Por Agustín Bagnasco
Fotografía: Rocío Prim

La nueva norma establece contratos de tres años, actualizaciones cada seis meses y un índice establecido por el Ministerio de Hábitat. ¿Qué dicen los inquilinos?

Uno de los miembros de la Federación de Inquilinos se trepa a la reja que rodea al Congreso y pega con cinta un cartel en el que se lee “Quiero alquilar, pero también vivir”. Detrás suyo, una columna de más de mil personas corta el tránsito de la Avenida Entre Ríos para reclamar un freno a la reforma constitucional de Jujuy.

Adentro de la Cámara, los diputados debaten la aprobación del programa Compre sin IVA. Son las cinco y media de la tarde y faltan más de nueve horas para que se trate la modificación del Código Civil y Comercial impulsada por el oficialismo. Sin embargo, sobre la vereda ya se agrupan más de cien inquilinos.

Son dos los proyectos que buscan regular el mercado inmobiliario. La propuesta de Juntos por el Cambio fue aprobada en agosto en la Cámara Baja, y marca que los contratos deben tener dos años de duración con la posibilidad de realizar ajustes cada cuatro meses. Además, modifica la fórmula de actualización, de modo que las partes puedan utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios elaborado por el INDEC.  También se brinda la posibilidad de optar por utilizar una combinación de los índices o pactar libremente. 

Desde el Frente de Todos intentan aprobar el proyecto que ya tuvo el visto bueno del Senado. Se trata de una ley que fija en tres años la duración mínima de los contratos, con una actualización semestral basada en el coeficiente Casa Propia que elabora el Ministerio de Hábitat. 

  • La situación es súper desesperante, es precaria, estamos en la cuerda floja constante. Ya con la ley vigente estamos en una situación de inestabilidad porque no se cumple. Pero claramente la solución no es destruirla, sino mejorarla — explica una joven de 25 años.

A las seis de la tarde la lluvia cae sobre Balvanera. En la plaza, parte de la columna que antes cortó el tránsito ahora pone música folclórica a todo volumen. Al cabo de unos minutos los parlantes dejan de oírse y cobran protagonismo los cánticos contra la especulación inmobiliaria. 

 —Quienes alquilamos estamos en una fragilidad tremenda, porque no hay ofertas y las que hay son en dólares. Estamos en una situación de mucha volatilidad, donde se pone en juego nuestro derecho a vivir bajo techo — lamenta otro de los inquilinos a metros de avenida Rivadavia —. No hay una negociación libre con los propietarios, porque ellos pueden dormir a la noche en su casa con tranquilidad y a mí se me está jugando el derecho a la vivienda.

A la misma conclusión llega Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos: “Sabemos perfectamente que eso no sucede, por eso se defiende tanto una ley desde el Estado. Creo que es un clima de época esta idea de que el mercado regula todo si lo dejás libre”. 

En relación a este punto, sostiene: “Lo que me preocupa es que haya vuelto como en los años noventa una época tan de sálvese quien pueda. Sabemos que bajo esa lógica se terminan salvando los más grandes y nosotros quedamos todos en la lona”. Y concluye: “Creo que la discusión tiene que ser nacional, no solo en el Congreso, sino también en organizaciones nacionales como las gremiales. Ahí hay una clave, los sindicatos tienen que volver a plantear a la vivienda como un derecho fundamental de los trabajadores”. 

Muñoz deja de hablar cuando se acercan a saludar inquilinos del Gran Buenos Aires y la provincia. Una chica le pasa un micrófono y la ronda de bombos que acompañaban las canciones se abre para dejarlo pasar. 

  • Estamos hace mucho organizando a un sector que hace unos años creíamos que necesitaba una representación colectiva, una pelea colectiva, en una ciudad particular, que es gobernada por el negocio inmobiliario — declara antes de soltar el micrófono y tomar un megáfono –. Presentamos una ley en 2016, que permitió llevar la pelea a muchas provincias de la Argentina y construir la Federación de Inquilinos.

El semáforo se pone en verde y los autos que esperaban en la esquina de Hipólito Yrigoyen ahora circulan frente a la movilización y tocan bocina. Se suman a la decena de motos que a lo largo de la última hora también demostraron su apoyo. 

—Lo que se está viviendo es realmente dramático, en zonas turísticas es imposible encontrar un lugar donde vivir y la gente se va porque ya no hay forma de pagar alquileres dolarizados— añade Muñoz —. Lo de hoy es solo una anécdota, que es parte de una construcción que tenemos que seguir dando en todo el país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado visibilizar que muchos de los que toman decisiones son parte del negocio inmobiliario en la Argentina.  

Los aplausos se replican y los bombos vuelven a retumbar. La música folclórica queda una vez más aplacada por los inquilinos. 

Adentro del recinto, los diputados continúan el debate. Con el correr de las horas, el tráfico por la avenida disminuye y ya todos vuelven a sus casas. 

Para las cuatro y media de la mañana, cuando los legisladores empiezan a tratar la modificación del código, los faroles del palacio muestran una vereda desolada, sobre la que descansan retazos de los afiches colocados en las rejas durante la tarde. En la esquina, tres de los integrantes del Malón de la Paz duermen bajo una carpa improvisada con una lona de plástico que cuelga del enrejado. 

Las cuadras que van desde Independencia hasta Rivadavia albergan a decenas de cartoneros que pasan la noche sobre pedazos de goma espuma tirados en las puertas de bancos, edificios y galerías. De alguna manera sus cuerpos se acomodaron al ruido de la ciudad y no los despiertan las pisadas que rebotan sobre el suelo mojado a centímetros de sus cabezas. 

Quienes todavía sobreviven a las fauces de la especulación inmobiliaria, aguardan en sus casas rentadas la decisión de los diputados. A las cinco y diez de la mañana la presidenta de la Cámara, Cecilia Moureau, habilita la votación. Después de una cuenta regresiva de un minuto, el cartel electrónico del recinto afirma que el proyecto del Frente de Todos fue aprobado con 128 votos afirmativos y 114 negativos.