad suficiente y adecuada.

Según integrantes de la UTEP, desde diciembre de 2023 los espacios socio comunitarios dejaron de recibir productos o dinero para afrontar la demanda de alimentos, al mismo tiempo que aumentó la pobreza que afecta principalmente a niños, mujeres y adultos mayores. El Estado nacional tiene la obligación de garantizar permanentemente y prioritariamente el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, en cumplimiento de las leyes 25724 y 27642.