EL Poder Judicial ordenó el allanamiento de 27 comedores populares de organizaciones sociales tras una denuncia por coacción presentada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Los dirigentes advierten que se trata de una maniobra para acallar las protestas y señalan que si las organizaciones desaparecen su lugar lo ocuparán los narcos.
Durante la madrugada del lunes 13 de mayo la policía realizó veintisiete allanamientos contra comedores populares, domicilios particulares –donde había niños y niñas durmiendo–, emprendimientos productivos y oficinas de organizaciones sociales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa federal por presunta coacción y defraudación a la administración pública iniciada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
La Justicia Federal investiga a dirigentes y militantes de las organizaciones sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales para que participen de las manifestaciones en contra de las medidas del actual gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Patria Bullrich aportó denuncias anónimas recibidas a través de una línea telefónica habilitada por el organismo. De un total de 900 llamados, tras la depuración que hizo la fiscalía federal de Gerardo Pollicita quedaron 45. De ellos, solamente siete personas accedieron a declarar y a partir de esos datos es que fueron ordenados –por la Sala I de la Cámara Federal porteña accediendo al pedido de la fiscalía, dado que el juez Sebastián Casanello había negado las medidas– los allanamientos a locales del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y otras organizaciones sociales, así como la intervención de líneas telefónicas y el secuestro de dispositivos.
Por su parte, las organizaciones sociales denuncian una intención de apriete del oficialismo por las protestas realizadas desde diciembre, en reclamo de la entrega de alimentos.
Charly Fernández, integrante del FOL, fue uno de los dirigentes cuya casa fue allanada. “A eso de las 5 de la mañana nos rompieron la puerta, nos tiraron al suelo, nos encañonaron, buscando dispositivos electrónicos”, relató. Y describió que “fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados, agentes de inteligencia, un show donde nos grababan. Claramente no tenían ninguna prueba, sino que venían a hacernos un allanamiento para ver qué sucedía, con el objetivo de demostrarnos el poder que tienen y que vienen a amedrentarnos”. Sin embargo, expresó que no le tienen “miedo a este gobierno injusto que comete actos ilegales y desmedidos”.
Por su parte, Silvia Saravia, referente del movimiento social Barrios de Pie, consideró que el principal objetivo de este tipo de acciones violentas es parte de un plan para criminalizar y atemorizar a quienes defienden los derechos sociales y luchan contra la política que Javier Milei lleva adelante. “Es un modelo de país que empobrece y deteriora las condiciones de vida de la mayoría de la población”, aseguró y completó: “Es un paso más en la intención de estigmatizar a las organizaciones sociales, tienen el objetivo de instaurar miedo en la población para que el gobierno de Milei avance en sus medidas con la menor resistencia posible. Más allá de que no haya ningún compañero de nuestra organización involucrado en la denuncia ni en allanamientos, consideramos un ataque para el conjunto que hoy denunciamos las consecuencias de las medidas del este gobierno, y que estamos en la calle para resistir esos avances”.
No al avance de los narcos en los barrios populares
Durante la fresca tarde del lunes, frente al Congreso Nacional, movimientos sociales y organizaciones denunciaron que las quieren destruir para facilitar los negocios del narco.
Fernández inició la conferencia denunciando el hecho de que “varios de los allanamientos fueron en barrios populares y en villas de emergencia, donde la policía secuestró el sueldo que las compañeras tenían para sobrevivir“. Además, refirió que “las organizaciones sociales aprendimos y acá estamos todos juntos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a dar la vida por todo lo que construimos y por los pibes y pibas”
Quiénes se hicieron presentes al grito de “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta.. se jode, se jode!” fueron los integrantes del FOL, Polo Obrero, Barrios de Pie, UTEP, Coordinadora por el Cambio Social, CUBa, MTL, entre otras. Además, acompañaron a las organizaciones sociales los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo y Romina del Plá, y Carlos “Sueco” Lordkipanidse, del Encuentro Militante Cachito Fukman y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó que “el movimiento piquetero pelea contra el Gobierno desde el 20 de diciembre. Iniciaron una causa para atacar nuestras movilizaciones. Todos los allanamientos fueron ilegales y clandestinos, lo primero que hizo la policía al allanar el local central del Polo fue apagar las cámaras de seguridad. ¿Por qué será?”.
Las organizaciones reivindicaron la lucha conjunta frente al ataque del Gobierno nacional para “priorizar el avance de los narcos en los barrios populares”, al decir de la mayoría de los oradores.
Amparo judicial por alimentos
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular(UTEP), con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con comida de calidad, en cantidad suficiente y adecuada.
Según integrantes de la UTEP, desde diciembre de 2023 los espacios socio comunitarios dejaron de recibir productos o dinero para afrontar la demanda de alimentos, al mismo tiempo que aumentó la pobreza que afecta principalmente a niños, mujeres y adultos mayores. El Estado nacional tiene la obligación de garantizar permanentemente y prioritariamente el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, en cumplimiento de las leyes 25724 y 27642.