En los alegatos en el juicio oral que investiga la muerte del remisero Claudio Romano, tanto la Fiscalía como la querella exigieron la máxima pena para los acusados.
Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López en la primera audiencia del Juicio.
En las últimas dos audiencias previas a la sentencia por el crimen del remisero Claudio Romano, que se dará a conocer el miércoles 18, declararon 14 testigos, y se escucharon las palabras finales de los acusados y los alegatos de cierre de las tres partes: la querella, la fiscalía y la defensa, que pidió la absolución. En cambio, tanto la querella como la Fiscalía pidieron pena de prisión perpetua para los acusados tras argumentar que la víctima fue asesinada por las balas de tres agentes de la Policía de la Ciudad, en 2019, en Villa Crespo.
El primero de los testigos fue Sergio Núñez, un policía que se encontraba en Malabia al 900, lugar donde ocurrieron los hechos. Núñez encontró dificultades para responder con claridad, actitud reiterada en varias de las otras declaraciones testimoniales. “No recuerdo”, “no llegué a ver” y “me fui porque con mi presencia entorpecía el procedimiento”, repitió el personal policial durante el interrogatorio.
Las imprecisiones sobre las modulaciones realizadas por los oficiales, la ausencia o presencia de las voces de alto, los pedidos de asistencia del SAME, si los oficiales tenían o no armas, la posición en la que se encontraban respecto a Romano, se reiteraron en aquellos que atestiguan los hechos, en mayor o menor medida.
Por otro lado, los testimonios de los expertos traídos al Tribunal como consultores o para relatar su punto de vista como partícipes en los peritajes de la causa, fueron llamativos. “El arma blanca es más peligrosa que la de fuego”, aseveró Javier Rodriguez, un testigo traído por la defensa, comisario de la fuerza a punto de retirarse, con 15 años de experiencia en criminalística y estudio de imágenes, especialmente en enfrentamientos armados.
Rodríguez fue convocado por la defensa para analizar el peritaje inicialmente realizado por la Policía Federal y dar sus propias conclusiones. Entre ellas, destacó que este informe había sido mal hecho, ya que no tomó en cuenta la perspectiva de las cámaras de seguridad y sus ángulos, que pueden resultar engañosos. “Según la ubicación del oficial Pérez respecto al cuerpo, este no fue autor de la muerte, porque la autopsia dice que la bala le dio de una forma que no corresponde con la ubicación del oficial en el video”.
El origen del análisis de la pericia realizado por el oficial Rodríguez fue confuso, ya que por momentos parecía querer instalarse como un peritaje oficial. “Acá lo que se quiso fraguar fue un informe oficial”, subrayó Maria Carmen Verdú, desde la querella. Y continuó: “Se quiso pasar la consultoría particular pagada de manera estatal con nuestros impuestos como un reporte oficial para ayudar a la causa de la defensa”, afirmó mientras los tres hombres que constituyen la defensa reían.
“Intentaron meter a partir de la declaración de este comisario retirado, Rodríguez, un informe que presentó la policía de la ciudad efectuado por la Policía de la Ciudad. Es decir, la misma fuerza de los imputados introdujo el tema que la pericia hecha por la Policía Federal estaba mal y que la bala que mató a Claudio nunca podría haber salido del arma de Perez”, dijo Sandra Berthe, abogada de la querella, a ANCCOM. Y agregó: “La querella le preguntó quién había dado la orden de realizar este informe, no dejaron que se conteste la pregunta, la propia Policía de la Ciudad fue la que le pidió y pagó para que lo realice. Es decir, ellos mismos quisieron introducir como si fuera una pericia formal un informe que ellos mismos produjeron para favorecerse”.
Según explicó Berthe, este informe no fue tenido en cuenta por la jueza que instruyó la causa específicamente por ese motivo. “Querían hacerlo pasar por una pericia. No hubo orden en el juzgado para que se realice ese informe ni intervención de las demás partes. Esto le quita un valor probatorio”, amplió la abogada.
También fueron llamados a declarar Alejandro Corna y Roxana Badaro. Corna fue el encargado de realizar la autopsia y afirmó que si bien Romano poseía nueve heridas de bala y varias heridas lacerantes superficiales, fue el último impacto por arma de fuego el letal el que lo mató; las demás heridas, de haber sido atendidas en el momento, no hubieran resultado letales. Por su parte, Badaro, médica especialista en psiquiatría y medicina legal, fue convocada por la defensa para peritar el comportamiento de los cuatro involucrados en el hecho en los videos que registraron las cámaras de seguridad. La experta afirmó desde el estrado: “Pude ver que uno de los imputados, el masculino, fue abordado de forma inesperada. No estaba preparado en ese momento para que algo así aconteciera, por eso él y sus compañeros pudieron sufrir una reacción debida al estrés violento por sufrir un ataque”.
Tanto la querella como la fiscalía y los jueces puntualizaron que Badaro estaba incurriendo en potencialidades y análisis subjetivos, sin perspectiva profesional ni objetiva, por lo que se le advirtió que se limitase a relatar los hechos correspondientes al marco a analizar. La médica habló de la posibilidad de una conducta suicida en Romano quien, al no poder quitarse la vida, pudiera haber provocado a los policías para que estos finalmente le propiciaran su tan deseada muerte. Estas afirmaciones fueron realizadas a partir del análisis de un video de 42 segundos y algunos documentos oficiales de la causa, pero sin ningún tipo de entrevista personal con los involucrados ni con sus allegados.
“Se vieron con claridad las cartas que intentó jugar la defensa. Intentaron presentar a Romano como una persona gigante y robusta, un policía testigo de la defensa que intentó decir que practicaba artes marciales o que alguna vez le recomendó algo para tomar y ganar masa muscular”, sumado al argumento de que Claudio poseía ideaciones suicidas, comentó Verdú.
Ramón Romano, padre de la víctima.
Las últimas palabras
Los tres acusados dieron sus palabras de cierre y aceptaron preguntas de todas las partes. Tanto Manzanelli, Lopez y Pérez insistieron en que ese día fue una mañana normal de trabajo, interrumpida sorpresivamente por el ataque de Romano, quien estacionó su auto detrás del patrullero, se acercó e hirió en el brazo a un agente con un arma blanca. Ante las preguntas de la querella, debieron responder con qué armamento policial contaban al momento del hecho, incluyendo chaleco antibalas, esposas y tonfas. Además, al preguntarles por el accionar de sus compañeros, cada uno de los oficiales afirmó no recordar qué dijeron o hacían los otros, solo mencionaron su propio accionar al momento de rodear a Romano. Hicieron énfasis en el miedo que sintieron al momento de los hechos, y la angustia al ser detenidos.
“A mí, principalmente, me quiso matar”, afirmó Perez, el policía que le propinó a Romano la patada en la cabeza y el balazo mortal. “Directamente vino a matarme, a agredirme. Otra cosa no me dio a pensar. Terminé detenido, todo por defenderme”.
“Claudio no era un perro, era un hijo, un amigo, un marido”
El viernes 13 fue la última jornada antes de la sentencia, donde se escucharon los alegatos de cierre de las tres partes:las representantes de la querella las doctora Maria Carmen Verdú y Sandra Berthe, Miguel Ángel Ramos por parte de la Fiscalía, y los abogados defensores Rodolfo Barrios, Hernán Pablo Vega y Manuel Ramallo.
“No sabemos por qué Claudio estaba lastimado esa mañana ni sabemos por qué se acercó a los policías. Todos los testimonios, incluyendo el policía Nuñez que lo conocía, dieron cuenta que se trataba de un hombre de trato normal, trabajador serio, nunca recibió quejas en el trabajo, era cuidadoso al trabajar. Algo motivó su conducta, pero no sabemos qué. Queda descartada una intoxicación como demostró el informe toxicológico. No hay motivo en su historia de vida para confirmar un conflicto depresivo, ni antecedentes psiquiátricos. Lo cierto es que algo pasó, pero nunca lo vamos a saber porque lo mataron antes de que pudiera recuperarse y contarlo. Lo que hay que analizar es la conducta del personal policial, que le disparó cuando ya estaba neutralizado”, inició la abogada Verdú.
La querella, además, resaltó que la testigo Beatriz Iceta, que se encontraba en Mar del Plata al momento del juicio y fue incorporada vía zoom, afirmó recordar claramente que las voces de alto no fueron dadas hasta luego de que Romano había recibido la primera tanda de tiros.
“Estos son los hechos, una persona alterada, y alrededor suyo, tres oficiales de la policía, que solo hablaron del estrés y omitieron detalles. Estamos hablando de profesionales con más de diez años en el servicio, capacitados, en circunstancias que no pueden resultar sorprendentes”, continuó Verdú. “Tres oficiales que recibieron entrenamiento, cursos de actualización. Saben cómo y cuándo utilizar sus armas. Sus declaraciones nos hacen pensar que no supieron qué hacer y que de repente entraron en estrés físico, ¿es creíble esto cuando es gente que fue seleccionada para protegernos? El estrés y el llanto no puede ser entendido de otra forma que una estrategia”, argumentó.
También puntualizó que los efectivos policiales en ningún momento tomaron otra medida para reducir a Romano, lo cual también se contradice con la Ley 5688, según la cual la violencia debe ser siempre el último recurso. “Violaron todos los principios que como policías les eran exigibles. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero Claudio no era un perro: era un hijo, un marido, un amigo”, agregó Verdú al momento de pedir la pena de prisión perpetua para los tres oficiales en co-participación, por homicidio agravado por abuso de su función y uso de arma de fuego.
Por su parte, Ágeles Ramos, en representación de la Fiscalía, hizo un detallado análisis técnico de los sucesos a través de los videos tomados por las cámaras de seguridad, con permiso de la familia. “Era un día laboral normal para Romano, al igual que para Manzanelli, Lopez y Perez”, comenzó Ramos, y a través de una minuciosa lectura, diferenció las situaciones que se encontraban acreditadas a través de las pruebas y los peritajes, de aquellas que se intentaron imponer desde la defensa a lo largo del juicio, como la posibilidad de que Romano, debido a tendencias suicidas, hubiera intentado morir a manos de los policías.
Ramos resaltó que las heridas que había recibido el oficial Perez habían sido superficiales, en comparación a las heridas de bala y a la herida mortal que había recibido Romano. Sin embargo, a través de la lectura de las modulaciones de radio realizadas por los policías, en ningún momento se pidió asistencia para Romano, solo para Pérez por una herida superficial en el brazo. “Romano en ningún momento recibió asistencia. En las modulaciones solo piden apoyo para sí, nunca para Claudio. Se alejan, nunca lo revisan. Luego de un tiempo se acerca Manzanelli y lo mueve con el pie” dijo Ramos. “Las lesiones que recibió Pérez fueron leves, sin embargo acá se quiso plantear que era más peligrosa el arma blanca que el arma de fuego, que efectivamente hirió y mató a Romano. Ellos sabían cómo tenían que proceder, y eligieron no hacerlo”.
Luego de un cuarto intermedio, llegó el momento de la defensa. El abogado Ramallo comenzó afirmando que los policías “no se negaron a expresar los hechos en el más puro acto de su defensa, en dos situaciones, a sí y a terceros, por un accionar no provocado, esperable o siquiera visible. Esto a cualquier persona, por más entrenamiento que tenga tiene dos cosas en contra: es un humano, no una máquina. Y tiene cosas que siente”. Además, insistió en el argumento dado por Rodriguez sobre la peligrosidad comparativa entre un arma blanca y un arma de fuego: “No podemos minimizar que Romano estaba armado, no con una manoplita, sino un kerambit, un arma letal diseñada para provocar serias lesiones. El personal policial cuenta con un arma con un plomito que no para a nadie”. También declaró que ni la tonfa ni el chaleco antibalas eran de utilidad contra un cuchillo.
“El señor Romano no fue fusilado en el suelo. Se lo intentó detener con el resultado no buscado de su fallecimiento. Lamentablemente ocurrido, pero no buscado”, y, siguiendo su teoría sobre las tendencias suicidas de la víctima, agregó: “Romano buscó a alguien que tuviera la capacidad de terminar lo que él no pudo hacer”
Cuando fue el momento del abogado Vero, abrió pidiendo la absolución de sus tres representados. Además, detalló los motivos por los que no cabía una prisión perpetua ni se trataba de una co-participación entre ellos. “Tiene que haber dolo directo para una perpetua. Tiene que haber conocimiento, intencionalidad y la voluntad de ir a matar, y esto no está demostrado. Trataron de pararlo , dieron la voz de alto, y solo ocho disparos hacia la zona baja”. Vero también insistió en que los informes balísticos están mal hechos, y que una co-participación hubiera implicado que los oficiales acordaran previamente asesinar a Romano, lo cual negaron. Finalmente la defensa, luego de afirmar que el tribunal se encuentra en condiciones de absolver a los imputados, dijo que en todo caso cabría un exceso de la fuerza en caso de que se verifique a quien le pertenecía la bala que provocó la muerte del remisero.
“El alegato de la defensa fue mucho más flojo de lo que esperábamos”, comentó Verdú a esta agencia al finalizar la audiencia. “Teníamos la expectativa de más precisión y profundidad en los temas. Lo que hicieron fue sostenerse en la tesis de que Claudio se quería matar, no aportaron nada novedoso, y sus objeciones están salvadas tanto en el alegato de la fiscalía como en el nuestro”, apuntó.
En el cierre, el tribunal aceptó la petición de la querella de tomar medidas para asegurarse de que los oficiales concurran a la audiencia, por medio de la firma de un acta de compromiso y una restricción de salida del país para evitar que los acusados se den a la fuga.