Jubilados de vanguardia

Jubilados de vanguardia

Como en la década de 1990, un grupo de trabajadores pasivos se reúne todos los miércoles frente al Congreso para exigir aumentos que les den un respiro en el bolsillo. Participaron de las manifestaciones contra la Ley Ómnibus y fueron reprimidos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia?

Jubilados Insurgentes es un movimiento creado en el año 2019 por personas de distintas afinidades y militancias políticas. No tiene dirigentes ni referentes porque creen en una democracia directa que reemplace a un sistema de representatividad que está en crisis. Todos los lunes hacen asambleas vía Meet para reunir a todos los integrantes esparcidos por la Argentina en las que, a partir de consensos, trabajan, cada uno con su idea política, en función del bienestar no solo de los jubilados, sino también de los trabajadores en actividad –porque pelean por la defensa del sistema previsional vigente–, de los estudiantes y de los desocupados.

“Insurgentes trata de poner sobre la mesa todas las necesidades que tienen los jubilados. Hay compañeros a quienes no les dan los medicamentos oncológicos ni turnos de visitas con el médico. La situación es muy grave”, afirma Beatrice, una de las integrantes del movimiento que en los tiempos que corren prefiere preservar su apellido. Y todos coinciden en un número: 500.000 pesos de jubilación mínima, es decir, un monto que por lo menos alcance para cubrir la canasta básica de un adulto mayor.

En la vereda

El grupo Jubilados Insurgentes se junta todos los miércoles a las 15 horas en la puerta del Anexo “A”, edificio ubicado frente al Congreso sobre la avenida Rivadavia entre Riobamba y avenida Callao, y hacen “semaforazos” sin interrumpir la circulación de autos y peatones. Al ritmo de consignas como “Trabajadores, les estamos avisando que sus jubilaciones se las están afanando”, “Paro general”, “Jubilados, carajo”, “¿A dónde está esa famosa CGT?”, “Necesitamos una huelga general”, Insurgentes se organiza del cordón de la calle hacia la vereda para cumplir con el protocolo de seguridad impuesto por este nuevo gobierno.

Así y todo, la policía bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los amedrentó, al igual que a tantos otros manifestantes, durante las jornadas del 31 de enero al 2 de febrero. “Me comí el gas en los ojos, por más que tenía lentes, y en la nariz. Me dejaron las fosas nasales ardiendo una hora. Vinieron compañeros militantes, me dieron limón y, más o menos, se me calmó, pero el gas que están usando es venenoso: dicen que con leche se calma, pero esto ataca a los pulmones”, indica uno de los jubilados reprimidos y agrega: “No nos van a doblegar, lo único que han hecho es potenciarnos. A nosotros nos reprimieron y crecimos.”

Desde los 15

Mario Palavecino tiene 69 años y vive en el barrio porteño de Villa Lugano. Trabajó 43 años en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación de dependencia y hace ‘changas’ desde los 15. Hoy cuida a su nieto mientras su hija sale a trabajar. Si bien militó en la izquierda, actualmente no se identifica ni agrupa con ningún partido político.

Palavecino dice que esta arremetida del gobierno no se arregla únicamente con movilizaciones en las calles: les exige a los dirigentes de las centrales obreras, CTA y CGT, más allá de sus diferencias, a ponerse a la cabeza de las demandas con un plan de lucha nacional que incluya paros y marchas. Al ser consultado por el reciente aumento de las jubilaciones del 29%, cataloga este ajuste como “un afano” y agrega que “debería estar, para los compañeros que tienen la mínima, en un piso de 500.000 pesos, el equivalente a la canasta básica de adulto mayor.”

Para Mario, “este gobierno endurece el garrote contra los trabajadores, pero es muy blando con los titulares del Fondo Monetario. Dicen que no hay plata, pero se la llevan todas las grandes corporaciones bancarias. Se está pagando una deuda altamente fraudulenta que es una estafa al pueblo argentino. No hay plata para los trabajadores, para los jubilados ni para los sectores populares. Al final la casta somos vos, él y yo”, se enoja.

Un paseo por la historia

Rubén Cocurullo, de 76 años, nació en el barrio de Saavedra y aún sigue allí. Trabajó ocho años en relación de dependencia hasta que se dio cuenta que “era explotado por el patrón”. Tomó la decisión de continuar de manera autónoma y lo hizo por 43 años hasta jubilarse con la mínima.

No forma parte de ningún partido político porque “son todos piramidales.” Así, desde 1999, cuando se fue del Partido Socialista Democrático, Rubén decidió formar, junto a otras seis personas, el grupo Jubilados Autogestionados en la Biblioteca Popular José Ingenieros. Junto a dicho grupo, organiza reuniones semanales en el Centro Cultural Casa del Pueblo, situado en Villa del Parque, para llevar a cabo charlas, debates, conmemoraciones y muestras, entre otras actividades culturales costeadas por ellos mismos.

Rubén se remonta al pasado para recordar que hoy, en el gobierno, están “los mismos” que participaron de la Semana Roja de 1909 en Plaza Lorea, de la Semana Trágica de 1919 en la Plaza Martín Fierro, de la masacre de la Patagonia rebelde de 1921, de la masacre de Oberá de 1936 y del asesinato de los Pilagá en 1947: “los Vasena, los Bullrich… esos son exactamente los mismos que nos vienen gobernando”, enumera.

Por último, deja dos mensajes, uno de ellos para los policías que reprimen en las movilizaciones: “Muchachos, despierten de una vez. Ustedes cobran 500 ‘lucas’ por mes como cualquiera. Son trabajadores adiestrados para la represión, para asesinar al pueblo, y no saben que de este lado puede estar el abuelo, el tío, o el padre del amigo.” Y otro para la juventud, especialmente, para quienes votaron a Javier Milei: “A los jóvenes les hicieron leer una mitad de la biblioteca y no la otra. Cuando estos chicos se encuentren sin un ‘mango’ en el bolsillo, sin jubilación y explotados, la decisión que van a tomar va a ser irse del país porque «es una mierda».”

De San Fernando al Congreso

Más de una hora y media tarda en llegar Juan Manuel Quintero desde su hogar, ubicado en la localidad de Virreyes, para reunirse con sus compañeros de Jubilados Insurgentes. A sus 76 años, y luego de toda una vida de trabajo como metalúrgico, Juan Manuel muestra una faceta política que se desliga de su militancia en el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT), movimiento que integró hasta la irrupción del Golpe de Estado de 1976, y en el fundado por Luis Zamora, Movimiento al Socialismo (MAS), desde el año 1982, y hoy expresa su descontento hacia los dirigentes partidarios.

Juan Manuel acusa a este gobierno de tener relaciones muy estrechas con el sionismo, con los ‘yankis’ y con los anglosajones. “Quieren destruir todas las conquistas que ganó la clase obrera. La mayoría de los políticos se hacen los distraídos y algunos dicen «cuanto peor, mejor». Por eso, les exigimos a las tres centrales sindicales (Confederación General del Trabajo, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) que luchen para tirar este plan económico e ir con uno distinto que empiece por un aumento de todo: jubilaciones, pensiones”, enfatiza. “Si no, este país es semicolonia. ¿Es difícil? No, no es difícil. La clase obrera a nivel mundial está luchando: hizo 25 paros en Latinoamérica, hizo un paro en Alemania. Hay una situación revolucionaria que llegó acá: la clase obrera puso en jaque al gobierno el 24 (de enero) y, lamentablemente, las conducciones le dieron un respiro”, agrega.

Remando contra la corriente

Beatrice tiene 78 años y vive en Balvanera, “ahí en Once”, dice mientras señala en dirección a los autos que circulan por la Avenida Rivadavia. Estudia Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: le quedan tan sólo dos exámenes y la entrega de dos informes para recibirse y cumplir aquel sueño que se vio truncado desde joven, cuando le contó a su padre que quería arrancar la ‘facu’. “¿Qué? ¡Vos tenés que ser maestra jardinera, casarte y tener hijos!”. En ese recuerdo aparece la lucha histórica de las mujeres, ese combate contra aquello que se llama ‘estigma’ y existe hace siglos. Ella, militante del movimiento feminista, insiste en que la desigualdad de género sigue siendo la misma porque todavía las mujeres no ganan lo mismo que los hombres y deben cuidar a los hijos, cumplir con las tareas del hogar y mantener su empleo formal al mismo tiempo.

Beatrice trabajó en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de manera ininterrumpida por 26 años y, ahora, con una pensión de 169.000 pesos –una cifra que se considera como ‘privilegio’ dentro de los jubilados–, no le “da para nada.” De hecho, cuenta que vive con su hijo de 52 años para recortar sus gastos lo máximo posible. “Se invirtió todo: ahora es mi hijo quien se hace cargo de gran parte de las cosas, es él quien me cuida a mí.”

En la mirada de Beatrice “hay un sistema que indica que somos descartables. Los jóvenes producen hasta que se vuelven descartables, y eso forma parte de un sistema que se llama capitalismo. Es el ‘usar y tirar’. Esto es una lucha de tipo política: en la medida que sigamos así, el capitalismo no va a aguantar”.

 

Denuncian el uso de la motosierra con las infancias y adolescencias

Denuncian el uso de la motosierra con las infancias y adolescencias

Los trabajadores de la exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realizaron una radio abierta frente al edificio donde se encuentra el organismo para visibilizar despidos, desfinanciación y la falta de designación de personal jerárquico. Todos los cuestionamientos apuntan a la ministra Sandra Pettovello.

La exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) realizó una radio abierta para denunciar su desfinanciación, el despido de 61 trabajadores y la falta de designación de  personal jerárquico. La actividad se desarrolló desde las 13 en el edificio del organismo, ubicado en Perón 524, y contó con la presencia de los trabajadores que forman parte de los centros de desarrollo infantil, los hogares para adultos mayores y la línea de asistencia para chicos y chicas.

La actividad tuvo lugar después de que los trabajadores lanzaran un comunicado en el que se alertaba que la SENAF había sido degradada a subsecretaría, por lo que había menos recursos para mantener el mismo nivel de asistencia. Por otro lado, en el texto firmado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)  manifestaba preocupación por el aumento de la explotación laboral y la posibilidad de que haya aún más rescisiones de contratos. 

En este sentido, Adolfo DArdik, secretario general de la Junta Interna de la Subsecretaría lamentó: “ Que desfinancien al Estado como lo vienen haciendo aventura un desguace de un organismo que, en este contexto de crisis socioeconómica, debería estar a disposición de todos los sectores más vulnerados”.

Esto se da en el marco de una paralización que los trabajadores han bautizado como “caos administrativo”: “No tenemos funcionarios designados, no hay interlocución. Cada tanto aparecen quienes deberían ocupar algunos cargos de jerarquía y solo nos dicen ‘no tenemos definiciones’”, explicó el gremialista. 

Sandra, integrante del personal de SENAF, tomó el micrófono de la radio abierta y coincidió con Dardik: “Como no hay autoridades, no hay firma, entonces no se mueve ningún papel. No hay dictámenes, no hay pagos, no hay firmas de convenios, no se están tramitando las reparaciones económicas para niños y adolescentes que han perdido a sus madres por femicidios, no se están gestionando pagos para espacios de primera infancia”. 

“Nos acercamos hacia el fin de un primer trimestre con ejecución cero, cosa nunca vista en el organismo —continuó— Y en la medida que esto no se subsane, el segundo trimestre quizás no sea de ejecución cero pero sí de subejecución. Encima tenemos un presupuesto prorrogado del 2023, por lo que está a la baja” 

El siguiente en tomar la palabra fue Dardik, quien adelantó que habrá más actividades similares si no se oyen los reclamos de los trabajadores. “El presidente se encargó en las últimas entrevistas de denominarnos como parte de una asociación criminal, dijo que el Estado es una asociación criminal. Es horrible en todo sentido”, sostuvo.

Es claro que nosotros a la disputa ideológica la damos en todos los campos —añadió—; nuestra disputa es en el campo del sentido. Esta gestión (la de Sandra Pettovello), en las pocas intervenciones públicas que ha tenido habló de caridad y beneficencia. Nosotros hablamos de justicia social, de un Estado presente en territorio, que genere políticas públicas y derechos”.

Antes de concluir, sentenció: “Esta pelea la vamos a ganar, como hemos ganado otras tantas. Porque sabemos de nuestro compromiso, sabemos de nuestra fortaleza, sabemos que cuanto más nos golpean más solidaridad generamos. Estos personajes que deambulan por nuestro organismo, que se jactan de hablar del niño por nacer, poco les interesan los derechos de los niños nacidos, que son los que laburamos”.  

La realidad detrás de los recortes

A Alejandra (54) la despidieron a través del sistema de gestión de documentos el 30 de diciembre. Ese martes llegó al Centro de Desarrollo Infantil Evita, en el barrio de Congreso, y al prender la computadora se encontró con un cartel que le indicaba que no le había renovado su contrato. 

“Me agarró una crisis que quería romper todo… No sé cómo explicarte —recordó con lágrimas en sus ojos ante este medio—. Me empezó a latir el corazón muy fuerte, fue tristísimo”. 

Había ingresado al SENAF en mayo del 2023, en el marco de una serie de contrataciones que buscaban cubrir bajas en diversas áreas críticas. Antes se desempeñaba en trabajos temporales como acompañante terapéutica y niñera, por lo que la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco había significado un gran progreso para su carrera. 

“Me tocó trabajar con nenes de dos años. La verdad es que trabajamos un montón —indicó, mientras se inclinaba hacia delante, casi como si suplicara que le creyeran—. El CDI ordenaba mi vida. Era un trabajo hermoso”. 

Luego de la notificación virtual, siguió acudiendo a su trabajo durante dos semanas: “Iba porque era mi puesto de laburo, por suerte tuve el apoyo de mi jefa, mi directora y mis compañeras. Yo quería laburar. Dicen que somos unos vagos, que somos todos ñoquis, que el Estado da gasto y no suma, pero es el Estado el que sostiene todo”. 

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

ATE, CTA y la Junta Interna de la exSecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia denunciaron la degradación del organismo, el despido de decenas de trabajadores y el caos administrativo por la falta de designación de autoridades. Convocan a una radio abierta para mañana, jueves 15, frente a la actual Subsecretaría.

Los trabajadores de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denuncian la degradación del organismo a subsecretaría, el despido de decenas de trabajadores y un “caos administrativo” relacionado con la no designación de autoridades.

En el texto del comunicado en el que difundieron la denuncia, firmado por ATE, la CTA y la junta interna de la SENAF, se advierte que fueron despedidas 61 personas contratadas durante el 2023 “para cubrir bajas en áreas críticas”. Además, se señala que aún podría haber más rescisiones de contratos.

En diálogo con ANCCOM, Adolfo Dardik, secretario general de la junta interna de la Subsecretaría, explicó que “los despidos llevaron a que sobrecarguen a las cuidadoras y a los enfermeros de los hogares para adultos mayores”. En este sentido, lamentó: “si le sumás la quita de horas extras, se hace casi imposible mantener los estándares de calidad de asistencia que veníamos presentando. Todo esto implica un latente achicamiento de todas las plantas, un desfinanciamiento por parte del Estado nacional y una caída de toda la intervención territorial desde las políticas públicas. Los afectados son sectores de la sociedad muy golpeados y marginados, lo que perjudica la relación sociedad y Estado.”

Los dirigentes sostienen que los trabajadores deben hacer frente a una explotación laboral extrema con la incertidumbre de quedarse en la calle, en un contexto donde la inflación y la pobreza crecen a niveles estratosféricos.

A esto se le añade el hecho de que muchas veces son ellos mismos quienes tienen que comprar los recursos que debería brindar el Estado. “Esta semana nos avisaron que en uno de los hogares de adultos mayores ya se quedaron sin pañales y el proveedor no lo repone por falta de pago; en un centro de desarrollo infantil tienen comida por tres días más. Es alarmante. Lo solucionamos con aportes solidarios que venimos haciendo, con donaciones y cooperadoras. Son parches que no deberían existir”, declaró Dardik.

Por otro lado, desde ATE también indicaron que el gobierno nunca asignó funcionarios para el área, por lo que hay un “caos administrativo” que tiene como resultado “la falta de aplicación de políticas para el trabajo cotidiano”. 

En este sentido, el secretario de la junta interna aclaró que no hay ningún canal de comunicación con las autoridades de la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano: “Lo único que tenemos son algunas cosas que ha dicho la ministra, con quien tenemos abismales diferencias desde lo ideológico, desde lo metodológico y también desde la disputa del sentido. Ella habla de beneficencia y caridad, nosotros hablamos de justicia social”. 

Se trata de una situación que tiene de rehenes a miles de personas: “Estamos hablando de más de 1.200 pibas que son víctimas de violencia de género; de más de 11 mil capacitadores que se fueron formando a lo largo de los años como cuidadores de adultos mayores; contamos con más de 10 centros recreativos a lo largo de todo el país, en los cuales el año pasado pasaron más de 150 mil chicos con diversas actividades culturales, artísticas, recreativas; tenemos la línea 102 enfocada en los derechos de niños, niñas y adolescentes que el año pasado recibió más de 35 mil llamadas. Tenemos un peso descomunal en todo el territorio, con apenas 2.436 trabajadores y trabajadores”, precisó Dardik. 

Desde ATE solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Capital Humano para plantear las diversas problemáticas que están atravesando, pero no tuvieron respuesta. Por ese motivo, convocaron a una radio abierta para el jueves 15 en la Subsecretaría, ubicada en Perón 524. Allí se elaborará un documento que será enviado a la Comisión de Familia, Juventud y Adolescencia de la Cámara de Diputados. 

“Queremos que los legisladores expresen qué piensan con respecto a las políticas de desfinanciamiento, porque lo que quiere el gobierno es desguazar el Estado para regalarle negocios a sus amigos”, concluyó el gremialista. 

Los rebusques de los clubes de barrio

Los rebusques de los clubes de barrio

Golpeados por la crisis y el ajustazo, los clubes de barrio buscan estrategias de supervivencia. Desde bodegones, hasta el alquiler de salones para fiestas, bautismos, incluso para actividades escolares. El objetivo es sobrevivir y mantener su esencia barrial.

Club Devoto Oeste. 

En una esquina de Palermo hay un club que hace la mejor milanesa de Buenos Aires. Sobre Uriarte y Honduras, el bodegón del Club Eros es una rareza de platos abundantes, tradicionales y baratos en un barrio repleto de turistas y opciones gourmet. Un espacio con 20 mesas sin manteles recibe a familias enteras, y los chicos hambrientos después de jugar al fútbol en la canchita del club se tiran sobre las paneras y la Coca Cola fría. Porque Eros antes que un bodegón es un club social y deportivo, que tiene canchas de fútbol, vóley y clases de tango. Y que, como muchos clubes de barrio en la actualidad, tuvo que ingeniárselas y encontrar la manera de mantenerse en pie. Sobre todo, cuando los aportes de los socios y la ayuda estatal no alcanzan.

Para el Club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield (GEVS) en Floresta la situación es similar. El buffet devenido en bodegón representa cerca del 50% de los ingresos y es su principal fuente de recaudación. Desde que fue concesionado en 2016, se modernizó y duplicó la capacidad del salón principal. Sus platos abundantes, el bullicio de los comensales, los chicos del delivery que no dejan de entrar y salir, los mozos que van y vienen en un sin fin de idas y vueltas caracterizan a esta ya reconocida cantina.

Cuando los bolsillos de los vecinos están flacos por la inflación y los bajos sueldos, lo que se destina a esparcimiento y deportes disminuye. Los clubes de barrio tienen esto muy en cuenta y desarrollan estrategias para seguir brindando sus servicios, sin tener que excederse en el precio de las cuotas, lo que dejaría a muchos socios puertas afuera. Además del recurso de los bodegones, se suma el alquiler de los salones para cumpleaños, bautismos, aniversarios y bailes. También está el ingenio de hacer que estas estrategias se alimenten una a la otra para generar más rendimiento a futuro. A partir de la concesión del bodegón pudimos invertir en refaccionar el salón para poder alquilarlo y generar otra fuente de ingresos, de este modo multiplicamos la recaudación”, contó Fernando Penno, presidente de GEVS.

El club de Floresta, además, alquila sus espacios para que las escuelas realicen actividades de educación física. Penno comentó que “las escuelas utilizan los espacios cubiertos y las canchas. A cambio recibimos un dinero, que es muy escaso, pero lo más importante es hacer una obra social”.

La misma estrategia utiliza el Club Devoto Oeste, que también se preocupa por no dejar a nadie afuera. Nélida Adamenas, presidenta del club, explicó: Nosotros subsistimos por los socios y vecinos. Somos un espacio que fomenta la inclusión, si alguno no puede pagar la cuota lo entendemos porque conocemos el contexto. De todas formas, el dinero no alcanza para mejorar la infraestructura, tenemos lo que podemos y lo mantenemos con mucho esfuerzo”.

Por su parte Carlos Ortiz, vicepresidente del club, expresó: La cuota de socio, al ser una sociedad de fomento, sólo se destina al mantenimiento del establecimiento. Para continuar este proyecto, comenzamos hace algunos años a alquilar los salones que tenemos para celebraciones. Esto nos ayuda a seguir en pie». El club estima que los alquileres son casi el 40% de los ingresos, más que nada en verano cuando se dan más eventos.

Según Ortiz, también es fundamental una buena administración de los ingresos durante todo el año, ya que la temporada alta” de los clubes es en verano y en invierno se resiente la recaudación. Un balance bien regulado los ayuda a subsistir durante todo el año.

Una historia similar tiene el Club Varela Junior, que alquila su salón para fiestas y eventos, tanto diurnos como nocturnos. Según Viviana Sánchez, empleada administrativa, al ser un lugar pequeño no se pueden realizar grandes celebraciones, pero aun así logran alquilarlo: Incluso algunos profesores solicitan el salón para dar sus cursos, eso también nos sirve para financiar el club. Es fundamental para nosotros alquilar el salón para subsistir. Además, todos los años realizan un evento para recaudar fondos, que ayudan a mantener la infraestructura.

Para financiar el día a día también tenemos natación, tenis, cancha de fútbol y pádel que se cobra aparte de la cuota social, explicó Sánchez. En los últimos años, la institución renovó los vestuarios gracias al subsidio estatal que ofrecía el gobierno nacional para los clubes de barrio, hasta 2023. Según la trabajadora: Es un trámite muy burocrático. A veces te aceptan la solicitud y te dan la ayuda, en otras oportunidades eso no sucede. La verdad son más las veces que te dicen que no, que las que te dicen que sí”.

En el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, hay un club que encontró otra manera de financiarse: Unión Fútbol Club ofrece publicidad en sus uniformes y en su cuenta de Instagram. Se trata de algunos sponsorsbarriales, que ayudan a mantener las actividades en pie. Al respecto Analía Picelis, entrenadora del equipo femenino de fútbol, expresó: Las chicas son las que consiguen los anunciantes, conocen algún negocio cerca del club y nosotros les damos la posibilidad de promocionarse. Por esto nos pagan un poquito por mes. Almacenes, negocios de ropa, ferreterías y casas de materiales eléctricos, son algunos de los comercios locales que el club publicita en sus camisetas.

Los clubes son un espacio de inserción y aprendizaje. Muchos niños y jóvenes acuden para hacer deporte pero también para ser parte, no es solo jugar, el club es más que eso. Por eso debemos cuidarlos y ayudarlos para que no desaparezcan, afirmó Osvaldo Jara, periodista y escritor especializado en clubes de barrio.

Una Página/12 en blanco

Una Página/12 en blanco

El viernes 9 de febrero quienes componen la redacción del diario Página/12 dejaron de realizar sus tareas habituales en reclamo por la recomposición de sus salarios al Grupo Octubre. Los sueldos, señalan los trabajadores, se encuentran bajo la línea de indigencia. También protestan por los aumentos selectivos para desactivar su plan de lucha.

Los trabajadores de Página/12 decidieron realizar un paro de actividades cotidianas porque la empresa dueña del medio se niega a brindar una recomposición de los salarios y otorga aumentos selectivos para boicotear el plan de lucha que llevan adelante. Según comunicaron en su cuenta de X @delegadesp12 la patronal es “empobrecedora y antisindical” y brinda aumentos a discreción mientras mantiene congelados los sueldos de la inmensa mayoría de su planta. “Sabemos que la actitud, antisindical y discriminatoria, pretende quebrar el plan de lucha que desde hace un mes sostiene la asamblea de trabajadores en reclamo de mejoras salariales en medio de la brutal inflación de los últimos meses”, escribieron en el comunicado difundido en redes sociales.

Además de participar junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires en las negociaciones paritarias, los trabajadores del diario presentaron un petitorio con una serie de puntos que incluía una suma de emergencia a pagar en enero. “La redacción de Página/12 funciona toda a distancia porqué nunca volvimos a la presencialidad y usamos nuestros recursos para poder conectarnos y trabajar, entonces también había items como el teletrabajo”, contó  a ANCCOM Ana Paoletti, delegada sindical. También se pidió que se subieran las colaboraciones y que no se hicieran diferencias entre colaboradores permanentes y eventuales. “La respuesta a ese pedido fue subir el concepto de teletrabajo a 4.500 pesos, el cual consideramos insuficiente y en la última asamblea votamos un paro de 24 horas”, explica Paoletti.

Desde que asumieron las delegadas presentaron tres pedidos de reunión con la dirección periodística a cargo de Nora Veiras y Victoria Ginzberg las cuales nunca accedieron al encuentro. Algunos trabajadores que prefieren mantenerse en el anonimato denuncian que no solo están mal pagos sino que también son víctimas de maltrato y situaciones de acoso laboral.  

La semana anterior, como trabajadores de prensa, desde Página/12 asistieron a la puerta de la Secretaría de Trabajo donde hubo una nueva audiencia paritaria y las cámaras empresarias no les llevaron nada digno de ser considerado: “Nos ofrecen un voucher de 80.000 pesos a cobrar en marzo, la situación es angustiante porqué nuestros salarios básicos de convenio están debajo de la canasta de indigencia”, remarca la delegada sindical. Así fue como se resolvió implementar la medida de fuerza

Algo que resaltan desde el seno del diario es que en 2016 cuando el Grupo Octubre compró Página/12, el salario de los trabajadores estaban un 45 por ciento arriba de la canasta básica y hoy se ubica por debajo de la canasta de indigencia fijada en 240.798 pesos por el Ministerio de Economía. 

Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, explica que un redactor cobra 200.000 pesos en mano y califica la situación como gravísima. Además vuelve a remarcar que “tras más de un mes de audiencias con las cámaras empresarias la respuesta son sólo vouchers”.

La mayoría de la gente tiende a creer que la realidad de los trabajadores de los medios de comunicación es aquella que ostentan los famosos conductores de los programas del prime time televisivo o las radios más escuchadas. La realidad es de un alto grado de precarización que obliga a un trabajador a tener más de un empleo para poder redondear un salario que le permita pagar sus gastos de la vida cotidiana y sin la pretensión de acceder a una vida de grandes lujos.  

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.

En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.

Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.

Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.

Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA

El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.

El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.

También en la Ciudad de Buenos Aires

Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.

En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.

Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.

 

Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.

También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.