10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

En el año internacional de las cooperativas, referentes de la economía solidaria repasan la última década. De la expansión a la trinchera. ¿Por qué algunos piensan que a pesar de la crisis el sector puede seguir creciendo?

En el décimo aniversario de ANCCOM, la agencia propone realizar un repaso sobre el cooperativismo y la economía popular en Argentina durante la última década, el estado actual y algunas reflexiones para proyectar el futuro, en el marco del “Año Internacional de las Cooperativas”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025.

En los últimos diez años, Argentina ha cambiado de conducción política cuatro veces, siendo el manejo de la economía la principal razón por la que los últimos mandatarios -Mauricio Macri, Alberto Fernández- no han podido reelegir y Javier Milei fue electo primer mandatario.

La economía popular en Argentina es un sector que abarca desde un vendedor ambulante, hasta cooperativas como Agricultores Federados Argentinos (AFA), organización que cuenta con 30.000 productores en todo el país. La historia del cooperativismo es extensa, y sus inicios tienen relación con la primera gran oleada de inmigrantes europeos a finales del Siglo XIX, en su mayoría obreros con ideas socialistas y anarquistas, que no casualmente también participaron del nacimiento del sindicalismo argentino.

Para Rodolfo Pastore, economista y sociólogo, la economía popular “Es un conjunto amplio de personas que se gana la vida con su trabajo a partir de actividades por cuenta propia o en forma asociativa”. Las cooperativas, según la actividad económica que realizan, pueden ser de trabajo, donde los asociados comparten su fuerza laboral, o pueden brindar servicios. “La falta de empleo registrado en el país en los últimos años ha ampliado los límites de la economía popular. En general, teniendo en cuenta desde el cooperativismo empresarial, hasta el cuentapropista, el estado de la economía popular es de crisis, en consonancia con el contexto del conjunto de las unidades económicas, de las pymes y de los sectores populares”. Pastore hace alusión a que “las tarifas aumentan, los ingresos y las ventas son bajas, y además, una serie de programas públicos que existían años atrás se han eliminado a partir de la política de ajuste, de reducción y de desestructuración del sustento estatal”.

 

Cooperativa de cooperativas

La Red de Alimentos Cooperativos se encarga de generar las condiciones para que cooperativas del sector agroalimentario puedan hacer llegar sus productos a distintas partes del país, de manera que los precios sean acordes a los costos de producción y logística. Además, tienen una fuerte impronta ecológica, minimizando la utilización de conservantes.

Este año, es su décimo aniversario, Miguela Varela, una de las referentes de la organización, explica cómo funciona el sistema que integra la Red. “Alimentos Cooperativos nace específicamente por la necesidad de un grupo de cooperativas de producción de alimentos, que tenían un problema central en poder orientar su producción a través de canales comerciales que sean justos, que sean solidarios y, sobre todo, que sean propios. Las comercializadoras tradicionales especulan y hacen que el productor financie el proceso comercial. Entonces surge la idea de crear un instrumento comercial propio” concluye.

La Red se operativizó con la creación de Alimentando, una cooperativa de trabajo en Buenos Aires. Hoy son más de cien las que forman parte del esquema comercial, que se ha ido complejizando y desarrollando. Actualmente posee un espacio de acopio y distribución mayorista en la ciudad de San Martín. Además disponen de espacios minoristas distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

 A través de estos locales, Alimentos Cooperativos ofrece una variedad de productos agrícolas de cooperativas de todo el país, pagándole al productor el precio que sale su trabajo, con los costos que implican los traslados y la comercialización. Al respecto, la referente asegura que “no especulamos, no miramos cuánto sale la soja en la bolsa de comercio, y comparamos  nuestros precios con las de las cadenas comerciales, nosotros tratamos de que sea siempre el mejor precio posible para consumidores y productores”. Los esquemas de ventas se diversificaron, y han logrado instalar una tienda de comercio electrónico desde donde se pueden hacer pedidos de todo el país.

 Pensando en el cooperativismo como forma de vida, Varela hace alusión a “la solidaridad y la autogestión” como los valores fundamentales que atraviesan estas prácticas. “La mezcla de las dos da como resultado el cooperativismo, un sistema económico de toma de decisiones democrático, que en la Red de Alimentos Cooperativos lo traducimos en términos políticos, con dos conceptos que tienen que ver con la integración y la reciprocidad”. Dentro de un  sistema que es cada vez más individualista, esta forma de trabajo debe luchar contra contradicciones internas en los individuos que forman parte.

Con el Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales, una política pública que se desarrolló durante el gobierno anterior, se han creado numerosas obras públicas para la comercialización y el acopio de alimentos de la agricultura familiar y la economía solidaria. Se instalaron sesenta módulos de comercialización directa, locales minoristas que hoy siguen vigentes. Sumado a esto, catorce centros de producción de alimentos en escuelas agrarias fueron también el resultado de esta política pública. Otro hito  al que hace referencia Varela es la integración regional con países como Brasil, Uruguay, Chile, y Bolivia. “El año pasado  firmamos un acta compromiso entre todos para, no solamente pensar políticas regionales, sino también esquemas de comercialización”. Para finalizar, Varela hace hincapié en la constitución del cooperativismo “como un actor económico más fuerte, pero sobre todo como un actor político más homogéneo, que nos permita poder sentarnos en algunas mesas de discusión, donde hoy no estamos”.

 

El león ataca

 A partir del 10 de diciembre de 2023, con Javier Milei al mando del Poder Ejecutivo Nacional, la motosierra ajustó también a la economía popular y solidaria. Los programas que la impulsaban fueron reducidos o eliminados, las transferencias de dinero congeladas a pesar del 185% de inflación acumulada el último año, gran parte de la distribución de alimentos a comedores fue suspendida, entre otras medidas que perjudicaron al sector cooperativista.

Pastore plantea que sin dudas la crisis económica golpea fuertemente a la economía popular, y que las cooperativas están en una situación muy crítica. Ahora bien, en este contexto, “existen condiciones para potenciar estas economías. Lo que uno ve en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, es que estas economías crecen. ¿Por  qué? Porque la gente busca maneras de ganarse la vida, de generar circuitos económicos que le permitan salir adelante, y muchas de esas alternativas que encuentran tienen que ver con estas economías.»

Muchos especialistas coinciden en que se está generando un caldo de cultivo parecido al de los finales de la década de 1990 en Argentina, con la apertura indiscriminada a capitales extranjeros a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la iniciativa de privatizar las principales empresas estatales y el incentivo a pequeños y medianos comerciantes a importar productos que antes pertenecían a las cadenas del mercado interno, sumado a la baja del consumo y del empleo registrado, son fenómenos que hacen recordar lo que fue la última etapa del gobierno de Carlos Menem y el posterior estallido social del 2001.

Frente a esta comparación, Pastore señala que “estamos en una situación parecida, análoga, yo diría, más que igual. Obviamente nunca es igual, pero son momentos donde los problemas se vinculan al empleo, al consumo y a la falta de atención del Estado. Es una etapa donde el Estado achica sus funciones, en un contexto general de inestabilidad económica, sobre todo de situaciones en términos del tipo de cambio del dólar. También está presente la crisis del mundo del empleo asalariado registrado, y con la economía de plataformas, eso se ha expandido mucho más”.

 

 

El Moviento de Trabajadores Excluidos 

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) surge a finales de 2002, en la conjunción entre académicos de la Facultad de Derecho de la UBA y cartoneros que buscando una solución al hambre que padecían. Por eso, conformaron una olla popular en la esquina de Tucumán y Agüero, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, el MTE tiene una primera etapa asociada a la defensa del sector cartonero en la ciudad de Buenos Aires. Nicolas Caropresi, antropólogo y referente del movimiento, cuenta en conversación con ANCCOM que “lo  que se estaba peleando era por un sistema de reciclado con inclusión social, porque lo que estaba tratando el movimiento era buscar alguna manera de legalizar y darle derecho al trabajo cartonero, sobre un replanteo de algunos posicionamientos políticos e ideológicos. La situación de desempleo es crónica, producto de la modernidad tecnológica y concentrada del capitalismo, hay un montón de gente que se está inventando su trabajo, lo que no tienen son derechos”. Vacaciones, ingresos mínimos, monotributos, aportes jubilatorios, obra social son derechos adquiridos por el MTE en conjunto con otras organizaciones sociales durante el primer período de su historia.

A partir del 2015, el MTE se despide del gobierno de Cristina Kirchner con una movilización al Ministerio de Trabajo, exigiendo por la personería social gremial de la CTEP. Esta personería la firma Jorge Triaca con la llegada del gobierno Macri, y es cuando el movimiento da un salto de institucionalidad para la organización del sector. Mediante una movilización en conjunto con la CGT, logran la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, y emerge como política pública el salario social complementario para las diferentes ramas de la economía popular. Caropresi remarca que esta ley luego se fortalece con la Ley Nacional de Barrios Populares. “En ese momento creció lo que nosotros llamamos la rama sociocomunitaria, que es lamentable que crezca. El MTE no era partidario de hacer comedores populares. Nosotros decíamos que lo que había que organizar era el trabajo. Pero lo que empezó a pasar ahí es que mucha gente se empezó a acercar a nuestras cooperativas a pedir alimento, o a donde había una olla para el funcionamiento de la cooperativa, venía gente que ya no era la cooperativa a pedir alimento. Entonces, producto de la política macroeconómica de Macri, fue un aumento brutal de la gente que empezó a buscar asistencia en los comedores”, asevera el antropólogo.

En términos de infraestructura, de reconocimiento y asistencia, el trabajo cartonero mejoró exponencialmente desde 2015 hasta la actualidad. Hoy la labor va desde la concientización en escuelas sobre el correcto desecho de la basura, pasando por, la recolección  en las calles y el posterior transporte a los centros de reciclado. Nicolás hace una aclaración en ese aspecto: “Antes el cartonero o la cartonera llevaba el material a su casa y el lugar de acopio era el patio, donde reciclaba los fines de semana. Hoy existen los centros verdes, hay gente en la calle juntando el material y hay gente que clasifica ese material en los galpones. Logramos armar una cooperativa de comercialización que abarca casi todo el  país, eso nos ha permitido negociar el precio directamente con la industria, sacando del medio un eslabón que era el de los galponeros que solían estafar al que cartonea”.

Desde hace algunos años, la economía de plataformas irrumpió en el mercado laboral argentino masivamente. Para Caropresi, este tipo de trabajo tiene características muy similares a la economía popular. “Son salidas laborales que surgen más de una necesidad más  individual que colectiva, aunque después se encuentran en la calle y frente a las amenazas se organizan de manera colectiva”, señala el referente de la UTEP. Lo cierto es que aún estos trabajadores no han sido interpelados por ningún tipo de organización, y en el imaginario colectivo de este sector hay derechos resignados de por sí. Caropresi apunta al “cambio de conciencia que han logrado en algunos sectores de la sociedad, que hay que revertir en una Argentina que ha sido famosa por los derechos de su clase trabajadora”.

Naciones Unidas declaró que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible. El único país que votó en contra fue Argentina.

Argentina contra el mundo 

No es casual que Naciones Unidas, el año pasado haya anunciado que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible y anclado en los territorios de los que proviene. Esta declaración fue aprobada por todos los países, excepto uno, el país del presidente Javier Milei. Además, este 2025 se declaró el Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo que este tipo de estructura empresarial tiende a derramar en el territorio, los ingresos que se generan, y tienden a generar formas productivas y económicas menos perjudiciales para el ambiente. Considerando estos aspectos, en todo el mundo está tomando fuerza esta concepción de que la economía social y solidaria tiene mucho futuro para que los Estados la potencien y promuevan.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros organismos internacionales recomiendan generar un proceso de sostenibilidad económica, donde la capacitación es un pilar fundamental para llevar a cabo este proceso. Rodolfo Pastore cuenta que en la Universidad de Quilmes se han creado carreras y programas para enseñar a formar cooperativas y saber administrarlas. “Yo creo que serían muy importantes ampliar esos programas de acompañamiento  técnico, de capacitación, de incubación cooperativa. Junto con eso, se necesita asociarse con otras entidades, como centros de formación profesional y brindar tecnologías que sean apropiadas para el trabajo”, concluye Rodolfo, con vistas al futuro de la Economía Social de nuestro país.

 

“No son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”

“No son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”

Se inició un nuevo juicio de lesa humanidad por los crímenes ocurridos en la Comisaría Quinta de La Plata. Por allí pasaron 200 desaparecidos, entre ellos 13 embarazadas y al menos hubo dos partos.

Comenzó un nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio que funcionó en la ex Comisaría Quinta de La Plata. Se trata de una causa residual de lo que fue conocido como Juicio del Circuito Camps, que el 2012 condenó a seis genocidas. El nuevo debate investiga los crímenes contra 112 víctimas, entre ellas embarazadas desaparecidas, además de nietas y nietos apropiados que fueron restituidos. Los imputados son el multicondenado Jorge Bergés, Pedro Muñoz y José Saravia Day.

El juicio iniciado ayer en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata está a cargo de la jueza Karina Yabor y los jueces Adrián Basso y Ricardo Basilico. Según el nieto restituido Leandro Fossati Ortega, uno de los querellantes en la causa, el contexto en que se lleva a cabo el juicio es muy particular: “Cobra una importancia aún mayor, ya que hay un Gobierno que no apoya estas políticas, mientras que la vicepresidenta ha realizado declaraciones negacionistas y hasta reivindicando lo que fue la última dictadura militar, considerando estos delitos como excesos pero hay que llamarlo por lo que son: crímenes de lesa humanidad”. Colleen Torres, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, amplió: “Lo que se espera de este juicio es lo mismo que con todos: que se haga justicia y más teniendo en cuenta que Muñoz es la primera vez que es juzgado. Seguimos en este camino a pesar del tiempo transcurrido”. En relación a las expectativas del juicio Fossati Ortega expuso: “Como con todos los juicios de lesa humanidad espero que se conozca la verdad de los hechos. Queremos encontrar los restos de los desaparecidos, así que ojalá que en este juicio, que es una causa residual, se nos den indicios para encontrar los restos de nuestros seres queridos”.

Al inicio de la audiencia, los jueces escucharon los cargos a los que se les imputa al médico de la Policía bonaerense retirado Jorge Bergés, el policía bonaerense retirado Pedro Muñoz y el teniente retirado del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day.

Bergés ya recibió varias condenas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, entre ellas en el Juicio Circuito Camps que en 2012 condenó a él y a otros cinco responsables. Sin embargo, lo novedoso es que para Muñoz se trata del primer juicio. Por otro lado, hay más imputados en la causa pero el aletargamiento de los procesos hizo que dos de ellos fallecieran antes de ser juzgados, Néstor Ramón Buzatto y Cecilio Reinaldo Gómez, ambos expolicías del Cuerpo de Infantería.

Dos de los bebés que nacieron y fueron restituidos en la Comisaría Quinta de La Plata lograron ser restituidos.

Las demoras en los juicios de lesa humanidad generan un obstáculo para que todos los acusados sean juzgados en tiempo y forma: “Este proceso tardó porque la justicia es lenta, para determinar si estaba listo para elevarse a juicio se tomaron desde el 2015, recién ahora estamos con el debate. La fragmentación de las causas también hace que sea más lento”, explicó Torre.

En el circuito represivo bajo el mando del jefe del Ejército Ramón Camps, en la Provincia de Buenos Aires, uno de los centros clandestinos bajo su órbita fue ubicado en la Comisaría Quinta de La Plata. Allí se llevó a cabo una maternidad clandestina donde a los pocos días de nacer estos bebés eran alejados de sus madres y entregados a familias ajenas para ser criados. Sin embargo, los militares les aseguraban a las detenidas que entregarían a sus bebés a sus familias biológicas. Al llevarse a cabo la apertura del juicio con la lectura de cargos e imputaciones las mentiras quedaron al descubierto, mientras que los acusados y el abogado de Muñoz continuaron la presentación mediante videoconferencia.

Además, la audiencia fue seguida por familiares y víctimas, como Leonardo Fossati Ortega, junto con integrantes de organismos de Derechos Humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo que se concentraron en el tribunal, pidiendo justicia por las víctimas y condena a los represores.

Jorge Bergés escuchó sus cargos, mientras su rostro vía Zoom aparecía en primer plano, sin gestos ni reacción. En la sala se le imputó la privación de la libertad a Julio López, sobreviviente de ese Centro Clandestino y desaparecido por segunda vez, en democracia, el mismo día que se darían los alegatos del juicio por los Crímenes del Circuito Camps en 2012. Su familia y la sociedad aún esperan saber qué pasó con él. También se lo acusa de partícipe secundario de torturas, siendo él quién traía al mundo a los bebés de las mujeres secuestradas. Según testimonios reunidos en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, pudo determinarse que en la Comisaría Quinta de La Plata estuvieron secuestradas unas doscientas personas, entre las cuales había niños, niñas y, al menos, trece mujeres embarazadas. Al menos dos de ellas dieron a luz en este centro clandestino. Por sobrevivientes se sabe que Inés Beatriz Ortega dio a luz un varón en la cocina de la Comisaría, ya que fue detenida cuando estaba embarazada de siete meses. El parto fue asistido por Bergés. Fossati Ortega fue uno de esos bebés y restituyó su identidad en 2005: “No lo tomo como el médico que me trajo al mundo, sino como un genocida que ha colaborado en mantener cautivas a mujeres embarazadas en condiciones infrahumanas”.

Luego, continúo la lectura de los cargos a Pedro Muñoz, imputado por todos los crímenes de este centro clandestino de detención. Se lo acusa por los 110 casos de la Comisaría, entre ellos cuatro nietos restituidos y los padres de Fossati Ortega. José Saravia Day está acusado por el secuestro y tortura de tres conscriptos: Jose David Alekoski, Roberto Campos y Juan Ignacio Araujo. Ellos cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron raptados y retenidos en la Comisaría Quinta de La Plata. Saravia Day fue identificado como uno de los represores por López durante uno de sus testimonios en el proceso de juzgamiento a genocidas. Aleksoski aún permanece desaparecido, mientras que Araujo y Campos sobrevivieron. Estos casos antes del juicio no se conocían, salieron a la luz gracias a las investigaciones de los juicios.

Los imputados Néstor Ramón Buzzato y Cecilio Reinaldo Gómez fallecieron antes de que el juicio llegue a la instancia de debate oral, y debían responder por su participación en el operativo de la Calle 30, en el que fue secuestrada la nieta Clara Anahí Mariani, quien aún continúa desaparecida. Este caso por la lentitud de los procesos judiciales quedada sin posibilidad de ser juzgado en este tramo.

Al final de la audiencia hubo peticiones sobre el imputado Muñoz a quien se le otorgó la prisión preventiva, siendo el único que estaba en su casa sin prisión domiciliaria, llegando hasta el día del juicio totalmente libre. El próximo jueves 4 de julio se llevará a cabo otra audiencia. Hay esperanza por la explícita responsabilidad penal de que los tres acusados, sean condenados. Fossati Ortega aseguró la importancia del conocimiento de los procesos judiciales: “La sociedad y sobre todo las nuevas generaciones tienen que saber que no son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”.

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

Ciento siete casos de violencia policial en un año, un sistema de encierro sobrepoblado y aumento de prácticas represivas, tal es el balance del nuevo informe del Mapa de la Policía, plataforma que visibiliza el accionar de la fuerza de seguridad porteña.

“La diferencia fundamental de la Policía de la Ciudad con el resto de las fuerzas es que desde su origen hasta hoy ha sido conducida por la misma alianza política”, afirmó la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú.

Lo hizo durante la presentación del Tercer Reporte del Mapa de la Policía, la plataforma que tiene como objetivo visibilizar casos de abuso policial. Verdú explicó la decisión de empezar por localizar la herramienta en territorio porteño: “No es casual que sea la fuerza de seguridad con el porcentaje más alto de muertes por gatillo fácil con el funcionario fuera de servicio pero con su arma reglamentaria”.

A un año de su lanzamiento, el último informe del Mapa –que abarca el primer semestre de 2023–, registró un total de 236 denuncias, de las cuales se decidió visibilizar 107. De estos casos, eligieron destacar e investigar la muerte del manifestante Facundo Molares como consecuencia de la represión policial.

“Queríamos desmentir con claridad la hipótesis que levantaban los medios de que había muerto por cuestiones que no tienen que ver con el accionar de la policía”, subraya Stephanie Darling, integrante del Equipo de Investigación Política (EdIPO), en diálogo con ANCCOM.

Con la herramienta colaborativa del Mapa buscan darle luz a prácticas reiteradas en materia de seguridad porteña. “No se trata de un policía particular, sino de una decisión política de perseguir, amenazar o violentar a ciertos sectores de la sociedad”, remarcó Ofelia Fernandez, la impulsora del proyecto, durante la presentación, realizada el pasado 26 de septiembre en FM La Tribu.

Además del caso de Facundo Molares, el Tercer Reporte considera que la elección de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, días después de la represión al pueblo jujeño, fue el otro punto clave que evidenció una “sobreactuación” represiva del actual jefe de Gobierno porteño, que lo llevó a perder la interna con Patricia Bullrich, la principal representante del punitivismo en Juntos por el Cambio. Esta “carrera” electoral, según Ofelia Fernández, tuvo “un costo excesivamente alto”: el asesinato de Molares y 170 heridos en las movilizaciones de la provincia norteña.

Con un aumento del 900 por ciento en relación a 2020, hoy 1.400 personas están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. “Están en condiciones indignas, las alcaidías no son espacios preparados para que las personas puedan alojarse. Que una persona esté privada de su libertad, no quiere decir que daba ser privada de todos sus derechos”, denuncia Stephanie Darling.

Frente a estos datos, el informe del Mapa de la Policía se pregunta el porqué del fenómeno. La respuesta es por la suba de presos durante el período 2015-2019, debido a la aplicación de leyes de endurecimiento penal, que se trasladan al Sistema Penitenciario Federal (SPF) porque CABA no cuenta con cárceles propias. “Y cuando el SPF cierra el ingreso, como hizo en 2020 para bajar su superpoblación, se empiezan a acumular en las comisarías y alcaidías”, consignan en el reporte.

Este tipo de medidas punitivas y los casos de violencia policial, para Ofelia Fernández, se relacionan con la inseguridad: “A veces la negligencia y el abuso policial explica la ausencia de seguridad en situaciones en donde hay demanda. Hay una conexión entre lo que se hace de más y lo que se hace de menos”.

La legisladora porteña opina que se debe abordar esta discusión de manera más profunda para no permitir que la dicotomía sea “seguridad o delincuentes”, y define al Mapa como un mecanismo para aportar datos y análisis concretos.

“Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo», dice Ofelia Fernández.

El Mapa de la Policía funciona como una red de cuidados entre ciudadanos. “No queremos hacer una herramienta en contra de la Policía, pero es muy importante que todos tengamos la información necesaria sobre quién es la policía, qué debería cumplir y cuándo se trata de violencia policial”, precisa Stephanie Darling.

Tal como dijo Fernández, la creación de esta herramienta es una declaración política: “Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo, o una persona que se está movilizando, o una mujer trans caminando por la calle”.

Cupo laboral trans: una ley que no se cumple

Cupo laboral trans: una ley que no se cumple

El registro de aspirantes ya superó los 6000 inscriptos mientras los monitoreos sobre el Sector Público Nacional no superan los 500 empleos efectivos. La “Fundación Trans Argentinxs” reclama un Observatorio por el lento cumplimiento de la norma.

El 7 de julio de 2021 se promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán–Lohana Berkins». A más de 18 meses de la sanción, la norma presenta ambigüedades en su aplicación , tornando efímera la ampliación de derechos en el sector más vulnerable de  la comunidad LGTB+.

En septiembre de 2020 el Decreto 721/2020 estableció que el Estado debía incorporar en sus espacios de trabajo al menos un 1% de personal con personas travestis, transexuales y transgénero. En julio de 2021, con la sanción de la Ley 27.636, se reglamentaron las condiciones de contratación y reserva de puestos para garantizar ese cupo laboral. También, la ley instauró el Registro Único de Aspirantes, en donde aquellas personas que deseaban conseguir empleo podían cargar sus datos.

Lautaro Lucas Cruz, presidente de la Fundación Trans Argentinxs hace énfasis en que “muchos adultos trans fueron expuestos a la situación de prostitución sin poder decidir. Con esta ley buscamos reparar y contener a las juventudes trans y no binarias para que puedan tener acceso a un trabajo formal”, explica en diálogo con ANCCOM.

Se trata de una población en extremo vulnerable y que por su bajo número de inscriptos esa situación puede ser resuelta con celeridad, pero en la práctica la realidad no ha cambiado mucho según los datos estadísticos.

Al cumplirse un año de la sanción de la Ley, el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional y la Asamblea TTNB por la Salud Integral presentó un estudio y estableció que en julio de 2022 ese porcentaje era suficiente para la contratación de 5.551 personas que expresaron su necesidad de trabajo. Sin embargo, solo 313 personas habían sido incorporadas.

Según los resultados del monitoreo realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dispuesto el 30 de septiembre del mismo año, 480 personas trans son las empleadas en el Sector Público Nacional, sólo 167 personas más desde el monitoreo de julio. Según el mencionado estudio realizado por ATE Nacional y la Asamblea TTNB de Salud Integral
se cubrieron el 8,65% de las vacantes laborales disponibles.

Dentro de este numero total, la cantidad de personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero que fueron contratadas antes del Decreto 721/20 es de 64 personas, mientras que 112 se sumaron entre el Decreto y la sanción de la Ley N° 27.636. Siguiendo esos datos –tras un pedido de acceso a la información realizado por ANCCOM– se observa que antes de la norma ya había un total de 176 personas con empleo. En términos porcentuales el empleo creció un 36,7% del total, tomando como referencia las 480 personas registradas hasta el 30 de septiembre de 2022, pero en números concretos menos del 10% de las personas que pidieron un trabajo digno pudieron salir de la marginalidad laboral y/o social.

Desde el Mocha Celis procuran instancias de inclusión que reconozcan las horas de estudio. Foto: ARCHIVO

En la Fundación Trans Argentinxs donde también acompañan y asesoran a niñxs, adolescentes y juventudes trans de todo el país que tienen entre 3 y 24 años, aseguran que “se dificulta que entren las personas a trabajar porque no hay decisión política. Además, es preciso que el cupo laboral sea implementado de manera federal”.

En la provincia de Buenos Aires y CABA se contrataron 356 personas, mientras que en el resto de las provincias sólo se contrataron 83 nuevos empleados y empleadas, quedando un restante de 41 personas que no fueron contabilizadas según su jurisdicción. “Para que en el interior se pueda cumplir la ley haría falta una adhesión de las provincias”, advierte Lautaro Cruz.

Mientras tanto la demanda de trabajo sigue creciendo. El Registro Único de Aspirantes contabiliza al cierre de esta edición 6.807 personas Travestis, Transexuales y Transgénero inscriptas. En otras palabras, la respuesta del Estado sigue siendo lenta en relación con el ejercicio pleno del derecho. Así, tomando los datos dispuestos por ATE Nacional y la Asamblea TTNB, los 5.551 puestos de trabajo ya podrían estar cubiertos con mayor compromiso de las autoridades del sector público y atender la demanda de nuevas solicitudes.

Este registro tiene la finalidad de que aquellas personas que estén interesadas en cubrir vacantes en el marco de la ley puedan brindar sus datos para establecer una orientación de adecuación profesional. Este solicita el nombre autopercibido, los antecedentes educativos y laborales y las aptitudes y preferencias laborales de las personas aspirantes. Es allí donde surge la trampa burocrática. El perfil de los puestos no coincide con la formación de los aspirantes y no existen mecanismos ni resortes reglamentarios formales para que se capaciten mientras acceden a los puestos de trabajo.

La Asociación Civil Mocha Celis y su Bachillerato Popular trabaja para revertir esta situación desde hace más de una década, en especial porque la discriminación tiende a expulsar a las personas trans de los ámbitos educativos cuando atraviesan la enseñanza secundaria. Desde la Mocha saben que la inserción laboral no es sencilla y procuran instancias de inclusión que impliquen el reconocimiento de horas de estudio como estrategia.

Cruz insiste en la importancia de la ley para este colectivo. “Cuando lees que tu expectativa de vida es de 35 o 40 años –explica– te da un poco de miedo… Saber que vas a tener un futuro, que vas a tener la posibilidad de elegir donde trabajar y/o estudiar, te da un poco de tranquilidad. Es el saber que vas a estar bien. Eso es lo importante”.

La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» establece un incentivo tributario para aquellos empleadores privados que contraten a trabajadores y trabajadoras de la comunidad trans travesti con el fin de fomentar el acceso al empleo. Además, los organismos que están comprendidos dentro de la normativa deben llevar a cabo acciones que faciliten una sensibilización y comprensión sobre la perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales.

La norma surge frente a la ausencia de una ley integral –como en el caso uruguayo– de igualdad de género. En Argentina las minorías sexuales fueron conquistando derechos por partes.. En 2012, la Ley de Identidad de Género estableció un marco legal en el cual se asienta que no se necesitan diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Dentro de los grupos que lucharon por esta ley se encontraba el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones. En ella se encontraba Lohana Berkins, una activista travesti que buscó en esa norma dar un acceso pleno a la atención sanitaria para que aquellos que soliciten intervenciones médicas o tratamientos puedan obtenerlos.

 

Por otro lado, la Ley Diana Sacayán aprobada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires fue un gran antecedente. Esta última institucionalizó el cupo laboral travesti trans, utilizando como nombre a la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino en 2012 y el de Lohana, ambas activistas en el proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

Sobre la aplicación real de la ley se destaca que el Ministerio de Economía es aquel que más personal travesti y trans tiene, contando con un total de 92. Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta 19 personas y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 39. El Ministerio de Educación es aquel con menor cantidad de contratados, solo con 1 persona contemplada bajo las condiciones de esta norma.

“Es necesario un Observatorio de la ley de cupo laboral trans y travesti. En todas las políticas públicas que tienen que ver con este colectivo es necesario”, concluye Lautaro Cruz.

Vamos las Verdes

Vamos las Verdes

Las futbolistas del equipo femenino Sub-19 de Excursionistas sueñan con consolidar la carrera profesional. Un botón de muestra de las dificultades que enfrentan las mujeres para apropiarse de un deporte históricamente masculino.

El día está soleado, es un martes al mediodía, cuando un auto con cuatro chicas llega al club Sacachispas, ubicado en el barrio de Villa Soldati, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Minutos más tarde, un nuevo grupo, pero en un vehículo -manejado por el padre de una jugadora de fútbol- llega al lugar. El resto del equipo, arriba por su cuenta al estadio.

Así, de a grupos sueltos, todas por separado, llegan las jugadoras del Club Femenino de Excursionistas a su partido de local en una cancha de la Ciudad que no es la de ellas. Siempre es igual, sea en Sacachispas o en el club Deportivo Español entran con la misma pasión y compromiso.

Excursionistas, club que fue fundado en 1910, se encuentra ubicado en La Pampa 1376 en la zona del Bajo Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, el equipo juega en Primera A y está federado en la AFA. En 1991, se disputó el primer torneo de fútbol femenino de la AFA, el cual contó con ocho clubes: River –que salió campeón-, Boca, Independiente, Excursionistas, Deportivo Español, Laferrere, Yupanqui y Sacachispas. Pero recién, en 2019 llegó la profesionalización –precaria- al país.

Estas futbolistas que acaban de arribar a Sacachispas tienen entre 16 y 19 años y forman parte de la categoría sub 19 de Excursionista. Su entrenadora es Micaela Amarilla. A pesar de las dificultades que conlleva este deporte en Argentina, Fatima Danura (18), futbolista de Excursionistas, dice: “El fútbol no es solamente jugar a la pelota, es más un sentimiento porque te da amistades, te da metas, te da ganas. A la hora de jugar me desconecto de las cosas malas que me pueden estar pasando en la vida cotidiana, es un momento en el cual uno puede hacer algo que te gusta, te llena completamente”.

Pasó una hora y media, son las 13.30 horas en el vestuario de Sacachispas. Suena cumbia de fondo y las jugadoras se cambian, algunas se ponen gel en el pelo y la entrenadora les da una charla técnica con mucho entusiasmo, pero también con dulzura, sobre cómo encarar el partido. El equipo sale al campo y juega en una cancha auxiliar que no está en condiciones: no hay césped que cubra el suelo en su totalidad, el piso se encuentra desnivelado y hay mucha arena, lo que implica que las futbolistas realicen más esfuerzo físico del que deberían. Aún así, lograron imponerse 2-1.

“Jugar en equipo y patear la pelota, eso es la felicidad”, dice Camila Agüero (17), defensora de Excursionistas, cuando ANCCOM le consulta sobre lo que significa el fútbol para ella. Muchas empezaron recientemente a jugar de forma profesional y un gran número del equipo, casi todas, demostraron un fuerte interés a temprana edad por el deporte. “Surge desde que tenía cuatro años. Iba a la plaza con mi papá y con mi hermano y era la típica que no entendía nada de fútbol. Poco a poco, sin que nadie me enseñe, le empecé a agarrar un gusto, comencé a jugar con los chicos de la plaza y era raro porque era la única mujer que jugaba ahí de chiquita, pero le agarré cariño y pasión”, afirma Danura, delantera de la Reserva.

“Un día me di cuenta que todos todos los chicos del barrio me venían a buscar para los partidos; me conocían como la marimacho, por ser la única mujer jugando”, cuenta Florencia Arevalo, mediocampista de 19 años de Excursionistas que tenía seis años cuando empezó a interesarse en el deporte. «Mis primos y hermanos jugaban a la pelota, en ese momento no tenía con quien jugar y en el aburrimiento empecé a patear con ellos. Con el tiempo, se dieron cuenta que era buena y me empezaron a enseñar sobre el deporte y me unían a sus partidos”.

Chapo Myriam (19), futbolista que juega de lateral en Excursionistas afirma: “Hay casos desafortunados donde las mujeres abandonan por cuestiones económicas que, lamentablemente, afectan a muchas jugadoras como al cuerpo técnico, que quieren crecer, que les gusta el fútbol y desean formar parte de un plantel profesional, pero aunque no se vea tan grave, lo económico siempre cuenta”. En este deporte son diversas las problemáticas a las cuales se enfrentan las jugadoras. “Las dificultades que noto son económicas: aunque el femenino esté en la A, el salario es mínimo” dice Arévalo. Y agrega: “Hay personas para las cuales esto es un trabajo, y la economía no las ayuda, muchísimas horas dedicándole a este deporte y ningún sustento”.

A muchos clubes no les interesan los equipos de Reserva, que son los que están dedicados a formar jugadores y jugadoras futbolísticamente para que puedan pasar a jugar en Primera División. En este sentido, Agüero relata: “Les dan dos pelotas, una canchita así nomas y listo. Eso está mal porque las chicas son el futuro”. Además, la jugadora explica: “No se nos da mucha importancia como al fútbol masculino y no genera lo mismo. Deberíamos tener todas contrato o por lo menos un viático”. Este año, las jugadoras juntaron dinero para pagar las bebidas y alimentos que consumen durante y pospartido, como así también, plata para pagarle a los fotógrafos. En este sentido, Danura sostiene: “Se están destrabando un poco las dificultades, pero obviamente tenemos muchas contras, especialmente el público que casi no hay en comparación al masculino y el tema del dinero. Siento que está creciendo el fútbol femenino pero todavía le falta”.

Por otro lado, desde finales de 2021, la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) firmó un convenio con Excursionistas para incentivar a las jugadoras a que puedan estudiar en el ámbito universitario mientras desarrollan su carrera como futbolistas. La universidad se comprometió a brindar asesoramiento técnico y de gestión, entre otras actividades, para que el equipo pueda tener un mejor desempeño. “Esta alianza no representa un hecho aislado. Existen antecedentes similares, como la de la UAI con el club Urquiza y la de la UBA con el club Defensores de Belgrano”, amplía un comunicado de la institución educativa.

El sábado cinco de noviembre, con un sol radiante, las chicas se preparan para jugar su último partido. Esta vez juegan en el club Deportivo Español, en el Bajo Flores, contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. En los vestuarios se percibe cierto nerviosismo pero también emoción: es el último que juegan en el año y quizá se desarme el grupo para la próxima temporada. Salen a la cancha y lo dan todo, pero no es suficiente. Perdieron 3 a 1. Incluso, una de las Verdes sufrió un desgarro pero que rápidamente fue atendida por los médicos y contenida por la entrenadora.

 A pesar del resultado, cuando finaliza el partido Micaela felicita a las jugadoras y hace hincapié en que disfruten todo lo conseguido: la manera en que mejoraron durante todo el año, tanto en los partidos como en el entrenamiento. También les pide que no bajen los brazos si quieren seguir una carrera profesional en el fútbol. Ellas remarcan que siguen jugando porque aman lo que están haciendo y por el apoyo y esfuerzo de sus familias que hacen lo que sea para verlas felices. “Hoy en día tengo unas compañeras geniales, que en realidad, somos una familia. Siempre me pongo en la cabeza que todo esmero tiene su recompensa, y que si no llega hoy, va a llegar mañana o cuando tenga que llegar”, afirma Camila. Del mismo modo comparte Chapo: “Es lo que amo hacer y me enseñaron a nunca bajar los brazos. Allá voy en busca de un sueño, que ojalá, algún día pueda cumplir”.

Arévalo destaca: “Nunca tuve una buena economía y sé que si sigo insistiendo y buscando otros medios voy a lograr crecer , pero no veo una vida sin fútbol, dejar el fútbol para mí sería entrar en depresión. Solo por eso sigo. Y sé que con perseverancia las cosas van a llegar”, concluye Florencia.

El primer viernes de noviembre, en las canchas del Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, terminan el último entrenamiento del año, el mismo día que cumple años su entrenadora. El esfuerzo y la dedicación que realiza el grupo se puede observar a simple vista, así como también la unión y el cariño que se tienen entre ellas. Varias jugadoras distraen a la entrenadora, que a pesar de ser su compleaños estaba ahí firme con ellas, enfocada en preparar al equipo para el último partido de la temporada. Mientras que otras se agrupan y sacan de sus mochilas una torta y una vela y, de improvisto, comienzan a cantar el feliz cumpleaños logrando así, sorprender a Micaela. Así finalizaban el último entrenamiento del año las jugadoras de categoría sub 19 junto con su entrenadora. Muchas de ellas pasarán el año próximo a jugar en primera división.