¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

A tres años de la toma de tierras el Gobierno provincial está construyendo 160 viviendas en el predio para aquellos que fueron desalojados . Los beneficiarios reclaman que sus abogados y arquitectos participen del proyecto.

Archivo 2022. 

Corrían los últimos días de julio del 2020 en la localidad de Presidente Perón cuando un grupo de familias ocupó 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica en plena pandemia del covid-19. Tres meses después se produjo el desalojo con una feroz represión de Policía Bonaerense. ANCCOM quiso saber qué pasó con aquellas demandas por viviendas.

El 29 de octubre del 2020 se produjo el operativo del que participaron cuatro mil policías. Las casillas de los ocupantes fueron derribadas y algunas incendiadas por efectivos de la Guardia de Infantería. También reprimieron con disparos de balas de goma a las 300 personas que se resistían a abandonar los terrenos con pedradas e insultos. Hubo decenas de detenidos acusados de los delitos de resistencia a la autoridad y usurpación.

A finales de mayo de 2022 el gobernador Axel Kicillof anunció que el gobierno provincial destinaría 1.098 millones de pesos para edificar 160 viviendas de las cuales ocho serían para personas con discapacidades, en un proyecto que incluía veredas, forestación y equipamiento para el barrio, en el mismo predio donde dos años atrás unas dos mil familias sin vivienda habían sido desalojadas. 

los vecinos concurren al predio con frecuencia para ver si hay avances en la obra de construcción. «Ya había un proyecto, estaba aprobado, hubo licitaciones, se empezaron a construir las casas, son dos partes, una de 160 viviendas y la otra de 600 y pico, pero aún así no llegaría a resolver la totalidad de esos vecinos que se organizaron y estuvieron ahí en la recuperación», precisó Torrado.

Los beneficiarios proponen armar una comisión de seguimiento de avance de obra, «un proyecto de barrio comunitario, el cual claramente nos rechazaron y es todo bastante como ilógico, porque ellos nos rechazan este proyecto, nos desalojan y después nos dan las propuestas de estas viviendas en el mismo territorio de donde nos sacaron», dijo la mujer. La idea es obtener un nuevo compromiso del gobierno provincial y municipal para que los profesionales, como arquitectos y abogados de derechos humanos, puedan ser parte de esta comisión y así seguir acompañando a las familias.

Ana Torrado es de las mujeres que aguardan una solución habitacional. 

Nicole Salvatierra, de la Asamblea Permanente de Guernica, precisó que en el mismo predio donde los desalojaron se están construyendo viviendas que serían entregadas para las familias de Guernica en un plazo que está atado a dos licitaciones. Una finalizará en noviembre de este año, y la otra en abril del año 2024. Agregó que habrá una entrega parcial a los vecinos que firmaron el acta, por sorteo, y destacó que «la siguiente pelea que estamos dando en este momento es por todos los demás».

Ante esta problemática y a partir de Ley de Acceso Justo al Hábitat, el Estado Nacional comenzó con la ejecución de un proyecto de construcción de viviendas, el cual está en proceso con las primeras 160 de las 853 licitadas, por lo que en la actualidad las familias continúan sin un techo para dormir, comer o bañarse. Ya fueron realizadas las tareas de desmalezamiento, cercado, tendido eléctrico e instalación de luminaria en la zona. El pasado viernes 27 de octubre, en coincidencia con los tres años del desalojo, algunas de las familias de Guernica fueron al municipio de Presidente Perón para exigir la concreción de las promesas de urbanización y entrega de viviendas con servicios.

Paula Delfino y Yamila Rodriguez Alagastino. 

Paula Delfino es autora del libro Recuperación de tierras de Guernica. Experiencia y perspectivas desde el trabajo social, junto a Yamila Rodríguez Alagastino. En diálogo con ANCCOM señaló que en la actualidad en Guernica siguen las familias organizadas, y están reclamando para que se pueda efectivizar la entrega de las viviendas. En distintos momentos hubo promesas de los lotes de adjudicación de viviendas, pero todavía no fue concretado. “La lucha sigue y están en ese proceso de seguir demandando al Estado que cumpla con lo prometido», apuntó Delfino. Las escritoras explicaron que su libro pretende ser un aporte que permita entender cómo fue el proceso de organización comunitaria para que miles de familias recuperen tierras en Guernica, así como para «abrir el debate en torno a la responsabilidad del Estado y la intervención de profesionales en conflictos por la tierra y la vivienda».

Por su parte, Neka Jara, militante autonomista, popular y feminista, señaló que en ese momento «fue muy difícil, porque no hubo una política que accediera a una posibilidad de negociación que tenga que ver con el acceso a la tierra, a una casa para vivir». Jara participó desde el área de salud en la asistencia de las personas accidentadas y heridas. «Sentí mucha desolación, la represión marcaba un camino de mucho abandono, de una exposición de una fragilidad enorme a toda esa población», dijo. A su criterio, “con la lucha hay que seguir exigiendo el derecho a la tierra, al hábitat y el derecho a construir nuevas relaciones”

 

Santa resistencia

Santa resistencia

Más de cien familias, incluido un centenar de niños y niñas, evitaron el desalojo de la casa Santa Cruz, con 500 policías dispuestos a lograr su objetivo. Durante un día de lluvia tan intensa como las negociaciones con el juzgado y el Gobierno porteño, se abrió un compás de seis meses de conversaciones.

El ruido de las cornetas deja de escucharse para dar paso a un silencio inquietante. Tres hombres con portafolio en mano cruzan las vallas que desde la madrugada cercan la casa Santa Cruz, en Parque Patricios. 

-Cuiden nuestra casa y a nuestros niños- les ruega a los militantes en un grito Illiana Llanos. 

La joven de pelo violeta es la voz de las 107 familias que resisten dentro del edificio la amenaza de desalojo. Con decisión se planta para negociar con los recién llegados oficiales de la justicia. La acompañan Rosa Herrera, abogada de las familias e integrantes de la Defensoría de Menores. 

En un costado y envueltas en una frazada, tres vecinas aguardan apoyadas sobre la pared

-Está vez es peor que en 2019-  afirma una de ellas con la mirada clavada en centenares de policías que las rodean.

Detrás de las vallas todavía hay más de ellos, en sus motos y camiones, como si de enfrentar a un batallón se tratase, y no de un hogar de familias, con ancianos y niños. La vecina está cansada, como el resto de sus compañeros que se mantuvieron despiertos toda la noche. Otra vez, dependen de la decisión de un juez: Fernando Cesari. Su firma tiene el poder de activar la violencia de los monigotes de celeste en sus largas filas, provistos de escudos y cascos.

La ronda de negociación se aprieta. Brazos de periodistas empujan los brazos de abogadas que intentan llegar al centro, corren también los brazos de camarógrafos. Algunas caras de dirigentes conocidos se las arreglan para sumarse a la ronda. Hay militantes y dirigentes del Partido Obrero, la UTEP, el Frente Patria Grande, cooperativas, que colgaron sus banderas en las cercanías. Todos intentan escuchar a los representantes del juez. Es claro: quieren empezar hoy el desalojo, sea como sea. 

La conversación se tensa. Entre las palabras, el destino de 99 niños y niñas. «Dale que me cago de frío, debería estar en el colegio», grita uno que se asoma desde la terraza junto a sus compañeros.

Abajo se escucha en la ronda que «el derecho a una vivienda digna también está en la Constitución». Es el planteo de «la Doctora», como le dicen a Rosa los vecinos.

La ronda se desarma. Un funcionario de la Ciudad pide entre risas que le den espacio porque «está por tener un ataque de pánico».

-Illi, ¿Qué pasó?- le pregunta una vecina a la presidenta de la cooperativa Papa Francisco.

-Arreglamos crear una mesa de diálogo conjunto con Ciudad y Nación para plantear una solución habitacional transitoria y una definitiva. Tenemos que esperar el okey del juez.

Pasan las horas y el okey no llega. Son las 10 y media, y ya no hay rastros de los rayos de sol que más temprano calentaban las caras expectantes. Empieza una llovizna constante que ni capuchas, ni mantas, pueden combatir.

La mayoría de las familias permanece dentro del edificio. Una puerta de hierro negro sella la entrada para cualquiera. El chirrido de cacerolas persistentes contra la pared todavía se escucha. De acá no nos movemos, es la convicción que resuena en cada golpe para darse ánimo. Al lado, se armaron tres gazebos debajo de los cuales un vecino prepara café para calentarse. Jazmín se abriga con su buzo rosa y se resguarda del viento sentada en una reposera. Es de las pocas que están afuera y por un grupo de whatsapp se comunica con los que esperan dentro de los departamentos, entre ellos su hijo de 7 años.

«Vivo acá hace 17 años, vine de Perú con mí mamá cuando era muy chica.  En ese momento esto no tenía ni dueño, ni luz, ni cloacas», cuenta, y la voz se le torna grave cuando agrega que «desde 2010 un multimillonario compró el lugar con nosotros adentro». Habla del empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien les inició el juicio que lleva 13 años sin resolverse.

Dos vecinas reavivan el fuego que todavía resiste el agua sobre el asfalto. Illiana, convoca a los vecinos y militantes a que la escuchen. Antes de hablar hace una pausa, toma fuerza de donde puede, de las esperanzas de cientos que la necesitan firme, para comunicar  las últimas noticias. 

-El juez está muy duro. Quiere que entreguemos una familia como prueba de fe, carne de cañón para empezar un desalojo escalonado- respira hondo y casi se le quiebra la voz cuando sigue- escuchamos de aquel lado que quieren entrar. Por favor compañeros, cuiden la puerta.

Quienes la rodean se miran ahora preocupados. Sobre sus cabezas, sacando medio cuerpo por el balcón, un pibe pregunta: «Compañero ¿cómo estamos?». Nadie atina a responderle.

La lluvia obliga a la mayoría a apretujarse bajo los gazebos. «Un paso para atrás compa, como en el colectivo», se escucha que alguien dice. Los minutos se hacen de goma, y el agua cae en cantidad. Desde la ventana un hombre le tira a sus compañeros bolsas de nylon y otra mujer se organiza para empezar a repartirlas. Los impermeables ahora cubren un poco a los guardianes de la puerta. 

«No queremos desalojo, no queremos represión, queremos vivienda digna, queremos la solución», cantan bajo la lluvia.

Los hombres rígidos de portafolios y anteojos vuelven una vez más, ahora bajo sus paraguas. Se dibuja un acuerdo entre las partes. El juez, en negociación con el multimillonario hotelero y el Gobierno de la Ciudad, propone a las partes firmar la transitoria solución. El GCBA le alquilará el predio por seis meses al dueño mientras se organiza la mesa de trabajo para darle a las familias un hogar definitivo. Seis meses, no hay certeza de que se cumpla la promesa de vivienda digna en ese término. Por lo menos hoy, las familias vuelven a recuperar el aliento. Hoy no los van a  dejar en  la calle.

 

Se aprobó el proyecto de Ley de Alquileres del Frente de Todos

Se aprobó el proyecto de Ley de Alquileres del Frente de Todos

La nueva norma establece contratos de tres años, actualizaciones cada seis meses y un índice establecido por el Ministerio de Hábitat. ¿Qué dicen los inquilinos?

Uno de los miembros de la Federación de Inquilinos se trepa a la reja que rodea al Congreso y pega con cinta un cartel en el que se lee “Quiero alquilar, pero también vivir”. Detrás suyo, una columna de más de mil personas corta el tránsito de la Avenida Entre Ríos para reclamar un freno a la reforma constitucional de Jujuy.

Adentro de la Cámara, los diputados debaten la aprobación del programa Compre sin IVA. Son las cinco y media de la tarde y faltan más de nueve horas para que se trate la modificación del Código Civil y Comercial impulsada por el oficialismo. Sin embargo, sobre la vereda ya se agrupan más de cien inquilinos.

Son dos los proyectos que buscan regular el mercado inmobiliario. La propuesta de Juntos por el Cambio fue aprobada en agosto en la Cámara Baja, y marca que los contratos deben tener dos años de duración con la posibilidad de realizar ajustes cada cuatro meses. Además, modifica la fórmula de actualización, de modo que las partes puedan utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios elaborado por el INDEC.  También se brinda la posibilidad de optar por utilizar una combinación de los índices o pactar libremente. 

Desde el Frente de Todos intentan aprobar el proyecto que ya tuvo el visto bueno del Senado. Se trata de una ley que fija en tres años la duración mínima de los contratos, con una actualización semestral basada en el coeficiente Casa Propia que elabora el Ministerio de Hábitat. 

  • La situación es súper desesperante, es precaria, estamos en la cuerda floja constante. Ya con la ley vigente estamos en una situación de inestabilidad porque no se cumple. Pero claramente la solución no es destruirla, sino mejorarla — explica una joven de 25 años.

A las seis de la tarde la lluvia cae sobre Balvanera. En la plaza, parte de la columna que antes cortó el tránsito ahora pone música folclórica a todo volumen. Al cabo de unos minutos los parlantes dejan de oírse y cobran protagonismo los cánticos contra la especulación inmobiliaria. 

 —Quienes alquilamos estamos en una fragilidad tremenda, porque no hay ofertas y las que hay son en dólares. Estamos en una situación de mucha volatilidad, donde se pone en juego nuestro derecho a vivir bajo techo — lamenta otro de los inquilinos a metros de avenida Rivadavia —. No hay una negociación libre con los propietarios, porque ellos pueden dormir a la noche en su casa con tranquilidad y a mí se me está jugando el derecho a la vivienda.

A la misma conclusión llega Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos: “Sabemos perfectamente que eso no sucede, por eso se defiende tanto una ley desde el Estado. Creo que es un clima de época esta idea de que el mercado regula todo si lo dejás libre”. 

En relación a este punto, sostiene: “Lo que me preocupa es que haya vuelto como en los años noventa una época tan de sálvese quien pueda. Sabemos que bajo esa lógica se terminan salvando los más grandes y nosotros quedamos todos en la lona”. Y concluye: “Creo que la discusión tiene que ser nacional, no solo en el Congreso, sino también en organizaciones nacionales como las gremiales. Ahí hay una clave, los sindicatos tienen que volver a plantear a la vivienda como un derecho fundamental de los trabajadores”. 

Muñoz deja de hablar cuando se acercan a saludar inquilinos del Gran Buenos Aires y la provincia. Una chica le pasa un micrófono y la ronda de bombos que acompañaban las canciones se abre para dejarlo pasar. 

  • Estamos hace mucho organizando a un sector que hace unos años creíamos que necesitaba una representación colectiva, una pelea colectiva, en una ciudad particular, que es gobernada por el negocio inmobiliario — declara antes de soltar el micrófono y tomar un megáfono –. Presentamos una ley en 2016, que permitió llevar la pelea a muchas provincias de la Argentina y construir la Federación de Inquilinos.

El semáforo se pone en verde y los autos que esperaban en la esquina de Hipólito Yrigoyen ahora circulan frente a la movilización y tocan bocina. Se suman a la decena de motos que a lo largo de la última hora también demostraron su apoyo. 

—Lo que se está viviendo es realmente dramático, en zonas turísticas es imposible encontrar un lugar donde vivir y la gente se va porque ya no hay forma de pagar alquileres dolarizados— añade Muñoz —. Lo de hoy es solo una anécdota, que es parte de una construcción que tenemos que seguir dando en todo el país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado visibilizar que muchos de los que toman decisiones son parte del negocio inmobiliario en la Argentina.  

Los aplausos se replican y los bombos vuelven a retumbar. La música folclórica queda una vez más aplacada por los inquilinos. 

Adentro del recinto, los diputados continúan el debate. Con el correr de las horas, el tráfico por la avenida disminuye y ya todos vuelven a sus casas. 

Para las cuatro y media de la mañana, cuando los legisladores empiezan a tratar la modificación del código, los faroles del palacio muestran una vereda desolada, sobre la que descansan retazos de los afiches colocados en las rejas durante la tarde. En la esquina, tres de los integrantes del Malón de la Paz duermen bajo una carpa improvisada con una lona de plástico que cuelga del enrejado. 

Las cuadras que van desde Independencia hasta Rivadavia albergan a decenas de cartoneros que pasan la noche sobre pedazos de goma espuma tirados en las puertas de bancos, edificios y galerías. De alguna manera sus cuerpos se acomodaron al ruido de la ciudad y no los despiertan las pisadas que rebotan sobre el suelo mojado a centímetros de sus cabezas. 

Quienes todavía sobreviven a las fauces de la especulación inmobiliaria, aguardan en sus casas rentadas la decisión de los diputados. A las cinco y diez de la mañana la presidenta de la Cámara, Cecilia Moureau, habilita la votación. Después de una cuenta regresiva de un minuto, el cartel electrónico del recinto afirma que el proyecto del Frente de Todos fue aprobado con 128 votos afirmativos y 114 negativos. 

La vivienda, una deuda de la democracia | Estuve ahí

La vivienda, una deuda de la democracia | Estuve ahí

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, describe cómo sigue en pie la herencia de la dictadura en el mercado inmobiliario, cómo profundizó la crisis de la vivienda el boom del campo y qué significa, en verdad el marketing del «coliving». Un drama que recorre el país de Tierra del Fuego a Tilcara. ¿Por qué no hay grandes diferencias en las propuestas de los distintos partidos políticos?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández, Lucia Fabiana e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
Las asambleas de inquilinos se oponen a la nueva Ley de Alquileres

Las asambleas de inquilinos se oponen a la nueva Ley de Alquileres

Inquilinos Agrupados le dio voz a los vecinos para debatir las estrategias frente a la inminente modificación de la actual normativa.

Luego de la media sanción obtenida en Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto, la nueva Ley de Alquileres avanza hacia el Senado. Esta semana, y antes de la votación, se escucharán las dos campanas: primero a los propietarios y a las inmobiliarias, luego a las asociaciones inquilinas. Inquilinos Agrupados, máximo referente de este último grupo, llevó a cabo una asamblea vecinal con el único objetivo de frenar el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio (JxC).

En el marco de una sesión especial, que duró alrededor de cuatro horas, la oposición, con excepción de la Izquierda y de La Libertad Avanza, otorgó media sanción al proyecto de reforma a la Ley de Alquileres, con la sorpresa de aprobar un dictamen de minoría. Esta modificación busca reemplazar la normativa actual, vigente desde junio de 2020. El proyecto fue rechazado por 112 diputados, 99 de los cuales forman el bloque de Unión por la Patria (ex Frente de Todos). 

La reforma, que se terminará de decidir en la Cámara de Senadores, busca modificar puntos centrales de la legislación actual. Las organizaciones inquilinas rechazan de manera vehemente las modificaciones propuestas. Entre ellas, la duración de los contratos, que pasarán de tres a dos años, la actualización de los aumentos, que pasarán de anuales para ser cuatrimestrales, y la forma de calcular ese aumento. La ley aprobada en 2020 proponía un índice, realizado por el Banco Central, que funcionaba como techo: un promedio entre el índice de Precios al Consumidor (IPC) y el índice de variación salarial. Con la nueva iniciativa estos aumentos quedarán a merced de un acuerdo entre las partes, moderado por los propietarios. Es decir, el Estado ya no funcionará como mediador. “Es una media sanción que tiene muchas trampas en la redacción”, afirmó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

Ciudad de Buenos Aires

Inquilinos Agrupados es una asociación civil que cuenta con representación en varios puntos del país y brinda asesoramiento legal para todas aquellas personas que arrenden una vivienda. Son, además, los principales promotores de mantener la ley de 2020 y rechazan de manera unánime la reforma propuesta por JxC. Para ello, realizan convocatorias y asambleas vecinales con el fin de sumar aliados y debatir sobre la actualidad. 

En la tarde del sábado realizaron una reunión en su sede, la misma que comparten con Ni Una Menos, sobre la calle Bartolomé Mitre, a pocos metros del Congreso de la Nación. Allí, el presidente de la asociación, Gervasio Muñoz, presentó las modificaciones que busca llevar a cabo la nueva ley. Con el correr de los minutos, la convocatoria fue más de la esperada y la asamblea se trasladó a las calles. Para dar más visibilidad al debate los asistentes decidieron cortar la esquina de Mitre y Avenida Callao, y desde allí continuaron debatiendo ideas, con megáfono de por medio. 

Varios de los vecinos, de diferentes edades y puntos de la Ciudad, tomaron la palabra y expusieron sus opiniones. Una mujer exigió tomar en cuenta el rol de los jubilados inquilinos, quienes deben destinar gran parte de sus ingresos escasos al derecho básico de una vivienda digna. Luego tomaron la palabra otros dos hombres de mediana edad. Ambos reclamaron por la presencia de organizaciones gremiales en la lucha por las locaciones y la inclusión de ese tema en las paritarias, ya que la gran mayoría de los allí presentes reclamaban lo mismo: más de la mitad de sus sueldos debe ser destinados al alquiler. 

También debatieron sobre las ideas a futuro, tanto a largo como a  corto plazo. Algunos remarcaron la importancia que tiene la presencia en las calles e invitaron a todos los concurrentes a convocarse las veces que sean necesarias, especialmente en las puertas del Congreso. Otros propusieron trasladar la lucha, al mismo tiempo, al plano digital: memes, tweets y redes sociales en general. La idea es alertar, en todos los espacios frecuentes, a los demás inquilinos del país.

Más tarde llegó el turno de otros representantes de la asociación, en este caso de Tamara, quién de manera efusiva habló sobre la identidad del inquilino, ya no como algo temporal, como pretenden instalar ciertos sectores, sino como una posición permanente. Otros, más optimistas, exigieron el debate sobre el derecho a la vivienda propia. También exigieron un impuesto a la vivienda ociosa. “El proyecto de ley no contempla la vivienda ociosa porque el momento en el que estamos no es de ampliación de derechos, es todo lo contrario”, sostuvo Gervasio Muñoz. Además, agregó: “Hoy la urgencia es defender lo que tenemos, que se mantenga la ley, que se cumpla, y a partir de ahí profundizar”.

Según un estudio comparativo, llevado a cabo por Inquilinos Agrupados, a partir de los datos recabados por los últimos tres censos nacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), la cantidad de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires descendió de un 69% en 2001 a un 52,9% en 2022. Por el contrario, los inquilinos en la ciudad son cada vez más: en 2001 solo el 22,2% alquilaba, actualmente esa cifra se duplicó y alcanzó el 40,2%. Además, la cantidad de viviendas cada determinados habitantes también bajó, lo que indica que hay cada vez más inquilinos, pero cada vez menos propietarios con más viviendas en su haber. “Lo que produjo la Ley de Alquileres es que el mercado se organice y golpeé. Y la forma que tiene de golpear es el alquiler turístico y la vivienda vacía, entre otros”, añadió Muñoz.

En paralelo a este debate entre vecinos que seguirá en las próximas semanas en el Congreso, avanza también un proyecto, impulsado por Ana María Ianni, senadora de Unión por la Patria, que busca regular los alquileres temporarios de entre 1 y 90 días, creando un Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario y la obligatoriedad de las plataformas de mostrar la habilitación de las viviendas. “Que Argentina, que está en una situación donde lo que quieren es flexibilizar los alquileres de vivienda, avance sobre regulación del alquiler temporario también es importante”, opinó al respecto el representante  de Inquilinos Agrupados.

Aunque la ley vigente sigue siendo la votada en 2020, muchas inmobiliarias ya han comenzado a operar con la reforma que aún debe obtener el visto bueno de los senadores. Es por esto que la desde la Federación de Inquilinos Nacional solicitaron al presidente Alberto Fernández la prórroga de todos los contratos de alquiler para enfrentar la especulación, a raíz de la media sanción, y la suspensión de los aumentos por seis meses. En principio, durante esta semana las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto recibirán a distintos referentes de esta pulseada. A partir de ello, y si se consigue el quórum necesario, se volverá a debatir y, de ser aprobada, reemplazará a la ley que rige desde hace tres años. 

“La posición que consensuamos las organizaciones inquilinas del país es no negociar absolutamente nada porque la negociación que nos plantean es medio cínica. Nos plantean que nosotros perdamos dos cosas, el plazo y la actualización anual”, sentenció Muñoz, y agregó: “La Ley de Alquileres es víctima de un plan que se viene para flexibilizar las condiciones de vida en Argentina”.

Por lo pronto, la saga de esta discusión continuará como secuela de una película de terror escrita por los sectores más privilegiados que curiosamente representan un dictamen de minoría.