Por Luna Serena Carrea
Fotografía: Valentina Gomez

Pacientes oncológicos y sus familias se movilizaron frente al Congreso de la Nación para denunciar el atraso en la entrega de medicamentos, la burocratización del sistema sanitario y la falta de interlocutores gubernamentales que los escuchen en sus reclamos.

En el día Mundial de la lucha contra el cáncer, pacientes oncológicos y familiares se reunieron frente al Congreso de la Nación para visibilizar la falta de tratamientos. “Hace dos semanas una paciente tomó la decisión de suicidarse por la angustia ante la falta de medicación”, cuenta Débora Bosco, titular de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina (FUSOCA), y asegura que fue este hecho el que la motivó a organizar la convocatoria, además de la falta de tratamientos que ya lleva más de tres meses de retraso: “Desde que cambió el Gobierno perdimos todo tipo de contacto con el Ministerio de Salud de la Nación”, comenta.

Bosco explica que una vez diagnosticada la persona, se le comunica si el tratamiento debe ser gestionado por el Ministerio de Salud de la Provincia o por el de la Nación, y los insumos deberían llegarle al paciente veinte días después de iniciado el trámite: “Hoy el tratamiento no está llegando”, denuncia y destaca que, entre los medicamentos faltantes, se encuentra el pembrolizumab, uno de los principales anticancerígenos cuya entrega corresponde a Nación.

Alexis trabaja con pacientes oncopediátricos y es padre de Ren, fallecido de cáncer a los ocho años. Si bien aclara que la Ley Oncopediátrica (sancionada en 2022) exige la cobertura de la medicación para niños y niñas, advierte que las drogas oncológicas, al ser habitualmente inmunosupresoras, generan una baja en las defensas y así facilitan la producción de infecciones intrahospitalarias durante la internación. La medicación que combate estas infecciones no está asegurada a pesar de que la Ley Oncopediátrica determina que todos los insumos relacionados con la internación deben ser garantizados: “Como no están dentro del cuadro oncológico, las obras sociales argumentan que no forma parte de lo que deben cubrir”.

Al mismo tiempo, cuestiona lo burocrático del procedimiento para solicitar los tratamientos: “Las familias que están con un hijo enfermo no están en condiciones de andar haciendo trámites”, advierte. En concordancia, Mónica Santi, acompañante terapéutica de pacientes con cáncer de mama y miembro del grupo Unidos por el Cáncer, declara que una persona con cáncer de mama debe realizarse cada seis meses una serie de estudios “sumamente invasivos” para renovar la medicación: “Es innecesario porque la oncóloga sabe cuál es el estadio de la enfermedad”, agrega y afirma que también hay retrasos en la asignación de turnos para esos estudios: “En una enfermedad que no puede esperar como lo es el cáncer, tendría que existir menos burocracia”, opina.

Tanto Mónica como Alexis coinciden en que la medicación que debe garantizar el Estado ronda mínimamente entre los ochenta y los noventa mil pesos si se la obtiene de forma particular. Además, en ocasiones se ofrece en dólares y solo rinde para una semana de quimioterapia.

Desesperación

“Recién ahora tengo esa sensación de riesgo total porque no sé cómo va a ser el futuro”, confiesa Julio Bullon, un docente que perdió casi la totalidad de su voz a raíz de las múltiples operaciones a las que tuvo que someterse por cáncer de colon con metástasis en hígado y pulmón. Cuenta que su obra social no cubrió los insumos necesarios para su primera sesión de quimioterapia, la que pudo solventar gracias a medicación prestada y antigua que él conservaba. Dice sentir “desesperanza” porque no sabe qué sucederá con su segunda sesión, que mientras tanto se pospone indefinidamente a la espera de tratamientos que no llegan.

“Si no obtenemos respuesta seguiremos para adelante”, concluye Débora Bosco, que confía en la movilización y en el contacto con los medios de comunicación como herramientas para llegar a una solución para esta problemática.