«Estamos defendiendo la igualdad de oportunidades»

«Estamos defendiendo la igualdad de oportunidades»

Los sindicatos docentes llevaron adelante un paro nacional en reclamo de una recomposición salarial y de la devolución de fondos específicos del sector que el Gobierno les recortó.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó un paro nacional al que adhirieron diversos gremios docentes de todo el país. Los reclamos principales son el llamado a paritarias, además del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, discontinuados por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza coincidió con el inicio del ciclo lectivo en ocho distritos: Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la movilización fue frente al Palacio Sarmiento, sede histórica del Ministerio de Educación, hoy rebajado a al rango de secretaría.

Durante el acto, Patricia Ríos, delegada de la Asamblea Multicolor Alternativa Docente, expresó: “El FONID y el Fondo Compensatorio son sumas que, por ley, corresponden a los docentes en todo el país, eso significa un 10 por ciento menos en nuestro salario”. Ese sueldo hoy, en números, gira en torno a los 300.000 mil pesos.

Entre los fondos afectados se encuentran aquellos destinados a salarios docentes, a la implementación de la quinta hora y la jornada extendida en las escuelas, así como a cooperadoras y programas como Conectar Igualdad y Educ.ar.

El recorte ha generado un profundo impacto en los comedores escolares, una fuente crucial de alimentación para muchos estudiantes. «Nos estamos agrupando en asambleas barriales. Estamos buscando alternativas nuevas para acceder a una alimentación más accesible a nuestros ingresos», contó Cecilia González, docente de escuela primaria de Florencio Varela.

La preocupación se extiende a otras áreas educativas, como la de infraestructura escolar. “En las escuelas falta higiene, limpieza de tanques, comida en los comedores. Hay un montón de cursos que tienen sobrepoblación de estudiantes, según la norma se permiten solo 32 estudiantes máximo por salón, pero tenemos salones con 40 o más”, señaló Leandro Castro, docente de escuelas secundarias en Lanús y Almirante Brown.

Sandra Cabrera es orientadora educacional en la Escuela primaria N° 48 y directora del Centro Educativo de Lanús. Según ella, la educación está en peligro y va más allá de los recortes salariales. «Estamos defendiendo la posibilidad de que los estudiantes tengan los elementos necesarios para que la igualdad de oportunidades sea realmente un hecho y no solamente un dicho», enfatizó.

El recorte presupuestario se traduce en una serie de consecuencias negativas para el personal universitario, como lo explicó Cynthia Siré, administrativa de la Universidad Nacional de Quilmes, en diálogo con ANCCOM: «Se están cortando cursadas, hay docentes despedidos, tenemos recortes de horas extras al personal administrativo de servicio, ya tenemos nuestro salario recortado».

Además, agregó, se están afectando servicios esenciales para la universidad: “Como el cierre de la biblioteca los sábados debido a la falta de horas extras para el personal que cubra esos espacios y el despido de becarios del CONICET”.

Yamila Jara, representante de la junta interna del Ministerio de Educación de la Nación perteneciente a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), remarcó que la lucha por mejoras continuará, si no hay respuestas gubernamentales.

Sin embargo, aclaró que los planes futuros serán definidos por los propios gremios docentes. «Nosotros desde ATE vamos a articular con ellos, porque al ser también trabajadores del Estado nacional, somos parte de ese sistema, y vamos a acompañar», afirmó.

La jibarización del salario docente: el caso misionero

La jibarización del salario docente: el caso misionero

La compleja estructura salarial de los docentes cruje por todos lados. Con gobiernos provinciales al límite y un Estado nacional que se corre deja a los maestros en la pobreza.

Desde la asunción del presidente Javier Milei uno de los blancos de los recortes presupuestarios ha sido la educación. La obsesión porque cierren los números de la macroeconomía afecta, no solo a maestras y maestros, sino también a los niños y niñas. De momento, todo indica que peligra el inicio del ciclo lectivo que está estipulado para las próximas semanas.

Todas las provincias se ven afectadas pero Misiones es una de las más golpeadas y resulta un reflejo del sector a nivel nacional. Desde noviembre, los docentes misioneros deberían haber cobrado cerca de $250.000 mensuales tomando como cargo testigo el de maestros de grado de entre 0 y 10 años de antigüedad, según acuerdos de la Paritaria Nacional Docente. Sin embargo, nunca llegaron a ese monto y en los meses siguientes la situación sólo empeoró.

 Hay siete provincias -Misiones, Corrientes, Jujuy, Formosa, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero- que aducen no poder pagar el mínimo que establece la paritaria nacional.

Dos tramos
El sueldo docente misionero, como también el de otras provincias, está compuesto por distintas partes. Así lo explica Sergio Andrés Rondán, docente: “El gobierno provincial pone de su bolsillo un total de $161.000, de esos hipotéticos $250.000 que nunca se cobraron. El resto lo ponía Nación en concepto de FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y de Conectividad Nacional. Hay siete provincias -Misiones, Corrientes, Jujuy, Formosa, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero- que aducen no poder pagar el mínimo que establece la paritaria nacional. En ese caso Nación, hasta ahora, enviaba lo que se conoce como la garantía nacional para compensar lo que la provincia dice que no podía pagar”. Estos orígenes distintos del salario implicaban que se cobrara en dos partes: lo pagado por el gobierno provincial se cobraba el último día hábil y el resto entre el 18 y 20 del mes.
“A partir de diciembre no cobramos más la garantía ni el FONID. La Conectividad la terminaron pagando en enero. El problema que se termina generando es que el docente de grado está cobrando al día de hoy $161.000, teniendo en cuenta los ajustes de la inflación y la devaluación”, agrega Rondán. Este termina siendo un salario sumamente pobre que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total, e inclusive, se encuentra por debajo de la Canasta Básica Alimentaria ($285.661), que mide el nivel de indigencia.

Una garantía nacional desviada

Frente a lo adeudado del pago de la Garantía nacional del mes de noviembre, diciembre y enero, el frente Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha (FTEL), integrado por sindicatos, agrupaciones y docentes autoconvocados e independientes, investigó la situación.

Jorge Romero, docente e integrante del FTEL, explicaba: “Logramos acceder a información de transferencias no automáticas correspondientes a los últimos meses del 2023, cuando no se pagaron esos conceptos y la sorpresa es que los fondos sí habían llegado. Ya desde enero observamos un corte total, pero en relación a noviembre y diciembre la conclusión es esta: al parecer el gobierno provincial retuvo esos fondos”. No saben qué pasó con esa plata que sí llegó a la provincia pero no a los sueldos docentes y tampoco les dan respuestas.

En una mesa salarial que se organizó la semana pasada, el FTEL llevó toda esta información al Consejo General de Educación (CGE), que es la entidad que le paga a los docentes. En esa mesa ninguna de las autoridades supo dar cuenta de la plata que falta, se hicieron los distraídos”, asegura Rondán. Además, agrega que dentro del salario docente hay dos ítems que no se actualizaron. Uno corresponde a 40 pasajes de colectivos del área urbana de Posadas y el otro a 50 litros de nafta:  “No se actualizaron, quedaron al valor del boleto de Posadas de octubre, que estaba $150 y el litro de nafta de octubre que estaba aproximadamente alrededor de $300. Es más, cuando se les mencionó estos dos ítems, las autoridades dijeron que ‘hubo una decisión política de no actualizarlos’”, añade Rondán

El FONID
Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se llevaron a cabo medidas de desregulación y descentralización del Estado Nacional, incluida la educación. Lo que se hizo fue transferir la gestión de las escuelas a las provincias. En muchos casos estas no tenían los fondos suficientes para costearlo.
El 2 de abril de 1997, frente al Congreso de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires se levantó la Carpa Blanca, también llamada Carpa de la Dignidad, con 50 maestros, convocados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Luego de 1.003 días, el 30 de diciembre de 1999, la Carpa Blanca se levantó. Durante las primeras semanas del Gobierno de Fernando de la Rúa se sancionó la Ley 25.239 de Reforma Tributaria. Así se incorporó un fondo de 660 millones de pesos provenientes de rentas generales. Implicaba un fondo para la educación, para el financiamiento educativo y promoción cooperativa, así también como el mantenimiento del FONID.
El FONID tenía prevista una vigencia de 5 años, pero se fue actualizando y renovando año tras año mediante decretos y leyes. La última tenía vigencia hasta el 1° de enero de este año, pero el Ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir más”. Esto implica en la práctica la reducción de un 30% de los salarios docentes.
“Hay otro tema con el FONID: es plata que entra en negro. Por eso a la hora de, por ejemplo, calcular el aguinaldo o la jubilación, esos fondos no cuentan”, asegura Rondán.

Un acuerdo por definir

Los docentes misioneros se juntan todas las semanas en la Plaza 9 de Julio de Misiones desde mediados de diciembre del año pasado, convocados por el FTEL.“En Posadas, en la Plaza 9 de Julio hicimos una marcha y éramos 300 personas, que para Posadas es un montón. El jueves pasado éramos 150 y el 10 de enero éramos 15 personas. Es una movida que está creciendo, que se va activando”, asegura Rondán. La situación se va complicando cada vez más. Se van sumando personas y distritos, dado que “nadie, está llegando a fin de mes, ni siquiera están llegando al día 15 o 20”.

“Uno ve filas de docentes en las casas de los prestamistas, docentes vendiendo cosas por Marketplace, docentes trabajando de albañiles, técnico de aire acondicionado, de lo que sea en sus vacaciones, todos están reventando la tarjeta a más no poder, viven endeudados”, agrega el docente.

El lunes 19 de febrero se realizó una Asamblea Provincial, convocada por el FTEL, frente al Consejo General de Educación. En esta exigieron la cancelación de la deuda, como también una recomposición salarial digna. Romero asegura que: “El panorama es muy difícil, pero seguramente prometedor en cuanto a que habrá organización y lucha para enfrentar estos embates”.

En esta asamblea se definió una marcha provincial para el día 29 de febrero, que busca agrupar a los diferentes sectores docentes dado que “a nivel nacional está todo muy caldeado y a nivel provincial muchísimo más”. También el próximo martes 27 de febrero, a las 18:00, se convocó, desde la Secretaría de Educación de la Nación, a los ministros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a representantes de los gremios con representación nacional para acordar el salario docente.

El sector docente es, históricamente, uno de los blancos preferidos para los golpes de los gobiernos ajustadores. Las condiciones para hacerlo se construyeron gracias al esquema menemista de la descentralización educativa que, en la práctica, dejó a los docentes en manos de los caprichos del Estado nacional. Misiones es un ejemplo de ello, un espejo de lo que atraviesa todo el país.

El golpe del arancelamiento a la universidad pública

El golpe del arancelamiento a la universidad pública

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por Javier Milei transforma a la educación en una mercancía. Uno de los pasos propuestos es el arancelamiento de la universidad pública a estudiantes extranjeros sin residencia en el país. Opinan estudiantes y funcionarios.

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el presidente Javier Milei desató el temor de los miles de estudiantes extranjeros que eligieron Argentina para estudiar. Es que uno de sus puntos propone arancelar la educación universitaria para todos aquellos que no tengan la residencia permanente en nuestro país.

-En cuanto me enteré, entré en pánico — confiesa María José, de 22 años, mientras mira cómo sus dedos se entrelazan en las manos apoyadas sobre la mesa.

En 2022 abandonó Sogamoso, una pequeña ciudad perdida entre las sierras de Bogotá, y arribó a Argentina con el objetivo de seguir la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Aún le faltan dos años más para poder conseguir la residencia permanente.

-No podría costear mis estudios. Mis papás no me envían mucho dinero. Yo trabajo, pero no alcanza. Imagínate, con lo que pago de alquiler, para comer y los gastos diarios no puedo pensar en dónde voy a sacar para pagar la universidad.

En la misma situación se encuentran sus amigas de Colombia, Venezuela y Ecuador, que desde que el 10 de diciembre se transformaron en variable de ajuste, enfrentan el riesgo de tener que abandonar sus proyectos de vida.

-Es injusto porque desde que abandoné Santiago de Chile, no dejé de pagar impuestos — opina por su parte Iván, de 23 años —. Yo estudio Medicina en la Universidad de La Plata. Para estar acá pago un alquiler, compro mis víveres, voy al supermercado. Cada vez que gasto dinero pago impuestos, entonces no entiendo por qué dicen que estudio gratis.

Su padre, Jesús, se recibió en 1999 de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por ese motivo, creció con la expectativa de repetir los pasos familiares e ir a buscar del otro lado de la Cordillera la educación que su país le negaba.

-Oí que hay posibilidades de que el Congreso rechace algunos artículos, pero la verdad es que estoy muy preocupado. Si nos arancelan la Universidad no sé si podría pagarla. Sería un golpe muy duro porque encima la inflación hace que todo cueste un poco más.

Ney también debió abandonar su hogar para poder seguir con el sueño de estudiar economía. En 2023 partió de Guayaquil con el objetivo de regresar con un título bajo el brazo.

Son las once de la noche y aún lleva el delantal que utiliza en la rotisería en donde trabaja para poder pagar la habitación que comparte con tres brasileños en una residencia del barrio porteño de Monserrat.

-Tanto hablaban de la casta y al final la casta éramos nosotros — lamenta, mientras pica perejil en la mesada de la cocina común de la pensión —. Si nos privatizan la educación, voy a volver a trabajar en el campo con mi papá.

Levanta solo la cabeza para escuchar. Al momento de responder, vuelve a agacharla, casi como si sintiera culpa por un supuesto delito que no cometió. Pone sus ojos en la verdura, casi como si se quisiera abstraer de la realidad.

“En la residencia no hay contrato y nos aumentan cada dos meses. En la rotisería me tienen en negro ¿Y a mí me vienen a reclamar que pague impuestos?”, reclama.

Su voz temblorosa delata la bronca que intenta ocultar. Se trata de un enojo motivado por la incertidumbre de no saber, si una vez más, las clases subalternas pagarán por los negociados de los que dirigen las reglas de juego.

“La conciencia mayoritaria en nuestra sociedad es que nuestro sistema universitario es un activo de todo el país”, sostiene el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con ANCCOM y agrega: “Estamos ante un gobierno que viene exteriorizando posiciones que tienden a la mercantilización de ese sistema”.

Alberto Sileoni, titular de la cartera educativa durante el gobierno de Cristina Fernández y actual director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, coincide con Trotta.

“La educación debe concebirse como un derecho, nunca como un bien transable. Y a eso, la ley lo anula. — advierte Sileoni —. Yo creo que hay que leerlo en conjunto con la propuesta de nuestra canciller, Mondino, de querer entrar a la OCDE. Para poder ingresar, los países tienen que concebir la educación como una mercancía. Eso es una puerta abierta a los negocios, a la privatización educativa, a las plataformas digitales”. En este sentido, advierte que “la ley es muy grave, porque deroga el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional, que impide que la Argentina establezca convenios en donde se tome la educación como un bien de mercado”, advierte.

La presentación del proyecto oficialista estuvo acompañada de una campaña dirigida a sostener que las universidades están colmadas de alumnos extranjeros. Sin embargo, los dos funcionarios coinciden en señalar lo falaz de este argumento.

“La por entonces precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, hoy ministra de seguridad de Milei, intentó plantear con información errada un supuesto problema que justifique el arancelamiento como primer paso, a un sector de nuestros estudiantes para después hacer un arancelamiento absoluto — declara Trotta —. Si nosotros vemos las estadísticas en términos de la cantidad de estudiantes que tiene nuestro sistema universitario, tiene el mismo reflejo de la población extranjera que hay en la Argentina”.

En la misma línea, Sileoni explica: “la cifra de estudiantes no argentinos es absolutamente irrelevante. Aparte, no se trata de que vos le das clase al colectivo de estudiantes extranjeros. No, ellos se incorporan a aulas de 30, 40, 50 estudiantes. Entonces no hay un costo que se incrementa por la llegada de ese extranjero al aula”.

El supuesto gasto extraordinario generado por el acceso irrestricto a las casas de estudios ha sido otra de las excusas para legitimar la privatización parcial de la educación superior.

En este sentido,Trotta sostiene que un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que “el aporte de los extranjeros en términos económicos es superior al costo de los bienes públicos y servicios sociales que consumen”.

Tenemos un saldo positivo — afirma — Producen más recursos que los que terminan consumiendo.

Por su parte, Sileoni concluye: “Todas las medidas que está tomando este gobierno, como rifar 41 empresas públicas, romper con la TV Pública, vender a cualquier precio YPF, los trenes. Todo eso huele a negocio. Si todo huele a negocio, por qué no lo van a hacer con la educación, que es un inmenso negocio a escala internacional”.

La universidad en primera persona

La universidad en primera persona

Ante las propuestas de arancelamiento universitario de Javier Milei, distintos estudiantes y graduados explican el impacto que tiene la educación superior gratuita en sus vidas.

En el contexto actual, el futuro acceso a la universidad, y a la educación en general, ha dejado de ser la certeza que siempre ha sido, para transformarse en una inquietud que depende de quién será el próximo mandatario del país. En diversas declaraciones se ha escuchado a los candidatos de La Libertad Avanza cuestionar a la educación pública y gratuita, si realmente es merecedora del financiamiento que tiene a través de impuestos, y su rol en la sociedad argentina. Para indagar sobre su impacto real en las vidas de quienes acceden a ella, ANCCOM dialogó con estudiantes y graduadas de diferentes universidades públicas.

Melina Valenzuela es licenciada en Trabajo Social y graduada de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Tiene 27 años y fue la primera persona de su familia tanto en recibirse con un título universitario como en acceder a la educación superior: “Desde chica siempre supe que quería ir a la universidad y siempre mi estudio universitario lo pensé dentro del sistema público de universidades nacionales”. Melina explica que había considerado estudiar en la Universidad de Buenos Aires, pero que le hubiese resultado difícil sostener el viaje, por lo que enfocó su búsqueda en una institución del conurbano y terminó eligiendo la UNPAZ. Los estudios le abrieron puertas laborales rápidamente: “En la universidad buscaban un pasante de mi carrera para ingresar a trabajar en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales como administrativa y quedé seleccionada en el orden de mérito. Fui pasando por distintos roles durante un año y después me contrataron, y continúo ahí”.

Melina asegura: “Estas universidades en el conurbano son las que a mí me permitieron estudiar dentro del mismo territorio, no tener que desplazarme a la ciudad donde hubiese sido un poco una extraña” y agrega que “le encanta que estas instituciones tengan una mirada hacia afuera, que sean para y por el territorio”. Sobre esto último, Melina explicó: “Nosotros trabajamos con la comunidad siendo parte de la comunidad, somos gente del territorio que viene a la universidad y sale con el deseo de transformar algo, de llevar un poco de la igualdad que recibimos hacia las comunidades donde pertenecemos”. Finalmente, Melina sostiene que las universidades públicas, gratuitas y de calidad son “lo mejor como nación que hemos heredado” y agrega: “Creo que no hay otra salida que no sea la educación”.

Teresa Vera, licenciada en Diseño Industrial y graduada de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), expresa que la universidad pública le dio esperanzas de volver a insertarme en un sistema laboral, “porque decidí empezar mis estudios a los 49 años”, decisión que tomó a raíz de haber visto un cartel sobre la tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases e imaginarse su vida laboral con un título, incluyendo la posibilidad de proveer económicamente a su familia. Teresa sostiene: “La educación pública me ha marcado siempre, sin ella no hubiese tenido educación”. Teresa trabaja desde los catorce y hubo un momento en el que accedió a la UBA para estudiar Derecho, pero descubrió que no era lo suyo. Después de esto, la vida la llevó por distintos caminos hasta acceder a la UNDAV: “Sin duda cambió mi vida para bien, porque me sentí contenida en una carrera que me enamoró desde el día uno” expresa y agrega: “Nunca soñé con ser licenciada, ni ser investigadora. Siempre me encantó estudiar, pero no tuve una familia que me pudiera acompañar en ese sentimiento”. Finalmente, afirma que “el aporte de la universidad pública es un ascenso en la posibilidad de pensar y pensarse de otra manera, de soñar a partir de la profesión que uno adquiera”.

Lola Alfonso, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Moreno, señala que la educación pública la benefició en el  “acceso al conocimiento universal, al ejercicio del estudio, de la indagación, de la investigación, de la reflexión”. Asegura también: “Me permitió desarrollar distintas cuestiones académicas, intelectuales que de otra manera no hubiera tenido acceso, me abrió las puertas para pensar el mundo de otra manera y pensarme a mí como sujeto social”. Agrega que la universidad le permitió generar “una red de vínculos” a través de espacios estudiantiles. “No me puedo imaginar mi vida sin haber accedido a la educación pública”, expresa Lola, y describe que antes de ingresar a la educación superior trabajaba en un local de comida rápida, hasta que su familia ofreció apoyarla económicamente mientras ella estudiaba. Como Melina, Lola manifiesta la importancia de la presencia de las universidades públicas en el conurbano, por la cantidad de familias de trabajadores que no tendrían acceso a ella de otra forma. Finalmente, afirma que la universidad pública “implica que haya un valor puesto sobre cada ciudadano por ese tránsito universitario. Es un valor que es inconmensurable y que está al servicio de la sociedad”. Además, opina: “me parece que hay un deber que deja también la universidad pública. Su aporte al conocimiento, al saber, a la investigación, a la responsabilidad, me parece que es fundamental y que es por eso que las universidades están rebalsadas y cada vez crecen más y se inauguran más. No por nada sucede esto”.

Marcha en defensa de la educación pública en 2016. 

Denisse Cutuli, 23 años, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y redactora en Datta y Labia, cuenta que llegó a esta casa de estudios a través de los tests vocacionales de otra universidad pública, la Universidad Nacional Tres de Febrero, cuyo resultado la convenció de elegir su actual carrera. “Mi hermana sí o sí tenía que hacer un profesorado en una escuela privada, entonces la posibilidad de no estar pagando dos carreras a la vez hizo que mis papás puedan bancarme la mayor cantidad de tiempo y que yo pueda enfocarme solo en eso”, explica. Como a Melina, la universidad pública le dio a Denisse la posibilidad de acceder a un trabajo en su área profesional: “Entré a laburar gracias a una profesora de la facultad que me dio la oportunidad y gracias a eso trabajo en Datta y Labia donde tengo un espacio de libertad, y además en Datta desde que entré ya me ocupé de la sección política, que fue mi primer interés”. Denisse explica que pudo cumplir objetivos como, por ejemplo, cubrir las elecciones. “La verdad es que la universidad pública me abrió un montón de puertas, no solo por la educación en sí, sino por el boleto con tarifa subvencionada”, explica, ya que sin ese subsidio su viaje hasta la facultad representaría otra dificultad para cursar. Denisse también destaca el apoyo de su familia, y asegura que es gracias a ellos que se convertirá, cuando se reciba, en la segunda generación universitaria de su lado materno y la primera en el paterno. “Para ellos es súper importante y para mí también, porque es abrir la puerta para mis primos que también se anotaron en la facultad”, explica. Finalmente, sostiene que la importancia de la universidad pública yace en que iguala oportunidades y en “devolver a la sociedad lo que la sociedad pone en nosotros. Vos lo que estudiás en la facultad después lo impartís en un puesto laboral que hace a la sociedad y la construye”, describe y agrega que “es la base para democratizar el conocimiento y para que todos podamos profesionalizarnos y desarrollarnos en lo que queremos”.

La deuda e(x)terna | Estuve ahí

La deuda e(x)terna | Estuve ahí

La economista e investigadora Noemí Brenta recorre los ciclos de endeudamiento de la Argentina. Desde la estatización de los créditos de las empresas privadas realizada durante la dictadura hasta el endeudamiento más grande de la historia con el FMI, tomado por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tuvo que ver el Fondo Monetario Internacional con su especialización?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini