Todo el poder a la policía

Todo el poder a la policía

Jun 19, 2025 | DDHH, Destacado 3

Un decreto del Poder Ejecutivo modificó el estatuto de la Policía Federal. Bajo el pretexto de modernizarla y convertirla en un cuerpo de investigación, se le permiten detenciones arbitrarias, ciberpatrullaje y mayor laxitud en la represión.

El Gobierno redefinió el rol de la Policía Federal Argentina (PFA) con nuevas atribuciones que amplían, aún más, el margen de discrecionalidad policial e incrementa gravemente los niveles represivos.

El martes 17 de junio mediante el Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial se dio a conocer la nueva medida del gobierno de Javier Milei que impacta en las garantías ciudadanas, los derechos humanos y los principios democráticos. 

La nueva normativa fue firmada por Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y modifica el Estatuto de la Policía Federal Argentina. Se trata de un estatuto que casi todo el arco político coincidía en que debía ser cambiado ya que nació del Decreto 333 de 1958. Pero muy lejos de buscar un nuevo marco policial en favor de los ciudadanos, en su afán de crear un “FBI argentino”, el gobierno de Javier Milei otorga atribuciones a los policías federales que tienden a sostener un tinte represivo. 

Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), coincidió en que la PFA necesita una transformación, aunque claramente en sentido opuesto a la iniciativa oficial. “Identificamos que la Policía Federal necesita una reestructuración hace muchos años. El decreto ley que regía es del 58. En el medio, la policía participó tanto en gobiernos constitucionales como en dictaduras. Es una policía que sostiene una estructura de inteligencia que, incluso en democracia, generó infiltraciones en organizaciones políticas, como el caso reconocido del agente infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh”, dijo Pomares refiriéndose al espía Américo Balbuena.

Antes de este decreto, la Policía Federal tenía funciones mixtas tales como las judiciales, las preventivas, y las de seguridad ciudadana. A partir del nuevo Artículo 3, su misión principal pasa a ser la investigación de delitos federales y complejos, y la protección del Estado nacional. “El objetivo principal ya no es cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires, ahora es una Policía Federal de investigación” dijo Bullrich, ministra de Seguridad, en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal. La funcionaria aseguró que buscan estructurar una Policía «moderna y orientada a la investigación».

Este cambio de perspectiva es fundamental: deja de priorizarse el vínculo con la ciudadanía para asumir una lógica de inteligencia y control estatal. La supuesta modernización hacia una fuerza orientada a la investigación no cuenta con un plan claro, “en el texto del decreto no hay claras nociones sobre cómo se va a establecer esa reforma”, advirtió Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“No estaría mal crear una policía de investigación en función judicial, que investigue cuando lo necesite y habilite la justicia —señaló Pomares—, pero le dieron facultades que no tienen nada que ver con una policía de investigación”. Por eso el Estatuto está lleno de contradicciones. 

Sin orden judicial

Uno de los artículos más controversiales del decreto es el Artículo 6, que amplía de forma significativa el poder de acción de la Policía Federal. Autoriza detenciones sin orden judicial por simple sospecha o falta de documentación, cacheos sin autorización previa, vigilancia de redes sociales abiertas y confección de registros sobre personas vinculadas a actividades “reprimibles”. También habilita el acceso a bases de datos públicas para investigar a los ciudadanos. 

“Con estas facultades extraordinarias nos referimos a inteligencia sin orden judicial y sin salvaguardas. Nos referimos también al espionaje en el ciberespacio, esto es, páginas de internet, redes sociales, con la sola mención de la prevención de un delito, que es una expresión muy poco clara, que le da amplios márgenes de discrecionalidad a la intervención policial. Por otra parte, en el decreto se establece que la policía puede hacer detenciones sin orden judicial cuando no hay una situación de flagrancia”, explicó Darraidou a ANCCOM. Organismos y especialistas coinciden en que este artículo no solo abre la puerta al espionaje sin control, sino que establece condiciones legales para prácticas violatorias de derechos que ya se encuentran en curso.

Por otra parte, esta reforma no está sola: forma parte de un entramado más amplio de políticas regresivas que afectan derechos civiles básicos. “Se agrega a una sumatoria de leyes que se vienen debatiendo y aprobando, como la reforma del Código Penal, el Artículo 34, que legaliza los protocolos para que la policía pueda disparar en cualquier momento, es decir, la legalización del gatillo fácil. Además están intentando bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Hay un cuerpo de legislación muy nocivo para las libertades democráticas”, advirtió Valeria Mustoni, integrante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional),

¿Contenido o forma?

La preocupación no se limita al contenido del decreto, sino también a su forma. El nuevo estatuto fue aprobado mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) sin debate parlamentario. “El Poder Ejecutivo modifica una ley mediante un decreto. Además de arbitrariedad, hay violación al principio constitucional de división de poderes”, denunció Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Darraidou coincide en este punto: “Vemos como problemático la forma en la que se toma esta decisión, mediante un decreto”, lo que obstaculiza la construcción de una fuerza policial democrática. 

El anexo del decreto, elaborado por el Ministerio de Seguridad, se basa en un enfoque de “seguridad del Estado” que habilita la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas, y el ciberpatrullaje masivo sin control judicial. En la misma línea, Pomares alertó que “esto puede derivar en represión directa a los sectores opositores”.

Torremare advirtió que “todas esas son situaciones que pueden llevar al avasallamiento de los derechos y garantías que hoy contamos los ciudadanos por imperio de la Constitución Nacional”. A su vez hizo hincapié en que varias de estas acciones ya están siendo ejercidas por el gobierno, pero ahora podrá hacerlo libremente en un marco de presunta legalidad. “No se trata de que habrá más casos de abuso policial; esos ya existen -aclaró Pomares desde la CPM-. Lo preocupante es que ahora esas prácticas se legalicen y se consoliden sin criterios objetivos, habilitando detenciones por motivos políticos, sociales o ideológicos”.

Mustoni agregó que “hay un apuro con este decreto y ampliar las facultades para intervenir en todo el territorio nacional que tiene que ver con que se vencen las facultades extraordinarias delegadas que se le habían otorgado al presidente. Intentar hacer todo lo más rápido posible para tener en control las calles”.

Estas prácticas no surgen de manera aislada, sino que encuentran antecedentes claros en la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad al igual que ahora. Durante ese período se consolidó la llamada «doctrina Chocobar», que legitimó el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad incluso en situaciones sin riesgo inminente. Se aprobaron protocolos que ampliaban el uso de armas de fuego, reduciendo los controles institucionales sobre la actuación policial. A su vez, se profundizó la criminalización de la protesta y de las organizaciones sociales, tratándolas como amenazas a la seguridad pública más que como actores políticos y sociales. 

Costo político internacional 

Argentina ha asumido compromisos a través de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la obligan a respetar límites claros ya establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esta situación implica un incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado argentino”, explicó Darraidou, citando fallos clave de la Corte como Bulacio y Fernández Tumbeiro, que establecen límites estrictos a las detenciones arbitrarias y la necesidad de proteger a grupos vulnerables. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno anterior modificó la legislación interna para evitar las detenciones arbitrarias, tal como planteó la Corte Interamericana en el caso Bulacio.

Los organismos desde la asunción del nuevo gobierno conformaron la Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia. A su vez están a la espera de respuestas por parte de la CIDH mientras reclaman visibilidad e intentan advertir a los ciudadanos sobre las nuevas leyes que rigen en nuestro país. “Ya desde varias organizaciones venimos haciendo presentaciones en organismos internacionales, sobre las situaciones de represión, en las movilizaciones y el uso de todo este armamento nuevo como los  gases químicos que se están utilizando mediante el protocolo de Patricia Bullrich” comentó Mustoni. 

El decreto en la práctica

Las consecuencias del nuevo marco legal para la Policía Federal –que se llamará DFI (Departamento Federal de Investigaciones)– ya comenzaron a quedar expuestas. “El martes, en Rosario, varias personas fueron detenidas por colgar un pasacalle con críticas hacia el Gobierno nacional”, contó Mustoni. En la ciudad de Buenos Aires, durante la masiva movilización a favor de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner, un transeúnte fue demorado por expresar en voz alta su opinión sobre el presidente. Además, diversos colectivos que se dirigían a la manifestación fueron detenidos en la ruta y requisados sin orden judicial, en operativos donde las fuerzas de seguridad registraron mochilas, celulares y documentación de los pasajeros, únicamente por su intención de participar de la protesta. 

 

“En definitiva, el decreto no es serio ni está encaminado a resolver lo que hoy está operativamente pendiente, que es la necesaria inversión pública en investigación criminal y la mejora de los recursos para auxiliar eficientemente a la justicia”, concluyó Torremare. Así, lo que se presenta como un avance hacia una policía moderna puede terminar siendo, en los hechos, un retroceso institucional que normaliza la excepción, amplía la discrecionalidad policial y limita las libertades en nombre del orden, en abierta violación a las leyes que desde el inicio de la democracia prohibieron la participación de uniformados en tareas de vigilancia y persecución de la población.

 

“Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas”

“Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas”

Jun 19, 2025 | DDHH, Destacado 5

En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ejecutados en Mansión Seré y el circuito RIBA, declararon el nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro quien, siendo bebé, fue apropiado y criado por el imputado ya fallecido Juan Carlos Vázquez Sarmiento y la sobrina de uno de los imputados, Ernesto Rafael Lynch.

“Por muchos años no quise saber quién era. Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas, pero era abrir una caja de Pandora que no quería afrontar. Nunca pensé que podía ser hijo de desaparecidos”, dijo Ezequiel Rochistein Tauro, uno de los bebés robados durante la última dictadura cívico militar. Hijo biológico de los aún desaparecidos María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, fue apropiado y criado por el imputado de esta causa Juan Carlos Vázquez Sarmiento y su entonces esposa Stella Maris Emaldi.

En la vigésimo cuarta audiencia por la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV declararon cuatro testigos, de los cuales dos relataron sus infancias en entornos militares y de verdades a media. El testimonio de Rochistein Tauro se centró en el largo y difícil proceso de recuperar su identidad, restituida el 1 septiembre 2010, siendo el nieto recuperado N°102 por Abuelas de Plaza de Mayo. “Cuando yo decidí y quise avanzar sobre la verdad, él me fue dando información suelta, acomodando la realidad a su conveniencia. Yo esperaba tener una conversación en la que me dijera cómo había sido todo pero nunca lo hizo. Me costó mucho comenzar a llamarlo Vázquez Sarmiento. Por suerte ahora ya lo tengo bien asimilado. Perdí todo contacto con él en 2013”, relató el testigo, y remarcó la diferente relación que tiene con “la que al día de hoy considero mi madre, Stella Maris Emaldi, quien fue uno de los vértices por los que por muchos años no quise saber de mi identidad”, explicó.

En diálogo con ANCCOM el testigo mencionó que le hubiera gustado declarar cuando aún estaba vivo Vázquez Sarmiento, imputado que falleció en febrero de 2025 cuando cumplía la condena por su apropiación y era juzgado en este juicio por su accionar en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). “Yo esperé a que el Tribunal me convocara y a veces los tiempos judiciales no son los de las personas. Pero también, me hubiera gustado ir a verlo a la cárcel y darle la última oportunidad de que me dijera la verdad. Finalmente no pude. Cuando me contaron que él estaba grave me costó creer. En principio pensamos que era una estrategia de la defensa, pero en verdad estaba senil. Por ese mismo motivo, si yo hubiera ido a verlo al penal tampoco me hubiera dicho nada”, explicó el testigo. Una pregunta que sí pudo hacerle fue por la elección de su nombre. Resultó que Ezequiel era el nombre de guerra que utilizaba Vázquez Sarmiento.

Rochistein Tauro relató el momento en que, en diciembre de 2000, Vázquez Sarmiento recibió la citación a juicio por su apropiación: “Lo primero que leí fue ‘Vazquez Sarmiento y otros por delitos de sustracción de menores’. Pensé que lo estaban citando a él a declarar. Pero más abajo estaba mi nombre. Ahí quedé un poco impactado y comenzaron a cerrarme algunas cosas, en principio desconectadas”, aunque reconoce que no pudo afrontar su verdad hasta 2010. Para abril de 2001, fecha en que debía presentarse a declarar Vázquez Sarmiento, ya se había fugado, situación en la que permaneció por casi dos décadas.

En esos pocos meses (entre la recepción de la citación y la fecha en que debía presentarse), Vázquez Sarmiento comenzó a contarle a Ezequiel versiones diferentes de su origen. En una de ellas le afirmó “que era hijo de Graciela y que había nacido en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Me dijo que la había cuidado y que la salvó sacándola de contrabando. Se jactaba de ser de los pocos de RIBA que tenían nexo con la Armada e iban a ese centro clandestino. Me llegó a decir que Graciela estaba viva y que se la había cruzado en Madrid. A partir de sus relatos, estoy seguro de que fue él quien entregó a Francisco Gómez el bebé de Patricia Roisinblit, Guillermo Pérez Roisinblit”, rememoró el testigo. Agregó que una de las 13 denuncias que recibió Abuelas de Plaza de Mayo sobre su identidad fue realizada por Julio César Leston, cabo 1° de RIBA, también acusado en esta megacausa-. “Afirma que Guillermo Pérez Roisinblit fue entregado a (Francisco) Gómez como yo a Vázquez Sarmiento. Si Leston sabe algo más, me gustaría que me cuente”, dijo mirando al banquillo de acusados. Según lo que recuerda, Leston y Vázquez Sarmiento eran compañeros de promoción.

Rochistein Tauro, mencionó diferentes anécdotas sobre su apropiador con las que ilustró la personalidad militar. “Rotaba constantemente el auto y siempre andaba armado. Se jactaba de participar en la guerra contra la subversión y no ocultaba su vínculo con la represión ilegal. Incluso decía que tenía contacto con Emilio Eduardo Massera”.

Una anécdota familiar que siempre escuchó fue que Vázquez Sarmiento había sobrevivido a un tiroteo. Durante el proceso de conocer su identidad, el militar le contó el resto de la historia. “Quien casi lo mata en ese tiroteo fue Jorge Rochistein. Recuerdo que me dijo ‘tu viejo se rebancaba la tortura’ y que durante las sesiones, Jorge lo había reconocido”.

A pesar del pacto de silencio de su apropiador, Ezequiel pudo reconstruir información de sus padres. La pareja Tauro-Rochistein fue secuestrada el 15 de mayo de 1977 de su domicilio en Hurlingham. “Cuando mi abuela se enteró comenzó a hacer recorridos. Estaba convencida de haber visto el DNI de mi mamá en la Comisaría de Castelar. Ya en democracia, un compañero detenido en la ESMA, le comentó que el embarazo había llegado a término y que yo había nacido. Ahí me empezaron a buscar”. Por sobrevivientes, se sabe que Graciela Tauro estuvo en la Comisaría de Castelar y en Mansión Seré y que fue trasladada para parir a la ESMA. Aún se desconoce el paradero de los padres de Ezequiel, que nació algún día de 1977 y tiene 47 años: “Siempre digo creo, porque no sé cuando nací”, le dijo a la jueza Claudia Moreguese.

A pesar de la oposición por parte de las defensas, también declaró Noelia Raquel Lynch, sobrina por lado paterno del imputado Ernesto Rafael Lynch, exteniente de la 8° Brigada Aérea Mariano Moreno. La testigo nació en una familia de tradición militar en donde dice que era moneda corriente escuchar expresiones como “zurdos o judíos de mierda”, incluso dirigidas hacia ella. “Mi tío se cuidaba más en sus expresiones, pero en su casa siempre se escuchaba la expresión ‘la defensa de la causa’. Para uno en ese entonces no tenían mucho sentido esas palabras, pero luego las cosas empezaron a cuadrar”. Declaró haber dudado de su identidad “por las características de mi familia”.

Su testimonio estuvo plagado de recuerdos que ilustraron el abuso psicológico y sexual dentro de la familia Lynch, de la cual se alejó cuando tenía 16 años. Por su incomunicación con ellos quedó en shock cuando Manuel Barros, el abogado defensor de su tío, le dio la noticia de que su padre, Héctor Lynch, había fallecido en enero de este año. El comentario fue minutos después de que la testigo relatara escenas de abuso sexual infantil perpetradas por hombres de la familia. Conectados en la virtualidad, Barros y su defendido Lynch dialogaban fumando un cigarro durante la exposición de Noelia Lynch.

“Toda mi vida ha estado supeditada a la búsqueda de la verdad. Lo que relato son vivencias de una niña. A medida que me hice mayor y conocí la historia de nuestro país comencé a pensar que mi familia estaba involucrada. Pero no tenía ningún hecho concreto que lo justificara, salvo algunos relatos, que resultan verosímiles por los movimientos de mi familia”, expresó la testigo que se enteró por los medios de la elevación a juicio de la causa de su tío, hecho que le dio la certeza de que “no estaba loca como ellos me decían”.

Sobre su tío, Ernesto Rafael Lynch, recordó su participación en los levantamientos carapintadas (serie de sublevaciones militares ocurridas en la Argentina entre 1987 y 1990) y contó anécdotas que le permitieron pensar sobre su accionar ilegal dentro de las Fuerza Aérea. En una ocasión, sus padres fueron detenidos en Moreno por un grupo de camionetas y su madre señalaba que se habían salvado porque “tu tío reconoció a tu papá”. El relató coincide con las camionetas “Las Tres Marías” que utilizaba el Grupo de Tareas 12, cuyo mando se adjudica a Ernesto Rafael Lynch. Algo extraño también sucedió cuando desapareció un matrimonio del edificio donde vivían y la hija de la pareja quedó en su casa. La testigo recordó que por recomendación de su tío “para que quedara todo legal” devolvieron a la niña a sus abuelos mediante escribanía.

Gabriel Leston, hijo del imputado Julio Cesar Leston, fue citado a declarar por pedido del abogado defensor de su padre, Nicolas Aguilar. Le tomó más tiempo en el banquillo virtual la presentación de la causa y lectura de formalidades sobre sus derechos por parte de la jueza, que su escueta declaración en la que desmintió la del sobreviviente Norberto Urso, quien había declarado que su encuentro con Leston fue concretado a través de una llamada atendida por su hijo Gabriel Leston, lo cual fue desmentido por el declarante finalizando su presentación.

La última declaración de la audiencia fue la de Roberto José Estrampres, que junto a otros dos amigos, José Francisco Quevedo y Noemí Graciela Colombo, fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 por estar haciendo música en las inmediaciones del centro clandestino Mansión Seré. “Un grupo de personas salió y nos llamó. Cuando estábamos cerca sacaron armas largas y nos metieron en la casa. Nos separan de Graciela, a quien subieron por una escalera”. Fueron liberados pasadas algunas horas y trasladados en el baúl de un auto hasta las cercanías de la Brigada Aérea de Morón. Sin embargo, al día siguiente, personas vestidas de civil allanaron su casa: “Por suerte no estaba ese día. Pero a Graciela la volvieron a llevar, en esa ocasión a la Comisaría de Castelar”, relató Estrampres, sobre su amiga que fue liberada nuevamente luego de 5 días de detención ilegal.

Con este cuatro testimonio finalizó la vigésimo cuarta audiencia de esta megacausa que nuclea 130 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en diversos centros clandestinos de detención del oeste del conurbano bonaerense. La próxima audiencia de este juicio quedó programada para el martes 24 a las 9 horas en modalidad virtual.

«Una reparación histórica que la Iglesia nunca había hecho»

«Una reparación histórica que la Iglesia nunca había hecho»

Jun 19, 2025 | Destacado 2, Vidas políticas

El párroco Alejandro Llorente y el padre Domingo Bresci oficiaron una misa en homenaje a las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo de 1955 en la Basílica Nuestra Señora de la Merced. Luego dejaron una ofrenda floral en el lugar de los hechos.

Este martes, 17 de junio, se celebró una misa en homenaje a las 309 víctimas de los bombardeos a Plaza de Mayo, a 70 años del crimen. La ceremonia fue llevada a cabo por el párroco Alejandro Llorente y el padre Domingo Bresci en la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en Reconquista 209. Los casi 50 asistentes pertenecían a distintas agrupaciones del peronismo y asociaciones civiles. Todos ellos estaban relacionados de una u otra manera al hecho que sacudió nuestro país en 1955.

Luis Miraldi vivía en Belgrano y Sarandí y tenía siete años el día del bombardeo. Junto a su padre, italiano y peronista, observaron desde la alzada del tranvía, en la avenida, los aviones y las bombas cayendo en la plaza. “Estábamos un poco inconscientes y confundidos. Y más allá de las bombas bajando y explotando, lo que más me impresionó fue ver pasar por nuestros costados, autos a muy alta velocidad, hombres con armas en las manos, gritando: “¡Se fue el tirano!, ¡se fue el tirano!, ¡hay que matar al tirano!”. Mi padre estaba preocupado y muy triste, él había entendido enseguida que el peronismo se trataba de cuidar al trabajador”, recuerda. “Horas más tarde, mi primo que esta haciendo el servicio militar, fue a levantar los cadáveres de la calle. Manejaba muy bien y lo designaron camionero para cumplir la terea”, agrega.

Miraldi no recuerda los destrozos en la vía pública producto de las bombas que fueron más de 100, pero no olvida la quema de Iglesias esa noche. “Con el tiempo, sentí mucho dolor por el rol que tuvo la Iglesia en el ataque. Cristo Vence era un canto de época, fue una mala impostación teológica”. Miraldi participa con su esposa en una comunidad eclesial en la Parroquia de la Santa Cruz, y hoy en la Basílica, una de las iglesias atacadas luego del bombardeo, presencian la misa en homenaje a las víctimas de los aviones de la Marina y la Fuerza Aérea.

Durante la misa se leyeron los salmos correspondientes, se celebró la comunión de los presentes y se entonaron los cantos tradicionales. En el inicio, integrantes de asociaciones civiles organizadoras del encuentro dieron las gracias por la convocatoria y compartieron su dolor e indignación ante lo ocurrido: “Cuando se lo compara con Guernica, es errado, porque fue producida por los nazis. Acá fueron argentinos los que cometieron la masacre”, afirma Alberto Lina, vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos.

Los sacerdotes celebrantes también compartieron parte de sus memorias de ese oscuro 16 de junio. Llorente contaba que, durante su crianza en una familia profundamente antiperonista, siempre se habló de la quema de iglesias, pero nunca de aquello masacre previa. “De eso en casa no se hablaba”, dice. “Es mi convicción cristiana la que me trae aquí hoy”, finaliza. Por su parte, el padre Domingo Bresci, uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, recordó ante los presentes: “Yo era seminarista y venía en el tren con otro sacerdote, íbamos a la Capital porque se contaban cosas espantosas de lo que iba a pasar”. Y sigue con gran efusión: “Vimos la Curia arder, ¡la forma en la que se incendiaban los ladrillos! Pero no vimos aquellos cuerpos que fueron asesinados y que eran el templo vivo de Dios. Retomando lo que contaba a Alejandro de cuando era niño, hablaban de la quema de iglesias, pero no de la quema de los cuerpos humanos, que valían muchísimo más que los miles de ladrillos que se podrían haber quemado”. Y concluye, en relación a la misa: “Este es una reparación histórica que la Iglesia nunca había hecho”.

Una vez terminada la celebración, los concurrentes se dirigieron con una marcha lenta en la fría noche de martes hacia la Plaza de Mayo. Allí se colocó un gran ramo de flores blancas hacia la Casa Rosada y se leyó un discurso en conmemoración de las víctimas y en favor de la democracia. El grupo entonó las estrofas del Himno Nacional y permanecieron unos pocos minutos más recordando en la penumbra del lugar. Al escuchar sus memorias, muchos parecían volver a ser los niños que presenciaron la atrocidad. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, cuenta que su padre, que militaba activamente, ese día se encontraba enfermo, y muchos años después entendió de lo que se había salvado.

Por su parte, Juan Mercurio cuenta que vieron a los aviones irse hacia Uruguay desde el barrio de Banfield, donde vivía. Otra de las voces que pudo escucharse, describe la caída de las bombas con la mirada que tenían de niños: “Cuando vio que venían los aviones, un amigo me dice: “Mirá, van tirando cosas. Eso ahora explota y caen papelitos”.

«Los pueblos siempre vuelven»

«Los pueblos siempre vuelven»

Jun 19, 2025 | Destacado 1, Vidas políticas

La Plaza de Mayo hasta la 9 de Julio y ambas diagonales estuvieron tapizadas de militantes, organizaciones políticas, sociales y gremiales. También estuvieron los jubilados, trabajadores del Garrahan, autoconvocados y hasta agrupaciones de Izquierda. Todos se manifestaron contra la proscripción de Cristina Fernánez de Kirchner, que envió un mensaje grabado a la multitud.

Desde primeras horas de la mañana del miércoles 18 de junio, la militancia peronista comenzó a acercarse hacia Plaza de Mayo desde distintos rincones de la ciudad, la Provincia de Buenos Aires y distintos puntos del país. Cerca del mediodía, las imágenes aéreas mostraban una Plaza de Mayo multitudinaria. Los manifestantes que reclamaban por lo que consideran una proscripción injusta contra Cristina Fernández de Kirchner, diseñada por la oposición y el Poder Judicial colmaron Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio y tanto Diagonal Sur como Diagonal Norte estaban repletas. Se sumaron movimientos sociales, las CTA, La Cámpora, miles de independientes y numerosos líderes políticos entre los que se contaron el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el último candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Los más entusiastas arriesgaban que en total se manifestó un millón de personas.

Luego de que en la Plaza se entonaran las estrofas del Himno Nacional, la líder del PJ compartió un mensaje con el pueblo a través de una grabación de ocho minutos, al que luego se le sumó lo que parecía una breve comunicación telefónica: cuestionó el fallo que la inhabilita a competir para ocupar cargos públicos y pronosticó que el gobierno de Javier Milei “tiene vencimiento”. Además, convocó al peronismo a reorganizarse y en relación a las muestras de apoyo que recibió sostuvo: “Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el Himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez `vamos a volver`. No lo escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad: la de tener un país donde los pibes coman cuatro veces al día (…) Estoy en San José 1111, firme y tranquila y con la prohibición de salir al balcón. Un cachivache todo”.

De esa forma comenzó Cristina Kirchner su discurso, más breve de lo que acostumbra. Repasó algunas conquistas de lo que llamó “década ganada”, como que “los laburantes lleguen a fin de mes y que los jubilados tengan remedios”. Y agregó: “Ese país no fue una utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas”. Cerró su discurso asegurando: “Vamos a volver con más sabiduría, más unidad, más fuerza. El pueblo finalmente siempre vuelve”.

Finalmente, todos a la Plaza

La marcha se gestó al calor de idas y vueltas, marcadas por la tensión política. En principio, la movilización se iba a realizar desde el domicilio de la exmandataria, en la esquina de San José y Humberto Iº, hasta el Tribunal de Comodoro Py, donde debía presentarse para recibir la notificación de la condena. Desde allí la militancia prometía volver con ella hasta su domicilio nuevamente.

Muchos de los que participaron también estuvieron en las vigilias a las afueras de la casa de expresidenta, como Silvana Reynoso, psicóloga, quien argumentó su participación “porque me parece que esta sentencia es totalmente una ignominia contra el movimiento peronista y especialmente contra la figura de Cristina. Históricamente las derechas en este país han sido asesinas. Tenemos que estar alertas por los derechos que estamos perdiendo. Yo no milito en ningún partido, simplemente soy una trabajadora de la salud. Como decía hoy Grabois todos los derechos sociales, civiles y personales, digamos, individuales están en peligro y eso me parece que es muy grave para este país que tiene la historia que tiene con 30.000 compañeros desaparecidos’’.

Ayer por la mañana, el fiscal Diego Luciani había rechazado el pedido de prisión domiciliaria por parte de la defensa. Sin embargo, por la tarde, el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, quien se encuentra a cargo de la ejecución de las condenas en la causa Vialidad, decidió que la notificación se realizaría de manera virtual.

Entre las condiciones de detención se encuentran el uso obligatorio de tobillera electrónica, balcón restringido y listado de visitas, del cual quedan eximidas las personas que integran el grupo familiar, la custodia policial, los profesionales médicos y abogados que la representan. Como explicó la referente de izquierda Myriam Bregman, ni a los genocidas les imponen estas condiciones: por ejemplo, solo el 16% debe usar tobillera electrónica. Mayra Mendoza, intendenta del municipio de Quilmes y militante de La Cámpora, informó e ironizó: “Por determinación de la justicia, Cristina ya no va a poder saludar desde el balcón. Ese mínimo contacto que tenía con tanta gente que la viene a saludar, a acompañar, la justicia dispuso que ya no podrá hacerlo. Creo que les molesta la sonrisa”.

Desde el Partido Justicialista y distintas organizaciones peronistas vincularon la decisión de notificarla de manera virtual con la necesidad del gobierno de desactivar la marcha de hoy. La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, había remarcado a través de redes sociales: “¡A no comerse la curva! El miércoles pase lo que pase salimos a las calles a acompañar”.

Paradójicamente, el fallo del pasado martes 11 de junio que estableció “el cepo al voto popular”, como aseguró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reorganizó al peronismo detrás de su figura luego de meses de internas.

“Milei tiene miedo”

Desde ayer, en la previa de la movilización, el gobierno nacional trabajó para impedir que manifestantes que viajaban desde diferentes puntos del país lleguen a la marcha: impulsaron la requisa a micros e incautaron carteles y remeras con símbolos peronistas. Además, desde este miércoles por la mañana, se reforzaron operativos policiales en puntos como la autopista Riccheri o las estaciones de tren Constitución y Retiro.

Desde La Cámpora, organización que lidera Máximo Kirchner, denunciaron que las fuerzas de seguridad “intimidan”a los militantes que llegan a la Capital para participar de la protesta contra la detención de la exmandataria y responsabilizaron al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Gendarmería se sube a los micros que viajan desde todo el país para intimidar a los compañeros y compañeras que vienen a bancar a Cristina. Pararon micro por micro, los hicieron bajar, revisaron todas las pertenencias, palparon a todos, les pidieron DNI y les sacaron fotos de prepo a todos los pasajeros y pasajeras”, apuntaron en las redes sociales.

A las 14:40 la Policía de la Ciudad avanzó sobre los manifestantes y despejó el recorrido del  Metrobus en la 9 de julio pero no avanzaron más. Además, estos hechos se enmarcan en la reforma realizada por un decreto de ayer para que la Policía Federal se transforme en el “FBI argentino”, algo que recuerda a épocas oscuras y antidemocráticas de la historia de la Argentina.

A pesar de esos intentos oficiales, militantes de todo el país participaron del acontecimiento, así lo cuenta Lucía Lazarte de 36 años que viajó junto con su familia desde Córdoba: “Al venir de una provincia como Córdoba y ver tanta gente acá me emociona. Amo que haya tantos viejitos y yo creo que ellos por todo lo que atravesaron, saben y valoran más que nadie, las políticas del kirchnerismo. Más allá de lo que uno pueda amar u odiar a Cristina, todos venimos acá por la democracia’’.

Luego de que la expresidenta terminará de hablarle a la Plaza, comenzó a sonar el tema “Todo preso es político” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cumplida la participación y el reclamo, los manifestantes comenzaron a desconcentrar de forma pacífica y no hubo señales de represión, tal como el conductor del acto había exigido minutos antes por el altoparlante.

 

¿Se acabó el desempleo?

¿Se acabó el desempleo?

Jun 18, 2025 | Destacado 3, Trabajo

El índice de desempleo no crece al ritmo de la crisis económica. La salida laboral a través de las plataformas digitales, como los servicios de delivery, maquillan la desocupación. Sin embargo, ante el aluvión de personas que se vuelcan a esta tarea, los ingresos comienzan a mermar y esa salida ya no parece tan apetecible.

Argentina atraviesa actualmente una contracción económica profunda. La actividad cayó un 1,8% en 2024 mientras el consumo se derrumbaba un 18%, en comparación con el año anterior, que a su vez ya había sido también marcado por una fuerte crisis. A esto se suma una inflación todavía elevada —aunque menos visible en las estadísticas oficiales— y un fuerte ajuste fiscal equivalente al 4,7% del PBI.

Estos indicadores no son solo números: tienen consecuencias concretas en la vida de las personas. Los ingresos pierden poder de compra, el empleo formal disminuye y cada vez más personas se ven obligadas a buscar formas de subsistir fuera del mercado laboral tradicional.

Una salida que se repite

En este escenario, miles de personas recurren al trabajo a través de plataformas digitales como Rappi, Uber, PedidosYa o Mercado Libre para generar ingresos de forma inmediata. Son empleos sin relación de dependencia, con horarios flexibles, pero también sin derechos laborales básicos ni garantías de estabilidad.

Este fenómeno recuerda, de alguna manera, lo ocurrido durante la crisis de 2001. En ese momento, la caída del régimen de convertibilidad —establecido por el gobierno de Carlos Menem en 1991— dejó a millones de personas sin empleo. El “uno a uno”, que había equiparado el peso al dólar, se volvió insostenible y colapsó en medio de una de las peores crisis económicas y sociales del país.

Con un Estado que se corría y no daba respuestas, miles de personas despedidas buscaron subsistir a través del autoempleo: muchos utilizaron sus indemnizaciones o ahorros para comprar un taxi, remis o para abrir pequeños comercios, kioscos y almacenes. No eran proyectos soñados, sino salidas de emergencia en un contexto de alta inestabilidad. Hoy, el trabajo en plataformas cumple un rol similar: ofrece una solución rápida frente a la falta de empleo formal, aunque con condiciones laborales precarias y bajo el control de un algoritmo.

Trabajar para Rappi, Uber o PedidosYa se instaló en los últimos años como una forma de manejar los propios tiempos, de ser tu propio jefe. También representa una alternativa temporal para quienes fueron despedidos o buscan evitar caer en la desocupación, “para no caerse del mapa”. Así lo explica Belén D’Ambrosio, repartidora y secretaria del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA).

Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, el empleo en plataformas reemplaza una parte de los puestos perdidos tanto en el mercado registrado como en el informal. “Por eso el nivel de ocupación varió poco”, señala. La desocupación no creció al mismo ritmo que la crisis económica, pero sí aumentó la subocupación. Dentro de ese grupo se encuentran muchos repartidores y conductores que figuran como monotributistas o directamente trabajan sin registrar, sin aportar al sistema de seguridad social.

El informe “¿Recuperación ilusoria?”, del instituto de investigaciones sociales Gino Germani, explica este fenómeno: “La destrucción de empleo formal (particularmente en el sector privado registrado) no ha sido compensada por la creación de puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y la informalidad laboral.”

En 2022, la desocupación fue del 6,3%, y en 2024 se ubicó en 6,4%. Muy lejos del 18,3% alcanzado en 2001. La diferencia principal es que hoy es más fácil acceder a un empleo (o algo parecido), aunque sea mal pago y riesgoso. Por eso, está lejos de ser cierto —como asegura el diputado radical Martín Tetaz— que “el desempleo se terminó”. Estos nuevos trabajos no ofrecen estabilidad ni protección a largo plazo: son solo una forma de no quedarse sin ingresos.

Sin embargo, en la medida de que más gente recurre a las plataformas que solo responden a las leyes de la oferta y la demanda para asignar salarios y tareas, resulta cada vez más difícil ganarse la vida con ellas. Para las plataformas, más empleados significa más competencia entre ellos y más posibilidades de reducir costos.

“Se acabó el mito de ser tu propio jefe”, explicita D’Ambrosio. Las aplicaciones ya no pagan lo que pagaban antes por la sobreoferta de trabajadores, a los cuáles las empresas nunca reconocieron como tales. Por eso no tienen cobertura de ART, vacaciones, obra social, aguinaldo ni un sueldo básico que brinde una mínima seguridad. En el mejor de los casos, ganan un poco más si llueve. Pese a esta precariedad, muchos se inscriben como monotributistas, por lo que figuran en las estadísticas como cuentapropistas, aunque estén lejos de tener autonomía real.

 

Gig economy

 Las plataformas operan bajo el modelo de la economía colaborativa, o gig economy. Básicamente, lo que antes llamábamos changas y trabajos por encargo, sin un contrato permanente. Son trabajos flexibles, con todo lo bueno y lo malo que eso incluye. Dan cierta libertad de elección respecto de en qué días y horarios trabajar. Sin embargo, esa libertad se ha vuelto otra pequeña mentirita del capitalismo neoliberal que habitamos porque, como dice Manuel, conductor de Uber desde hace dos años y exrepartidor de Rappi, “terminás trabajando en los horarios de alta demanda, para cubrir los gastos del auto y para llegar a fin de mes”. Enrique, que reparte para Pedidos Ya los siete días de la semana, con jornadas de más de 10 horas cuenta: “Hacemos lo que haga falta para juntar para el alquiler, la comida, el celular”.

Lautaro también trabaja para PedidosYa, pero en moto, y, al sumarse a la conversación, aclara que gana mucho más que cuando andaba en bicicleta, pero también gasta mucho más: “Los gastos fijos de la moto son otra cosa. Cuando repartía en bici, era toda para mí, ahora tengo que pagar la nafta, los arreglos. Hace un mes me chocaron y tuve que trabajar más los fines de semana para cuadrar esos extras”.

En moto, Lautaro hace hasta 40 mil pesos diarios y hasta 4 entregas por hora, en promedio, gana 160 mil pesos a la semana. Cuando repartía en bici, también por 5 días a la semana, estaba más cerca de los 70 mil semanales, pero solo tenía algún gasto ocasional de la bici. Manuel lo confirma, y cuenta que su mentalidad en bici era la de un atleta, “solo gastaba en Gatorade y pedaleaba 50 kilómetros diarios”.

 

Las crisis cambian el trabajo

Ottaviano explica que “los trabajadores de plataformas son reconocidos legalmente como cuentapropistas, pero las características de su trabajo son objetivamente de dependencia. Más allá del tipo de organización horaria del trabajo en plataformas, los conductores y repartidores dependen de que las distintas aplicaciones les asignen pedidos y viajes”. También dependen de que el algoritmo no los bloquee y de que les paguen en tiempo y forma por los servicios prestados.

Estas aplicaciones ejercen tácticas de control, seguimiento y premiación -o, por el contrario, castigo a los riders que rechazan viajes o tardan demasiado en hacer una entrega o se salen de la ruta recomendada- y demuestran lo que D´Ambrosio y el SiTraRepA denuncian hace rato: que no se trata de socios colaboradores, ni de autónomos, sino de trabajadores bajo dependencia de las empresas de aplicaciones de reparto.

“Estas empresas actúan como fantasmas, porque los riders no podemos hacer ningún reclamo respecto de las condiciones laborales. Están encubriendo una precarización laboral muy marcada: pagan entre 1.000 y 2.000 pesos por pedido entregado”, remarca D’Ambrosio. ¿Por qué pagar más si hay muchos trabajadores que saben que no pueden volver a sus casas con las manos vacías? Aquellos que acepten un mayor grado de explotación serán los que terminen trabajando.

Tanto los conductores como los repartidores coinciden en que la demanda de viajes ha bajado en los últimos meses, a tono con las políticas recesivas del gobierno de Javier Milei y la caída del consumo que esta implica, algo empeorado por la sobreoferta de trabajadores que ofrecen esos servicios. La caída en la demanda, además, obliga a los repartidores “a trabajar durante más horas y en las zonas de más alta demanda”, para cubrir sus necesidades básicas, y “llegar a los 800 mil pesos de un sueldo mínimo”, relata Ramón, repartidor de Cabify, que entrega los pedidos de delivery de Mercado Pago Envíos.

En este nuevo esquema, la promesa de autonomía y libertad que ofrecen las plataformas contrasta con las condiciones reales de quienes trabajan en ellas. Lejos de ser socios, los repartidores y conductores cumplen funciones vitales para las plataformas que, además, son extranjeras y se llevan las divisas que escasean en el país. Además, las plataformas modifican sus algoritmos sin dar explicaciones.

Tal como advierte un reciente informe del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, “los trabajadores argentinos están sosteniendo su subsistencia mediante el deterioro de su calidad de vida, sacrificando tiempo personal, bienestar físico y reservas económicas”. Esta no es una recuperación: es una forma de sobrevivir en un mercado que ofrece menos derechos, más inestabilidad y que desplaza el riesgo hacia quienes menos pueden afrontarlo.