«La ciencia y la tecnología permiten a la sociedad expandir y diversificar su matriz productiva»

«La ciencia y la tecnología permiten a la sociedad expandir y diversificar su matriz productiva»

Ago 18, 2023 | Comunidad, Destacado 5, Entrevistas

Frente a las declaraciones de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza sobre su proyecto de eliminar el ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizar el Conicet, el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, explica la necesidad de que el Estado intervenga en esa materia para generar desarrollo productivo, empleo y crecimiento en el sector privado.

En su búsqueda por reducir el gasto público y tras haber logrado el 30% de los votos en las PASO, el candidato a presidente Javier Milei incluyó dentro de sus propuestas la privatización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de dicho ministerio y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conversó con ANCCOM acerca la actualidad de la materia y qué significaría la pérdida de la inversión de políticas públicas en el área.

 ¿Cómo se hace desde el área de la ciencia y la tecnología para hacer frente a discursos que minimizan su aporte social?

El ámbito de la ciencia y la tecnología es importantísimo. Sobre todo, en una coyuntura electoral porque la sociedad argentina tiene una percepción muy positiva de la ciencia y la tecnología. Esto no es una intuición, está evaluado en encuestas federales hechas por el Ministerio. A partir de varios miles de encuestados, más de 6000, donde más del 80% apoyan a la ciencia y la tecnología argentina, creen que es una actividad muy positiva, valoran el financiamiento del Estado en el área, no quieren recortes, al igual que en salud y educación. Dicho eso, aparece la necesidad de un discurso clarificador. Si aparece alguien y te dice que al CONICET hay que privatizarlo, capaz alguien que está a favor de la ciencia y la tecnología y está interesado en lo que se hace en la institución, vea con buenos ojos que pase a manos privadas con miras de que sea más eficiente. Es un prejuicio de que todo lo estatal es negativo y todo lo privado es positivo. Gran disparate, al cual creo que tenemos que responder que el Estado necesita del sector privado, y el sector privado necesita del Estado. Lo que demuestran las economías desarrolladas es que aquellos países a los que les va bien es donde se logran asociaciones virtuosas de lo público y lo privado, donde el Estado genera políticas públicas que pueden favorecer al mundo de los negocios que maximiza ganancias con las reglas del juego de la democracia y del voto electoral por fuerzas políticas y por ende sus programas políticos.

 ¿Cuál es su perspectiva frente a la idea de privatización del CONICET?

Ya se parte del error de comparar la NASA con el CONICET. Donde Milei dice que la NASA tiene 7.000 personas y en el CONICET son 30.000. Al ser la NASA una agencia espacial, la tendría que comparar con la agencia espacial que es la CONAE, donde trabajan entre 300 y 400 personas. Lo más importante es entender que estamos frente a un economista ortodoxo, que asume posiciones políticas que vimos en los 90 en Argentina, que atrasa muchos años. Todo lo que dice que va a hacer ya lo vimos en la época menemista. Él se posiciona como un economista ortodoxo liberal, pero cuando uno lo quiere encuadrar en el contexto latinoamericano es ignorante y equívoco.

Recuerdo que en el año 1993 un informe del Banco Mundial recomendaba privatizar el CONICET porque así iban a ser abolidos más de 5.600 cargos del gasto público. Íbamos a abolir cargos de científicos y científicas, de tecnólogos. Ese informe fue expuesto en la década neoliberal privatizadora y achicadora del Estado por excelencia. Finalmente, no pasó nada, porque la recomendación era un disparate, significaba privatizar el semillero de agendas de investigación del país.

¿Cuál es el rol del CONICET para el aporte al conocimiento científico?

El CONICET creó más de 50 empresas de avance tecnológico, recientemente asociándose con el sector privado para hacer la primera vacuna nacional para el Covid (N. de la R: la vacuna ARVAC Cecilia Grierson). En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONAE) el reactor Carem es una iniciativa pública, porque además es una tecnología emblemática alrededor de la cual hay más de 120 pymes trabajando, y pasaron más de 1.000 empresas. El cannabis medicinal como un nuevo sector de la economía de alto valor agregado. O el sector espacial en la Argentina como otro sector de valor agregado donde hoy, gracias a la inversión estatal, están apareciendo empresas privadas y están haciendo negocios con el sector espacial. Eso no hubiera sucedido sin políticas de desarrollo de satélites nacionales, las universidades acompañando creando carreras de tecnología espacial para formar profesionales que demanda el sector. ¿Cómo se explica eso sin el Estado invirtiendo en satélites, o sin el CONICET involucrándose en el cannabis medicinal para que hoy las empresas privadas junto con la institución estén generando normativa, un marco jurídico legal para que sea también un ámbito de negocio para el sector privado, respondiendo una demanda de la sociedad argentina?

“El CONICET investiga sobre el Rey León” como dijo la candidata a vicepresidenta Villarruel, y te buscaron una investigación cuyo título puede sonar ridículo, pero después debería verse si es el título y qué incluye esa investigación con su impacto en las infancias. En el CONICET hay 12.000 investigadores, 9.000 becarios de doctorado, y 3000 becarios de posdoctorado ¿Qué pasa con los demás que no estudian al Rey León? Pero ahí está la eficacia comunicacional, porque con un caso se pretende demoler 2.000 proyectos. Eso es falso y una argumentación tramposa que tergiversa. Ahí es donde un votante, que viene de laburar cansado, que no tiene un buen salario, que se siente decepcionado por el gobierno actual, escucha eso y está más predispuesto a indignarse, y pensás que una persona que es candidato a presidente no te va a estar mintiendo en la cara, pero sí, mienten.

 ¿De qué modo la ciencia y la tecnología aportan valor a la sociedad?

La ciencia y la tecnología lo que le da a una sociedad son capacidades para expandir y diversificar su matriz productiva. La diversificación de la matriz productiva sobre todo del punto de vista manufacturero e industrial es lo que genera la demanda de nuevos empleos y nuevas actividades vinculadas a la economía, y eso lo vemos con el cannabis medicinal y el sector aeroespacial, que van cerrando una ecuación que en Argentina no cuadra: queremos tener celulares, pantallas de plasma, pero exportamos soja, para decirlo de una manera simplificada, donde no cierra la balanza comercial, que es un problema de la Argentina de hace muchos años. Hay una necesidad de exportar valor agregado a las exportaciones, que supone conocimiento, porque cuando se habla de valor agregado es una manera a través de la cual la economía alude al conocimiento incorporado a la producción, sea como nuevo producto o proceso, como formas de organización de una empresa, entre otras. Eso es conocimiento. Y hay que agregar al conocimiento de nuevos materiales, instrumentación, sin perder de vista las ciencias sociales.

 ¿Hay una estigmatización de las ciencias sociales por sobre las ciencias duras o exactas, en relación a su productividad?

Las ciencias sociales no tienen buena prensa en la derecha argentina. Para ellos son el management, la administración, y sin embargo son las que producen el conocimiento que necesita un país por ejemplo para hacer políticas públicas: desde una represa y conocer las condiciones socioeconómicas en la zona, hasta estudiar la pobreza, o cómo mejorar la educación pública en la Argentina haciendo un trabajo investigativo del tema a nivel federal, en un país que es complejo a nivel territorial, o entender las economías regionales, todo eso te lo van a dar las ciencias sociales. Cavallo mandó a lavar los platos a científicas y científicos, y entre ellos a Susana Torrado, una socióloga experta en demografía que lo que había hecho era hacer pública su investigación de la estructura socioeconómica de la Argentina, y lo que no le gustó a Cavallo era el sesgo hacia la pobreza y la desigualdad que mostraban sus investigaciones, mientras que ella era una de las mejores sociólogas de América latina, aportando conocimiento vital para cualquier política pública vinculada a pobreza, federalización, o cómo superar la desigualdad. Y del otro lado, un sector privado que es el que adora Milei, con el cual se marea, que sin embargo no invierte en investigación y desarrollo, y ese es el otro punto.

¿Qué rol juega la idea de lo público y lo privado en relación a la ciencia y la tecnología?

Hay un discurso que se propone demoler al sector público, y cuando se analiza con corte estadístico, en el sector público están las mayores capacidades que tiene nuestro país, mayores que en el sector privado, desde profesionales, títulos secundarios, terciarios y universitarios. Cualquiera sea la métrica, en el sector público hay recursos humanos más valiosos y capacitados. El discurso de Milei te monta en 40 años de estigmatización del sector público, y sobre eso las argumentaciones yuxtaponen falsedades con ejemplos que no son representativos.

Desde el Ministerio de Ciencia, para nuestras políticas hay un componente fundamental, que es cómo generamos instrumentos para incentivar la inversión privada mínimamente. Hay confusiones circulando, por lo que hay que ser cuidadosos. Por ejemplo, cuando se dice que en Israel se invierte más de cinco puntos del PBI en investigación y desarrollo. Alguien que sigue a Milei te va a decir que el 4.5% es privado, y el 0,5% es estatal. Pero ese porcentaje privado quizá no hubiese existido sin políticas estatales, así que ojo con tirar números al aire.

 ¿Un ente privado dejaría por fuera ciertas áreas que no considere meramente provechosas?

Claro. Hay un libro de Mariana Mazzucato del 2013, una investigadora ítalonorteamericana que trabaja en Gran Bretaña, que fue un bestseller. y vino a desmitificar la retórica de Milei, de ese sector privado eficiente e innovador, y un Estado elefantiásico, lento. Lo que dice Mazzucato es “Steve Jobs sin el estado norteamericano derramando millones de dólares en defensa, a lo sumo podría haber inventado un lindo juguete”. Desagregando ese argumento, los chips, gps, internet, pantalla táctil, todo lo desarrolló el sector de la defensa de Estados Unidos son inversión pública. Después llegaron los empresarios a usufructuar, porque hay una política pública que fomenta que el sector privado se beneficie de lo que desarrolla el Estado. Así, luego las tecnologías se reconvierten a usos civiles, como es el caso de Internet, que era una red de comunicación resiliente a un ataque nuclear, y hoy es de uso civil, como el GPS en defensa, al que no se puede acceder por su nivel de precisión, y el de uso civil con un nivel menos preciso que es el que se usa cotidianamente.

 ¿Qué se está desarrollando actualmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología en Argentina que podría verse truncado en un próximo gobierno con una política de desfinanciamiento estatal?

Principalmente el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI) , que hoy está vigente y marca el horizonte de las políticas de ciencia y tecnología porque se elaboró con las 24 jurisdicciones, las dos CTA, la Unión Industrial, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), empresas pymes, foros relevantes del sector de ciencia y tecnología, y con organizaciones sociales de la economía popular. Se buscó convergencia y consenso, y trabajamos dos años y medio con esa meta. Recorrimos el país varias veces, y salió ese plan. Ahí están 10 sectores estratégicos nacionales desagregados en misiones, cada sector estratégico dividido en tres o cuatro misiones, y cada misión desagregada en tres o cuatro estrategias de investigación, desarrollo e innovación, y además de las agendas estratégicas nacionales, elaboramos con cada una de las provincias una agenda de ciencia y tecnología para acompañar cada uno de los planes de desarrollo provincial. Una vez elaborados estos planes, cada gobernador o gobernadora debía avalarlo y así se está haciendo. Esto lo hacemos para que no importa quien gobierne en un futuro, se respete el Plan 2030 en cada provincia.

Cuando fuimos al parlamento para tratar de que se apruebe como ley para darle mayor formalidad, en el Senado se aprobó con 58 votos contra uno, y en Diputados está hace seis meses, porque se meten palos en la rueda para que no llegue a votación, principalmente desde el PRO y no así desde los radicales como Manes, que demostró estar bancando el plan. Mientras tanto, aprovechan para dilatar en medio de la coyuntura electoral donde se sesiona poco, y para luego no verse comprometidos con cuestiones que saben que no van a cumplir.

 

¿Qué mirada tiene a futuro para el sector?

Me parece que la ciencia y la tecnología deben ser nuestra bandera, porque partimos de una percepción social positiva del área. La estrategia sería que las provincias se empoderen de sus agendas sin importar su color político, como componente federal donde cada provincia elabora lo que necesita en un plan nacional, y suponiendo que gane Milei, no le sería tan fácil negar el plan cuando los gobernadores seguramente defiendan la agenda de sus provincias. Fortalecer ese plan 2030 con apoyo sectorial, de las empresas, de las pymes, del sector de ciencia y tecnología, para hacer frente a ideas de eliminar y privatizar la ciencia, por lo que seguramente habrá discusiones por las políticas en el área.

«Es importante que documentos que decían que no existían, aparezcan»

«Es importante que documentos que decían que no existían, aparezcan»

Ago 17, 2023 | DDHH, Destacado 4

Ya salieron a la luz los dos primeros tomos de «La Verdad los hará libres», una investigación propuesta por la Conferencia Episcopal Argentina sobre los archivos de la dictadura que resguardaba la institución. A poco de que se publique el tercer tomo, autores obispos y especialistas en teología analizan la obra. ¿Cuál es su valor y cuál su limitación?

Después de más de 50 años, la Iglesia católica abrió sus archivos históricos, algo que los organismos de Derechos Humanos venían insistiendo desde hace décadas, para poder evidenciar la complicidad de las autoridades religiosas con la última dictadura cívico-militar. En diálogo con ANCCOM, Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del Conicet en el Área de Sociedad, Cultura y Religión, opinó: “Me pareció importante que la institución católica decida realizar oficialmente una reflexión sobre lo que sucedió en los últimos años; dado que la complicidad ha sido tan grande en aquella época, que seguir callando no era algo que ayudaba a democratizar la sociedad argentina. Me pareció importante que documentos que decían que no existían, que venían negando, aparezcan”.

Estos archivos se dieron a conocer a través de una investigación realizada por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), que se materializó en una serie de libros titulados La verdad los hará libres, con tres tomos, dos publicados y uno por publicar en los próximos meses. Alberto Bochatey, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata, aclaró que “el libro fue una iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), donde después se le pidió a un equipo de la UCA que lo materialice porque necesitábamos la profesionalidad, de historiadores y teólogos”. El primado destacó el hecho institucional que representó la apertura de los archivos: “Había muchos mitos, de que la Iglesia sabe o esconde, y esto es: ‘Miren señores acá están los archivos’. Es la única institución que lo ha hecho, no hay ninguna otra que haya abierto sus archivos, es un paso institucional importante, frente a los mitos, mostrar la verdad con sus luces y sus sombras”.

Federico Tavelli es doctor en Teología, profesor e investigador de Historia de la Iglesia y Metodología de la Investigación Científica, y fue uno de los encargados de llevar adelante esta investigación, junto con Carlos Gali, Juan Duran y Luis Liberti. “La obra es colectiva, reunimos un grupo de investigadores y armamos un proyecto de investigación, que no fue fácil, ya que fue una época controvertida y amplia, con un sujeto muy difícil que es la Iglesia”, señaló Tavelli. Para hacer este trabajo, el grupo de investigadores le pidió a la Conferencia Episcopal disponer de los archivos que nunca habían sido estudiado. “Gestionamos para que el Papa Francisco ponga a disposición los archivos del Vaticano, que también es un hecho completamente inédito”, destacaron los investigadores. 

Como todo proyecto de investigación, va sufriendo cambios a medida que avanza, Tavelli también expresó que “no hubo ningún tipo de resistencia, ni censura, ni indicación de que algo no podía publicarse, yo no hubiera aceptado un condicionamiento de esa forma”. A su vez, el investigador destaca que “la obra llega de alguna forma tarde, esto tendría que haber pasado antes, evidentemente ha habido resistencia, o no ha habido la voluntad expresa de hacerlo”.

“Como toda investigación histórica para ser objetiva tiene que apoyarse en diferentes fuentes documentales. La gran novedad de la obra es la consulta de los archivos de la Iglesia, pero también hemos consultado archivos de organismos de derechos humanos, archivos nacionales civiles, archivos extranjeros eclesiásticos, hemos relevado entrevistas ya hechas y hemos generado entrevistas nuevas”, marcó Tavelli.

«Solo decidieron hablar de los obispos en su conjunto, es decir lo que hizo el obispo de La Plata de colaborar con la dictadura, prestar el seminario o que a detenidos desaparecidos el alimento se lo llevaran desde parroquias, no aparece», subraya Malimacci.

Por su parte, Mallimaci, quien leyó exhaustivamente los dos tomos publicados y que estuvo en diálogo con los autores, sostuvo que la apertura de los archivos, la investigación y la publicación “es un esfuerzo hecho con obispos, desde obispos y para obispos, se carece de una investigación histórica de largo plazo”. En este sentido, señala el déficit: “Ellos solo decidieron hablar de los obispos, y de los obispos en su conjunto, es decir lo que hizo el obispo de La Plata de colaborar con la dictadura, prestar el seminario o que a detenidos desaparecidos el alimento se lo llevaran desde parroquias, no aparece. Si vos les preguntas por qué, te dicen que esa es una investigación que hay que hacerla en La Plata. Para ellos la unidad de análisis es el episcopado en su conjunto, es decir en las reuniones que hace, en las decisiones que toma”. Por otro lado, el sociólogo destacó las introducciones de la investigación: “Deberían ayudar a las propias Ciencias Sociales en nuestro país a cómo hacer una investigación”. No obstante, señala lo insuficiente que resulta: “Se sucede un problema de autoridad en la investigación; y está en el hecho de decir que hubo complicidad, pero no tanta, hubo acompañamiento a la junta militar, pero no tanto”.

Los autores de la obra les pidieron a los obispos que componen la Conferencia Episcopal, que comenzaran el ordenamiento de los archivos de sus diócesis respectivas para colaborar con la tarea. Tavelli reconoció que “fue un desafío grande y movilizante; sabía que era algo que había que hacer, pero a su vez que era un pedido muy complejo y polémico. En la actualidad hay una demanda muy grande de transparencia respecto de las instituciones, más aún de la Iglesia que tiene una autoridad moral o que pretende tenerla. Esto abre la pregunta de cuál es el rol de las autoridades de la Iglesia en la actualidad”.

Monseñor Bochatey, quien, desde su lugar en la Conferencia Episcopal fue garante de que la investigación llevará buen curso, también analizó lo que sucedió en ese periodo. “La gente cree que en la Iglesia teníamos poder. Teníamos poder hasta ahí, los que tenían el poder eran los militares. De hecho, tenemos curas muertos, desaparecidos, tenemos de todo también nosotros. Esto no es autojustificarse, es mostrar nuestra verdad sin límites y mismo la lectura del libro que vos ves, hay un tono más autocrítico”. A su vez también destacó la importancia del Papa Francisco en la iniciativa del proyecto: “Desde su asunción, nos dimos cuenta de que algo había cambiado, a mí me gusta decir que Francisco hizo pasar de los signos del poder, a una Iglesia del poder de los signos. Hay que entender lo que es Francisco, y entender porque ha roto muchas cosas, ha pateado el tablero en muchas otras y eso crea resistencias, como lo fue la última reforma de la curia”.

Mallimaci cuestionó el rol que cumplió y cumple la Iiglesia y cómo comprende los procesos a largo plazo “puede decir ‘me equivoqué ayer’ -y se equivocó groso- y puede estar diciendo continuamente ‘me equivoqué’ y al mismo tiempo diciendo que vos tenés que actualizarte con los problemas que pasan hoy”. Sostuvo que a él como investigador le interesa la complicidad de la institución con respecto a los hechos y acciones de las Fuerzas Armadas a cargo del Estado. “Hay varios recursos ideológicos, metodológicos y doctrinarios que son usados para preservar la institución sobre aquello que todavía se sigue considerando que su participación no es tan desastrosa como se dice en alguno de los sectores o que no fue tan cómplice. Yo creo que la complicidad de la Institución católica es total, complicidad, participación, asesoramiento y acompañamiento; y me parece que debería decirse eso y mucho más”, enfatizó.

La construcción del miedo

La construcción del miedo

Ago 11, 2023 | Comunidad, Destacado 2

El asesinato de la niña Morena Domínguez dio lugar a la distribución de fakes news, la acusación falsa sobre un chico de 14 años, y la utilización política eludiendo responsabilidades. Opinan Claudia Cesaroni abogada antipunitvista y Mercedes Calzado, expertas en medios.

La muerte de Morena Domínguez, la nena de 11 años de Lanús que falleció a raíz de un violento asalto mientras iba al colegio, tejió un extenso manto de dolor y, con él, cubrió al país entero. Su trato mediático, político y, por qué no, político-mediático, transmite una sensación de deja-vú a la sociedad respecto a noticias policiales anteriores de índole similar, al reavivar las discusiones sobre la edad de imputabilidad, la capitalización político-partidaria de la pérdida y el duelo, la espectacularización de los hechos policiales, y la propagación de fake news lejos de cualquier búsqueda de la verdad. ANCCOM habló con Claudia Cesaroni, abogada antipunitivista, y Mercedes Calzado, doctora en Ciencias de la Comunicación, para entender estas dimensiones del hecho.

El escenario en el que resuena la muerte de Morena está poblado de actores. Por ejemplo los vecinos de Lanús que, como ellos mismos cuentan, se ven obligados a cuidarse entre ellos ante los hechos de inseguridad. En el escenario también están las numerosas personas que acompañaron el coche fúnebre de Morena camino al cementerio. Está su familia, sus compañeros del colegio, y las madres de otros chicos que la asistieron inmediatamente después del asalto, a la espera de la ambulancia municipal que tardaría demasiado. Se abre espacio entre la multitud de gente un actor más: el actor político, cuyo primer paso luego del asalto lo da el Municipio de Lanús al difundir la primera versión policial de los hechos.

Según esta versión ya desmentida, el responsable por la muerte de Morena habría sido un chico de 14 años de la zona. Mercedes Calzado reflexionó sobre la difusión de esta versión y las posibles intenciones detrás. “Hubo muy probablemente un doble propósito – cuenta-. Primero, uno de índole política. ¿Cómo? Así: difundir rápidamente la idea de que el asesino es un chico de 14 años les permite alimentar las definiciones políticas de la mano dura y seguir militando la baja de la edad de imputabilidad”.

“Segundo – dice Calzado -, está el propósito de darle a la sociedad una respuesta rápida y cerrar el caso. Pero el deseo real es tirar la pelota a otro lado y no hacerse cargo”. Sostiene que entre ambas intenciones el actor político entreteje un doble juego que nunca lo deja mal parado y le permite señalar dedos acusatorios al mismo tiempo que evita toda responsabilidad.

Cesaroni comparte la observación de Calzado: “Me parece gravísima la intervención de la política, sobre todo de Diego Kravetz (Jefe de Gabinete, Responsable del área de Seguridad del municipio y actual intendente provisorio en reemplazo de Néstor Grindetti, de licencia para presentarse como candidato a gobernador bonaerense en la fórmula de Patricia Bullrich) al insistir en una mentira”.

La temporalidad del hecho no es algo menor. A pocos días de las elecciones, mucho se dijo sobre el impacto del homicidio de Morena en la intención de voto. La sensación es que los candidatos, dirigentes y campañas se esfumaron de los medios tradicionales y las redes sociales sin dejar rastro. Pero algo indica que este proceso fue más complejo de lo que parece a simple vista.

“La campaña sigue estando, no se cerró, sólo se suspendieron los actos de campaña – sugiere Mercedes Calzado-. El actor político no paró sus esfuerzos, sólo los redirigió. Además a la mayoria de los candidatos les es fácil hacerlo, porque se sienten cómodos hablando de la inseguridad. Incluso muchos cuentan con carreras políticas dadas por la gestión de la seguridad; algunos, como Bullrich, ni siquiera tienen que decir nada. Les viene como anillo al dedo”.

“Lo mismo pasó con el caso de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado cerca de las elecciones legislativas de 2021 – dice Claudia Cesaroni -. Lamentablemente tenemos una mayoría de clase politica que usa estos casos para carenciar. También los medios de comunicación. La verdad prácticamente pierde sentido y la mentira se convierte en motor para una ganancia distinta – para ellos, más valiosa”.

Explica la abogada que en casos como estos la intervención de los medios tiene un gran nivel de perversión y de mentira. Hablar de que demoraron al menor implicado en el homicidio no es lo mismo que hablar del niño que fue falsamente acusado e ilegalmente detenido por la policía. “Los medios que actúan así saben lo que causan – sostiene -, saben que fomentan el odio y la política del exterminio. No son discursos gratuitos”.

Parecen convivir en aquellos discursos dos exigencias distintas intentando hacerse lugar entre ellas: una que pide que la justicia y la seguridad funcionen como deberían, y otra que, en simultáneo, erige a la vindicta pública y la bala en la nuca como única solución.

La especialista en comunicación sostiene que el trato mediático del caso de Morena es un disparador muy claro para ver cómo se construyen las noticias policiales y qué perspectiva toman como válida a la hora de difundir una noticia. La fuente policial fue tomada como verdadera antes de la versión oficial de la fiscal, con lo cual para muchos el responsable por el delito fue y sigue siendo un chico de 14 años. A esto se le suma la relevancia de la filmación de la cámara de seguridad. “Los golpes y la muerte – cuenta – quedaron filmados y hacen que la noticia se haga doble: la imagen se suma a la historia y hace que una historia policial tome más relevancia, la urgencia de esa grabación permite que se convierta en un caso público”. La fuente se amplía gracias a la imagen. El sistema mediático y el político-partidario capitaliza. El dolor se espectaculariza.

Con las wiphalas en alto

Con las wiphalas en alto

Ago 10, 2023 | Destacado 1, Vidas políticas

Frente al Congreso, se concentraron organizaciones indígenas feministas del Tercer Malón de la Paz. Con un pañuelazo reclamaron contra las políticas represivas del gobernador de Jujuy. Después, marcharon a Tribunales, donde tres manifestantes permanecen encadenados y realizando una huelga de hambre.

El Tercer Malón de la Paz se hizo nuevamente visible. Las banderas whipalas se encargaron de teñir de colores las avenidas aledañas al Congreso de la Nación. Organizaciones indígenas, feministas y autoconvocados se reunieron en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para exigir  “¡arriba la whipala, abajo la reforma!” 

“Te estoy esperando en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos, apurate que ahí viene todo el quilombo”, dijo una mujer al teléfono, cuando comenzó a escucharse los bombos, cajas y cantos de cientos de personas que recorrieron gran parte del norte argentino para pedir por la nulidad de la reforma constitucional impuesta en la provincia jujeña.

A pesar del largo camino para llegar a la Ciudad de Buenos Aires, la energía  y la fuerza para la lucha no se las quitó. No pudieron en Jujuy con la represión y armado de causas, no pudieron en CABA con las amenazas de hacer actuar a la Infantería.

“Parece que vino el señor Morales a cortarnos la energía del megáfono” se bromeó sobre las reiteradas trabas que le puso el gobernador de Jujuy al malón y con un altavoz que ponía resistencia para hacer escuchar las demandas del pueblo. Gracias a la organización de los convocados, o tal vez debido al sahumado para alejar las malas energías, se pudieron escuchar los reclamos. 

Con intervalos de gritos como “¡abajo la dictadura, arriba los derechos” y “¡jallalla!”, cuyo significado va desde el sinónimo de “viva” hasta la representación de esperanza, se hizo presente la demanda por el derecho al agua, a la participación de los pueblos originarios, a la protesta y a un ambiente sano. 

El Tercer Malón de la Paz se encuentra en viaje desde el 25 de Julio. Con  aproximadamente 1875 kilómetros recorridos, la distancia se hace sentir. Para no extrañar tanto sus hogares, además de traer sus reclamos, trajeron consigo sus costumbres. 

Entre los integrantes de las casi 400 comunidades originarias que se sumaron a la movilización, se observaban unas pequeñas bolsas verdes que llevaban dentro hojas de coca. Se consumían como chicle y ayudaban a combatir el hambre, la sed y el cansancio, lo cual se transformó en una herramienta necesaria luego de más de diez días de movilización.

La música típica norteña también dijo presente y se convirtió en figura del pañuelazo. De la mano de instrumentos como el sikus, el erke, el bombo legüero y la caja se le puso ritmo a las demandas, acompañadas del canto “en Jujuy tenemos un señor dictador/ Morales se llama y nos tiene con hambre/  Morales se llama y no tiene corazón”. 

“Viene toda la familia, ¿no?” preguntó con una sonrisa un hombre que sin querer se chocó con un chico y su pequeña bandera whipala. Pese a que el pañuelazo convocaba principalmente a mujeres indígenas y feminismos, familias enteras acompañaron al malón. Desde madres y padres con bebés y cochecitos, hasta adultos y abuelos. 

El espíritu de la marcha fue pacifico y familiar. Lejos de las declaraciones del gobernador Gerardo Morales, quien en las semanas pasadas a través de sus redes sociales señaló que las protestas se trataban de “sectores violentos organizados” cuyo fin era “la presión sobre el sistema para obtener cada vez más fondos”. Ante estas acusaciones, los representantes de los pueblos originarios respondieron durante la movilización: “No vinimos a mendigar o a que nos regalen plata. Vinimos por los derechos de nuestro territorio, a exigir justicia”.

Si bien el whipalazo debió culminar en el Congreso, se tomó la decisión espontánea de llevar la movilización hacía Tribunales, donde se instaló el acampe del malón hace ya una semana. La partida resaltó por el sonido del sikus, los cánticos y las banderas whipalas con sus siete colores.

Además de hacer el reclamo visible a través de los cantos, los pañuelos  y los carteles que exigían “intervención en la provincia de Jujuy”,  “no a la reforma” y “ afuera Morales”, los integrantes de los pueblos originarios repartieron folletos para desmentir las declaraciones del gobernador de Jujuy y hacer saber a la gente de la ciudad a que se debió su arribo al centro porteño.

Al llegar al edificio ubicado en las calles Talcahuano y Tucumán se dejó de lado por un momento los reclamos para pasar a transmitir palabras de fuerza para los tres integrantes del malón que allí se encontraban encadenados y transitando una huelga de hambre (ver recuadro). La extrema medida de fuerza se tomó luego del silencio de la Corte y posterior impedimento por parte de la Policía de la Ciudad a la instalación de carpas que faciliten la vigilia. 

Caía la noche y con ella el frío, los termos de café y mate que acompañaron durante la tarde quedaron vacíos. La algarabía que recorrió y pintó el centro porteño se reunió nuevamente en Plaza Lavalle. “No nos van a callar/ no nos van a cansar/ ¡Jallalla!” culminó un integrante del malón, con un grito lleno de esperanza. 

La intervención del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel

Por Juan Mércuri

El martes 8 de agosto, se cumpió el octavo día del acampe pacífico del Tercer Malón de la Paz frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. Las comunidades originarias se manifestaron para ser recibidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su pedido es claro: “Arriba los derechos, abajo la reforma”. Sin embargo, del otro lado aún no hay respuestas, y en la espera, el Gobierno de la Ciudad se negó a permitirles el uso de carpas y tampoco facilitó el acceso de baños químicos.

A partir del mediodía de ese martes, tres integrantes del malón se encadenaron en las escalinatas de Tribunales junto con carteles que exigen justicia ante el Máximo Tribunal para que declare inconstitucional la reforma del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Uno de ellos exclamó: “Que la policía nos saque muertos, nosotros venimos a luchar para que los hermanos descansen bien. Toda la provincia está sufriendo”.

Pasadas las 14, se hizo presente el Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo honorario del Servicio de Paz y Justicia -SERPAJ-, Adolfo Pérez Esquivel, que luego de ingresar al edificio para intermediar y que los jueces de la Corte atiendan a la delegación originaria, brindó una conferencia de prensa. El activista y defensor de los derechos humanos informó que pese a que no se encontraba ninguno de los jueces presentes, le plantearon a los secretarios la necesidad de que reciban a las comunidades originarias.

También sostuvo que van a realizar gestiones con el Gobierno de la Ciudad para que les provean el espacio que se merecen para desplegar carpas, así como también el uso de baños químicos. Para finalizar afirmó: “Esto es una violación, y les dije claramente que el racismo, discriminación e intolerancia no solo por parte de la Corte, sino también del Gobierno de la Ciudad”.

Acto seguido, el megáfono pasó a manos del referente del Tercer Malón y cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, Nestor Jerez, quien rodeado de micrófonos, cámaras y teléfonos, expresó que la reforma de Morales viene a “legalizar la violencia institucional y a avanzar con el genocidio y el exterminio de los pueblos”. Sostuvo que mediante la reforma constitucional, la provincia “se apropia de todo territorio, las tierras fiscales, el agua, los recursos naturales, la biodiversidad y la genética, que son la garantía de vida de toda la humanidad”.

Jerez denunció: “Estamos expuestos a la discriminación, en forma pacífica aquí en la plaza, donde estamos a la intemperie, porque no nos permiten colocar una carpa para nuestros mayores, para las mujeres, los niños, y por eso entendemos que es necesario que la justicia se expida, y si no lo hacen tendremos que ir a la corte interamericana de derechos humanos”. Por último, el cacique enfatizó que el único camino es “el diálogo sincero y que como base deben estar garantizados los derechos establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”.

Comenzó el juicio más grande de Corrientes por crímenes de lesa humanidad

Comenzó el juicio más grande de Corrientes por crímenes de lesa humanidad

Ago 8, 2023 | DDHH, Destacado 5

Se trata de la causa Brigada de Infantería VII, en la que son juzgados diez  represores. Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate. De los 21 acusados solo la mitad se sienta en el banquillo.

Luego de una larga postergación, finalmente el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Amado Ceroleni, comenzó el juzgamiento de diez exmilitares y exgendarmes de la Brigada de Infantería VII por crímenes cometidos en la subzona militar 23, durante la última dictadura militar.

En este juicio, el décimo que se realiza en Corrientes por delitos de lesa humanidad, los acusados de pertenecer a una asociación ilícita y de cometer privaciones ilegales de la libertad hacia dos niños, torturas e incluso un homicidio son: Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231. Cabe destacar que De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones.

Se investiga su poder de decisión sobre la planificación represiva en la zona, la adaptación del plan general del régimen castrense y la determinación de los blancos que serían víctimas de la violencia ilegal. Inicialmente eran 21 los acusados quienes debían comparecer ante la justicia, pero el aletargamiento del proceso por cuatro años hizo que varios fallecieran antes y otros fueran apartados por problemas de salud.

El circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes incluyó una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas. Entre ellos figuran la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el exregimiento de Infantería 9 de Corrientes, que es en la actualidad un Espacio de Memoria.

El área de influencia de esta brigada de infantes eran los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina. Pero su jurisdicción también incluía provincias del norte y del noroeste como Chaco, Formosa y Misiones.

Esto se debe a que el régimen de la última dictadura militar dividió al país en cuatro grandes zonas de cobertura y acción represiva. En esa estructura, al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército le correspondió la tutela de la Zona de Defensa 2, con cuatro subzonas: 21, 22, 23 y 24. Es justamente la subzona 23, en la que está involucrada la Brigada VII de Infantería, la que se comenzó a juzgar en estas horas.

En la sede del juzgado correntino se presentaron los represores De Marchi, Palma y Alarcón, junto con algunos de los abogados defensores oficiales. Desde la sala que brindó la Cámara de Casación Penal en Comodoro Py, seguían de cerca la presentación por videoconferencia los imputados Cardoso, De la Vega, Losito, Harsich. Por su parte, el oficial Farmache siguió las alternativas del caso desde el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza; hizo lo propio Reynoso desde el Juzgado Federal de San Ramón de Orán, en Salta.  

Durante la lectura del trigésimo sexto hecho imputado en el requerimiento fiscal de los acusados, Cardoso, Losito y De Marchi se retiraron con autorización de sus defensores aduciendo problemas de salud. Luego de indagar con detalle en los 103 hechos vinculados con la represión ilegal por parte de los genocidas, se explicitó la responsabilidad penal de los diez exmilitares.

Cardoso y Farmache fueron señalados como “autores mediatos por el rol y funciones que cumplían en el comando de la Brigada de Infantería VII y sus dependencias a la época de los sucesos”. También se señaló a De la Vega, Harsich, De Marchi y Losito por su papel en el exregimento de Infantería XIX, dependiente del comando de la misma Brigada de Infantería. En el caso de los gendarmes Palma, Alarcón y Reynoso, por su rol en los grupos operativos de tareas. “Cada uno de ellos actuó motivado, conociendo las actividades ilícitas y contrarias a la ley que realizaban”, estipuló el tribunal. Quien fue apartado de la lectura fue Mechulán, por un dictamen del cuerpo médico forense de la Corte Suprema.

“Las causas de lesa humanidad están las demoras por no darles el Poder Judicial la prioridad que merecen, por la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y por la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas”, aseguró Pietragalla.

También fueron parte de la primera jornada en Corrientes, por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los abogados Marcelo Wurm y Manuel Brest Enjuanes; y, por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal subrogante Juan Pedro Resoagli, junto con el auxiliar Diego Vigay.

La transmisión de la audiencia fue seguida con expectativa por familiares y amigos que, junto con organismos de Derechos Humanos que se concentraron en las inmediaciones del tribunal, vieron toda la transmisión y pidieron que se condene a los genocidas.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla también fue parte de la jornada inicial. En diálogo con ANCCOM, Pietragalla planteó que es “muy importante obtener justicia en este nuevo juicio, sobre todo tratándose de una megacausa en la que, si bien algunos ya fueron condenados en juicios anteriores, para muchos otros es la primera vez”. Además destacó la inclusión en este debate de casos como los de dos menores, uno de ellos nacido en cautiverio.

Consultado por las largas demoras en los juicios de lesa humanidad que impiden que todos los acusados sean juzgados en tiempo y forma, Pietragalla señaló que obedecen a distintos factores. “Están las demoras del Poder Judicial por no darles la prioridad que merecen, la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas tales como las que impidieron que Blaquier fuese condenado”, aseguró.

“Hoy la Secretaría de Derechos Humanos lleva adelante 278 querellas activas en todo el país, que incluye la revisión de las sentencias en la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema”, detalló.

Durante los próximos tres meses habrá dos audiencias semanales. Serán 30 los testigos que deberán revivir el horror. Los interrogatorios comenzarán este martes.

Quizás la larga espera haya valido la pena para encontrar justicia.

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