Pidieron prisión perpetua para los tres policías acusados de gatillo fácil

Pidieron prisión perpetua para los tres policías acusados de gatillo fácil

En los alegatos en el juicio oral que investiga la muerte del remisero Claudio Romano, tanto la Fiscalía como la querella exigieron la máxima pena para los acusados.

Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López en la primera audiencia del Juicio.

En las últimas dos audiencias previas a la sentencia por el crimen del remisero Claudio Romano, que se dará a conocer el miércoles 18, declararon 14 testigos, y se escucharon las palabras finales de los acusados y los alegatos de cierre de las tres partes: la querella, la fiscalía y la defensa, que pidió la absolución. En cambio, tanto la querella como la Fiscalía pidieron pena de prisión perpetua para los acusados tras argumentar que la víctima fue asesinada por las balas de tres agentes de la Policía de la Ciudad, en 2019, en Villa Crespo.

El primero de los testigos fue Sergio Núñez, un policía que se encontraba en Malabia al 900, lugar donde ocurrieron los hechos. Núñez encontró dificultades para responder con claridad, actitud reiterada en varias de las otras declaraciones testimoniales. “No recuerdo”, “no llegué a ver” y “me fui porque con mi presencia entorpecía el procedimiento”, repitió el personal policial durante el interrogatorio.

Las imprecisiones sobre las modulaciones realizadas por los oficiales, la ausencia o presencia de las voces de alto, los pedidos de asistencia del SAME, si los oficiales tenían o no armas, la posición en la que se encontraban respecto a Romano, se reiteraron en aquellos que atestiguan los hechos, en mayor o menor medida. 

Por otro lado, los testimonios de los expertos traídos al Tribunal como consultores o para relatar su punto de vista como partícipes en los peritajes de la causa, fueron llamativos. “El arma blanca es más peligrosa que la de fuego”, aseveró Javier Rodriguez, un testigo traído por la defensa, comisario de la fuerza a punto de retirarse, con 15 años de experiencia en criminalística y estudio de imágenes, especialmente en enfrentamientos armados.

Rodríguez fue convocado por la defensa para analizar el peritaje inicialmente realizado por la Policía Federal y dar sus propias conclusiones. Entre ellas, destacó que este informe había sido mal hecho, ya que no tomó en cuenta la perspectiva de las cámaras de seguridad y sus ángulos, que pueden resultar engañosos. “Según la ubicación del oficial Pérez respecto al cuerpo, este no fue autor de la muerte, porque la autopsia dice que la bala le dio de una forma que no corresponde con la ubicación del oficial en el video”. 

El origen del análisis de la pericia realizado por el oficial Rodríguez fue confuso, ya que por momentos parecía querer instalarse como un peritaje oficial. “Acá lo que se quiso fraguar fue un informe oficial”, subrayó Maria Carmen Verdú, desde la querella. Y continuó: “Se quiso pasar la consultoría particular pagada de manera estatal con nuestros impuestos como un reporte oficial para ayudar a la causa de la defensa”, afirmó mientras los tres hombres que constituyen la defensa reían.

“Intentaron meter a partir de la declaración de este comisario retirado, Rodríguez, un informe que presentó la policía de la ciudad efectuado por la Policía de la Ciudad. Es decir, la misma fuerza de los imputados  introdujo el tema que la pericia hecha por la Policía Federal estaba mal y que la bala que mató a Claudio nunca podría haber salido del arma de Perez”, dijo Sandra Berthe, abogada de la querella, a ANCCOM. Y agregó: “La querella le preguntó quién había dado la orden de realizar este informe, no dejaron que se conteste la pregunta, la propia Policía de la Ciudad fue la que le pidió y pagó para que lo realice. Es decir, ellos mismos quisieron introducir como si fuera una pericia formal un informe que ellos mismos produjeron para favorecerse”.

Según explicó Berthe, este informe no fue tenido en cuenta por la jueza que instruyó la causa específicamente por ese motivo. “Querían hacerlo pasar por una pericia. No hubo orden en el juzgado para que se realice ese informe ni intervención de las demás partes. Esto le quita un valor probatorio”, amplió la abogada.

También fueron llamados a declarar Alejandro Corna y Roxana Badaro. Corna fue el encargado de realizar la autopsia y afirmó que si bien Romano poseía nueve heridas de bala y varias heridas lacerantes superficiales, fue el último impacto por arma de fuego el letal el que lo mató; las demás heridas, de haber sido atendidas en el momento, no hubieran resultado letales. Por su parte, Badaro, médica especialista en psiquiatría y medicina legal, fue convocada por la defensa para peritar el comportamiento de los cuatro involucrados en el hecho en los videos que registraron las cámaras de seguridad. La experta afirmó desde el estrado: “Pude ver que uno de los imputados, el masculino, fue abordado de forma inesperada. No estaba preparado en ese momento para que algo así aconteciera, por eso él y sus compañeros pudieron sufrir una reacción debida al estrés violento por sufrir un ataque”. 

Tanto la querella como la fiscalía y los jueces puntualizaron que Badaro estaba incurriendo en potencialidades y análisis subjetivos, sin perspectiva profesional ni objetiva, por lo que se le advirtió que se limitase a relatar los hechos correspondientes al marco a analizar. La médica habló de la posibilidad de una conducta suicida en Romano quien, al no poder quitarse la vida, pudiera haber provocado a los policías para que estos finalmente le propiciaran su tan deseada muerte. Estas afirmaciones fueron realizadas a partir del análisis de un video de 42 segundos y algunos documentos oficiales de la causa, pero sin ningún tipo de entrevista personal con los involucrados ni con sus allegados. 

“Se vieron con claridad las cartas que intentó jugar la defensa. Intentaron presentar a Romano como una persona gigante y robusta, un policía testigo de la defensa que intentó decir que practicaba artes marciales o que alguna vez le recomendó algo para tomar y ganar masa muscular”, sumado al argumento de que Claudio poseía ideaciones suicidas, comentó Verdú.

Ramón Romano, padre de la víctima.

Las últimas palabras

Los tres acusados dieron sus palabras de cierre y aceptaron preguntas de todas las partes. Tanto Manzanelli, Lopez y Pérez insistieron en que ese día fue una mañana normal de trabajo, interrumpida sorpresivamente por el ataque de Romano, quien estacionó su auto detrás del patrullero, se acercó e hirió en el brazo a un agente con un arma blanca. Ante las preguntas de la querella, debieron responder con qué armamento policial contaban al momento del hecho, incluyendo chaleco antibalas, esposas y tonfas. Además, al preguntarles por el accionar de sus compañeros, cada uno de los oficiales afirmó no recordar qué dijeron o hacían los otros, solo mencionaron su propio accionar al momento de rodear a Romano. Hicieron énfasis en el miedo que sintieron al momento de los hechos, y la angustia al ser detenidos.

“A mí, principalmente, me quiso matar”, afirmó Perez, el policía que le propinó a Romano la patada en la cabeza y el balazo mortal. “Directamente vino a matarme, a agredirme. Otra cosa no me dio a pensar. Terminé detenido, todo por defenderme”.

“Claudio no era un perro, era un hijo, un amigo, un marido”

El viernes 13 fue la última jornada antes de la sentencia, donde se escucharon los alegatos de cierre de las tres partes:las representantes de la querella las doctora Maria Carmen Verdú y Sandra Berthe, Miguel Ángel Ramos por parte de la Fiscalía, y los abogados defensores Rodolfo Barrios, Hernán Pablo Vega y Manuel Ramallo.

“No sabemos por qué Claudio estaba lastimado esa mañana ni sabemos por qué se acercó a los policías. Todos los testimonios, incluyendo el policía Nuñez que lo conocía, dieron cuenta que se trataba de un hombre de trato normal, trabajador serio, nunca recibió quejas en el trabajo, era cuidadoso al trabajar. Algo motivó su conducta, pero no sabemos qué. Queda descartada una intoxicación como demostró el informe toxicológico. No hay motivo en su historia de vida para confirmar un conflicto depresivo, ni antecedentes psiquiátricos. Lo cierto es que algo pasó, pero nunca lo vamos a saber porque lo mataron antes de que pudiera recuperarse y contarlo. Lo que hay que analizar es la conducta del personal policial, que le disparó cuando ya estaba neutralizado”, inició la abogada Verdú.

La querella, además, resaltó que la testigo Beatriz Iceta, que se encontraba en Mar del Plata al momento del juicio y fue incorporada vía zoom, afirmó recordar claramente que las voces de alto no fueron dadas hasta luego de que Romano había recibido la primera tanda de tiros.

“Estos son los hechos, una persona alterada, y alrededor suyo, tres oficiales de la policía, que solo hablaron del estrés y omitieron detalles. Estamos hablando de profesionales con más de diez años en el servicio, capacitados, en circunstancias que no pueden resultar sorprendentes”, continuó Verdú. “Tres oficiales que recibieron entrenamiento, cursos de actualización. Saben cómo y cuándo utilizar sus armas. Sus declaraciones nos hacen pensar que no supieron qué hacer y que de repente entraron en estrés físico, ¿es creíble esto cuando es gente que fue seleccionada para protegernos? El estrés y el llanto no puede ser entendido de otra forma que una estrategia”, argumentó.

También puntualizó que los efectivos policiales en ningún momento tomaron otra medida para reducir a Romano, lo cual también se contradice con la Ley 5688, según la cual la violencia debe ser siempre el último recurso. “Violaron todos los principios que como policías les eran exigibles. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero Claudio no era un perro: era un hijo, un marido, un amigo”, agregó Verdú al momento de pedir la pena de prisión perpetua para los tres oficiales en co-participación, por homicidio agravado por abuso de su función y uso de arma de fuego.

Por su parte, Ágeles Ramos, en representación de la Fiscalía, hizo un detallado análisis técnico de los sucesos a través de los videos tomados por las cámaras de seguridad, con permiso de la familia. “Era un día laboral normal para Romano, al igual que para Manzanelli, Lopez y Perez”, comenzó Ramos, y a través de una minuciosa lectura, diferenció las situaciones que se encontraban acreditadas a través de las pruebas y los peritajes, de aquellas que se intentaron imponer desde la defensa a lo largo del juicio, como la posibilidad de que Romano, debido a tendencias suicidas, hubiera intentado morir a manos de los policías.

Ramos resaltó que las heridas que había recibido el oficial Perez habían sido superficiales, en comparación a las heridas de bala y a la herida mortal que había recibido Romano. Sin embargo, a través de la lectura de las modulaciones de radio realizadas por los policías, en ningún momento se pidió asistencia para Romano, solo para Pérez por una herida superficial en el brazo. “Romano en ningún momento recibió asistencia. En las modulaciones solo piden apoyo para sí, nunca para Claudio. Se alejan, nunca lo revisan. Luego de un tiempo se acerca Manzanelli y lo mueve con el pie” dijo Ramos. “Las lesiones que recibió Pérez fueron leves, sin embargo acá se quiso plantear que era más peligrosa el arma blanca que el arma de fuego, que efectivamente hirió y mató a Romano. Ellos sabían cómo tenían que proceder, y eligieron no hacerlo”.

Luego de un cuarto intermedio, llegó el momento de la defensa. El abogado Ramallo comenzó afirmando que los policías “no se negaron a expresar los hechos en el más puro acto de su defensa, en dos situaciones, a sí y a terceros, por un accionar no provocado, esperable o siquiera visible. Esto a cualquier persona, por más entrenamiento que tenga tiene dos cosas en contra: es un humano, no una máquina. Y tiene cosas que siente”. Además, insistió en el argumento dado por Rodriguez sobre la peligrosidad comparativa entre un arma blanca y un arma de fuego: “No podemos minimizar que Romano estaba armado, no con una manoplita, sino un kerambit, un arma letal diseñada para provocar serias lesiones. El personal policial cuenta con un arma con un plomito que no para a nadie”. También declaró que ni la tonfa ni el chaleco antibalas eran de utilidad contra un cuchillo.

“El señor Romano no fue fusilado en el suelo. Se lo intentó detener con el resultado no buscado de su fallecimiento. Lamentablemente ocurrido, pero no buscado”, y, siguiendo su teoría sobre las tendencias suicidas de la víctima, agregó: “Romano buscó a alguien que tuviera la capacidad de terminar lo que él no pudo hacer”

Cuando fue el momento del abogado Vero, abrió pidiendo la absolución de sus tres representados. Además, detalló los motivos por los que no cabía una prisión perpetua ni se trataba de una co-participación entre ellos. “Tiene que haber dolo directo para una perpetua. Tiene que haber conocimiento, intencionalidad y la voluntad de ir a matar, y esto no está demostrado. Trataron de pararlo , dieron la voz de alto, y solo ocho disparos hacia la zona baja”. Vero también insistió en que los informes balísticos están mal hechos, y que una co-participación hubiera implicado que los oficiales acordaran previamente asesinar a Romano, lo cual negaron. Finalmente la defensa, luego de afirmar que el tribunal se encuentra en condiciones de absolver a los imputados, dijo que en todo caso cabría un exceso de la fuerza en caso de que se verifique a quien le pertenecía la bala que provocó la muerte del remisero.

“El alegato de la defensa fue mucho más flojo de lo que esperábamos”, comentó Verdú a esta agencia al finalizar la audiencia. “Teníamos la expectativa de más precisión y profundidad en los temas. Lo que hicieron fue sostenerse en la tesis de que Claudio se quería matar, no aportaron nada novedoso, y sus objeciones están salvadas tanto en el alegato de la fiscalía como en el nuestro”, apuntó.

En el cierre, el tribunal aceptó la petición de la querella de tomar medidas para asegurarse de que los oficiales concurran a la audiencia, por medio de la firma de un acta de compromiso y una restricción de salida del país para evitar que los acusados se den a la fuga. 

Los lápices siguen reclamando

Los lápices siguen reclamando

Una nueva marcha de los centros secundarios conmemoró La Noche de los Lápices y recordó a los estudiantes desaparecidos por la dictadura. Hoy, como hace 38 años, los jóvenes exigieron el boleto estudiantil, denunciaron el trabajo encubierto que realizan en el programa de pasantías porteño y se solidarizaron con los jubilados vetados y reprimidos.

Este lunes 16 de septiembre se realizó la marcha en conmemoración de La Noche de los Lápices, organizada por la Coordinadora de Estudiantes de Base, CEB, que nuclea a todos los centros de estudiantes de CABA, en una movilización que se desplazó desde la Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, donde realizaron su acto de cierre junto a la Pirámide. Este año, además de reunirse bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, se pusieron en juego diversos reclamos que incluyeron el rechazo al veto presidencial de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoría, la oposición a las medidas de ajuste y un reclamo por la revisión de los programas de Actividades de Aproximación (ACAP) al mundo laboral, más conocidas cómo pasantías. 

La columna avanzó por Yrigoyen manteniendo su forma gracias a los cordones de seguridad armados de estudiantes dándose las manos y cuidados por padres, docentes y coordinadores. 

“Tomala vos, damela a mi, por el boleto estudiantil”, es un cántico que toma fuerza y no pierde vigencia. Los estudiantes detenidos ilegalmente pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios y habían sido actores en los reclamos de 1976 por el boleto estudiantil. En total fueron diez menores de edad secuestrados de sus casas en la noche del 16 de septiembre de 1976 por represores de la última dictadura cívico militar. Todos fueron víctimas de torturas. Seis de ellos continúan desaparecidos. 

“Se reivindican pibes que entendieron cuáles eran las demandas de su generación, que entendían que ese boleto le cambiaba la cursada a sus compañeros. Reivindicarlos no es quedarnos en el pasado, es pensar qué mundo queremos para nosotros, un mundo que le sirva a nuestra generación”, lee Violeta Presta, presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, del documento redactado desde la coordinación del CEB. 

Más tarde, en conversación con ANCCOM, Violeta sostendrá que los jóvenes “no se comen la curva” en referencia a los dichos y actitudes de los actuales presidente y vicepresidenta de la nación en torno a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar ni en relación a las políticas de ajuste actualmente ejercidas sobre el sistema educativo. Afirmará que los pibes quieren cambiar el mundo, pero que es muy difícil movilizarlos cuando la ministra de Seguridad reprime a menores de edad en las movilizaciones. “La estrategia es expandir el miedo, pero nosotros siempre nos movilizamos en paz y no lo hacemos violentamente, tenemos nuestras medidas de seguridad y la prioridad siempre es cuidar a nuestros pibes.”

«Es nuestro desafío pensar cómo convocar más efectivamente, que los pibes se quieran prender y mantener las banderas que siempre sostuvimos de la educación pública de calidad y de la Memoria, Verdad y Justicia”, dice Iván, del CENBA. 

Iván, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, pone el foco en la importancia de buscar formas de movilizar a la juventud que, sostiene, está pasando por una crisis de representatividad a la que las formas clásicas de hacer política ya no los seducen. «Es nuestro desafío pensar cómo convocar más efectivamente, que los pibes se quieran prender y mantener las banderas que siempre sostuvimos de la educación pública de calidad y de la Memoria, Verdad y Justicia.” 

La manifestación por la memoria se entrelaza con los pedidos por una educación de calidad en un momento clave de la tarde. En la pirámide de la plaza y cerca a la conclusión del encuentro, dos estudiantes de la Escuela de Teatro Niní Marshall toman la palabra. Comienzan contándole a los presentes sobre el fallecimiento de Mir, una compañera del colegio y militante estudiantil que murió atropellada en un cruce mal señalizado del tren Sarmiento, yendo a trabajar bajo el régimen de las ACAPS. “La muerte de Miranda era completamente evitable, si ella hubiese estado en su aula estudiando en vez de yendo a trabajar por obligación del Gobierno de la Ciudad no hubiese pasado”. Remarcan lo injusto de las capacitaciones laborales a las que están sometidos, las cuales no tienen coherencia con las especializaciones estudiadas y donde quedan a completa merced de los empleadores, sin espacio para que los docentes, directivos o alumnos puedan emitir opinión o ser parte de la organización del proceso. Cuando las chicas terminan de hablar se abrazan, luego se pide el presente por Miranda, al igual que por los compañeros desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. 

“Presentes, ahora y siempre” grita la multitud, pero la jornada cierra entre saltos y cantos al ritmo de “Ji Ji Ji”, la plaza se mueve bajo el peso de cientos de estudiantes cantando “no lo soñé”, mientras rompen el ritmo habitual de las personas que terminan su jornada laboral. 

“No me sentía detenido, me sentía secuestrado”

“No me sentía detenido, me sentía secuestrado”

Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 apresados por manifestar contra la Ley Bases que fue liberado, habla de sus condiciones de detención, de las motivaciones para marchar y sobre las razones de la represión.

Tras ser detenido arbitrariamente mientras protestaba contra la Ley Bases, Roberto de la Cruz Gómez estuvo preso 85 días en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. De las 33 personas apresadas ese día, fue él quien permaneció más tiempo privado de su libertad. Fue excarcelado jueves 5 de septiembre. En diálogo con ANCCOM  cuenta que fue víctima de violencia policial, y que se sintió secuestrado. También detalló las torturas que sufrió.

El 12 de junio en el Congreso de la Nación  los senadores debatieron y votaron la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Afuera, una multitud que se manifiestaba exigiendo el rechazo de la ley,  sufrió la feroz represión de las fuerzas de seguridad.

Alrededor de las siete de la tarde, De la Cruz Gómez se encontraba en las inmediaciones del Congreso cuando la policía comenzó a tirar gases lacrimógenos y balas de goma. De esta manera, los manifestantes comenzaron a retroceder hasta llegar a la Avenida 9 de Julio. Allí estaba la Policía Federal, que armó un cordón para impedirles la salida.  Acorralado, De la Cruz Gómez intentó volver hacia el lado del Congreso, pero le negaron el paso y lo detuvieron. Como a él, la policía detuvo arbitrariamente a 33 personas que fueron a marchar ese día. Horas después, serían llamados terroristas por el presidente y la ministra de Seguridad, quienes aseguraron que intentaban perpetrar un golpe de Estado. 

«Fui a protestar contra la Ley Bases porque soy trabajador. Como tantas otras personas tuve que cortar gastos, en mi caso el boleto de transporte. Fui porque me parecía que iba a ser como una muerte en cámara lenta esto”, cuenta. De la Cruz Gómez es panadero y por el aumento en los transportes debió mudarse a una pieza en su lugar de trabajo. Ese 12 de junio era su día de franco. 

 

¿Cómo fueron los primeros momentos de detenido? 

Tres de nosotros, los detenidos, fuimos llevados para Ezeiza. Apenas llegamos, el Servicio Penitenciario nos recibieron con guardias encapuchados con pasamontañas, nos dejaron una hora parados y nos empezaron a tirar gas pimienta. Yo tenía el codo lastimado porque me tiraron al piso para agarrarme, me tiraron gas pimienta en el codo también. Nos empezaron a decir «acá llegaron los peronistas, los terroristas, canten esa canción de que la patria no se vende que van a cantar ahí al Congreso».  Quiero dejar en claro que el Servicio Penitenciario a nosotros no nos cuidó en ningún momento, nos tiraron al muere.

 

Luego de ese momento, ¿cómo fueron tus condiciones de vida en el penal? 

Ahí adentro tenía al Servicio encima mío, una persecución. Incluso después de salir, hablando con otros liberados, algunos chicos me contaron cómo el Servicio les pegó antes de que se vayan y los maltrataron. Hice un pronto despacho para contar eso, pero no le dieron el curso al documento público, lo retuvieron y entonces no tuve forma de hablar con la jueza para poder decirle lo que me estaba pasando. El penal es un desastre. O sea, tengo que agradecer que después de pedirlo pude ir a un lugar tranquilo, pero hay mucha negligencia. Tengo problemas con la rodilla,  estuve un mes para que me atienda el médico y un mes más para que me den un diclofenac. Tuve que denunciar al juzgado para que me pasen un colchón y una manta. 

 

¿Qué papel tuvo la justicia en esos 85 días?

Estuve 70 días sin un papel que me diga cuál era mi delito. Iba viendo por la tele que decían que éramos terroristas, pero yo no tenía ni un papel de eso, ni información sobre nada. No me sentía detenido, me sentía secuestrado.  Cuando me fue a ver, la defensora Gabriela Plazas me dijo que la causa tenía 60 hojas y que no me las podía traer porque no tenía presupuesto para imprimirla. Pero no me trajo ni una sola hoja tampoco, ni el papel de la preventiva, ni nada por el estilo. Tuve que escribirle un pronto despacho a la jueza. Tres le mandé. En el último me pregunta qué es lo que yo tanto quiero hablar con ella, a lo que le explico: quiero saber cuál es mi delito, por cuánto tiempo voy a seguir acá, cómo es que los demás se fueron y yo no. Al otro día me mandó a decir que no me pensaba atender y me envió la causa. Deben haber juntado un peso y pico por día para poder imprimirla, porque tardaron 70 días por 60 hojas. 

Una vez que te enviaron la causa, pudiste leer los fundamentos de tu detención. ¿Cuáles eran? 

No fueron honestos a la hora de la detención. Cuando me detuvieron me dijeron que me agarraban por resistencia a la autoridad, y que al otro día salía. Así nos dijeron a todos. Pero después nos pasearon por todo el Código Penal, buscando todas las causas que tenían condenas superiores, eso no es legal. Salir a marchar es constitucional, es un derecho. Yo leí mi causa y decía que ese día hubo dos clases de personas: los que marchaban constitucionalmente y después personas hostiles. Para mí los hostiles ese día fueron los policías de Patricia Bullrich, porque en la plaza tiraron a mansalva. Esas personas son las hostiles, que dejaron a más de 200 heridos y no hay ni un policía preso. Y para completar, todas las declaraciones de las detenciones son de los propios policías. No hay ni un ciudadano civil que haya dicho “sí mirá, yo estaba en mi balcón y vi a este pibe hacer tal cosa”. Todo armado por ellos. 

¿Qué te generó saber que de resistencia a la autoridad, tu causa se convirtió en terrorismo, golpe de Estado, sedición e intimidación pública? 

Son acusaciones gravísimas, son injurias contra mi honor. Yo  tuve problemas con mi familia al principio,  llamé a mi casa y me preguntaban si yo era terrorista de verdad.  Pero lo que me parece más grave es lo de golpe de Estado, en Argentina ya sabemos lo que es el golpe de Estado. Fueron los militares que hicieron desaparecer personas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Además me extraña, porque justamente Patricia Bullrich que vivió en esa época, sabe lo que es un golpe. Y el presidente habla de terrorsimo después de que fue a Israel.

Después de salir me puse a leer comentarios, había algunos muy graves, uno por ejemplo decía:  “La verdad es que este terrorista tendría que haberse quedado ahí adentro y haber pasado hasta los últimos días de su vida ahí”.  O sea, lo que yo no entiendo es como la gente se cree todos eso, cómo ellos van tapando con eso y por atrás te tiraron el aumento del tren, te subieron el pan, te subieron la luz, y la gente pensando: “¡Hay terroristas!  ¡En qué país estamos viviendo!”  Y no éramos terroristas, éramos un parrillero, un panadero, o sea nada que ver. 

 

¿Cómo repercutió en tu estado de ánimo el paso del tiempo en la cárcel? De pensar que salías al día siguiente a que pase una semana, un mes, otro mes…

Eso fue terrible. Yo veía que iban largando de a poco. Obvio que tuve malos momentos como todos, porque yo creo que en la vida acá afuera la gente tampoco lo está pasando de maravilla.  A mi  lo que más me mató fue cuando  la sueltan a Daniela. Por un lado me pongo contento cuando  la sueltan, porque además yo no podía entender por qué ella que no tenía antecedentes seguía detenida, pero bueno también me entristecí mucho porque dije: ¡uh la quedé yo! Yo estoy muy agradecido con la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con los organismos que tenemos en Buenos Aires,  que se dedican a trabajar por las personas que fueron detenidas ilegalmente y contra la violencia institucional. Ellos y muchas asambleas de gente que sale a luchar por sus derechos que me fueron a visitar, para mi eso fue de mucha contención y de mucha ayuda. 

A mí, la detención no me disciplinó nada, porque yo no cometí ningún delito. Soy un ciudadano argentino que tenía que salir a la calle, como salieron muchos ese día, a tratar de decirle no a una ley que nos perjudica

Roberto de la Cruz Gómez

 

Daniela Calarco Gómez también fue detenida ese 12 de junio, en la movilización contra la Ley Bases. Estuvo privada de su libertad por 78 días, siendo una de los dos manifestantes detenidos arbitrariamente que más tiempo estuvieron encarcelados. La liberación de Calarco Gómez fue una semana antes que la de De la Cruz Gómez, el último en salir. 

 

Cuando liberan a Calarco Gómez y niegan tu excarcelación comenzás una huelga de hambre, ¿cómo tomaste esa decisión?

Daniela, se fue y a mi me niegan la excarcelación al otro día. Me llama la secretaria de la defensa y me dice: “Roberto te tengo malas noticias”. Yo tengo antecedentes penales, entonces supuestamente Servini de Cubría se tomó el tiempo de investigar mis causas anteriores y llegó a la conclusión de que yo podía fugarme del país. Ahí hice un pronto despacho más para la jueza, informando que me ponía en huelga de hambre y los fundamentos. Porque no es que me puse en huelga de hambre porque no tengo ganas de comer. La jueza se desvió de la causa, en vez de investigar me condenó por algo que yo ya pagué, mostrando un desprecio total a la reinserción social. No solamente mía, porque si el manejo es ese da la pauta de que si te agarran, aunque sea como a mi en una detención arbitraria, no te sueltan más. Eso me preocupa, más ahora con la Ley de Reiterancia y el manejo que tiene la policía en todo el país. Por ejemplo, me enteré que en Río Negro agarraron a unas hermanas mapuches que tienen fecha de juicio el 26, 27 y 30 de septiembre. Las fueron a buscar a la casa y se las llevaron, una tenía dos criaturas menores que las dejaron metidas en la casa.  O sea imagínate a lo que estamos llegando. 

 

Después de 85 días detenido, de haber sufrido violencia policial, ¿lograron disciplinarte? 

A mí no me disciplinó nada, porque yo no cometí ningún delito. Soy un ciudadano argentino que tenía que salir a la calle, como salieron muchos ese día, a tratar de decirle no a una ley que nos perjudica. Los argentinos siempre vivimos al límite, pero esto desborda todo. Este gobierno nos está llevando por un camino donde deja presos, deja represión, deja hambre, ha dejado morir personas por no darle los medicamentos, no invierte en el país. Pero ya se van a dar cuenta que en este país toda la vida se peleó, acá se venció el verdadero terrorismo, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que se pararon enfrente a los militares. Acá se han formado luchas, asambleas y la gente sabe y está dispuesta a salir. Quizá sí tenemos un poquito de miedo, pero no nos para.  Si mañana no llego a pagar el boleto, no llego a comprar el pan, ¿para qué me voy a quedar en mi casa? Hay que salir a la calle hermano. Yo estoy esperando que se me cierre la causa, y que nuestro país pueda estar de pie nuevamente, que recuperemos la verdadera libertad que nos están robando. 

 

«Es un plan sistemático organizado por el Gobierno»

«Es un plan sistemático organizado por el Gobierno»

La organización Periodistas Argentinas presentó un informe en el que denuncia la violencia y el ciberacoso que sufren las profesionales de prensa en las redes con el objetivo de silenciarlas. Reclaman respuestas a las plataformas y un marco legal que garantice su libertad de expresión.

La Agrupación Periodistas Argentinas presentó el informe Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura, donde denuncian esta práctica sistemática e intimidatoria que las afecta en su derecho de libertad de expresión.

El informe examina “cómo funcionan los ataques impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas, aunque con especial intensidad en la red X, para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas”.

La presentación del trabajo tuvo lugar este lunes en la Facultad de Derecho de la UBA. Entre las periodistas que dieron lectura al documento estuvieron Romina Manguel, Nancy Pazos, María O’Donnell y Cynthia García.

También asistieron al acto el secretario general de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi; su par de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudensi; y la diputada nacional Mónica Macha, quien también es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja.

El ciberacoso, subrayan en el informe, afecta gravemente a las mujeres periodistas, con ataques que “desinforman, intimidan y restringen” su participación en el debate público, a la vez que “socavan la democracia” como consecuencia de aquellos ataques contra el pensamiento crítico.

“Preocupadas por esta limitación a la libertad de expresión planteamos la necesidad urgente de fortalecer el marco legal para proteger el ejercicio periodístico, garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y bots, y fomentar una respuesta efectiva por parte de las empresas de medios y de las autoridades para enfrentar esta creciente amenaza”, reclaman desde la organización.

 

Estrategias de ataque

Según el informe, algunas de las herramientas utilizadas para dañar la reputación y desplazar a una persona son el uso de trolls y bots, la difusión de datos personales y hasta la creación de fake news –noticias falsas–. Suelen ser ataques sistemáticos, reactivos hacia una cobertura e incluso se sospecha que pueden ser coordinados.

Periodistas Argentinas destaca que, en los últimos meses, se observó una importante escalada de trolling, principalmente “de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales”. Es decir que ya no se trata únicamente de usuarios no verificados.

Se observó una importante escalada de trolling, principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales. 

Las profesionales atacadas tienen en común que se desempeñan en temáticas de política y economía. Las agresiones surgen de la información que producen y comparten, y son replicadas sistemáticamente por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. Esto afecta también la relación de las comunicadoras con fuentes oficiales e incluso algunas deciden alejarse de las redes.

«Algo que me parece interesante en el informe es buscar lo sistemático. Acá hubo un estudio, con gente especializada en la materia, de buscar pautas de comportamiento. Y ahí emerge esta combinación entre la cuestión oficial con el objetivo de desacreditar o silenciar voces, particularmente de mujeres periodistas con opinión propia», expresó María O’Donnell en diálogo con ANCCOM.

Por su parte, Cynthia García destacó: «Lo que estamos diciendo es que la violencia y el acoso en redes sociales es un plan sistemático organizado por el Gobierno, donde el objetivo es el silenciamiento. Lo que esperamos de esto es una visibilización, levantar la voz y frenar la violencia».

Casos paradigmáticos

El informe cita 16 casos paradigmáticos donde mujeres periodistas sufrieron distintos grados de acoso en los últimos tiempos. En la presentación, se leyeron cinco de ellos: los de Luciana Peker, Ivy Cángaro, María O’Donnell, Romina Manguel y Mónica Gutiérrez.

Desde la agrupación, reclaman al Estado reforzar el marco legal para restringir el acoso en línea a periodistas, imponer obligaciones a las plataformas en relación a la transparencia de los algoritmos y el uso de robots, instaurar mecanismos de resarcimiento para víctimas de ciberacoso y no permitir al Estado, ni a los partidos políticos, pagar para usar bots que puedan manipular a usuarios.

Por otro lado, instan a las empresas a prevenir las amenazas, capacitar a sus empleados para que los enfrenten, que las victimas sean acompañadas y contenidas, “que aborden el tema del acoso en línea, que realicen más investigaciones, que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades”.

«Hay una actividad periodística intensa con intentos de silenciamiento. Incluso con las diferencias ideológicas que podamos tener con otras colegas, como colectivo tenemos que levantar la voz para que no siga ocurriendo lo que está pasando», manifestó Cynthia García.

Sobre el informe, Agustín Lecchi, titular de SiPreBA, remarcó: «Es un aporte muy importante, el gremio viene sufriendo una situación de acoso, donde las mujeres son las más castigadas. Entendemos que está promovido por el presidente Milei y toda una estructura estatal y paraestatal». Se vive «un ataque a la libertad de expresión», agregó y subrayó que el país atraviesa un momento crítico para ejercer el periodismo.

La diputada Macha, en tanto, manifestó: «Esta elaboración es un insumo para ser trabajado en el ámbito legislativo y así lo vamos a hacer. Es importante que busquemos estrategias para frenar el ciberacoso porque es una forma más de disciplinamiento, especialmente hacia las mujeres. Hay un avance muy fuerte de la hostilidad en redes y está habilitada por el propio Presidente».

Sobre las medidas que podrían tomar desde la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, anticipó que la primera sería realizar una reunión informativa para que Periodistas Argentinas pueda llevar el informe, y que esto podría luego generar proyectos de ley.

Avances tecnológicos nucleares, ¡afuera!

Avances tecnológicos nucleares, ¡afuera!

El Gobierno paralizó la construcción del CAREM-25, un reactor nuclear de avanzada desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. 250 trabajadores despedidos, atrasos salariales, desfinanciamiento y advertencias por falta de mantenimiento en Atucha: el alarmante abandono del sector.

La semana pasada se volvió a visibilizar el conflicto por la paralización del proyecto CAREM-25, el reactor nuclear de desarrollo argentino que posicionaba al país en la vanguardia tecnológica mundial. La suspensión de las obras ha provocado 250 despidos y desató una movilización en el acceso al Complejo Atucha, en Zárate. El conflicto no solo impacta en los trabajadores despedidos, sino que expone la tensión entre el gobierno y el desarrollo científico y tecnológico en el país.

La movilización fue encabezada por gremios como ATE, UOCRA, Luz y Fuerza y UECARA. “Es un proyecto que le da al país la posibilidad de posicionarse mundialmente”, declaró el secretario general de la UOCRA en Zárate, Julio González, a ANCCOM. Los sindicatos denunciaron la paralización del proyecto, mientras que desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aseguraron que la obra sigue en marcha, con el foco ahora puesto en resolver los desafíos de ingeniería y montaje electromecánico del reactor prototipo.

Lo cierto es que la semana pasada finalizaron 150 contratos laborales con las empresas contratistas Masoero y Asociados, Conuar y Centro Construcciones. “Fueron despedidos la totalidad de los compañeros del Centro de Construcciones (37 trabajadores), 35 de Conuar y 78 de Masoero y Asociados”, denunció González. La cifra asciende a más de 200 despidos si se suman otros 89 contratos terminados hace dos meses.

“En términos económicos estamos hablando de exportaciones unitarias por más de 4 mil millones de dólares por cada reactor”, señala Tomás Avallone.

“Estamos sometidos a un ajuste presupuestario salvaje que hace que empecemos a tener problemas, por ejemplo, con los servicios tercerizados. Se atrasan los pagos y eso provoca, por un lado, las suspensiones parciales de servicios, y por otro, que empiezan a retirar a trabajadores tercerizados”, comenta Carolina Komar, delegada de ATE-CNEA.

Además de los despidos, se suma la situación salarial de los trabajadores que todavía permanecen en CNEA. “Hoy casi todos los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza, y son categorías profesionales con veinte años de experiencia”, denuncia Komar. Y sostiene: “Esto hace que opten por renunciar e ir a trabajar de cualquier otra cosa. Cada puesto de trabajo que se pierde, es muy difícil de recuperar y lleva mucho tiempo”.

 

Un tema enorme, los pequeños reactores

El proyecto CAREM posiciona a la Argentina como líder en un mercado estratégico a nivel mundial. Este reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés) se destaca por su bajo costo y rápida construcción, siendo una solución ideal para abastecer a ciudades pequeñas y aisladas de las grandes redes eléctricas. De acuerdo con un informe publicado en marzo por la Nuclear Energy Agency, que analiza 21 proyectos globales, el reactor argentino se encuentra entre los más avanzados, junto a otros dos en China (ACP100) y Rusia (Brest-OD), como los tres únicos SMR en construcción actualmente. Dos días después de la publicación del informe, la CNEA e INVAP (empresa argentina de alta tecnología situada en Río Negro) anunciaron un memorando para exportar esta tecnología al mundo. Las características del nuevo reactor lo hacen especialmente atractivo para su exportación a países que no cuentan con energía nuclear y tienen redes eléctricas de menor escala. “En términos económicos estamos hablando de exportaciones unitarias por más de 4 mil millones de dólares por cada reactor”, señala Tomás Avallone, operador de reactores nucleares y trabajador de la CNEA.

“En energía nuclear estamos bien posicionados a nivel internacional. Manejamos tecnología que pocos países en el mundo manejan”, destaca Komar. Argentina se encuentra en una posición favorable para aprovechar la ventana comercial en el mercado de reactores modulares pequeños, ya que los países que logren poner en funcionamiento un reactor demostrador antes de 2030 podrán captar una parte significativa de este mercado. Actualmente, competidores como Estados Unidos y Reino Unido aún no han iniciado la construcción de sus proyectos, lo que otorga una ventaja competitiva considerable a Argentina.

Alineados al norte

Según denunciaron desde CTA Autónoma, la situación se agrava por la decisión del gobierno de Javier Milei de alinearse a los intereses de la OTAN y Estados Unidos. “Con la salida de las BRICS, a tono con el nuevo alineamiento, se pone en pausa el contrato con la República Popular China por la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha III que es resistido por Washington y al mismo tiempo, desplazan del mercado mundial al reactor nuclear de baja potencia, CAREM, competidor directo de las inversiones yanquis”, denunciaron desde la Central de Trabajadores. 

Además de la paralización del proyecto CAREM, los trabajadores denuncian que desde el inicio de la gestión libertaria se han producido retrasos alarmantes en las tareas de mantenimiento de Atucha I, conocidas como «obras de extensión de vida». Estas intervenciones son fundamentales, ya que las centrales requieren mejoras continuas, especialmente en materia de seguridad. La central podría operar hasta fin de mes, cuando deberían comenzar las obras de extensión que tomarán aproximadamente dos años. “Patearon el inicio de las tareas de extensión de vida de Atucha pensando en la falta de energía que va a haber en el verano y en los cortes asociados a eso”, advierte Komar.