La Correpi denunció que el proyecto de reforma del Código Penal que presentó Patricia Bullrich legaliza el gatillo fácil, criminaliza la protesta y facilita las detenciones de niños y pobres.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) se reunió junto a abogados y representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, para debatir sobre los proyectos de reforma del Código Penal presentados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri ante el Congreso. “Estas iniciativas nos afectan a todos, todas y todes, no las podemos dejar pasar”, es el lema de la campaña que lanzó la organización antirrepresiva.
Se trata de una reforma penal que en buena medida estaba contemplada en el primer texto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero que en el nuevo texto ya no aparece. Esto, lejos de ser un alivio para la organización política, también es preocupante, ya que para la Correpi el debate sobre la reforma del Código Penal puede pasar inadvertido. “Se lo vende a la opinión pública como el combate a la inseguridad”, afirmó María del Carmen Verdú, una de las máximas representantes de la organización, e hizo hincapié en un tópico que se trató varias veces durante la reunión: cómo lograr que las personas de a pie entiendan la gravedad de estos proyectos.
En la reunión convocada en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se hicieron presentes integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la Red Federal por los Derechos Humanos, sindicatos, asociaciones de profesionales y organizaciones sociales y políticas con miradas e ideologías diversas, que no suelen confluir en otros espacios.
Legítima defensa y gatillo fácil
A través de esta modificación del Artículo 34 se busca delegar más facultades a los policías, que no tendrían ningún tipo de consecuencias por su accionar, todo bajo la justificación de la legítima defensa o el legítimo cumplimiento del deber. Es decir, de aprobarse esta reforma, el policía ya no deberá dar la voz de alto ni identificarse, y podrá disparar sin más, incluso por la espalda. “Lisa y llanamente es la legalización del gatillo fácil”, según palabras de Valeria Mustoni, militante de Correpi.
Además, a las víctimas y familiares se les quita el derecho a la querella y de formar parte de un juicio justo. En ese sentido, Verdú sostuvo que “se invierte la carga de la prueba porque se presume que si el policía disparó por algo será”. Con esta reforma, el acusador es quien deberá probar que no hubo hipótesis de legítima defensa ni de legítimo cumplimiento del deber.
Criminalización de la protesta
De aprobarse este paquete de medidas,con la reforma de los Artículos 237 y 238, se modificarían las figuras de atentado y resistencia a la autoridad, aumentando las penas exponencialmente. El atentado simple pasaría de uno a tres años y medio y dejaría de ser excarcelable, mientras que el atentado agravado sumaría dos años más de pena, pasando así de 4 a 6 años. Además, allí se suma el agravante de que el hecho haya sido cometido por más de tres personas, por lo que Correpi sintetizó que este cambio es una criminalización de la protesta: “El 75% de las detenciones de la Policía de la Ciudad son por atentado y resistencia a la autoridad; marchas, manifestaciones, vecinos quejándose por falta de la luz, personas en situación de calle, manteros”, agregó Verdú.
Reiterancia
Esta nueva figura, en principio, busca encarcelar a cualquier persona que ya haya cometido un delito, por más leve que haya sido, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. De esta manera, deberá esperar la finalización del juicio estando ya detenido. Correpi explicó que “la ‘reiterancia’ lejos de ayudar a detener homicidas sueltos solo justifica la persecución a pobres y manifestantes, e intenta llenar las cárceles con personas que han cometido delitos menores. La figura de reiterancia, utilizada ya en la provincia de Mendoza, se aplica ante la simple imputación de un delito, por lo que bastaría solo manifestarse para terminar preso.
Ley de Organizaciones Criminales
También conocida como la Ley “Antimafias”, inspirada en leyes estadounidenses e italianas según dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, legalizaría los allanamientos e intervenciones de teléfonos sin orden judicial, y las detenciones por 48 horas para averiguación de antecedentes. Por supuesto, durante ese lapso, el detenido permanecerá incomunicado. Una persona solo necesitaría ser acusada de formar parte de una asociación que se considere ilícita para recibir la pena del delito más grave de esa organización, aún si no estuviese enterada de los hechos que habría cometido el resto del grupo. Además, dentro de este paquete de reformas, también se modificaría la Ley 26879 de Registro Nacional de Datos Genéticos y se incorporarían allí absolutamente todos los delitos, desde el más simple al más grave.
Baja de la edad de imputabilidad
Por si todo esto fuera poco, a estos proyectos debe sumarse la modificación en la baja de la edad de imputabilidad a 12 años, anunciada por Patricia Bullrich el pasado 8 de mayo, Día de Lucha contra la Violencia Institucional porque se conmemora la masacre en Ingeniero Budge, cuando en 1987 personal de la policía bonaerense asesinó a tres jóvenes de entre 19 y 26 años.
Luego de casi dos horas de debate en el Sipreba tanto Correpi como los representantes de las organizaciones sociales hicieron foco en dos cuestiones: rechazar categóricamente estas reformas, junto con la Ley de Bases en general, haciéndose presentes en las calles las veces que sean necesarias, e intentar que el resto de la sociedad entienda la gravedad de lo que está en juego para que acompañe el pedido.