Las marchas de las buenas razones

Las marchas de las buenas razones

El 20 de julio tras un mes cumplido del inicio de la desmedida represión en Jujuy y en el aniversario de “La noche del apagón”, se llevaron a cabo masivas movilizaciones en contra de la violencia institucional en todo el país. Una de las principales concentraciones en CABA inició en la Casa de Jujuy, en 9 de Julio Y Santa Fe, a las 15 horas y concluyó en Plaza de Mayo. “¡Basta de persecución y criminalización de la protesta” y “El agua no se vende, el agua se protege” fueron algunas de las premisas que guiaron la jornada de lucha.

Este 20 de julio, tras cumplirse un mes del inicio de la feroz represión en Jujuy, miles de personas marcharon en todo el país en continuación con los reclamos por la situación en la provincia norteña. El rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales, la violencia ejercida contra comunidades indígenas y el deterioro de los salarios docentes en huelga fueron los principales reclamos de la movilización. La fecha elegida coincidió con el aniversario N°47 de “La noche del apagón”, uno de los episodios más tristes del golpe de Estado de 1976.

La violencia en Jujuy sigue sin dar tregua y la historia continúa repitiéndose: personas movilizadas, fuerzas policiales represivas y consecuentes declaraciones condenatorias de organismos internacionales de derechos humanos son los elementos que resumen lo vivido durante estos últimos meses. El actual gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la nación, Gerardo Morales, rechaza atender a las denuncias por excesos por parte de su fuerza policial. En concordancia a esta negativa, un sector de la población en todo el país ratificó en las calles que, en este caos que se vive, el accionar del gobierno jujeño sólo potencia la violencia y la injusticia.

“Lo que están haciendo en Jujuy es un experimento para luego implementarlo en toda la Argentina. No es casualidad que hoy Morales se esté candidateando para vicepresidente por parte del Pro. Hay un claro manejo de las grandes corporaciones multinacionales que vienen a por los territorios a saquear y a seguir explotándonos, matando en beneficio de un grupo muy reducido de personas a costa de la explotación del pueblo y de los territorios” fueron las palabras de “Roli” miembro autoconvocada de la vigilia que se realiza en Casa de Jujuy. “Genera mucha indignación, pero a la vez es esperable, como hace la mayoría de los políticos que dicen una cosa y actúan de otra forma. Por eso es necesario que el pueblo tome la voz y nos auto-organicemos para decidir; hay mecanismos de participación ciudadana por la Constitución Nacional que hoy no se están implementando, que deberíamos tomarlos y actuar en pos de eso” concluye.

Con poca intención de llamar al diálogo, el gobernador continúa permitiendo una cruda represión. El gobernador ignora deliberadamente las legítimas demandas de los docentes, de los pueblos originarios, de quienes van a verse afectados por la explotación de litio y de los sectores ambientalistas y señala como causa de los disturbios en la provincia a los punteros políticos. “Es el pueblo que se manifiesta, quienes están poniendo el cuerpo allá y acá” afirman las personas que se animaron a hablar con ANCCOM durante la marcha.

“A mí me piden que no vuelva a Jujuy. A mí me gustaría estar en Purmamarca, pero me dicen que no vuelva porque yo puedo hacer visible todas estas cosas, porque allá no dejan llegar la información. Imaginate el poder que tiene este señor que un día todo Jujuy se quedó sin Internet” denuncia “Caporal”, referente del Tercer Malón de Tilcara, quien se encuentra realizando la vigilia en frente de la Casa de Jujuy. “Nosotros de acá estamos ayudando a 27 comunidades, todo lo que hay atrás mío son donaciones que pedimos” agrega. Al ser consultado por la situación de la explotación del litio, Caporal afirmó que ya están siendo afectados, “el agua ya está llegando contaminada a las comunidades, son vertientes nuestras que están usando para el litio”. Cansado y habiendo agotado los espacios institucionales para expresarse, el referente concluyó su descargo con una petición: “Nosotros lo único que queremos es que intervengan en Jujuy”.

La movilización coincidió con otras convocatorias que, a las 16 horas, encontraron su punto de reunión fortuito en una esquina cercana a Plaza de Mayo.Las columnas se unieron y los múltiples reclamos se hicieron uno: “¡Basta de consenso extractivista y represión!”. Luego de este breve encuentro el sector que despedía a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo se retiró junto a ellas del lugar y le cedió el espacio a los marchantes de la Casa de Jujuy. El acto en frente de la Casa Rosada se dio cerca de las 17 horas y, tras la lectura del documento oficial, las columnas se disolvieron al canto de “Jujuy, escucha, tu lucha es mi lucha”.

El último que prenda la luz

El último que prenda la luz

A 47 años de La Noche del Apagón y 40 del comienzo de las marchas, diversas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta las oficinas de la empresa Ledesma para evocar la lucha contra el genocidio en Jujuy, honrar a quienes la protagonizaron, y también para rechazar la reforma del gobernador jujeño, Gerardo Morales.

Aquellos que ayer eligieron algún bar del microcentro para festejar el día del amigo se habrán cruzado con multitudes ruidosas que marcharon con carteles y banderas contra la represión ilegal de ayer y de hoy (ver nota aparte) en la norteña provincia de Jujuy. Cada 20 de julio se recuerda el aniversario de las Noches de los Apagones, cuando los dueños de la empresa Ledesma operaron junto a la dictadura.

Entre el 20 y 27 de julio de 1976, los cortes de luz ordenados por ese ingenio azucarero –que hoy es un emporio que produce papel, biodiésel y otros productos–, en las localidades de Libertador General San Martín, El Talar y Calilegua facilitaron los allanamientos de los represores de la policía y el Ejército para el secuestro de unas 400 personas, de los cuales 33 continúan desaparecidas.

Con motivo de cumplirse 47 años de aquellas noches de terror, y los 40 del inicio de las marchas que madres, padres y familiares llevaron a cabo para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el departamento de Ledesma -Jujuy- durante la última dictadura militar, ayer desde las 15 diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas y sindicales se movilizaron de Plaza de Mayo a la sede porteña del ingenio azucarero en Avenida Corrientes 415.

El Grupo Ledesma pertenece a la poderosa familia Blaquier y posee uno de los ingenios azucareros más grandes de Latinoamérica. En medio del apagón general, fuerzas uniformadas sacaron a más de trescientos jujeños de sus viviendas para torturarlos de manera sistemática. La mayoría eran trabajadores del ingenio o estudiantes. Según se pudo probar en los procesos judiciales en marcha, Ledesma entregó a la policía una lista de «indeseables», según sus términos, así como también 40 móviles de la empresa, y un puesto para Gendarmería adentro del ingenio.

Olga Arédez era odontóloga y enseñaba historia. Fue esposa de Luis Arédez, médico empleado en el ingenio que velaba por mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. A pedido de peronistas y radicales fue intendente de Libertador y logró que la empresa de los Blaquier, por primera vez en su historia, tuviera que pagar impuestos y entregar tierras a fin de realizar un plan de urbanización. Tal osadía le costó ser secuestrado por primera vez la misma noche del golpe militar. Liberado un año después, sólo pudo estar con su familia un puñado de meses, hasta que un 13 de mayo de 1977 sería secuestrado nuevamente y de forma definitiva. Olga se juntó con otras mujeres y familiares de víctimas de aquella represión y comenzaron a marchar dando vueltas en la plaza del pueblo. Estuvo acompañada por mujeres de Calilegua y El Talar, pero cuando quedó sola siguió marchando con su pañuelo blanco en la cabeza, a pesar de las amenazas que recibía. Murió en marzo de 2005 por un cáncer de pulmón –inducido por el bagazo, el desecho de la caña de azúcar que el ingenio acumula en montañas al aire libre contaminando el aire– y ese año la marcha culminó con la colocación de sus cenizas en la plaza, bajo una Santa Rita, planta que ella tanto amaba.

Ricardo Arédez, uno de los cuatro hijos del matrimonio y empleado de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, dialogó con ANCCOM con respecto a la movilización en Plaza de Mayo. “Estoy viviendo en Buenos Aires, por eso participé de la marcha realizada acá. A diferencia de años anteriores, pudimos llenar la plaza. Estuve en la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes hicieron su ronda de cada jueves entorno a la Pirámide de Mayo, marcharon por la diagonal Sáenz Peña hasta el Obelisco, para luego terminar en la sede del Grupo Ledesma en Avenida Corrientes. Allí Taty Almeida, leyó un documento y exigió el cese de la represión en Jujuy”.

Arédez remarcó que si bien el foco de la mayoría de las organizaciones políticas que asistieron fue rechazar la constitución y denunciar la represión actual ejercida por el gobernador Gerardo Morales, el objetivo también fue “recordar esos 47 años de la noche del apagón y los cuarenta años del inicio de las marchas en 1983”. A su criterio, era necesario nombrar “al poder económico y a la familia Blaquier, que permanecen impunes”.

Ricardo Arédez, uno de los cuatro hijos del matrimonio y empleado de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, dialogó con ANCCOM con respecto a la movilización en Plaza de Mayo.

Ésta es la primera marcha desde la muerte del dueño del Grupo Ledesma, Carlos Blaquier, ocurrida en marzo, a los 95 años de edad. Estaba imputado en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante las Noches de los Apagones y el secuestro de Luis Arédez. Blaquier falleció impune y sin rendir cuentas, gracias a la justicia que se encargó de estirar cada etapa procesal lo máximo posible: ocho años duraron las dilaciones entre la Corte Suprema y la Cámara de Casación. Ahora la querella exige que el proceso siga contra el ex administrativo y mano derecha de Blaquier, Alberto Lemos.

Además de Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, también estuvieron presentes la CTA de los trabajadores y los argentinos, diversos movimientos del Frente de Izquierda, el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- , el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otros. Cada organización tuvo su propio punto de encuentro y recorrido. Sin embargo, todos confluyeron en la misma necesidad de mantener viva la memoria de terrorismo de Estado, en dictadura y en democracia.

«He visto muchas columnas, unas que vienen, otras que van, pero a todas nos une el mismo objetivo: repudiar al repudiable Gerardo Morales», dijo Taty Almeida, única oradora del acto frente a las oficinas de la corporación Ledesma. La Madre de Plaza de Mayo pidió el cese de la represión y que sea derogada la Constitución votada a espaldas del pueblo jujeño.

«Lo que está sucediendo en los últimos meses en Jujuy nos revive permanentemente las noches de los Apagones del ’76, ahora también hay camionetas que allanan domicilios en Jujuy y detienen gente ilegalmente nos recuerdan esas noches, cuando Carlos Pedro Blaquier puso los vehículos de su empresa para secuestrar al intendente Arédez y a trabajadores del ingenio», dijo en la Plaza Alejandro «Coco» Garfagnini, vocero de la agrupación Tupac Amaru.

En tanto, desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) manifestaron: «Nos movilizamos a 47 años de La Noche del Apagón jujeño, y en apoyo a la heroica lucha del pueblo de esa provincia contra la reforma inconstitucional y autoritaria de GerardoMorales y el PJ».

Así en CABA como en Jujuy

Aunque las rutas 34 y 66 habían sido habilitadas por justicia federal, la policía jujeña impidió el paso a las personas que viajaban a la marcha del Apagón en Libertador General San Martín. Los efectivos multaron y obligaron a retornar por la ruta a quienes se dirigían a la tradicional movilización por memoria, verdad y justicia.

Sin embargo, no pudieron impedir las actividades en el pueblo de Libertador, más conocido como Ledesma, tal el nombre del ingenio de los Blaquier. Allí los actos siempre empiezan a la mañana en la Escuela Normal, pero desde hace algunos años no pueden ingresar al establecimiento, de modo que los ex alumnos recordaron a sus 16 compañeros desaparecidos en la vereda de la institución.

«En otras gestiones se abría la puerta y se invitaba a la gente para que hiciéramos un homenaje, poner flores y una placa, incluso llevar libros. Desde que fue ministra de Educación Isolda Calsina cambió esto, y la actual María Teresa Bovi, ayer cuando empezó el acto de los familiares la puerta estaba entreabierta, pero al llegar esto cerraron con candado. No se hace esto, señores directores, esa escuela tiene una historia tremenda y a 40 años del inicio de la democracia estas cosas no deben suceder, no tienen memoria», lamentó Ricardo Arédez.

Marcha del Apagón en Libertador General San Martín

Por la tarde la histórica movilización que las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comenzaron a hacer hace cuatro décadas, volvió a recorrer el tramo que va desde Calilegua hasta Libertador. Fueron miles los manifestantes: docentes de gremios como Cedems y ADEP, organizaciones sociales como La Torre, CCC, Polo Obrero, MTR-CUBA y otras. Y participaron referentes del PTS-Frente de Izquierda, cómo el diputado nacional Alejandro Vilca y la diputada electa Natalia Morales. También hubo una importante movilización en San Salvador donde se movilizaron Utep, FOL, Frente Popular Darío Santillán, MAR, CCC y Polo Obrero.

Tras 47 años, la situación actual de Jujuy no es tan diferente con respecto al pasado. El feudo de Ledesma es una representación de lo que ahora acontece con el gobierno de Morales. Comunidades indígenas son expropiadas de sus tierras y los trabajadores que protestan en defensa de sus derechos son criminalizados a partir de reformas represivas. «La memoria de lo ocurrido no es solo para recordar con la cabeza gacha, sino para no tropezar con la misma piedra», fue la síntesis de uno de los que ayer sintieron la necesidad de estar en Plaza de Mayo para sentirse más cerca de Jujuy.

29 años de impunidad

29 años de impunidad

Memoria Activa homenajeó a las víctimas de la AMIA en un nuevo aniversario del atentado. Una vez más, exigió justicia, verdad y memoria. Qué sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Memoria Activa, la ONG de amigos y familiares de víctimas del atentado a la AMIA que el 18 de julio de 1994 dejó más de 85 muertos y 300 heridos, renovó este martes su pedido de justicia, memoria y verdad, tras cumplirse 29 años de impunidad por el ataque terrorista.

A las 9:30 ya estaba preparado el escenario en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, para gritar presente una vez más y exigir el esclarecimiento del caso. Pese al frío, poco a poco fueron llegando amigos y familiares de las víctimas del atentado. A las 9:53, hora en que hace 29 años ocurrió este trágico hecho, se dio inicio al acto.

“Hoy hace 10.592 días de impunidad, de injusticia. 10.592 días que Memoria Activa dice presente por verdad y por justicia. Hoy seguimos denunciando, recordamos a las muertes impunes en nuestro país”, así arrancaba el acto en palabras de Amos Linesky, vocero de la ONG. Luego, llamaron a cada una de las víctimas por su nombre, al que los asistentes al acto respondieron uno a uno “presente” y al finalizar sonó el shofar, el cuerno litúrgico, entendido como la señal de Dios, llamando a su gente para ir hacia él.

A las 10, al rayo del sol, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, en representación de Memoria Activa, habló sobre la importancia de juntarse y hacer memoria, pero recalcó que este aniversario tiene algo distinto. “Estamos esperando la sentencia de la Corte Interamericana, llegamos después de muchísimos años a ese lugar, en octubre pasado presentamos el caso de pedido de justicia, memoria, verdad y aguardmos que la Corte resuelva luego de que el Estado argentino reconoció culpabilidad. Esperamos que la Corte reafirme lo que dijimos siempre, que el Estado argentino fracasó en la búsqueda de justicia y que sigue fracasando”, señaló.

También habló de la falta de transparencia en el caso y dijo: “Al día de hoy esa documentación parece más un almacén que un archivo. Estamos intentando qua se arme un archivo histórico del caso AMIA. No hay forma de que el Estado brinde respuesta y nos acompañe en la necesidad de tener esa política de memoria. Este desastre llevó a que casi 30 años después el Estado no haya garantizado justicia y tampoco verdad, pues permanece oculto bajo el secreto de Estado, al mismo que le reclamamos que abra sus archivos”.

Adriana Reisfeld, por su parte, leyó un texto sobre la memoria que se escribió a 400 semanas del atentado y reclamó que en la actualidad, ya pasadas 1.400 semanas, la impunidad continúa. Rodrigo Borda, abogado titular de Memoria Activa, mencionó algunas reflexiones sobre el estado actual de la investigación del atentado. “Desde hace varios años tiene centralidad en la causa judicial la discusión frente al proceso de desclasificación de archivos de inteligencia producidos por los agentes de la SIDE. Esto implica quitarle a los archivos la clasificación de documentos secretos, identificarlos, preservarlos, organizarlos y analizar su valor probatorio”, explicó.

El abogado dijo que esto visibiliza algunos de los problemas más graves de la investigación judicial del atentado y explica las razones de su fracaso: “Esto pone en evidencia que el ex juez Galeano utilizó preponderantemente a los agentes de la SIDE como investigadores judiciales, lo que implicó que gran parte de la actividad de estos agentes fuera secreta. Una investigación judicial debería desarrollarse en base a parámetros muy distintos a los de la actividad de inteligencia. Para condenar a alguien en un juicio se requiere un nivel de certeza mayor al de la sospecha o el indicio como puede ocurrir en la actividad de inteligencia. En la investigación judicial el secreto era la excepción, no la regla. En todo proceso judicial la regla es la transparencia y publicidad”.

 

Y cerró haciendo una crítica al entorno jurídico: “las batallas jurídicas que se emprenden en un escenario adverso pueden contribuir a modificar a mediano o largo plazo este sentido común imperante, dentro y fuera de ámbito judicial, porque hay planteos que, aun en el ámbito jurídico, procuran interpelar a toda la sociedad y procuran cambios culturales o de políticas públicas sin perjuicio de cuáles son los efectos inmediatos o de corto plazo en un expediente. Hay razones menos utilitaristas que justifican esta lucha legal, las batallas que decidimos dar más allá del éxito son expresiones de nosotros mismos, de nuestra indignación ética y de lo que nos sensibiliza moralmente y de quienes somos.”

Por su parte, Diana Wassner, secretaria de prensa de Memoria Activa, habló en nombre de todos los miembros de  la ONG “Veintinueve años es demasiado tiempo para pensar que la justicia no existe, que la verdad nunca la tendremos, veintinueve años de una tragedia, nuestra tragedia. La vida es un lugar lleno de momentos dolorosos que nos llega sin siquiera haber hecho nada, pero no importa la tragedia que nos explote, nos queda siempre un lugar para elegir. Frente al dolor no existe la nada, se resiste, se lucha”, declaró.

El acto finalizó sobre las 11, con la interpretación de la canción “La Memoria” por parte de los jóvenes Santiago Klajnberg y Solana Keiniger y un pedido de justicia al unísono por parte de todos los presentes “Justicia, justicia, justicia, perseguiremos”.

En diálogo con ANCCOM, Wassner dijo que lo más difícil que jamás se imaginaron es estar año tras año durante 29 años reclamando lo mismo y con muy pocos avances en la causa. “Estuvimos en esta plaza durante los primeros 10 años del atentado cada lunes, a las 9:53. Estas baldosas conocen nuestras pisadas y todo el dolor y la lucha que hemos hecho y la importancia de que nos han acompañado y no hemos estado solos y creo que eso hace que uno siga acá parado, recordando, homenajeando y exigiendo justicia que es lo que todos queremos y el Estado nos debe”, expresó.

“De la investigación de la causa AMIA lamentablemente sabemos lo mismo que el día uno, en lo que se ha avanzado es en el encubrimiento de todos los funcionarios del Estado que son los responsables de que no tengamos ni verdad, ni justicia hoy, ya que eran los responsables de impartir justicia. Pedimos una investigación seria, no hace falta ni cambiar leyes, hace falta seriedad, voluntad política, capacidad y honestidad para investigar realmente una causa”, concluyó.

 

La plataforma de Morales: garrote y prisión

La plataforma de Morales: garrote y prisión

Más de 40 militantes sociales fueron detenidos en la madrugada del jueves por haber participado de las protestas contra la reforma constitucional. Algunos de ellos son abogados que se hicieron presente para defender a dirigentes sociales. El avasallamiento de la autonomía universitaria.

Después de más de un mes de marchas y cortes contra la reforma constitucional de Jujuy, la violencia ordenada por el gobernador Gerardo Morales sigue creciendo. Desde que comenzaron las protestas se utilizó la fuerza policial para reprimir, y en estas últimas horas la fuerza judicial que responde al gobernador ordenó allanar y detener a más de 40 personas que participaron de las protestas. Se detuvieron a abogados, referentes sociales, sindicales y de pueblos originarios.

“Estas detenciones y allanamientos son el cumplimiento de un plan de criminalización que el gobierno provincial anunció muy claramente la semana pasada. Esto es identificar a estas personas, acusarlas de delitos graves y de múltiples delitos; de manera que esto sume muchos años de pena en expectativa y se pueda lograr que queden presas, como sedición o intento de secuestro”, explicó Manuel Tufró, director del equipo de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.

Las medidas fueron solicitadas por los fiscales jurisdiccionales y a pesar de ser arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos, contaron con nulo control por parte de los juzgados de garantías. Lo que explican los abogados defensores de los detenidos es que, formalmente, en los allanamientos se buscan elementos de prueba y detener a manifestantes y dirigentes a los efectos de realizar la audiencia imputativa en la que se discutirá la imposición de prisiones preventivas.  

El 4 de julio último, el fiscal del Estado, Miguel Rivas; el ministro de Seguridad, Eduardo Casanova y el procurador general de la provincia, Sebastián Albesa, en una conferencia de prensa dejaron al descubierto los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieran identificar como participantes de las protestas. Este plan se encuentra subordinado a las estrategias del Poder Ejecutivo, donde el gobierno provincial se anunció como querellante en las causas. Además, pidió la unificación de todas las causas abiertas contra manifestantes, por considerar que en las protestas se produjeron supuestos hechos ilícitos que partirían de un plan orquestado y ejecutado por individuos y organizaciones políticas y sociales. Desde el CELS señalan la búsqueda de estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles y la prisión efectiva inmediata de los manifestantes, ya que en general los delitos que se imputan en el contexto de manifestaciones públicas tienen penas bajas.

La abogada Alejandra Ceja, quien lleva la defensa de varios imputados, explicó en diálogo con ANCCOM que “es una continuidad desde el 17 de junio. Ayer fue en Humahuaca, 21 pedidos de detención y 21 allanamientos; y hoy en San Salvador de Jujuy 20 pedidos de detención y allanamientos a dirigentes. Hoy a la tarde salieron 12 pedidos nuevos para mujeres referentes de organizaciones y espacios gremiales”. Ceja además señaló que se están llevando a cabo detenciones a abogados, por ejercer su profesión, que han estado en los cortes y asesorando a quienes están reclamando, o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional; acusándolos del delito de sedición. Desde el CELS advirtieron: “Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados.” Es por este motivo que, desde el colectivo Mario Bosch, abogadas y abogados de lesa humanidad, presentaron un Habeas Corpus colectivo y preventivo para que no sigan deteniendo personas.

Sebastián Sánchez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), planteó en diálogo con ANCCOM: “Lo que se intenta hacer en la provincia de Jujuy es disciplinar a quién pertenece a una organización social o está disconforme con el gobierno. A través de la captación del Poder Judicial por parte de Gerardo Morales; se inventan, de alguna manera, una carátula que permita detener a los compañeros”.

Al mismo tiempo, el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales, acusó a los trabajadores de la sede Tilcara de la UBA de organizar las protestas y prometió detenerlos y expropiar las instalaciones que la universidad tiene en la provincia. No solo eso, las fuerzas policiales ingresaron a la sede de la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía expresada por la ley, mientras el Consejo Superior votaba el rechazo a la reforma constitucional que dio origen a las protestas sociales.

Desde organizaciones de derechos humanos, sindicatos, representantes de la UBA, integrantes del Senado Nacional y de la Cámara de Diputados, entre otras personalidades de la vida política y cultural del país, convocaron para mañana viernes 14 de julio, a las 12 horas, a una conferencia de prensa “frente a la grave situación que está viviendo el pueblo jujeño, con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y la amenaza de expropiar la sede de la UBA de Tilcara”, señala la convocatoria.

 

Perpetua para los tres policías que mataron a Lucas González

Perpetua para los tres policías que mataron a Lucas González

El fallo incluyó entre los agravantes el odio racial, el crimen por placer y el abuso del cargo como miembros de las fuerza de seguridad. Además, seis oficiales recibieron condenas de cuatro a ocho años de prisión, mientras que cinco fueron absueltos. «Nunca más alguien va a ser muerto por vivir en un barrio carenciado», aseguró el abogado Gregorio Dalbón.

El martes 11 de julio comenzó cómo un día frío y triste. La baja temperatura y lloviznas no acompañaban los planes de aquellas personas que se encontraban a las afueras de los tribunales de Comodoro Py para reclamar justicia por Lucas Gonzalez, el joven de 17 años asesinado por oficiales de la Policía de la Ciudad. Abrigados para la ocasión y con el corazón puesto en la causa, familiares, amigos y allegados a la causa se acercaron con banderas, instrumentos musicales, fotos y remeras con frases y fotos de Lucas al Tribunal Federal de la Nación.

Eran las 10 de la mañana y donde sólo habitaba un silencio tenso irrumpió un colectivo lleno de personas. Camisetas de Barracas Central –el club donde Lucas jugaba- y Defensa y Justicia tomaron el espacio con cantos tribuneros. Frases como “Luquitas está presente” y “Lucas no se murió, Lucas vive en Varela” empezaron a sonar y rara vez se detuvieron a lo largo del día. Media hora después de la llegada de los manifestantes a Comodoro Py, los padres de Lucas, Héctor “Peca” González y Cintia Janina López, ingresaron al tribunal sin detenerse ante la multitud. Las rejas que separan al recinto del Poder Judicial de la población se llenaron de carteles con mensajes antirracismo, denuncias de gatillo fácil y contra la violencia institucional, todos nucleados por una consigna más que clara: Justicia para Lucas.

“Que sea el último” reclamaban algunos amigos de Lucas. “Que se haga lo que se tenga que hacer y que sea justo para todos los chicos”, contestaban refiriéndose al caso de su amigo y al de otros jóvenes víctimas de la violencia institucional que se podían ver en algunas banderas. “Hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene mucho que desear en cuanto a las prácticas de las fuerzas. La verdad que tenemos muchas denuncias”, comentaba Horacio Pietragalla al respecto mientras, a sus espaldas, se escuchaban rebufos de enojo contra cualquier declaración no condenatoria contra la policía. El dolor de cada persona que se encontraba en la manifestación se expresaba de manera distinta: algunos lloraban, otros cantaban y algunos sólo acompañaban.

“Mi presencia acá es para darle apoyo a la familia incondicionalmente, más allá si me quiera acá o no. Soy madre y lo entiendo”, le comentó a ANCCOM Dolly Demonty, mamá de Ezequiel Demonty, chico asesinado por la policía en el 2002. “Cómo madres sufrimos… Vos vivís con esto. Cada pibe que van matando es volver al principio y te duele. Te duele pensar en las familias que va destrozando. Yo hablo de perpetua, pero los que estamos condenados a perpetua somos nosotros, los familiares, los que quedamos,” concluye Dolly.

Incapaz de escuchar las defensas de los policías acusados, a las afueras del tribunal junto con la gente que los acompañaba, se encontraba Graciela Coba, abuela de Lucas. “Estuve un ratito y tuve que salir, pero si, hay muchos que se van a defender, obvio, es lo normal. Nosotros lo que queremos es que paguen, porque la verdad que sufrieron demasiado los dos (padres), sus hermanos también. Su hermano más chiquito todos los días llora, todos lloramos” comentó una de las principales testigos del dolor de la familia González. “Me siento acompañada por la gente, se portaron muy bien los chicos de Barracas, de Defensa, gente de todos lados, amigos, mis parientes, todos”, agradece Graciela.

Luego del receso que se prolongó desde las 11:30 hasta las 13 el ambiente expectante se sumió en la tensión esperando la sentencia de los jueces. Hasta ese momento todo lo que la sesión le dio a quienes se encontraban fuera del recinto fueron disculpas tardías y no tan bien recibidas. Cuando se empezaron a leer las condenas eso cambió.

Los policías de la Ciudad Gabriel Alejandro Issasi, Fabián Andrés López, Juan José Nieva recibieron perpetuas por ser coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. Lágrimas surgieron de sus rostros de preocupación. Las condenas de 4 a 8 años de prisión a Roberto Inca, Hector Cuevas, Juan Horacio Romero, Fabián Du Santos, Rodolfo Ozán, Sebastián Baidon por encubrimiento permitieron una expresión de cierto alivio en los rostros de esos condenados. Otros cinco policías resultaron absueltos.

Una vez finalizada la lectura los presentes, abrazados, lloraban.

“Yo intenté pelear por Lucas el día a día, salir adelante y eso es lo que hicimos, con respeto, con mucho respeto y por derecha, como siempre, con la verdad. Acá tenemos la justicia que merecemos y Lucas está descansando en paz”, concluyó Hector Gonzales y le cedió la palabra, junto con un agradecimiento, a Gregorio Dalbón, el abogado del caso. “¡Nunca más! Tu hijo va a ayudar a que nunca más se mire a alguien por el color de la piel. Nunca más por el color de la piel, por el odio racial, por salir de un barrio carenciado. Eso es lo que conseguiste a través de la muerte de tu hijo, lamentablemente. Pero quiero que sepas que nunca más van a mirar ni matar a nadie por el color de la piel, porque ya saben lo que les espera: se van a morir adentro de la cárcel”, exclamó eufórico Dalbón quien caracterizó a este juicio como “el fallo más importante del Estado que mata a través de las pistolas del Estado después de las juntas militares”. “Acá somos hijos de latinos, hijos de inmigrantes, acá hay pueblos originarios, somos criollos, somos una mezcla de todo y somos iguales ante la ley no solamente en un juicio, sino en la vida”, cerró Dalbón su discurso.

“A pesar de mi pancita, vuelvo con un par de kilos menos, sin la mochila pesada que trajimos hasta el día de hoy”, comentó a la prensa “Peca” González, papá de Lucas.

Memoria infinita

Memoria infinita

Con un enfoque íntimo y personal, Leo Vaca retrató a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en sus casas para componer Un abrazo infinito, la muestra fotográfica que se inauguró en el Centro Cultural Haroldo Conti.

“¿Pueden los objetos capturar algo de lo que puede un cuerpo? ¿Pueden ser acunados? ¿Pueden acunar a su vez a las mismas manos que tantas veces los han acariciado, interrogado? ¿Cómo se teje la trama de la existencia en torno a un cuerpo ausente?” Estas preguntas pueden leerse en el texto de presentación que la periodista Marta Dillon escribió para Un abrazo infinito, la muestra fotográfica de Leo Vaca, que retrató a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en sus casas, así como objetos preciados que remiten a la memoria.

La muestra, iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, está compuesta por unas 120 fotografías y se inauguró el 6 de julio en el Centro Cultural Haroldo Conti. Leo Vaca es fotógrafo, editor y colaborador de revistas nacionales e internacionales como Anfibia, Rolling Stone y Brando. En 2018 ganó el Premio Gabo en la categoría Imagen por el trabajo “Memoria, verdad y justicia para las pibas”, una cobertura del Ni una menos.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y las madres de Plaza de Mayo Taty Almeida, Clara Weinstein y Bella Friszman presenciaron la inauguración de la muestra.

En diálogo con ANCCOM, el fotógrafo contó el proceso de creación de la muestra: “El inicio del proyecto fue en el contexto de la pandemia y la única forma de retratar a las Madres y a las Abuelas era en sus casas. Encontré en ese esquema de trabajo un hallazgo, porque nos permitió verlas en otro contexto, en un perfil mucho más íntimo, en su cotidianidad. Esos espacios también reflejan sus historias de lucha: esos livings, esas habitaciones están abarrotados de objetos y de memoria”.

 Unas manos que sostienen un portaretrato con una fotografía en blanco y negro, un paquete de cigarrillos, un poema escrito en un cuaderno escolar, un vestido, un álbum con recuerdos. “Los objetos tienen mucho para decir. Son objetos con vida, muy presentes y muy latentes. Resguardados por ellas, adquieren un sentido muy diferente al que podría tener el objeto por sí mismo”, reflexionó Leo Vaca sobre el protagonismo que adquieren las cosas en Un abrazo infinito.  

. “Los objetos tienen mucho para decir. Son objetos con vida, muy presentes y muy latentes. Resguardados por ellas, adquieren un sentido muy diferente al que podría tener el objeto por sí mismo”, reflexionó Leo Vaca.

 

El evento contó con la presencia de las Madres Taty Almeida, Clara Weinstein y Bella Friszman y del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. Un grupo de la Escuela Popular de Música Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 

interpretó temas como “Zamba para olvidar” y “Déjame que me vaya”.

“Pensamos constantemente cómo explicarles a las generaciones jóvenes lo que significó esa dictadura y cuanto aún perdura del daño que generó- reflexionó Pietragalla Corti- Quiero agradecer al fotógrafo Leo Vaca porque esta muestra contribuye a eso”.

“La memoria nunca va a desaparecer a pesar de que muchos la quieren borrar. No lo van a lograr mientras existan jóvenes como ustedes que tomen la posta de nuestra lucha”, dijo ante el público Taty Almeida.

 

 

La muestra puede visitarse de martes a jueves de 13 a 19 y viernes, sábados y domingos de 13 a 21. Centro Cultural Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151, CABA. Entrada gratuita.