Once días que conmovieron al comercio

Once días que conmovieron al comercio

El impacto de la devaluación desestabilizó a los comercios de barrio. Deben pagar aumentos desmedidos o no pueden abastecerse porque los proveedores especulan con los precios. Los clientes dejan de consumir y, encima, el temor a los saqueos.

Luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones de  las PASO, el peso sufrió una devaluación del 21,6% . El dólar blue cerró en el mismo día a 720 pesos para la compra y a 730  para la venta,  un 101.89% por ciento arriba del oficial. El ministro de Economía, Sergio Massa, declaró: “El FMI pedía 100 por ciento de devaluación, después bajó al 60 por ciento y finalmente logramos acordar en el 20 por ciento”. Y para colmo, en la noche del martes hubo saqueos en distintos puntos del país. ¿Pero qué pasó con los precios en la economía cotidiana? ¿Cómo se traducen estos números en el día a día? De qué manera afectan a los comerciantes y consumidores?

El primer testimonio es de un distribuidor que trabaja para Pepsico, su  nombre es Claudio Gracián; su trabajo consta de recorrer negocios y ser el nexo entre los comerciantes y la empresa. Se maneja por distintos barrios de Avellaneda y Lanús y comenta lo siguiente: “Desde la empresa se dio un aumento del 25 por ciento en general, hoy unas papas de 95 gramos te salen 1000 pesos, al no ser un producto de primera necesidad noto que la venta está bajando un montón. Los comerciantes dejaron de comprar bastante estas semanas, antes te compraban de más para stockearse pensado en futuras subas, hoy prefieren esperar a que todo se normalice”.

Por último, cuenta una anécdota que refleja la acelerada suba de precios: “Me pasó de ir a venderle a un cliente y notar que el arroz que estaba en la góndola era más barato que el que yo le ofrecía; subió en una sola semana de 165 pesos el paquete de medio kilo a 310 pesos”.

La dueña de ese local se llama Claudia Nuzzi, atiende con su familia el almacén Cefe, que se encuentra en Villa Jardín, Lanus Oeste. Lo primero que ella destaca es la importante suba en los precios de los fideos y el arroz; fue tal el aumento que el distribuidor encargado de traer esos productos suspendió la visita semanal que tenía pactada debido a que no sabía cuánto debía cobrarle

“Es terrible la suba de precios, se notó mucho más en la semana después de las elecciones, el consumo bajó muchísimo, a  veces el cliente intenta suplantar algún producto que consumía seguido por uno de menor calidad. Además prefieren llevar menos, antes por ejemplo vendía muchísimo pollo hoy compran lo justo y necesario”.

El rubro alimenticio no fue el único afectado. En varias farmacias del Gran Buenos Aires se ven carteles con este tipo de inscripciones: «Estimados clientes: Las farmacias bonaerenses estamos sufriendo problemas de reposición diaria de medicamentos por causas ajenas a nosotros. Estamos atendiendo en emergencia con el stock disponible de la farmacia», firmado por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires».

Micaela Colombo es empleada de la farmacia Gran, a que se encuentra en Valentín Alsina, y dice: “Nos manejamos por el momento como indica el cartel por el tema de la suba de precios. Hay muchos productos que en este momento no se consiguen y la gente se ve obligada a utilizar la marca disponible venga o no de una obra social o por parte de PAMI Más allá de que nos manejamos con un stock que ya teníamos previamente a la suba no podemos mantener los precios y nos vemos obligados a venderlos con esa misma suba. La gente  no para de quejarse”,

Ella agrega: “La gente no ha dejado de consumir los medicamentos pero sí ha disminuido su cantidad. Quizás antes se llevaban una caja y hoy se llevan una tira, lo que sí se ha dejado de consumir bastante es todo lo relacionado a higiene y perfumería.”

Por último, ya mudándose de barrio, de distrito y de rubro, en la librería Orfeo, del Bajo Flores, dice Tiago Páez: “Ni bien se dieron los resultados de las PASO, recibimos mensaje de la mayoría de los proveedores advirtiéndonos que calculemos todo con una suba del 20 al 25 por ciento aproximadamente. Para ese momento no teníamos un precio fijo de las cosas pero era lo que se estimaba. Nos vimos obligados a realizar los cálculos y modificarlos de inmediato porque la situación no nos permite congelarlo, hay que pensar que uno pone el cuerpo y además gasta en luz, impuestos y todo lo que conlleva abrir un negocios día a día”.

Tiago, que es integrante de la familia que fundó el negocio, cuenta: “Las pautas de consumo fueron cambiando no solo desde las PASO sino desde mucho antes. La inflación este año fue constante, antes la marca de hojas de carpeta más vendida era la Rivadavia, ahora se utiliza mucho la marca Éxito. Lo mismo con los cuadernos, los que más se vendían antes eran los Éxito o Rivadavia, hoy son los Gloria, Asamblea y Ledesma. Uno de los productos que más subió este año son las hojas de resma Ledesma. Hasta el momento tuvimos un incremento del 40 por ciento en su precio en lo que va del año”.  

«El treinta por ciento de los locutores está debajo del límite de la pobreza»

«El treinta por ciento de los locutores está debajo del límite de la pobreza»

Las voces de los medios se encuentran en conflicto con las radiodifusoras y exigen aumento salarial. Además, existe preocupación por el reemplazo de profesionales por programas de inteligencia artificial.          

Están en la radio, en la televisión, detrás de una publicidad pero, en general, no los conocemos. A veces, ni siquiera le vemos las caras. La locución tiene mayor reconocimiento en la radio, pero allí también se alzan reclamos para que la profesión sea respetada como corresponde. El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo) viene pidiendo desde hace tiempo una recomposición salarial, incluso con medidas de fuerza. “La paritaria de ARPA (Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas) todavía sigue estando dura, los empresarios privados no quieren dar rienda suelta”, dice Fernando Costa, locutor institucional en la Televisión Pública que también trabaja en la radio digital Conexión Abierta. Hace 32 años que desarrolla el oficio, marcado a fuego por su padre, y hoy su hijo continúa la dinastía familiar.

SALCo lleva adelante el reclamo junto con una intersindical, donde se encuentran el Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (SUTEP) y la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (ATRAC), que nuclea a los operadores, más algunos gremios de prensa.

“ARPA no quiere dar los aumentos y entonces deja al trabajador en condiciones paupérrimas. Los medios siguen esa política, a pesar a pesar de que algunos compran y venden medios o quiebran y los trabajadores continúan su labor por su vocación para sostenerlos”, relata Costa, secretario de Profesionalidad e integrante de la Comisión Directiva nacional y secretario de Acción Social del sindicato.

Hay entre 10 mil y 14 mil locutores activos, muchos cobran en negro, algunos son independientes pero están afiliados al gremio con una cuota de 660 pesos. El salario básico de un locutor es de alrededor de 120 mil pesos, muy por debajo de la canasta básica que ya supera los 200.000 pesos. El rango de categoría se compone de seis escalas, “A es la principal, imaginate, un pueblito en La Rioja, que se cobra en la categoría “F”, no llega a los 100 mil pesos. Entonces, el 30 por ciento de los locutores está bajo el límite de la pobreza. El profesional que tiene formación académica, que consigue un puesto en blanco, con todos los descuentos cobra muy por debajo de la canasta básica”, describe Costa.

Otro tema de conflicto está vinculado con la situación de los empresarios del entretenimiento y de otros sectores que fueron comprando emisoras emblemáticas en los últimos años, pero no reconocen las deudas contraídas por las gestiones anteriores. Es el caso de Radio Rivadavia y de Radio Del Plata. Costa recuerda la deuda que esas emisoras tienen con el SALCo y lo que plantean: “Nos dicen: ‘Les pago a ustedes o se lo doy a los trabajadores’».

Voces que no son humanas

Un tema en auge que afecta a la profesión es el uso de la inteligencia artificial (IA). “Estamos en contra de la mal llamada ‘inteligencia artificial’ porque si está programada por alguien, no es inteligente, y repudiamos todo formato que quite puestos de trabajo”, enfatiza Costa. “Promovemos los puestos para personas humanas, creemos en que hay que respetar las condiciones dignas de trabajo, así como las normativas vigentes en Argentina, que son muchas, no así en el resto de América Latina y el mundo. Somos uno de los pocos países con un sindicato declarado y reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por la Ley de Medios. Dentro de ese marco, tenemos la protección de poder reclamar que se defienda y proteja el trabajo del comunicador y del locutor, y repudiamos todo lo que nos quite trabajo real”.

La polémica también gira en torno a los derechos de uso, ya que la IA utiliza una base de datos de creaciones hechas para generar patrones sin permiso y de forma gratuita. “La voz del hombre no se puede reemplazar por una máquina, y esto le está quitando trabajo a cantantes, actores, actores de doblaje, músicos, artistas plásticos, porque toman parte de su obra, crean algo nuevo y no pagan derechos de autor, ni de uso, tampoco los derechos de originalidad de la voz, entonces se vuelve en contra”.

Desde el sindicato y las multisectoriales del rubro audiovisual, se están interiorizando con expertos en la materia y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, evaluando de qué manera se pueden reglamentar las normativas de uso cuidando los puestos de trabajo ante el advenimiento de esta tecnología.

Un asunto adicional es la aparición de plataformas digitales, como LuzuTV o República Z, entre otras, que transmiten vía web en un estudio de radio, con presencia de conductores y operadores, pero no de locutores. “El soporte que se use, independientemente de la tecnología, hace que no se pierda el espíritu de radio”, opina Costa. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), al no poder actuar sobre un formato que incorpore Internet, no puede regular. La convivencia, según Costa, es lo mejor.

 

Doblajistas y publicidad

La profesión de doblajista es un mundo totalmente aparte, ya que gana mucho menos que un locutor y trabaja de forma independiente. Para lograr un ingreso digno tiene que hacer varios doblajes paralelos y si es una participación protagónica se rige por un convenio con la Asociación Argentina de Actores (AAA) a través de normas internacionales, puesto que el locutor también es actor de doblaje, a pesar de que hay actores y cantantes que incursionan en la tarea.

A su vez, la locución publicitaria es una rama fundamental que está presente en nuestras vidas al encender el televisor, escuchando radio o viendo un video y que se interrumpa por un aviso. Se rige por un convenio entre la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP), la Cámara de Anunciantes y el Ministerio de Trabajo. “Cuando viene alguna agencia y se jactan de lo maravillosos que son, los premios que ganaron, cuando empiezan a regatear el tema de las tarifas y los precios les decís: ‘¿Cómo le vas a poner precio a mi trabajo?’. ¿Cómo vas a tirar abajo tu laburo? ¡Ponete un parripollo! Tenés que enseñar a pagar a los trabajadores, el locutor tiene un precio y está en el costo de producción. La esencia está en el locutor que es el que vende el producto”, sostiene Costa.

 

El día a día

El staff mínimo que requiere una emisora de radio son diez locutores, y legalmente tiene que haber uno por turno, tanto comercial como informativo. Antes el número era mayor, pero con la incorporación de periodistas, actores y celebrities, se redujo al mínimo e indispensable para estar en el aire. La sigla de la radio debe ser hecha por un profesional habilitado, que además es el único apto para decir las marcas y leer el boletín de noticias.

Cuando un locutor recién egresa, algunos institutos enseñan a armar un demo y hay que golpear la puerta del medio para darse a conocer. En la actualidad, muchos se dedican al trabajo independiente, porque hay buena remuneración por una campaña de radio. “Pero tienen que hacer un home studio para que pueda servir el material y ganar un concurso o un casting, sino tenés que salir a patear a las emisoras de radio, televisión y cable”, señala Costa, para quien “el bagaje que tiene cada persona va a hacer que conquiste un laburo o no”.

Sobre el sentido de la locución, Costa reflexiona: “Para mí es muy profundo, porque mi padre, mi hijo y yo somos locutores. Somos tres generaciones vivas de profesionales, nos recibimos en el ISER y seguimos activos. Mi padre en la ciudad de Luján despunta el vicio después de haber recorrido todos los medios grandes. Imaginate, para mí atraviesa toda mi historia, desde muy cachorro, ver a los más grandes de la radio y la televisión, crecer mirándolos y aprender, enamorarme del medio, después trabajar con muchos de ellos en este camino y que mis hijos hayan elegido uno la locución y otro la producción y dirección de televisión, significa que algo han heredado de esta pasión por la comunicación. En lo profesional, hace que uno se meta en el sindicato y defienda todo, por los que nos precedieron, por lo que estamos transitando, por los que vienen y por los que se están formando. Mientras, tengamos el corazón que lata vamos a querer y defender la profesión con mucho orgullo”.

En Latinoamérica avanza la reducción de la jornada laboral: ¿Y en Argentina?

En Latinoamérica avanza la reducción de la jornada laboral: ¿Y en Argentina?

La semana próxima comienza el proceso de reducción horaria en Colombia. Chile ya lo inició y Uruguay lo discute. En el país, ya hay proyectos que se debaten en el Parlamento.  

La reducción de la jornada laboral en la Argentina generó ruido debido a la presentación de dos proyectos por parte del Frente de Todos (rebautizado Unión por la Patria). Cada vez son más los países en América Latina y en el mundo que se animan a debatir e implementar esta innovación que promete mayor tiempo de ocio a los trabajadores y una reducción del desempleo. En diálogo con ANCCOM distintos expertos analizaron el tema en el contexto argentino. El senador Mariano Recalde y el diputado Hugo Yasky compartieron los detalles y ventajas de los proyectos a tratar en las comisiones de ambas cámaras.

Colombia fue uno de los países más recientes en sancionar la reducción de la jornada laboral que, a partir del próximo 15 de julio, comenzará a reducirse paulatinamente de 48 a 42 horas semanales. Chile ya inició el proceso de disminuir la cantidad de horas semanales trabajadas de 45 a 40 horas. En Uruguay ya se presentaron planes para empezar las tratativas. Argentina quiere comenzar las pruebas de este nuevo formato y espera aún las fechas oficiales para debatir los proyectos.

Claudio Lozano, economista y político argentino aseguró en diálogo con ANCCOM que la lucha por la reducción de la jornada laboral tiene que ver con la historia de la clase trabajadora. Aseguró que, actualmente, toma relevancia gracias al “efecto que la tecnología produce al momento de incorporarse en un proceso productivo”, ya que reduce la necesidad de fuerza de trabajo por unidad de producto. 

El también exdirector del Banco de la Nación Argentina afirmó que al dejar liberada esta posibilidad a las relaciones vigentes, donde la jornada laboral legal es de 8 horas por día de la semana, se genera un aumento del desempleo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en el primer trimestre del 2023 la tasa de desocupación en la Argentina fue del 6,9%, aumentando un 0,6% desde el cuarto trimestre de 2022. “Consecuentemente, si aumenta el desempleo, lo que produce es una apropiación casi exclusiva de la mayor productividad lograda por la tecnología, transformándola en mayor ganancia por parte del sector empleador”, argumentó Lozano.

Lozano es un exdiputado nacional y cuenta con una extensa trayectoria sindical desde los inicios de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En este sentido, manifestó que el mercado laboral argentino “padece desocupación, subocupación y sobre empleo”. Por eso sostuvo que si se respetaran las jornadas de 48 horas semanales habría un incremento de unos setecientos mil puestos de trabajo. “En tanto no haya regulación pública para condicionar ese comportamiento empresarial –sentenció– se alimenta la tasa de ganancia empresarial y no mejoran las condiciones laborales de quienes trabajan”.

Por ello, concluyó que “tiene que haber una estrategia pública que garantice que la formación de trabajadores esté asociada a los nuevos requerimientos tecnológicos”. Según Lozano, el tiempo de trabajo y la formación laboral son las claves a considerar cuando se discute cómo los obreros coparticipan de los beneficios de la incorporación de tecnología y la reducción de la jornada laboral en la Argentina.

Héctor Recalde, exdiputado del Partido Justicialista y abogado histórico de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó en diálogo con ANCCOM que “el sistema ideal es rebajar la jornada sin bajar el ingreso”, ya que está demostrado empírica y científicamente “que aumenta la productividad y disminuyen los accidentes de trabajo, lo cual, en sus palabras “significa una baja del costo laboral”. El especialista en derecho laboral concluyó que “la Argentina está absolutamente preparada para implementar esta reducción. Además, tenemos una de las jornadas más extensas del mundo civilizado”.

Su hijo Mariano Recalde, actualmente senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires (FdT) es uno de los impulsores del nuevo proyecto de reducción de jornada laboral presentado el 1 de mayo de 2023. “Nuestro régimen actual de ocho horas tiene más de 100 años de vigencia en el mundo”, afirmó en su diálogo con ANCCOM. A la vez, sostuvo que desde ese entonces el mundo y las tecnologías avanzaron permitiendo producir mayor cantidad de bienes y servicios en menor cantidad de tiempo.

“El proyecto de ley consiste en la reducción de la jornada de trabajo, aspirando consagrar una semana de 4 días laborales. Todo ello con el mantenimiento de los mismos niveles salariales”, confirmó el senador. También sostuvo que esta implementación sería de carácter obligatorio para las empresas, aunque con una progresiva aplicación a lo largo de un año.

Aún con fechas inciertas sobre el comienzo del debate, el expresidente de Aerolíneas Argentinas enfatizó  que esperan “discutir este proyecto prontamente en el ámbito de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado”, ya que favorecerá tanto a trabajadores como a las empresas. 

Por otro lado, Hugo Yasky, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (FdT) y Secretario General de la CTA desde 2006, cuestionó la ley laboral actual: “Está totalmente desactualizada, quedando la jornada como una de las más extensas del mundo”. Por ello, presentó un proyecto para reducir la carga horaria de 48 a 40 horas semanales de carácter obligatorio para las empresas ya que, en sus palabras, se trata de regular el máximo legal permitido de horas.

“Es necesario que los avances tecnológicos no sólo sirvan para aumentar la tasa de beneficio de los empresarios, sino que también contribuyan a que las personas trabajadoras vivan mejor”, aseguró. Sostuvo que este nuevo régimen fomentará la distribución del trabajo existente y la creación de empleo, contribuirá a distribuir mejor las tareas de cuidado y reducirá los costos empresarios. “Principalmente –continuó–, significa disponer de un poco más de tiempo para las personas y que los beneficios del aumento de la productividad sean apropiados por el conjunto de la sociedad y no sólo un mecanismo de ampliación de la tasa de ganancias”.

También cuestionó los sectores que se resisten a este debate bajo la falsa creencia de que podría afectar la productividad de los trabajadores. Por el contrario, el también exsecretario general de la CTERA afirmó que las pruebas piloto demostraron que los ritmos de productividad aumentaron y los accidentes de trabajo se redujeron. “Es muy poco creativo que las únicas ideas que se les ocurran a algunos sectores del gran empresariado para reformar las leyes laborales sean aquellas en que las personas que trabajan pierdan derechos”, sentenció Hugo Yasky.

Mientras crecen los interrogantes sobre si es posible este tipo de reestructuración laboral en la Argentina, aún se espera la confirmación por parte de las comisiones sobre la revisión de los proyectos. Los dos proyectos de la actual coalición Unidad por la Patria conviven con el presentado en 2022 por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) que busca implementar una jornada diaria de 6 horas y 30 semanales. La tendencia en América Latina sigue creciendo a favor de un acortamiento en las horas laborales, países como Colombia y Chile empezaron su cambio paulatino.

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

Movimiento Avaaz presentó la propuesta en el FMI. El proyecto ya fue reiterado en al menos dos ocasiones por el Estado argentino frente al G20 ¿Qué posibilidades hay de que se concrete?

Incendios en la provincia de Corrientes en el verano de 2022. 

“Sin justicia financiera global, no habrá justicia ambiental global ni, mucho menos, justicia social para todo el planeta” concluía su discurso Alberto Fernandez ante el G20 en Roma, hace dos años, cuando planteó la idea de impulsar los canjes de deuda externa por deuda ambiental. ¿Qué pasó desde entonces?

La idea de los canjes de deuda financiera por deuda ecológica no son ninguna novedad. Surgieron en la década de 1980 a partir del deterioro ambiental que fue en aumento junto con la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en una Latinoamérica todavía “verde”, pero cada vez más atravesada por el extractivismo. La iniciativa de canje, sin embargo, nunca tomó vuelo por lo que en los últimos años se planteó una reformulación. Actualmente,, las fuertes olas de calor y el frío extremo, junto con las frágiles economías que dejó la pandemia, abren una oportunidad para volver a traer el tema sobre la mesa.

 

Un sur global acreedor

Movimiento Avaaz, una organización ambiental global, presentó una nueva propuesta ante el FMI en abril. En conversación con ANCCOM, Emilio Steparo quien forma parte del equipo de biodiversidad de Avaaz explica que los actores del proyecto son los países del norte y el sur global: “Blanqueamos que el sur global es acreedor en materia ambiental, es decir, que hay todavía un mantenimiento de los ecosistemas, una serie de procesos ecológicos que se han perdido en el norte global por el sobredesarrollo”.

Al industrializarse por encima de sus capacidades ambientales, explica Steparo, los países ya consolidados como potencia se denominan deudores ecológicos. Estos mantienen una responsabilidad histórica con el planeta y en este caso, con los países latinoamericanos a los que se pide que cuiden el ambiente aún a expensas de su propio desarrollo. “El recupero de este instrumento tiene que ver con esto. Hay una deuda ecológica y hay países como la Argentina, que son acreedores ambientales y deudores financieros. El planteo es canjear deuda financiera por acciones ambientales reconociendo esta situación”, sintetiza Steparo.

Argentina es un país que genera menos contaminación de la que tiene capacidad de absorber en su territorio por lo que brinda un servicio al mundo: eso lo constituye en un acreedor ambiental. Además, conserva un gran porcentaje de su biodiversidad. 

El proyecto tiene dos aristas principales: la creación de un observatorio de deuda pública y un bono sustentable. Movimiento Avaaz cree que “si queremos avanzar en nuevos instrumentos que estén basados en el bienestar social y que tengan un impacto ambiental positivo, tienen que partir de esta condición que es la participación y la transparencia para que se lleven adelante”. Avaaz propone la creación de un Observatorio de deuda que tenga sede en la Argentina y que cuente con información abierta a la ciudadanía. Sobre el funcionamiento del observatorio, se requiere la voluntad política del gobierno y también de las organizaciones multilaterales de crédito: “Creemos que es viable y que traería un gran impacto en las economías reales de los países endeudados, siempre y cuando se lleven adelante de cara a la sociedad”, sostienen en Avaaz.

Las industrias extractivas sostienen que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar. 

Principales factores

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, especialista en cambio climático y consultor de política climática, es necesario tener en consideración otros factores importantes: “Tiene que venir acompañado de muchísimos criterios, acuerdos y de una estructuración dentro del sistema financiero para que se pueda acceder a este plan de canje de deuda por ambiente”.

Los cambios implican criterios a definir. Maurtua explica que la lógica que manejan los organismos como el FMI y el mercado resultan contraproducentes para el cambio climático, pero, aclara: “No es solamente esto. Hay una concepción muy vieja que ya no va más de que, por ejemplo, el petróleo te va a hacer rico. Y la realidad es que la industria petrolera en Argentina tiene más de 100 años y sigue siendo la principal apuesta de los últimos gobiernos en el país mientras los niveles de pobreza son más altos que nunca”.

Las industrias extractivas instauraron a lo largo de los años la lógica de que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar: “Lo que no se evalúa son todos los procesos ecológicos destructivos que provocan la pérdida de todo un ecosistema y la capacidad de estos de sostener un beneficio a largo plazo”, coinciden desde Avaaz. “Además –sostienen-, el valor de la naturaleza es inconmensurable”.

Para Maurtua Konstantinidis la difícil coyuntura que atraviesa el país económicamente no permite pensar en resultados que se van a poder ver dentro de 30 años: “Las estrategias que ellos piensan son dos: sacar todo mientras se pueda y, si se puede, retrasar el agotamiento de los recursos naturales”. También la desinformación juega un rol muy importante en la discusión: “El desafío más grande es poder comunicar la mayor cantidad de información posible científicamente comprobada”.

Movimiento Avaaz agrega que la causa depende mucho del empuje social y el impacto que tenga en toda la sociedad: “Con los países de economía más grande, como el nuestro, creo que se va a avanzar solo en la medida en que haya más organizaciones y sociedad civil planteándole al gobierno que este es un camino que hay que transitar pero también marcando fuerte un límite a los proyectos extractivistas”.

Desde el Estado

El Estado argentino viene planteando el tema en distintas instancias. Durante la última reunión del G20 en India, casi dos años después que el presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, presentó varios de los puntos de la propuesta del gobierno que coinciden con lo pedido por Avaaz al FMI.

ANCCOM habló con Sergio Federovisky, viceministro del Ministerio de Ambiente, quien coincide con la idea de cambiar deuda por mejora ambiental: “Indudablemente si bien somos, en muchos aspectos, deudores económicos, somos básicamente acreedores ambientales porque no tenemos la posibilidad de crecer del mismo modo en que hicieron los países desarrollados. Y hoy estamos viendo las consecuencias del deterioro ambiental producto de aquel modelo de desarrollo”. También destacó la importancia de pensar instrumentos que funcionen en base a una lógica de justicia histórica en materia ambiental que no parece ser reconocida.

Al consultarle sobre su posible implementación. Federovisky aclara que “por el momento es un planteo con diversos niveles de detalle, pero un planteo al fin, de un grupo importante de países en desarrollo. Todavía no hemos logrado que se traduzca en una mesa de negociación concreta. Los países desarrollados en todas las instancias posibles eluden la posibilidad de trasladar este discurso a un instrumento económico financiero concreto que permita restaurar el daño ambiental producido”.

Movimiento Avaaz también sostiene que hacen falta más propuestas concretas por parte del Estado, pero coincide en la falta de apertura por parte de los acreedores que no facilitan la discusión, a pesar de que los avances que están realizando muchos de los ministros en foros internacionales les resultan muy positivos.

El viceministro de Ambiente sostiene que Argentina ha planteado su posición en todos los foros posibles: “La Argentina es partidaria de que no solamente haya una ayuda económica, sino fundamentalmente un reconocimiento, que luego se traslade a instrumentos financieros concretos de la deuda que los países desarrollados tienen con los países en desarrollo en materia ambiental”.

La idea requiere un reconocimiento simultáneo de desigualdades complementarias y, sobre todo, de la comprensión de que el planeta es uno solo y es para todos. Nada menos.

Blanco y negro sobre la inflación

Blanco y negro sobre la inflación

El índice de inflación de mayo marcó un 7,8%. Si bien hubo una desaceleración respecto al mes anterior, la situación sigue siendo crítica. Un economista cercano al peronismo y otro liberal analizan el problema de los constantes aumentos de precios. Uno habla de multicausalidad y el otro de déficit fiscal. En lo único que coinciden es en que la dolarización no es la solución.

 

Pasó el quinto mes del 2023 y el índice de precios de los bienes y servicios sigue en alza; con un 42,2% de inflación en los primeros cinco meses del año, los ciudadanos se encuentran con cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, porque los salarios de los trabajadores no acompañan estos rápidos movimientos de la economía.

Problemas económicos que no tienen freno, que parecieran cada vez empeorar más; con una génesis que no está clara y una sumatoria de percances a la rastra, entre los que están un déficit fiscal que viene desde hace una década, el achique del presupuesto estatal, la deuda con el Fondo Monetario Internacional tomada durante el macrismo, una pandemia, y una sequía que obligaron a una amplia emisión monetaria, más una serie de intentos de políticas económicas que no dieron resultado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Es evidente que no hay una única mirada a la situación actual, porque los economistas tienen perspectivas distintas en cuanto al origen de los altos índices de inflación en el país. Sergio Chouza, economista y columnista, aliado a las ideas del peronismo, sostiene: “La inflación es un tema con una multicausalidad de componentes donde la base es la de los desajustes macroeconómicos”. Mientras que Christian Buteler, empresario y analista financiero con mirada liberal, afirma: “La causa de la inflación es exclusivamente la emisión de pesos, después uno debe analizar el detrás y la justificación del por qué se hace”.

Ahora bien, la crisis existe, pero ¿cómo salimos de ella? Claramente no hay receta ni una fórmula que asegure un mayor bienestar económico, pero sí debe haber determinadas políticas que sea cual sea el color político, se deberían tomar. “Se debería ir a un programa de estabilización macro integral donde obviamente el centro tiene que ser una política antiinflacionaria consistente”, afirma Chouza.

Por su parte, Buteler comenta: “Al haber tantos desequilibrios macroeconómicos desde hace más de dos décadas, tiene que realizarse un plan integral, que considere a la economía como un todo, viendo la parte monetaria, lo fiscal, lo cambiario, al tema subsidios o asistencia social, y todo basándose en buscar un equilibrio fiscal, a los efectos de no depender de esa financiación que termina siendo emisión pura y que afecta a la inflación”.

Por lo tanto, ambas miradas coinciden en que cualquier plan de estabilización económica, debe tener en cuenta cada uno de los compartimientos, para que cuando se intente llevar a cabo la estabilización, no se termine perjudicando a algún sector más que otro.

Pero un plan de estabilización económica en cuanto a la inflación, ¿necesariamente conlleva a reducir el gasto público? Como es sabido, muchos economistas, políticos y especialistas en el tema sostienen que la inflación se da por la emisión monetaria, y que eso está dado para solventar al alto gasto público que lleva a cabo el gobierno nacional.

Acorde a esta mirada, Buteler asegura: “Parte fundamental del problema de la Argentina es tener un Estado que gasta más de lo que produce, el nivel del mismo debe ser acorde a sus recursos. El Estado no se puede hacer cargo de todo si no se tiene una organización y financiación que pueda solventar esos gastos. Entonces, en el caso de Argentina, sí es necesario ajustar, pero no vas a empezar por los planes sociales en un país que tiene casi un 50% de pobres, se tendrán que buscar otro tipo de recortes como en el área política conformada por la Cámara de Senadores, diputados nacionales y provinciales, concejos deliberantes”.

Pero, ¿realmente tan solo reduciendo ese gasto público se solucionaría el problema del aumento de precios constantes que padece el país? Vale destacar que durante el gobierno de Mauricio Macri no solo se redujo la emisión de billetes casi a cero sino que también los índices inflacionarios duplicaron a los que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Lo monetario es un factor muy determinante pero yo creo que no es el único, no podés solamente enfocarte en eso -sostiene Chouza-. Sin dudas hay que ordenarlo, pero sin descuidar el resto de los factores. La prueba está en el 2018, que se aplicó un programa bastante restrictivo en materias fiscales monetarias, pero la situación externa estaba mal con una situación de déficit muy pronunciado de la balanza de pagos, por los dólares que se iban de las reservas ya por el acuerdo con el FMI, entonces no alcanzó solamente tener una reducción del gasto y por ende menores necesidades de impresión de billetes”.

El gobierno actual también duplicó, a su vez, los preocupantes números de aumento de precios que había dejado el macrismo. La presidencia de Alberto Fernández realizó ciertos recortes estatales, como la disminución de subsidios y aumentos tarifarios, por el acuerdo con el FMI, y además, se incrementó la emisión monetaria, probablemente motivados para financiar los gastos durante la pandemia. La preocupación ante el ininterrumpido ascenso generalizado del valor de los bienes, hizo que en noviembre del año pasado, el Ministerio de Economía bajo el cargo de Sergio Massa, implementara una vieja fórmula ya utilizada por gobiernos anteriores para intervenir en los precios, pero esta vez con el nombre de “Precios Justos”. Chouza asegura que “son medidas que sirven para recomponer un poco las referencias de precios, que se suelen romper cuando la inflación supera determinado umbral, que yo prefiero que esté, pero no es un programa antiinflacionario que pueda solucionar problemas estructurales”.

Que el gobierno intervenga en los precios siempre despertó polémica, principalmente para el ala derecha de los economistas. “El Estado generalmente no debe intervenir en los precios porque lo suele hacer mal. Si hay problema con los precios, el Estado debería limitarse a incentivar la competencia, abriendo las importaciones de ese rubro en específico para que de forma natural los precios caigan”, opina Buteler. 

Ahora bien, reducir más o menos el gasto público, intervenir en mayor o menor medida en el mercado, en las políticas cambiarias y sociales, están dentro del debate habitual desde hace años en cuanto a la manera correcta de administración económica de un país.

De todas formas, en el último periodo se ha comenzado a evaluar como alternativa, como medida monetaria, en un grupo reducido de dirigentes vinculados a la Libertad Avanza, liderado por el economista y diputado nacional Javier Milei: la dolarización. Bajo la mirada de estos, los precios se manejan tras los movimientos del dólar y cambiarse a la moneda norteamericana ayudaría a detener la inflación definitivamente porque no se podría acudir a la emisión de billetes.

“No me parece factible porque tiene poco consenso, y además le encuentro un problema técnico en el sentido de que la dolarización requeriría cumplir con ciertos prerrequisitos, para que no sea muy traumática en términos sociales, los cuales se podría reducir al orden fiscal, monetario y acumulación de reservas –argumenta Chouza–. Pero si uno pudiera cumplir con esos puntos, ya de forma natural habría un descenso en la inflación sin necesidad de ceder soberanía monetaria, ni descuidando la cuestión social que esta medida cristaliza a través de una distribución del ingreso mucho más estática”.

Buteler ofrece una mirada similar: “Te puede hacer bajar rápidamente la inflación, pero hay muchos otros problemas económicos de distribución de ingresos o el equilibrio fiscal que no te los resuelve dolarizar. Para sostenerla se deberían hacer ciertos cambios estructurales que en caso de que pudieran mantenerse, tampoco vas a tener inflación. El problema no radica en el nombre que tenga la moneda que tengo en el bolsillo, sino el plan económico y la organización que hay detrás”.

Por lo pronto, la situación económica se encuentra en una situación gravísima, según lo que publicó el Banco Central con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que calcula que el aumento de precios esperado para el sexto mes del año rondará el 8%, al mismo tiempo que se estima un 148,9% de inflación anual. Números que preocupan ya que empeoran las previsiones anteriormente publicadas.

El gobierno actual no puede hacer mucho en el corto plazo más que poner un dique de contención para tabicar la crisis. Y esperar, así como sostuvieron los economistas, a un plan integral en manos del próximo gobierno, que pueda traer mayor bienestar al pueblo argentino.