Se trata de la causa Brigada de Infantería VII, en la que son juzgados diez represores. Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate. De los 21 acusados solo la mitad se sienta en el banquillo.
Luego de una larga postergación, finalmente el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Amado Ceroleni, comenzó el juzgamiento de diez exmilitares y exgendarmes de la Brigada de Infantería VII por crímenes cometidos en la subzona militar 23, durante la última dictadura militar.
En este juicio, el décimo que se realiza en Corrientes por delitos de lesa humanidad, los acusados de pertenecer a una asociación ilícita y de cometer privaciones ilegales de la libertad hacia dos niños, torturas e incluso un homicidio son: Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231. Cabe destacar que De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones.
Se investiga su poder de decisión sobre la planificación represiva en la zona, la adaptación del plan general del régimen castrense y la determinación de los blancos que serían víctimas de la violencia ilegal. Inicialmente eran 21 los acusados quienes debían comparecer ante la justicia, pero el aletargamiento del proceso por cuatro años hizo que varios fallecieran antes y otros fueran apartados por problemas de salud.
El circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes incluyó una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas. Entre ellos figuran la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el exregimiento de Infantería 9 de Corrientes, que es en la actualidad un Espacio de Memoria.
El área de influencia de esta brigada de infantes eran los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina. Pero su jurisdicción también incluía provincias del norte y del noroeste como Chaco, Formosa y Misiones.
Esto se debe a que el régimen de la última dictadura militar dividió al país en cuatro grandes zonas de cobertura y acción represiva. En esa estructura, al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército le correspondió la tutela de la Zona de Defensa 2, con cuatro subzonas: 21, 22, 23 y 24. Es justamente la subzona 23, en la que está involucrada la Brigada VII de Infantería, la que se comenzó a juzgar en estas horas.
En la sede del juzgado correntino se presentaron los represores De Marchi, Palma y Alarcón, junto con algunos de los abogados defensores oficiales. Desde la sala que brindó la Cámara de Casación Penal en Comodoro Py, seguían de cerca la presentación por videoconferencia los imputados Cardoso, De la Vega, Losito, Harsich. Por su parte, el oficial Farmache siguió las alternativas del caso desde el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza; hizo lo propio Reynoso desde el Juzgado Federal de San Ramón de Orán, en Salta.
Durante la lectura del trigésimo sexto hecho imputado en el requerimiento fiscal de los acusados, Cardoso, Losito y De Marchi se retiraron con autorización de sus defensores aduciendo problemas de salud. Luego de indagar con detalle en los 103 hechos vinculados con la represión ilegal por parte de los genocidas, se explicitó la responsabilidad penal de los diez exmilitares.
Cardoso y Farmache fueron señalados como “autores mediatos por el rol y funciones que cumplían en el comando de la Brigada de Infantería VII y sus dependencias a la época de los sucesos”. También se señaló a De la Vega, Harsich, De Marchi y Losito por su papel en el exregimento de Infantería XIX, dependiente del comando de la misma Brigada de Infantería. En el caso de los gendarmes Palma, Alarcón y Reynoso, por su rol en los grupos operativos de tareas. “Cada uno de ellos actuó motivado, conociendo las actividades ilícitas y contrarias a la ley que realizaban”, estipuló el tribunal. Quien fue apartado de la lectura fue Mechulán, por un dictamen del cuerpo médico forense de la Corte Suprema.
“Las causas de lesa humanidad están las demoras por no darles el Poder Judicial la prioridad que merecen, por la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y por la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas”, aseguró Pietragalla.
También fueron parte de la primera jornada en Corrientes, por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los abogados Marcelo Wurm y Manuel Brest Enjuanes; y, por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal subrogante Juan Pedro Resoagli, junto con el auxiliar Diego Vigay.
La transmisión de la audiencia fue seguida con expectativa por familiares y amigos que, junto con organismos de Derechos Humanos que se concentraron en las inmediaciones del tribunal, vieron toda la transmisión y pidieron que se condene a los genocidas.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla también fue parte de la jornada inicial. En diálogo con ANCCOM, Pietragalla planteó que es “muy importante obtener justicia en este nuevo juicio, sobre todo tratándose de una megacausa en la que, si bien algunos ya fueron condenados en juicios anteriores, para muchos otros es la primera vez”. Además destacó la inclusión en este debate de casos como los de dos menores, uno de ellos nacido en cautiverio.
Consultado por las largas demoras en los juicios de lesa humanidad que impiden que todos los acusados sean juzgados en tiempo y forma, Pietragalla señaló que obedecen a distintos factores. “Están las demoras del Poder Judicial por no darles la prioridad que merecen, la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas tales como las que impidieron que Blaquier fuese condenado”, aseguró.
“Hoy la Secretaría de Derechos Humanos lleva adelante 278 querellas activas en todo el país, que incluye la revisión de las sentencias en la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema”, detalló.
Durante los próximos tres meses habrá dos audiencias semanales. Serán 30 los testigos que deberán revivir el horror. Los interrogatorios comenzarán este martes.
Quizás la larga espera haya valido la pena para encontrar justicia.
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