El registro de aspirantes ya superó los 6000 inscriptos mientras los monitoreos sobre el Sector Público Nacional no superan los 500 empleos efectivos. La “Fundación Trans Argentinxs” reclama un Observatorio por el lento cumplimiento de la norma.
El 7 de julio de 2021 se promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán–Lohana Berkins». A más de 18 meses de la sanción, la norma presenta ambigüedades en su aplicación , tornando efímera la ampliación de derechos en el sector más vulnerable de la comunidad LGTB+.
En septiembre de 2020 el Decreto 721/2020 estableció que el Estado debía incorporar en sus espacios de trabajo al menos un 1% de personal con personas travestis, transexuales y transgénero. En julio de 2021, con la sanción de la Ley 27.636, se reglamentaron las condiciones de contratación y reserva de puestos para garantizar ese cupo laboral. También, la ley instauró el Registro Único de Aspirantes, en donde aquellas personas que deseaban conseguir empleo podían cargar sus datos.
Lautaro Lucas Cruz, presidente de la Fundación Trans Argentinxs hace énfasis en que “muchos adultos trans fueron expuestos a la situación de prostitución sin poder decidir. Con esta ley buscamos reparar y contener a las juventudes trans y no binarias para que puedan tener acceso a un trabajo formal”, explica en diálogo con ANCCOM.
Se trata de una población en extremo vulnerable y que por su bajo número de inscriptos esa situación puede ser resuelta con celeridad, pero en la práctica la realidad no ha cambiado mucho según los datos estadísticos.
Al cumplirse un año de la sanción de la Ley, el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional y la Asamblea TTNB por la Salud Integral presentó un estudio y estableció que en julio de 2022 ese porcentaje era suficiente para la contratación de 5.551 personas que expresaron su necesidad de trabajo. Sin embargo, solo 313 personas habían sido incorporadas.
Según los resultados del monitoreo realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dispuesto el 30 de septiembre del mismo año, 480 personas trans son las empleadas en el Sector Público Nacional, sólo 167 personas más desde el monitoreo de julio. Según el mencionado estudio realizado por ATE Nacional y la Asamblea TTNB de Salud Integral
se cubrieron el 8,65% de las vacantes laborales disponibles.
Dentro de este numero total, la cantidad de personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero que fueron contratadas antes del Decreto 721/20 es de 64 personas, mientras que 112 se sumaron entre el Decreto y la sanción de la Ley N° 27.636. Siguiendo esos datos –tras un pedido de acceso a la información realizado por ANCCOM– se observa que antes de la norma ya había un total de 176 personas con empleo. En términos porcentuales el empleo creció un 36,7% del total, tomando como referencia las 480 personas registradas hasta el 30 de septiembre de 2022, pero en números concretos menos del 10% de las personas que pidieron un trabajo digno pudieron salir de la marginalidad laboral y/o social.
Desde el Mocha Celis procuran instancias de inclusión que reconozcan las horas de estudio. Foto: ARCHIVO
En la Fundación Trans Argentinxs donde también acompañan y asesoran a niñxs, adolescentes y juventudes trans de todo el país que tienen entre 3 y 24 años, aseguran que “se dificulta que entren las personas a trabajar porque no hay decisión política. Además, es preciso que el cupo laboral sea implementado de manera federal”.
En la provincia de Buenos Aires y CABA se contrataron 356 personas, mientras que en el resto de las provincias sólo se contrataron 83 nuevos empleados y empleadas, quedando un restante de 41 personas que no fueron contabilizadas según su jurisdicción. “Para que en el interior se pueda cumplir la ley haría falta una adhesión de las provincias”, advierte Lautaro Cruz.
Mientras tanto la demanda de trabajo sigue creciendo. El Registro Único de Aspirantes contabiliza al cierre de esta edición 6.807 personas Travestis, Transexuales y Transgénero inscriptas. En otras palabras, la respuesta del Estado sigue siendo lenta en relación con el ejercicio pleno del derecho. Así, tomando los datos dispuestos por ATE Nacional y la Asamblea TTNB, los 5.551 puestos de trabajo ya podrían estar cubiertos con mayor compromiso de las autoridades del sector público y atender la demanda de nuevas solicitudes.
Este registro tiene la finalidad de que aquellas personas que estén interesadas en cubrir vacantes en el marco de la ley puedan brindar sus datos para establecer una orientación de adecuación profesional. Este solicita el nombre autopercibido, los antecedentes educativos y laborales y las aptitudes y preferencias laborales de las personas aspirantes. Es allí donde surge la trampa burocrática. El perfil de los puestos no coincide con la formación de los aspirantes y no existen mecanismos ni resortes reglamentarios formales para que se capaciten mientras acceden a los puestos de trabajo.
La Asociación Civil Mocha Celis y su Bachillerato Popular trabaja para revertir esta situación desde hace más de una década, en especial porque la discriminación tiende a expulsar a las personas trans de los ámbitos educativos cuando atraviesan la enseñanza secundaria. Desde la Mocha saben que la inserción laboral no es sencilla y procuran instancias de inclusión que impliquen el reconocimiento de horas de estudio como estrategia.
Cruz insiste en la importancia de la ley para este colectivo. “Cuando lees que tu expectativa de vida es de 35 o 40 años –explica– te da un poco de miedo… Saber que vas a tener un futuro, que vas a tener la posibilidad de elegir donde trabajar y/o estudiar, te da un poco de tranquilidad. Es el saber que vas a estar bien. Eso es lo importante”.
La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» establece un incentivo tributario para aquellos empleadores privados que contraten a trabajadores y trabajadoras de la comunidad trans travesti con el fin de fomentar el acceso al empleo. Además, los organismos que están comprendidos dentro de la normativa deben llevar a cabo acciones que faciliten una sensibilización y comprensión sobre la perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales.
La norma surge frente a la ausencia de una ley integral –como en el caso uruguayo– de igualdad de género. En Argentina las minorías sexuales fueron conquistando derechos por partes.. En 2012, la Ley de Identidad de Género estableció un marco legal en el cual se asienta que no se necesitan diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Dentro de los grupos que lucharon por esta ley se encontraba el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones. En ella se encontraba Lohana Berkins, una activista travesti que buscó en esa norma dar un acceso pleno a la atención sanitaria para que aquellos que soliciten intervenciones médicas o tratamientos puedan obtenerlos.
Por otro lado, la Ley Diana Sacayán aprobada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires fue un gran antecedente. Esta última institucionalizó el cupo laboral travesti trans, utilizando como nombre a la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino en 2012 y el de Lohana, ambas activistas en el proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.
Sobre la aplicación real de la ley se destaca que el Ministerio de Economía es aquel que más personal travesti y trans tiene, contando con un total de 92. Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta 19 personas y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 39. El Ministerio de Educación es aquel con menor cantidad de contratados, solo con 1 persona contemplada bajo las condiciones de esta norma.
“Es necesario un Observatorio de la ley de cupo laboral trans y travesti. En todas las políticas públicas que tienen que ver con este colectivo es necesario”, concluye Lautaro Cruz.