Este martes se hará pública una iniciativa de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatir los discursos de odio y la apología de los crímenes de lesa humanidad. El debate sobre el punitivismo y qué pasa cuando son los funcionarios públicos quienes banalizan un genocidio.

La reciente proliferación del discurso negacionista respecto a lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina preocupa a parte de la sociedad que creía saldada la discusión acerca de los crímenes cometido en el marco del terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad que vienen siendo juzgados y sancionados por la justicia nacional e internacional, desde hace más de 20 años. 

Los organismos de Derechos Humanos ven con preocupación expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio, que proliferaron en los últimos tiempos. En ese contexto, el próximo martes 7 de noviembre presentarán un proyecto de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatirlo “a través de la educación, previniéndolo y erradicando los discursos de odio, poniéndole un límite a quienes respaldan el negacionismo como la etapa final del genocidio y defendiendo la democracia que tanto nos costó conseguir y nos cuesta defender”. Carlos Charly Pisoni., referente de H.I.J.O.S Regional Capital y uno de los impulsores del proyecto, explicó: “A partir de comenzar a estudiar y a entender los negacionismos en el mundo, pudimos redactar un proyecto de ley que tiene una base en la educación con derechos humanos, cuyo objetivo es que todos sepamos lo que se vivió en este mundo y que no vuelva a ocurrir, ese es el principal objetivo referido a los crímenes contra la humanidad”.

ANCCOM conversó con investigadores, historiadores y docentes en genocidios para reflexionar sobre cómo frenar esta ola de expresiones que incitan al odio y la negación de crímenes de Estado.

Una posible respuesta se encuentra en el ámbito legislativo; promulgar una ley contra el negacionismo, como proponen algunas organizaciones de derechos humanos. Este es el camino que han tomado países como Alemania, Francia, Austria y Suiza, que cuentan con leyes que penalizan la negación y/o la apología de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el nazismo. Actualmente, en Argentina hay tres proyectos de ley que plantean sanciones similares: lapso mínimo de prisión, multas y, en el caso de funcionarios públicos, inhabilitación para ocupar cargos públicos por cierto tiempo. Algunos hablan de establecer una capacitación sobre genocidio y delitos de lesa humanidad obligatoria para funcionarios públicos que ejerzan como máximas autoridades de los tres poderes o que resulten sancionados por la misma ley.

Héctor Shalom, director ejecutivo del Centro Ana Frank, expresó que, en lo que concierne a funcionarios públicos y comunicadores, “el negacionismo en la voz de personas con incidencia en la opinión pública orientadas a la construcción de violencia, a la incitación a la violencia, al odio, a la apología del odio y de la violencia, debe ser sancionada”. Shalom marcó una distinción entre las personas que generan este tipo de discursos y las personas “que lo replican acríticamente”, por lo que también se diferencian las maneras de contrarrestar el negacionismo. Considerando al negacionismo como discurso de odio, y que como tal está fuera de lo que comprende la libertad de expresión, Shalom dijo que, en el caso de los que expresan estos dichos, “el discurso del odio es un acto fáctico que debe tener una respuesta fáctica de sanción” y que no sancionar estos discursos es dar “un mensaje al sujeto y a todos los demás que observan el accionar de ese sujeto”. También señaló que “paralelamente debe haber una estrategia educativa sobre qué significa el discurso de odio, qué significa el negacionismo, la distorsión, la banalización, qué implicancias tiene, qué consecuencias genera”.

Por otro lado, Marcelo Musante, sociólogo y docente que forma parte de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, no parece estar tan seguro de que una ley contra el negacionismo sea el camino y opinó que una consecuencia de promulgar una ley de este estilo sería darle a la gente que promueve discursos negacionistas “espacio para que se victimice, y que termine yendo a los programas de televisión, organizando marchas al respecto”, pero que “quizás en lo que tiene que ver con los discursos de los funcionarios, uno podría llegar a pensar algo que vaya en ese sentido”. 

Jonathan Karszenbaum, politólogo, docente y director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en el mismo sentido que Musante, expresó que «evaluaría si después de cinco, diez años, el efecto de la ley fue que se multiplicaran los recursos negacionistas y las sanciones negacionistas» y afirmó: “No creo que sea efectivo, el punitivismo al negacionismo en general. Sí me parece interesante cuando se trata de funcionarios públicos, y con sanciones, como multas o de prohibición o restricción en la función pública, y tal vez no con penas de cárcel. Porque el funcionario público sí debe reconocerse parte de un Estado con una trayectoria, con una historia y con sus propios reconocimientos”. Quien también coincide con la idea de una ley que no sea punitivista es Alex Hadjian, director de comunicación del Centro Armenio de Argentina, quien señaló que él estaría más a favor de que se tomen medidas como que “no se pueda estar en un cargo público y tener discursos negacionistas. Debe formarse a esa persona que expresa públicamente discursos negacionistas en relación al crimen de lesa humanidad sobre los que se manifestó. No simplemente sancionar a esta persona y que siga pensando igual, que entienda el error que está cometiendo. Me parece tocarlo desde ese sentido”.

En general, los consultados coincidieron en la importancia que tiene la educación a la hora de contrarrestar el negacionismo, tanto como complementando las sanciones a las que daría lugar una ley, como herramienta principal que tendría una ley más pedagógica. El doctor en historia e investigador del Conicet Mariano Nagy explicó: “Las personas más jóvenes no vivieron en dictadura, más de la mitad de la población no vivió la dictadura y le queda lejanísimo” y, por eso, subrayó la importancia de las políticas educativas y la necesidad de seguir generando material pedagógico sobre la última dictadura cívico-militar para acercar a las nuevas generaciones a ese período, ya que la escuela suele ser el ámbito en el que hablan sobre la dictadura por primera vez. Musante coincidió en esto último y planteó que “si queremos avanzar contra estos discursos negacionistas y de odio, se construye con la memoria, con más trabajos en las currículas escolares, con más exposición pública”. Y agregó: “Pero no imagino que una ley lo resuelva”. Karszenbaum también coincidió en que “La alternativa siempre es el camino educativo. El museo es una propuesta y se percibe así, entiendo que toda la tarea que hacen en los sitios de memoria en la Argentina también tiene esa impronta”. Aunque agregó: “La amenaza del discurso negacionista está y es verdad que no se soluciona con una visita al museo”. Aunque duda sobre la eficacia de una ley, sostuvo que prefiere que haya una ley a que no la haya.

Otro punto abordado fue qué genocidios debería abarcar una ley contra el negacionismo. Para Héctor Shalom es sumamente importante que la ley “debe involucrar a los procesos de negación, distorsión y banalización de la dictadura cívico militar más aquellos genocidios, crímenes de lesa humanidad o manifestaciones masivas de discriminación que atraviesan diferentes minorías”. Alex Hadjian también expresó que este punto le “parece sumamente importante ampliarlo y generalizarlo hacia todos los crímenes de lesa humanidad”. Por su parte, Mariano Nagy expresó que “el tema de que incluya procesos locales es fundamental”, refiriéndose a que la ley trate también sobre los genocidios sufridos por los pueblos originarios.

En este sentido, el historiador Marcelo Musante destacó la importancia del abordaje comparativo de los genocidios: “Si uno puede trabajar en los distintos genocidios, como el armenio, como la Shoá, me parece que también nos puede servir. Uno cuando analiza las masacres de Napalpí y de la Bomba, por pensar en dos procesos judiciales que tienen sentencia de crimen de lesa humanidad en el marco de genocidio, ambas masacres, por ejemplo, tienen cosas muy distintas, perotambién muy similares. El modo en el que la prensa fue construyendo con anterioridad a la masacre la idea de la peligrosidad del indígena, cómo todos esos discursos mediáticos habilitaron efectivamente la represión, y cómo después esos discursos mediáticos la invisibilizaron y la negaron, y que son discursos que podemos ver en lo ocurrido ahora con Rafael Nahuel o cuando fue la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado en el lof en Resistencia de Cuyá. Entonces, me parece que estudiar los genocidios en claves comparativas nos pueden permitir también empezar a ver cuando hay ciertas cosas que empiezan a repetirse”.

En ese sentido, Carlos “Charly” Pisoni, explicó que el proyecto de ley contra el negacionismo que se presentará mañana busca “tipificar el negacionismo en el Código Penal, que esa tipificación sancione a los funcionarios públicos que nieguen, relativicen, minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado Argentino, y que la pena sea la inhabilitación en el cargo de seis meses a cuatro años”. Y aclaró que el proyecto “busca la educación en derechos humanos dándole al INADI la funcionalidad de poder trabajar el tema en sus misiones y funciones. Que se implemente una ley de capacitación obligatoria para todos los funcionarios del Estado, como la Ley Micaela”, ejemplificó. Y destacó la amplitud del proyecto: “No es una iniciativa solamente de organismos de derechos humanos, sino que al implicar los negacionismos de todos los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado es un proyecto muchísimo más amplio”.