Versiones contrapuestas
Durante la cuarta audiencia del miércoles 23, tres de los testigos que declararon pertenecen a la Prefectura y uno a la Policía Federal. Todos coincidieron en que, a pesar de no haber subido al lugar de los hechos, se produjo un «enfrentamiento con armas de fuego» entre los integrantes de la Agrupación Albatros y los mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
El suboficial Francisco Lezcano afirmó que, desde una distancia imprecisa, logró «escuchar disparos, el sonido de una escopeta, una 9 mm. y un sonido más agudo que podría haber sido una 22». Lezcano, ubicado en la montaña, optó por no dirigirse al punto donde sus colegas solicitaban apoyo a través de las comunicaciones del handy. «Oí los disparos y la voz de (el cabo primero, Sergio) Cavia, quien informaba que estaban bajo fuego, disparos de armas y buscaba autorización para el uso de armas letales», indicó.
El conductor de la Agrupación Albatros, Daniel Alberto Colliard, permaneció en un vehículo en la Ruta 40 y, mediante la radio, escuchó la solicitud de ayuda. Dijo que los uniformados que ascendieron a la montaña le «contaron» que «mientras subían, sintieron lanzas de caña o madera con clavos en la punta, piedras y luego se oyeron disparos».
En contraste, el testigo Diego Brest, también miembro de la Prefectura y presente en Villa Mascardi, aseguró que no escuchó disparos ni fue informado por sus colegas que subieron a la montaña. Interrogado por el auxiliar fiscal, Juan Manuel García Barrese, si escuchó disparos a través de la radio, respondió de manera firme: «No». Ante la pregunta siguiente sobre si escuchó disparos en general, reiteró: «No».
Otro punto clave de las declaraciones giró en torno al conocimiento de los Albatros sobre la identidad de las personas en el lugar. Las preguntas del abogado Feudal, revelaron que los miembros de la fuerza sabían que los ocupantes del terreno en disputa con Parques Nacionales eran mapuche. De hecho, Lezcano arriesgó que «se dio cuenta» de que los mapuche «no eran argentinos». Llegó a esa conclusión porque durante la incursión en el territorio, una mujer les gritó «en forma de burla, ‘éstos que vienen a defender su país'».
Lezcano explicó: «Porque una persona que es de la República nos va a decir esas cosas. No me parece normal para mí, no es normal que una persona del territorio diga esas cosas».
Por su parte, el prefecto Diego Brest en su testimonial también reconoció que sabían que las personas a desalojar eran mapuche, aunque inicialmente lo negó. Fue interrogado por el abogado querellante en representación de la familia, Rubén Marigo: «¿Sabían a quién iban a desalojar, quiénes eran?», «No, yo no. No recuerdo que lo supiéramos», dijo el uniformado.
Sin embargo, luego de recordar que en la instrucción se refirió a los mapuches como «indios» o «algunos indios», le volvieron a preguntar: «¿Por qué los llamó indios?». Brest respondió: «Así había escuchado yo (que los llamaban) cuando llegamos a Bariloche (…) Ahí dijeron que teníamos que desalojar a unos indios, que eran los mapuches». Aclaró que había escuchado a sus colegas de la Prefectura decir eso.
También declaró Matías Juan Solá, integrante del grupo GEOF de la Policía Federal, quien participó en el desalojo del 23 de noviembre de 2017 y la inspección ocular del 7 de diciembre, custodiando al juez Gustavo Villanueva.
Todos los testigos pertenecientes a esa fuerza que declararon hasta ahora en el juicio mantuvieron un relato que exime al cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuyo subfusil MP5 salió el disparo que mató a Rafael Nahuel, según la primera pericia balística realizada poco después del asesinato. Colliard afirmó que Pintos tomó su MP5 del vehículo una vez que descendió de la montaña, pero no pudo explicar por qué lo hizo ni con qué propósito. Hasta ahora, ninguno de los testigos -ni Pintos en interrogatorio ni en instrucción- ha dado razones sobre la falta de más de 50 proyectiles de los cargadores de su MP5 y su pistola Beretta 9 mm.
La próxima semana habrá dos nuevas audiencias -los martes y miércoles- con la previsión de testimonio de otros siete miembros de fuerzas de seguridad. Según la disposición del Tribunal Oral Federal, se realizarán dos sesiones por semana. Se prevé que esta fase del juicio, en la que inicialmente están citados 92 testigos, dure entre un mes y medio y dos. Afuera del edificio del Tribunal Oral Federal, una manifestación incluyó a grupos como la CCC (Corriente Clasista Combativa) y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), junto a representantes de la comunidad mapuche, en apoyo a la familia Nahuel Salvo para que obtenga justicia por el asesinato de su hijo, Rafita.
