En la segunda semana de audiencias, continuaron declarando miembros de las fuerzas de seguridad. Otra vez la coartada del «enfrentamiento armado».
La familia de Rafael Nahuel durante la audiencia del 16 de agosto.
El juicio contra cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi continúa revelando testimonios contradictorios y detalles cruciales sobre el operativo represivo de aquel 25 de noviembre de 2017. Las declaraciones de la tercera audiencia del proceso apuntan al conocimiento de la identidad de los involucrados y las discrepancias en el armamento utilizado.
El 22 de agosto declararon dos prefectos con roles significativos en el grupo operativo de la Prefectura Naval Argentina involucrado en el procedimiento represivo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Los prefectos en cuestión son Pablo Rubén Berra y Eric Fabián Blanco.
Berra, quien era el jefe del operativo que culminó en la muerte del joven mapuche, tenía bajo su responsabilidad a un equipo de veinte efectivos. Su misión se originó a partir de la orden del juez federal Guillermo Villanueva, quien los envió al terreno por la denuncia realizada por Parques Nacionales para desalojar a la comunidad originaria, que un mes antes había realizado allí una recuperación territorial.
En su declaración testimonial, Berra dijo que recibió dos órdenes: identificar y detener a cualquier persona que no perteneciera al predio de Parques (debido a que algunas personas habían huido durante el desalojo), y llevar a cabo un reconocimiento del terreno. Berra también estaba encargado de supervisar las armas que portaban los Albatros acusados del crimen. El imputado describió que el primer grupo de tres o cuatro personas subió montaña arriba para cumplir con tales instrucciones.
El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, recordó a Berra que en una declaración previa durante la fase de instrucción había admitido que el juez Villanueva les “proporcionó fotografías con nombres de personas que debían ser detenidas en caso de ser encontradas».
Los imputados en la audiencia del 16 de agosto.
El prefecto mencionó que la Prefectura Naval no es idónea para operar en la montaña y su declaración fue aceptada por todas las partes involucradas. Sin embargo, uno de los puntos que no pudo aclarar fue la cantidad y tipo de armas que portaban los Albatros. Berra aseguró que la patrulla que subió a la cima no llevaba subfusiles MP5, aunque en su declaración anterior había mencionado que uno de los uniformados, Carlos Valentín Sosa, estaba equipado con ese tipo de arma. Mariano Przybylski, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo confrontó con esta discrepancia.
Berra también tuvo dificultades para precisar la distancia en la que ocurrió el supuesto enfrentamiento. Aunque mencionó que corrió aproximadamente «unos mil metros», esta distancia ubicaría el asesinato de Nahuel fuera de los límites del territorio reclamado por la comunidad.
Consultado por el abogado defensor de tres de los cinco Albatros acusados, Marcelo Hugo Rocchetti, Berra afirmó la existencia de un «enfrentamiento armado», pero no especificó si esta conclusión se basaba en lo que dijeron los uniformados que subieron a la montaña o en los sonidos que escuchó a través de las deficientes comunicaciones por handy.
Tras el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, y poco antes de que su teléfono celular fuera confiscado por la Justicia, Berra dejó dos mensajes de voz en WhatsApp donde expuso su versión de los hechos. En estos mensajes, afirmó que los mapuches emboscaron a los Albatros, quienes respondieron con maniobras defensivas y tácticas de guerra, incluyendo disparos con armas de gran calibre que arrancaban árboles de raíz. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones pudo ser corroborada durante la investigación del caso.
Armas prohibidas
El segundo testigo en dar declaración en la audiencia del martes fue Eric Blanco, Ayudante de Primera de Prefectura. Sostuvo que de acuerdo al protocolo de acción de la fuerza, no se permite el uso de armas letales en situaciones de persecución. Esta afirmación podría tener un impacto desfavorable en la situación de los miembros de la Agrupación Albatros imputados. Según las pericias y la inspección ocular, el grupo mapuche fue perseguido montaña arriba por los uniformados, quienes efectuaron 130 disparos con munición de plomo.
De acuerdo a su testimonio, en un momento específico de la tarde de ese día, Berra le solicitó que se preparara y lo acompañara para dirigirse al área en conflicto, con el propósito de asistir a sus colegas. Pero Blanco no llegó a cumplir esta orden, ya que se encontró con el grupo de avanzada que había disparado contra los mapuches y se encontraba descendiendo por la ladera.
Durante la primera parte de la audiencia, un grupo de manifestantes volvió a exigir justicia en la entrada del edificio de Tribunales. Orlando Carriqueo, portavoz de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, expresó que existe “un sentimiento de injusticia, privilegios, racismo, complicidad, protección y violencia institucional en este juicio”. Señaló que los familiares de Rafael Nahuel no pudieron asistir a la ciudad debido a limitaciones económicas. «No pudieron viajar esta semana», lamentó, mientras criticaba que los prefectos estaban testificando desde la comodidad de sus hogares.
Versiones contrapuestas
Durante la cuarta audiencia del miércoles 23, tres de los testigos que declararon pertenecen a la Prefectura y uno a la Policía Federal. Todos coincidieron en que, a pesar de no haber subido al lugar de los hechos, se produjo un «enfrentamiento con armas de fuego» entre los integrantes de la Agrupación Albatros y los mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
El suboficial Francisco Lezcano afirmó que, desde una distancia imprecisa, logró «escuchar disparos, el sonido de una escopeta, una 9 mm. y un sonido más agudo que podría haber sido una 22». Lezcano, ubicado en la montaña, optó por no dirigirse al punto donde sus colegas solicitaban apoyo a través de las comunicaciones del handy. «Oí los disparos y la voz de (el cabo primero, Sergio) Cavia, quien informaba que estaban bajo fuego, disparos de armas y buscaba autorización para el uso de armas letales», indicó.
El conductor de la Agrupación Albatros, Daniel Alberto Colliard, permaneció en un vehículo en la Ruta 40 y, mediante la radio, escuchó la solicitud de ayuda. Dijo que los uniformados que ascendieron a la montaña le «contaron» que «mientras subían, sintieron lanzas de caña o madera con clavos en la punta, piedras y luego se oyeron disparos».
En contraste, el testigo Diego Brest, también miembro de la Prefectura y presente en Villa Mascardi, aseguró que no escuchó disparos ni fue informado por sus colegas que subieron a la montaña. Interrogado por el auxiliar fiscal, Juan Manuel García Barrese, si escuchó disparos a través de la radio, respondió de manera firme: «No». Ante la pregunta siguiente sobre si escuchó disparos en general, reiteró: «No».
Otro punto clave de las declaraciones giró en torno al conocimiento de los Albatros sobre la identidad de las personas en el lugar. Las preguntas del abogado Feudal, revelaron que los miembros de la fuerza sabían que los ocupantes del terreno en disputa con Parques Nacionales eran mapuche. De hecho, Lezcano arriesgó que «se dio cuenta» de que los mapuche «no eran argentinos». Llegó a esa conclusión porque durante la incursión en el territorio, una mujer les gritó «en forma de burla, ‘éstos que vienen a defender su país'».
Lezcano explicó: «Porque una persona que es de la República nos va a decir esas cosas. No me parece normal para mí, no es normal que una persona del territorio diga esas cosas».
Por su parte, el prefecto Diego Brest en su testimonial también reconoció que sabían que las personas a desalojar eran mapuche, aunque inicialmente lo negó. Fue interrogado por el abogado querellante en representación de la familia, Rubén Marigo: «¿Sabían a quién iban a desalojar, quiénes eran?», «No, yo no. No recuerdo que lo supiéramos», dijo el uniformado.
Sin embargo, luego de recordar que en la instrucción se refirió a los mapuches como «indios» o «algunos indios», le volvieron a preguntar: «¿Por qué los llamó indios?». Brest respondió: «Así había escuchado yo (que los llamaban) cuando llegamos a Bariloche (…) Ahí dijeron que teníamos que desalojar a unos indios, que eran los mapuches». Aclaró que había escuchado a sus colegas de la Prefectura decir eso.
También declaró Matías Juan Solá, integrante del grupo GEOF de la Policía Federal, quien participó en el desalojo del 23 de noviembre de 2017 y la inspección ocular del 7 de diciembre, custodiando al juez Gustavo Villanueva.
Todos los testigos pertenecientes a esa fuerza que declararon hasta ahora en el juicio mantuvieron un relato que exime al cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuyo subfusil MP5 salió el disparo que mató a Rafael Nahuel, según la primera pericia balística realizada poco después del asesinato. Colliard afirmó que Pintos tomó su MP5 del vehículo una vez que descendió de la montaña, pero no pudo explicar por qué lo hizo ni con qué propósito. Hasta ahora, ninguno de los testigos -ni Pintos en interrogatorio ni en instrucción- ha dado razones sobre la falta de más de 50 proyectiles de los cargadores de su MP5 y su pistola Beretta 9 mm.
La próxima semana habrá dos nuevas audiencias -los martes y miércoles- con la previsión de testimonio de otros siete miembros de fuerzas de seguridad. Según la disposición del Tribunal Oral Federal, se realizarán dos sesiones por semana. Se prevé que esta fase del juicio, en la que inicialmente están citados 92 testigos, dure entre un mes y medio y dos. Afuera del edificio del Tribunal Oral Federal, una manifestación incluyó a grupos como la CCC (Corriente Clasista Combativa) y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), junto a representantes de la comunidad mapuche, en apoyo a la familia Nahuel Salvo para que obtenga justicia por el asesinato de su hijo, Rafita.