Contradicciones de los prefectos en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

Contradicciones de los prefectos en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

Ago 24, 2023 | DDHH, Destacado 5

En la segunda semana de audiencias, continuaron declarando miembros de las fuerzas de seguridad. Otra vez la coartada del «enfrentamiento armado».

La familia de Rafael Nahuel durante la audiencia del 16 de agosto. 

El juicio contra cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi continúa revelando testimonios contradictorios y detalles cruciales sobre el operativo represivo de aquel 25 de noviembre de 2017. Las declaraciones de la tercera audiencia del proceso apuntan al conocimiento de la identidad de los involucrados y las discrepancias en el armamento utilizado.

El 22 de agosto declararon dos prefectos con roles significativos en el grupo operativo de la Prefectura Naval Argentina involucrado en el procedimiento represivo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Los prefectos en cuestión son Pablo Rubén Berra y Eric Fabián Blanco.

Berra, quien era el jefe del operativo que culminó en la muerte del joven mapuche, tenía bajo su responsabilidad a un equipo de veinte efectivos. Su misión se originó a partir de la orden del juez federal Guillermo Villanueva, quien los envió al terreno por la denuncia realizada por Parques Nacionales para desalojar a la comunidad originaria, que un mes antes había realizado allí una recuperación territorial.

En su declaración testimonial, Berra dijo que recibió dos órdenes: identificar y detener a cualquier persona que no perteneciera al predio de Parques (debido a que algunas personas habían huido durante el desalojo), y llevar a cabo un reconocimiento del terreno. Berra también estaba encargado de supervisar las armas que portaban los Albatros acusados del crimen. El imputado describió que el primer grupo de tres o cuatro personas subió montaña arriba para cumplir con tales instrucciones.

El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, recordó a Berra que en una declaración previa durante la fase de instrucción había admitido que el juez Villanueva les “proporcionó fotografías con nombres de personas que debían ser detenidas en caso de ser encontradas».

Los imputados en la audiencia del 16 de agosto. 

El prefecto mencionó que la Prefectura Naval no es idónea para operar en la montaña y su declaración fue aceptada por todas las partes involucradas. Sin embargo, uno de los puntos que no pudo aclarar fue la cantidad y tipo de armas que portaban los Albatros. Berra aseguró que la patrulla que subió a la cima no llevaba subfusiles MP5, aunque en su declaración anterior había mencionado que uno de los uniformados, Carlos Valentín Sosa, estaba equipado con ese tipo de arma. Mariano Przybylski, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo confrontó con esta discrepancia.

Berra también tuvo dificultades para precisar la distancia en la que ocurrió el supuesto enfrentamiento. Aunque mencionó que corrió aproximadamente «unos mil metros», esta distancia ubicaría el asesinato de Nahuel fuera de los límites del territorio reclamado por la comunidad.

Consultado por el abogado defensor de tres de los cinco Albatros acusados, Marcelo Hugo Rocchetti, Berra afirmó la existencia de un «enfrentamiento armado», pero no especificó si esta conclusión se basaba en lo que dijeron los uniformados que subieron a la montaña o en los sonidos que escuchó a través de las deficientes comunicaciones por handy.

Tras el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, y poco antes de que su teléfono celular fuera confiscado por la Justicia, Berra dejó dos mensajes de voz en WhatsApp donde expuso su versión de los hechos. En estos mensajes, afirmó que los mapuches emboscaron a los Albatros, quienes respondieron con maniobras defensivas y tácticas de guerra, incluyendo disparos con armas de gran calibre que arrancaban árboles de raíz. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones pudo ser corroborada durante la investigación del caso.

Armas prohibidas

El segundo testigo en dar declaración en la audiencia del martes fue Eric Blanco, Ayudante de Primera de Prefectura. Sostuvo que de acuerdo al protocolo de acción de la fuerza, no se permite el uso de armas letales en situaciones de persecución. Esta afirmación podría tener un impacto desfavorable en la situación de los miembros de la Agrupación Albatros imputados. Según las pericias y la inspección ocular, el grupo mapuche fue perseguido montaña arriba por los uniformados, quienes efectuaron 130 disparos con munición de plomo.

De acuerdo a su testimonio, en un momento específico de la tarde de ese día, Berra le solicitó que se preparara y lo acompañara para dirigirse al área en conflicto, con el propósito de asistir a sus colegas. Pero Blanco no llegó a cumplir esta orden, ya que se encontró con el grupo de avanzada que había disparado contra los mapuches y se encontraba descendiendo por la ladera.

Durante la primera parte de la audiencia, un grupo de manifestantes volvió a exigir justicia en la entrada del edificio de Tribunales. Orlando Carriqueo, portavoz de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, expresó que existe “un sentimiento de injusticia, privilegios, racismo, complicidad, protección y violencia institucional en este juicio”. Señaló que los familiares de Rafael Nahuel no pudieron asistir a la ciudad debido a limitaciones económicas. «No pudieron viajar esta semana», lamentó, mientras criticaba que los prefectos estaban testificando desde la comodidad de sus hogares.

Versiones contrapuestas

Durante la cuarta audiencia del miércoles 23, tres de los testigos que declararon pertenecen a la Prefectura y uno a la Policía Federal. Todos coincidieron en que, a pesar de no haber subido al lugar de los hechos, se produjo un «enfrentamiento con armas de fuego» entre los integrantes de la Agrupación Albatros y los mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

El suboficial Francisco Lezcano afirmó que, desde una distancia imprecisa, logró «escuchar disparos, el sonido de una escopeta, una 9 mm. y un sonido más agudo que podría haber sido una 22». Lezcano, ubicado en la montaña, optó por no dirigirse al punto donde sus colegas solicitaban apoyo a través de las comunicaciones del handy. «Oí los disparos y la voz de (el cabo primero, Sergio) Cavia, quien informaba que estaban bajo fuego, disparos de armas y buscaba autorización para el uso de armas letales», indicó.

El conductor de la Agrupación Albatros, Daniel Alberto Colliard, permaneció en un vehículo en la Ruta 40 y, mediante la radio, escuchó la solicitud de ayuda. Dijo que los uniformados que ascendieron a la montaña le «contaron» que «mientras subían, sintieron lanzas de caña o madera con clavos en la punta, piedras y luego se oyeron disparos».

En contraste, el testigo Diego Brest, también miembro de la Prefectura y presente en Villa Mascardi, aseguró que no escuchó disparos ni fue informado por sus colegas que subieron a la montaña. Interrogado por el auxiliar fiscal, Juan Manuel García Barrese, si escuchó disparos a través de la radio, respondió de manera firme: «No». Ante la pregunta siguiente sobre si escuchó disparos en general, reiteró: «No».

Otro punto clave de las declaraciones giró en torno al conocimiento de los Albatros sobre la identidad de las personas en el lugar. Las preguntas del abogado Feudal, revelaron que los miembros de la fuerza sabían que los ocupantes del terreno en disputa con Parques Nacionales eran mapuche. De hecho, Lezcano arriesgó que «se dio cuenta» de que los mapuche «no eran argentinos». Llegó a esa conclusión porque durante la incursión en el territorio, una mujer les gritó «en forma de burla, ‘éstos que vienen a defender su país'».

Lezcano explicó: «Porque una persona que es de la República nos va a decir esas cosas. No me parece normal para mí, no es normal que una persona del territorio diga esas cosas».

Por su parte, el prefecto Diego Brest en su testimonial también reconoció que sabían que las personas a desalojar eran mapuche, aunque inicialmente lo negó. Fue interrogado por el abogado querellante en representación de la familia, Rubén Marigo: «¿Sabían a quién iban a desalojar, quiénes eran?», «No, yo no. No recuerdo que lo supiéramos», dijo el uniformado.

Sin embargo, luego de recordar que en la instrucción se refirió a los mapuches como «indios» o «algunos indios», le volvieron a preguntar: «¿Por qué los llamó indios?». Brest respondió: «Así había escuchado yo (que los llamaban) cuando llegamos a Bariloche (…) Ahí dijeron que teníamos que desalojar a unos indios, que eran los mapuches». Aclaró que había escuchado a sus colegas de la Prefectura decir eso.

También declaró Matías Juan Solá, integrante del grupo GEOF de la Policía Federal, quien participó en el desalojo del 23 de noviembre de 2017 y la inspección ocular del 7 de diciembre, custodiando al juez Gustavo Villanueva.

Todos los testigos pertenecientes a esa fuerza que declararon hasta ahora en el juicio mantuvieron un relato que exime al cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuyo subfusil MP5 salió el disparo que mató a Rafael Nahuel, según la primera pericia balística realizada poco después del asesinato. Colliard afirmó que Pintos tomó su MP5 del vehículo una vez que descendió de la montaña, pero no pudo explicar por qué lo hizo ni con qué propósito. Hasta ahora, ninguno de los testigos -ni Pintos en interrogatorio ni en instrucción- ha dado razones sobre la falta de más de 50 proyectiles de los cargadores de su MP5 y su pistola Beretta 9 mm.

La próxima semana habrá dos nuevas audiencias -los martes y miércoles- con la previsión de testimonio de otros siete miembros de fuerzas de seguridad. Según la disposición del Tribunal Oral Federal, se realizarán dos sesiones por semana. Se prevé que esta fase del juicio, en la que inicialmente están citados 92 testigos, dure entre un mes y medio y dos. Afuera del edificio del Tribunal Oral Federal, una manifestación incluyó a grupos como la CCC (Corriente Clasista Combativa) y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), junto a representantes de la comunidad mapuche, en apoyo a la familia Nahuel Salvo para que obtenga justicia por el asesinato de su hijo, Rafita.

 

«Larreta y Burzaco son los autores intelectuales de la muerte de mi hijo»

«Larreta y Burzaco son los autores intelectuales de la muerte de mi hijo»

Ago 18, 2023 | DDHH, Destacado 4

Tras la autopsia y en medio de las dilaciones de la justicia, el padre de Facundo Molares, el militante asesinado en el Obelisco por la Policía de la Ciudad, volvió a señalar la responsabilidad política por el crimen de su hijo.   

“Lo que se ve en el informe de la autopsia es absolutamente compatible con una asfixia, ocasionada porque a Facundo, como todos vimos, lo tiraron al suelo, lo aplastaron contra el suelo y se le subieron dos policías que deben pesar más o menos 100 kilos cada uno”, afirmó Gustavo Franquet, el abogado de la familia de Facundo Molares, en una conferencia celebrada en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Franquet, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, detalló las acciones que se llevaron adelante en representación de la familia de Molares. Señaló que en principio la idea era pedir una segunda autopsia: “Todos sabemos que las autopsias carecen de contexto y en la primera dice que falleció por un ‘paro cardiorrespiratorio’, pero este paro fue provocado”, subrayó.

“El jueves asesinaron a Facundo –prosiguió el letrado–, el viernes la causa estuvo en manos de la fiscalía, ese día a primera hora el padre Hugo Molares se presentó como querellante con el patrocinio de la Gremial de Abogados y Abogadas, pero a última hora le enviaron la causa al juzgado. El lunes pasó a despacho. El martes, la fotocopia de la partida de nacimiento de Facundo que presentamos para acreditar el vínculo con Hugo, su padre, necesitaba ser una copia certificada”. Por esto, Hugo tuvo que contratar a un escribano para realizar el trámite exigido por el juzgado.

“Recién ayer, jueves, se habilitó la querella, volvió la causa a la fiscalía y quedaba el día de hoy para presentar el pedido de una segunda autopsia, basados en el informe del doctor Rossi (el perito externo al que consultaron), que entendía que podía haber algunos puntos importantes a analizar producto de la primera”, remarcó Franquet, quien además informó que, por decisión de Hugo Molares, desistirían de ese pedido a cambio del cuerpo de Facundo.

De la conferencia de prensa también participaron Leonardo Juárez, el secretario de Rebelión Popular, la organización social en la que militaba Molares, y el propio Hugo Molares, que recordó con mucha tristeza y dolor a su hijo.

“Facundo era un poeta, pero no un poeta de escribirle versos a la luna, como decía Atahualpa, era un poeta de la hermandad, de la libertad y de la solidaridad. Este no es el final de Facundo, es un cambio de esfera de Facundo”, expresó Hugo Molares entre lágrimas.

Y se mantuvo firme en su acusación al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco: “Tanto Larreta como Burzaco son los autores intelectuales de la muerte de mi hijo. A Facundo lo fueron a buscar, lo atacaron con saña, es un crimen con ensañamiento. Hay autores materiales, claro, pero si a los perros les sueltan la cadena, los perros muerden”, concluyó.

«Es importante que documentos que decían que no existían, aparezcan»

«Es importante que documentos que decían que no existían, aparezcan»

Ago 17, 2023 | DDHH, Destacado 4

Ya salieron a la luz los dos primeros tomos de «La Verdad los hará libres», una investigación propuesta por la Conferencia Episcopal Argentina sobre los archivos de la dictadura que resguardaba la institución. A poco de que se publique el tercer tomo, autores obispos y especialistas en teología analizan la obra. ¿Cuál es su valor y cuál su limitación?

Después de más de 50 años, la Iglesia católica abrió sus archivos históricos, algo que los organismos de Derechos Humanos venían insistiendo desde hace décadas, para poder evidenciar la complicidad de las autoridades religiosas con la última dictadura cívico-militar. En diálogo con ANCCOM, Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del Conicet en el Área de Sociedad, Cultura y Religión, opinó: “Me pareció importante que la institución católica decida realizar oficialmente una reflexión sobre lo que sucedió en los últimos años; dado que la complicidad ha sido tan grande en aquella época, que seguir callando no era algo que ayudaba a democratizar la sociedad argentina. Me pareció importante que documentos que decían que no existían, que venían negando, aparezcan”.

Estos archivos se dieron a conocer a través de una investigación realizada por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), que se materializó en una serie de libros titulados La verdad los hará libres, con tres tomos, dos publicados y uno por publicar en los próximos meses. Alberto Bochatey, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata, aclaró que “el libro fue una iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), donde después se le pidió a un equipo de la UCA que lo materialice porque necesitábamos la profesionalidad, de historiadores y teólogos”. El primado destacó el hecho institucional que representó la apertura de los archivos: “Había muchos mitos, de que la Iglesia sabe o esconde, y esto es: ‘Miren señores acá están los archivos’. Es la única institución que lo ha hecho, no hay ninguna otra que haya abierto sus archivos, es un paso institucional importante, frente a los mitos, mostrar la verdad con sus luces y sus sombras”.

Federico Tavelli es doctor en Teología, profesor e investigador de Historia de la Iglesia y Metodología de la Investigación Científica, y fue uno de los encargados de llevar adelante esta investigación, junto con Carlos Gali, Juan Duran y Luis Liberti. “La obra es colectiva, reunimos un grupo de investigadores y armamos un proyecto de investigación, que no fue fácil, ya que fue una época controvertida y amplia, con un sujeto muy difícil que es la Iglesia”, señaló Tavelli. Para hacer este trabajo, el grupo de investigadores le pidió a la Conferencia Episcopal disponer de los archivos que nunca habían sido estudiado. “Gestionamos para que el Papa Francisco ponga a disposición los archivos del Vaticano, que también es un hecho completamente inédito”, destacaron los investigadores. 

Como todo proyecto de investigación, va sufriendo cambios a medida que avanza, Tavelli también expresó que “no hubo ningún tipo de resistencia, ni censura, ni indicación de que algo no podía publicarse, yo no hubiera aceptado un condicionamiento de esa forma”. A su vez, el investigador destaca que “la obra llega de alguna forma tarde, esto tendría que haber pasado antes, evidentemente ha habido resistencia, o no ha habido la voluntad expresa de hacerlo”.

“Como toda investigación histórica para ser objetiva tiene que apoyarse en diferentes fuentes documentales. La gran novedad de la obra es la consulta de los archivos de la Iglesia, pero también hemos consultado archivos de organismos de derechos humanos, archivos nacionales civiles, archivos extranjeros eclesiásticos, hemos relevado entrevistas ya hechas y hemos generado entrevistas nuevas”, marcó Tavelli.

«Solo decidieron hablar de los obispos en su conjunto, es decir lo que hizo el obispo de La Plata de colaborar con la dictadura, prestar el seminario o que a detenidos desaparecidos el alimento se lo llevaran desde parroquias, no aparece», subraya Malimacci.

Por su parte, Mallimaci, quien leyó exhaustivamente los dos tomos publicados y que estuvo en diálogo con los autores, sostuvo que la apertura de los archivos, la investigación y la publicación “es un esfuerzo hecho con obispos, desde obispos y para obispos, se carece de una investigación histórica de largo plazo”. En este sentido, señala el déficit: “Ellos solo decidieron hablar de los obispos, y de los obispos en su conjunto, es decir lo que hizo el obispo de La Plata de colaborar con la dictadura, prestar el seminario o que a detenidos desaparecidos el alimento se lo llevaran desde parroquias, no aparece. Si vos les preguntas por qué, te dicen que esa es una investigación que hay que hacerla en La Plata. Para ellos la unidad de análisis es el episcopado en su conjunto, es decir en las reuniones que hace, en las decisiones que toma”. Por otro lado, el sociólogo destacó las introducciones de la investigación: “Deberían ayudar a las propias Ciencias Sociales en nuestro país a cómo hacer una investigación”. No obstante, señala lo insuficiente que resulta: “Se sucede un problema de autoridad en la investigación; y está en el hecho de decir que hubo complicidad, pero no tanta, hubo acompañamiento a la junta militar, pero no tanto”.

Los autores de la obra les pidieron a los obispos que componen la Conferencia Episcopal, que comenzaran el ordenamiento de los archivos de sus diócesis respectivas para colaborar con la tarea. Tavelli reconoció que “fue un desafío grande y movilizante; sabía que era algo que había que hacer, pero a su vez que era un pedido muy complejo y polémico. En la actualidad hay una demanda muy grande de transparencia respecto de las instituciones, más aún de la Iglesia que tiene una autoridad moral o que pretende tenerla. Esto abre la pregunta de cuál es el rol de las autoridades de la Iglesia en la actualidad”.

Monseñor Bochatey, quien, desde su lugar en la Conferencia Episcopal fue garante de que la investigación llevará buen curso, también analizó lo que sucedió en ese periodo. “La gente cree que en la Iglesia teníamos poder. Teníamos poder hasta ahí, los que tenían el poder eran los militares. De hecho, tenemos curas muertos, desaparecidos, tenemos de todo también nosotros. Esto no es autojustificarse, es mostrar nuestra verdad sin límites y mismo la lectura del libro que vos ves, hay un tono más autocrítico”. A su vez también destacó la importancia del Papa Francisco en la iniciativa del proyecto: “Desde su asunción, nos dimos cuenta de que algo había cambiado, a mí me gusta decir que Francisco hizo pasar de los signos del poder, a una Iglesia del poder de los signos. Hay que entender lo que es Francisco, y entender porque ha roto muchas cosas, ha pateado el tablero en muchas otras y eso crea resistencias, como lo fue la última reforma de la curia”.

Mallimaci cuestionó el rol que cumplió y cumple la Iiglesia y cómo comprende los procesos a largo plazo “puede decir ‘me equivoqué ayer’ -y se equivocó groso- y puede estar diciendo continuamente ‘me equivoqué’ y al mismo tiempo diciendo que vos tenés que actualizarte con los problemas que pasan hoy”. Sostuvo que a él como investigador le interesa la complicidad de la institución con respecto a los hechos y acciones de las Fuerzas Armadas a cargo del Estado. “Hay varios recursos ideológicos, metodológicos y doctrinarios que son usados para preservar la institución sobre aquello que todavía se sigue considerando que su participación no es tan desastrosa como se dice en alguno de los sectores o que no fue tan cómplice. Yo creo que la complicidad de la Institución católica es total, complicidad, participación, asesoramiento y acompañamiento; y me parece que debería decirse eso y mucho más”, enfatizó.

«Fue una decisión de los imputados matar, por eso dispararon 130 balas»

«Fue una decisión de los imputados matar, por eso dispararon 130 balas»

Ago 16, 2023 | DDHH, Destacado 2

En la segunda jornada del juicio que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, dos de los prefectos imputados intentaron convencer al tribunal que la bala letal provino de un compañero de la víctima. Mariano Przybylski, uno de los querellantes, opina lo contrario.

Dos de los cinco prefectos que fueron indagados en la segunda jornada del juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en una montaña del kilómetro 2006 de la Ruta 40, introdujeron una nueva coartada en el caso que ya cumplió seis años. Además de detallar los elementos de un supuesto «enfrentamiento armado» con los miembros de la comunidad mapuche, afirmaron que la bala mortal provino del propio grupo al que pertenecía la víctima. Sin embargo, el principal imputado es otro miembro de la fuerza, Sergio Guillermo Cavia, acusado de realizar el disparo letal, quien optó por guardar silencio. ANCCOM dialogó con Mariano Przybylski, director de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que es querellante en este proceso, y tiene una mirada opuesta a la de los imputados.

La calificación legal propuesta por la Fiscalía es homicidio doblemente agravado, por su comisión con violencia utilizando un arma de fuego y por abusar de su función y cargo en las fuerzas de seguridad, en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado. A Cavia se lo imputa como autor, y al resto como partícipes necesarios. En base a la acusación, se ha destacado que «Pintos, Obregón y García desoyeron a su superior (Lescano)». La desobediencia pudo haber provocado “una situación”, y luego se realizaron disparos que contribuyeron al homicidio.

Se argumentó que los efectivos dispararon de manera intimidatoria para «proteger sus vidas» y, en ese sentido, actuaron «en cumplimiento del deber». La parte querellante sostuvo que esto se confirma con la muerte de Nahuel y las lesiones de Conia y Colhuán. Conia recibió un disparo que le perforó el antebrazo izquierdo, mientras que Betiana Colhuán, la machi (sanadora) resultó herida en su hombro izquierdo.

El abogado Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos y querellante en el juicio, manifiesta su divergencia en la calificación de los cargos con la Fiscalía. Según el funcionario, corresponde acusar por homicidio calificado, ya que «no fue una legítima defensa, ni un exceso de legítima defensa; fue una decisión de los imputados perseguir y matar, por eso dispararon 130 balas de plomo».

Contrario a la versión del supuesto «enfrentamiento» que las defensas plantearán, él y la querella de la familia, representada por los abogados de la APDH Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, están convencidos de que los prefectos iniciaron una persecución en un terreno donde no deberían haber estado. «Hubo una persecución, los miembros de la comunidad escapaban y ellos disparaban por atrás», afirmó Przybylski.

Por su parte, las defensas de los prefectos buscaron convencer al Tribunal de que sus clientes fueron víctimas de un enfrentamiento y que solo cumplieron con su deber de responder a un ataque ilegítimo de un grupo de forajidos. «Cumplí mi deber y me defendí de un ataque ilegítimo. Tiré con bolitas de pintura a personas que me tiraban con armas de fuego», declaró Carlos Sosa, uno de los imputados. Sin embargo, en la causa no hay un sólo indicio de que los mapuche hayan tenido armas en su poder.

Francisco Javier Pintos fue el primero en declarar y argumentó: «No tengo duda de que lo mataron sus compañeros, ya que nosotros estábamos disparando de frente y el disparo que lo impactó entró por la espalda, por su retaguardia». Desde las querellas afirman que esos restos de pólvora hallados en los cuerpos de Fausto Jones Huala y Lautaro González fueron transferidos por los mismos prefectos al momento de tomar contacto con los jóvenes. Ellos cargaron a Nahuel cerro abajo hasta la ambulancia.

Przybylski sostuvo ante esta agencia que «las vainas son una de las tantas pruebas que demuestran que tuvieron la intención de matar». Independientemente de quién haya sido el que disparó la bala que mató a Rafael, «eso pierde importancia cuando vos tenés a cinco personas que disparan 130 veces contra todos los presentes» y comparó ese momento con un paredón de fusilamiento.

Hablaron los imputados
«Abrimos fuego hacia las tres personas que individualizamos disparándonos. Efectué pocos disparos y así fue como se secuestraron solo cinco vainas disparadas por mi pistola», explicó Pintos, otro de los imputados. «Hoy estoy aquí en medio de un juicio y siento que seré ofrendado al poder político de turno en una puesta en escena montada a las apuradas, violando mi derecho y mi garantía», agregó. Además, se permitió opinar que la causa “es una vergüenza” y que no se encontrará la verdad porque «ya tienen a los chivos expiatorios, pero jamás se sabrá quién disparó el arma que terminó con la vida de Rafael Nahuel».
Luego, el mensaje final de Pintos fue dirigido al Tribunal Oral Federal de General Roca, presidido por el juez Alejandro Silva e integrado por los magistrados Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava. «Si tienen un mínimo compromiso con la verdad, honrenlo, y haganos sentir a quienes ponemos el cuerpo todos los días en conflicto jugándonos la vida», cerró el prefecto.
El segundo en declarar fue Carlos Sosa que sostuvo: «Yo no maté a nadie y ningún integrante de la patrulla que yo integraba lo hizo. Hoy en día no existe una certeza en cuanto a cuál fue el arma que disparó el proyectil que mató a Rafael Nahuel». Cerró su declaración sentenciando al Poder Judicial: «Hemos sufrido el atropello permanente de nuestros derechos y garantías». Agregó que «mientras sigan existiendo políticos y jueces cómplices y cobardes, la problemática mapuche jamás terminará».
Para el abogado Przybylski, «el hecho de que sean tiradores de élite tiene mucho que ver: ellos conocían los protocolos para el uso de armas de fuego». Los miembros de la comunidad no tenían armas de fuego, arrojaban piedras. Por lo tanto, «de ninguna manera pueden dispararse armas letales, eso está prohibido por la ley. Ellos lo sabían».
Finalmente, en respuesta a qué espera de este juicio, Przybylski sostuvo que «fue un caso muy grave y hay pruebas suficientes para llegar a una condena justa por homicidio calificado. Fue un hecho en el que miembros de una fuerza de seguridad mataron a una persona, y el Estado debe dar una respuesta contundente para evitar que sucedan hechos similares en el futuro».

Denuncian detención y torturas
Yesica Fernanda Bonnefoi Antimil, de la misma comunidad mapuche que Rafael Nahuel, fue arrestada el 11 de agosto después de haber estado en clandestinidad, al igual que otros miembros de la comunidad desde octubre de 2022, tras el violento desalojo que resultó en el arresto de la machi Colhuan y parte de su comunidad durante ocho meses.
Al momento de su detención, Yesica presentaba graves golpes en todo su cuerpo, con contusiones visibles. Durante su arresto, fue sometida a un trato violento que resultó en la extracción de una muela a golpes, y sus manos aún permanecen inflamadas debido a la brutalidad del trato.
A pesar de las afirmaciones de la policía en los medios locales de Bariloche de que su detención fue parte de un control de rutina, Yesica relató que los agentes ingresaron a la casa donde se encontraba y agredieron a todos los presentes. Su reacción defensiva ante la violencia resultó en su traslado a la comisaría.

Comenzó el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

Comenzó el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

Ago 15, 2023 | DDHH, Destacado 2

En la primera jornada, los representantes legales de la familia de Nahuel y distintas organizaciones que ejercen la acusación, plantearon la posibilidad de cambiar la sede del debate a Bariloche y que los imputados “den la cara”. La querella de la familia está acompañada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel sufrió una violenta muerte durante un operativo de represión del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina contra la comunidad Lafken Winkul Mapu. Después de seis años de espera, comenzó el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro, donde cinco prefectos enfrentan acusaciones por el asesinato de Rafael Nahuel. Los imputados son Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.

La primera jornada del juicio incluyó la lectura de la elevación a juicio de la fiscalía de Rafael Vehils Ruiz, en la que se solicitó que Cavia sea imputado como «autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado», y que Pintos, Obregón, Sosa y García sean imputados como «partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado», ya que postuló que “no hubo un enfrentamiento sino una cacería”. Esto fue apoyado por la querella de la familia Nahuel, representada por los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

El juicio, que se espera dure entre un mes y medio a dos meses, ha sido marcado por tensiones y decisiones cruciales. En la primera audiencia el fiscal solicitó detener a los imputados debido a un «riesgo procesal» que significa su permanencia en libertad, pero  el Tribunal que preside el juez Alejandro Silva rechazó esta demanda.

Por su parte, el abogado Marigo pidió la presencia física de los imputados y del abogado defensor en la sala de audiencias porque estaban participando vía Zoom y con la cámara apagada. Además, cuestionó que la sede del proceso sea Roca y no Bariloche, donde ocurrieron los hechos. “Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó. 

Finalizada la primera parte de la jornada, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes –pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos–, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló Alejandro Nahuel, padre de Rafael.

Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una «legítima defensa», sino una actuación que desbordó «todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida». En este sentido, el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski, dijo: «La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados».

Recuperar la tierra y la identidad

Rafael Nahuel era un joven del Alto Bariloche que luchaba contra los efectos de la marginación. A instancias de su tía, María Nahuel, había empezado a conocer su origen mapuche y decidió que iría a vivir a la comunidad cuya recuperación territorial habían protagonizado sus familiares, entre ellos su prima, la machi Betiana Colhuan Nahuel. 

A principios de noviembre de 2017 la comunidad Lafken Winkul Mapu, había anunciado la «recuperación» de unas 10 hectáreas -de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi- en esa zona de Villa Mascardi. El 23 de ese mes, por la denuncia de Parques Nacionales, se produjo el desalojo, que terminó con varios integrantes de la comunidad detenidos, y el 25 tuvo lugar la incursión de los Albatros que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.

«Larreta es responsable»

«Larreta es responsable»

Ago 11, 2023 | DDHH, Destacado 1, slider

Miles de personas se concentraron en el Obelisco para reclamar contra la violencia de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, tras el asesinato del militante y fotoperiodista Facundo Molares. Todos apuntaban a la responsabilidad del jefe de Gobierno porteño.

Son indefendibles, ¿vos viste los videos?”, se comentaban dos integrantes del Polo Obrero sobre el actuar policial, mientras armaban sus banderas y carteles que exigían justicia por Facundo Molares, asesinado debido a la represión, sin razón alguna, de la Policía de la Ciudad.

 Miles de personas de distintas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y autoconvocados se congregaron en el Obelisco, el mismo lugar donde se produjo el asesinato, para pedir justicia. Se trató de un reclamo de urgencia y con poca organización pero con una demanda que exigía rapidez, “ni un muerto más por luchar”.

 Facundo Molares era un militante de izquierda y fotoperiodista, quien se encontraba en el Obelisco realizando una asamblea junto a compañeros para debatir la situación actual del país. Era un grupo reducido de militantes de la agrupación Votamos Luchar y Rebelión Popular que exponían a viva voz su cuestionamiento a las elecciones del domingo, a las que definían como “farsa electoral”.

 En medio de la manifestación, que transcurrió de modo pacifico y sin interrupción del tránsito, la Policía lo reprimió brutalmente hasta asesinarlo. Los videos que circularon en tiempo real mostraban a un agente aprisionando con su rodilla en el piso a Molares mientras este demostraba dificultades para respirar. Sus compañeros advertían a la policía que se estaba ahogando, sin que mediara el uso de la fuerza desproporcionada. Poco después, el militante dejó de reaccionar. La imagen hizo recordar el asesinato del afrodescendiente estadounidense George Floyd, que recorrió todo el mundo.

A través de sus redes sociales, el gobernador de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que el fallecimiento se debió a una “descompensación”. Además agregó: “quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia”. 

A pesar de la versión transmitida por el candidato de Juntos por el Cambio, los videos difundidos por los medios muestran todo lo contrario. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, declaró a ANCCOM: “Todos vimos los videos que circularon de cómo golpearon brutalmente a Facundo y sus compañeros. La responsabilidad es de la Policía de la Ciudad de Rodríguez Larreta”.

“Pero si en la tele dijeron que ya estaba enfermo”, opinó una joven, ajena a la movilización, a quien apenas se lograba escuchar entre los bombos, redoblantes y cantos que decían “se ve, se siente, Facundo está presente”.

Dentro de los distintos relatos que intentaron justificar lo sucedido, se mencionó que Facundo poseía enfermedades preexistentes, lo cual explicaría el motivo de su muerte. Ante estas interpretaciones, Romina del Plá, diputada del FIT explicó a este medio que “no se pueden disimular los crímenes de Estado por más que intenten presentar como justificación las condiciones de salud preexistentes”. 

Si bien desde distintos sectores se intentó disminuir la gravedad de los hechos y evitar señalar responsables, para los miles de manifestantes que colmaron la 9 de Julio lo sucedido estaba más que claro. Con pocas palabras y fuerza para poder expresar el dolor, pero con la necesidad y urgencia de reclamar que no se vuelva a repetir, levantaron sus carteles que decían “Larreta es responsable”.

La marcha se realizó de forma pacífica, con participación de personas de distintas edades y que se movilizaron desde distintos puntos de Buenos Aires. Entre las banderas que decían “ATE”, “Partido Obrero”, “MST” y “Movimiento Popular”, fue posible divisar la wiphala, que como representa uno de sus colores, se solidarizó con la causa.

Hacia el final de la movilización la situación se tornó tensa. En medio de la desconcentración que se realizaba de manera calma y organizada, un par de personas, señaladas por los propios manifestantes como infiltrados, intentaron oscurecer un reclamo y comenzaron a arrojar piedras. 

De estos hechos se tomaron los medios comerciales, una vez más, para criminalizar y exigir orden sobre  una protesta que en su totalidad se había desarrollado de manera tranquila. 

El ambiente quedó mezclado de sensaciones, tristeza, bronca e indignación. Lamento por la pérdida de un militante inocente. Enojo por la forma en la cual sucedió. Irritación por las excusas que intentaban tapar los hechos, la falta de empatía  y las nulas respuestas por parte de un Estado cuyo rol, se supone, es cuidar a los ciudadanos. Todas estas emociones se acoplaron bajo el grito de “¡justicia por Facundo!”.