En la primera jornada, los representantes legales de la familia de Nahuel y distintas organizaciones que ejercen la acusación, plantearon la posibilidad de cambiar la sede del debate a Bariloche y que los imputados “den la cara”. La querella de la familia está acompañada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel sufrió una violenta muerte durante un operativo de represión del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina contra la comunidad Lafken Winkul Mapu. Después de seis años de espera, comenzó el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro, donde cinco prefectos enfrentan acusaciones por el asesinato de Rafael Nahuel. Los imputados son Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.
La primera jornada del juicio incluyó la lectura de la elevación a juicio de la fiscalía de Rafael Vehils Ruiz, en la que se solicitó que Cavia sea imputado como «autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado», y que Pintos, Obregón, Sosa y García sean imputados como «partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado», ya que postuló que “no hubo un enfrentamiento sino una cacería”. Esto fue apoyado por la querella de la familia Nahuel, representada por los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El juicio, que se espera dure entre un mes y medio a dos meses, ha sido marcado por tensiones y decisiones cruciales. En la primera audiencia el fiscal solicitó detener a los imputados debido a un «riesgo procesal» que significa su permanencia en libertad, pero el Tribunal que preside el juez Alejandro Silva rechazó esta demanda.
Por su parte, el abogado Marigo pidió la presencia física de los imputados y del abogado defensor en la sala de audiencias porque estaban participando vía Zoom y con la cámara apagada. Además, cuestionó que la sede del proceso sea Roca y no Bariloche, donde ocurrieron los hechos. “Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó.
Finalizada la primera parte de la jornada, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes –pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos–, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló Alejandro Nahuel, padre de Rafael.
Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una «legítima defensa», sino una actuación que desbordó «todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida». En este sentido, el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski, dijo: «La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados».
Recuperar la tierra y la identidad
Rafael Nahuel era un joven del Alto Bariloche que luchaba contra los efectos de la marginación. A instancias de su tía, María Nahuel, había empezado a conocer su origen mapuche y decidió que iría a vivir a la comunidad cuya recuperación territorial habían protagonizado sus familiares, entre ellos su prima, la machi Betiana Colhuan Nahuel.
A principios de noviembre de 2017 la comunidad Lafken Winkul Mapu, había anunciado la «recuperación» de unas 10 hectáreas -de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi- en esa zona de Villa Mascardi. El 23 de ese mes, por la denuncia de Parques Nacionales, se produjo el desalojo, que terminó con varios integrantes de la comunidad detenidos, y el 25 tuvo lugar la incursión de los Albatros que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.