Salud mental, políticas públicas y nuevas tecnologías

Salud mental, políticas públicas y nuevas tecnologías

La ausencia estadística para la prevención del suicidio es otra de los casilleros en rojo de la post pandemia, en especial entre las personas más jóvenes. El debate sobre el lugar que ocupan las redes sociales y la inteligencia artificial.

El uso intensivo de las redes sociales ha demostrado que los escenarios virtuales pueden transformarse en el infierno más temido para los jóvenes que tienen tendencias suicidas. Al mismo tiempo, para algunos la Inteligencia Artificial puede transformarse en una herramienta para prevenir prácticas destructivas. Todo en un sólo mundo mediado por internet.

Hacia 2007 el escritor estadounidense Jay Asher publicó la novela para el público juvenil  Por trece razones, que pronto se transformó en best seller y en serie para televisión con cuatro temporadas en Netflix. Lo curioso es que la trama tra nscurre por las revelaciones en cintas de cassette, con hechos vergonzantes que llegan a la violación y que ponen en crisis a quienes son mencionados en esas grabaciones. La voz al otro lado denuncia la injusticia en un presente hostil.

Los tiempos lentos de la historia poco tienen que ver con la inmediatez de las redes sociales y el impacto brutal en la vida de los más jóvenes, cuyos avatares pueden terminar en vidas paralelas ocultas o en casos de cibervenganza o bullying. Más allá de la realidad que supera la ficción, y del breve suspiro reflexivo que trajo la mencionada serie sobre el problema del suicidio adolescente, el tema permanece en una agenda casi oculta de la superficie mediática. 

La vacancia de estadísticas precisas post pandemia fue la principal preocupación de ANCCOM al momento de relevar los datos sobre una cuestión delicada, por la que transitan no pocos jóvenes frente a situaciones de frustración o visibilidad pública de su vida íntima. Se trata de una situación que hoy trasciende lo analógico y está anclada en los entornos digitales, que a priori no son buenos ni malos en el actual ecosistema hipermediatizado.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un lado oscuro que puede impactar negativamente en los jóvenes e, incluso, llevarlos a cometer suicidio. Aunque, también podrían actuar de manera preventiva, identificando a quién y cuándo lo hará, con el uso de inteligencia artificial (IA) para poder intervenir a tiempo, algo que los especialistas no han podido lograr.

El pasado 29 de septiembre un fallo adverso contra Instagram en el Reino Unido por la muerte autoprovocada de la adolescente de 14 años, Molly Russel, evidenció que las TIC son capaces de condicionar pensamientos negativos entre las personas más jóvenes que están aún en su etapa de conformación identitaria. El forense Andrew Walker afirmó ante medios locales que “Molly Rose Russell murió a causa de un acto de autolesión como consecuencia de la depresión y los efectos negativos del contenido en línea”, según reprodujo el periodista Adam Satariano en el The New York Times.

La compañía Meta, dueña de Facebook e Instagram, y de otras redes sociales como Pinterest, le había permitido a la adolescente acceder a tal cantidad contenido explícito sobre autogresiones, tristeza, y melancolía, que terminó  en  una nota de autodesprecio escrita por la menor,  idéntica a un posteo que había dado me gusta y guardado.  Además, según cuenta el mismo periodista, el padre de Molly leyó un mail dos semanas después del fallecimiento de su hija que decía: “Pines de depresión que quizá te gusten”, detectando así la influencia de ciertos contenidos maliciosos que circulan en la red,  configurando encuadres de pensamientos que conducen a la autoflagelación. 

Marcos Vanzini, vicepresidente de la Asociación Civil de Escenarios Saludables, explicó a esta agencia que “el suicidio es multicausal, ya que hay un dolor existencial que lo percibe como totalizante, y lo que se quiere es dejar de vivir como se está viviendo”. 

Dentro de la historia de sufrimientos, las redes sociales parecen ser un factor influyente en los pensamientos destructivos de los adolescentes. El ciberbullying, la sextorsión, la depresión y la ansiedad hacen un sumario que juega un papel importante en la vulnerable juventud.  La psicología no ha podido identificar el momento previo de potencial riesgo a autolesión y tampoco intervenir a tiempo . Si después de tantos años aún los especialistas no saben en qué punto intervenir frente a signos de alarma y evitar una conducta suicida, ¿podrán hacerlo las tecnologías?

Smartphones y sensores para la prevención

Un estudio de Harvard realizó prácticas para lograr predecir mejor el comportamiento humano y tener una alerta temprana ante un intento de autolesión con herramientas proporcionadas por la Inteligencia Artificial (IA). El mecanismo novedoso logró recolectar gran información sobre la vida diaria de las personas que sufren pensamientos destructivos.  El dispositivo utiliza biosensores que podrán identificar cómo se siente una persona a través de un análisis de las expresiones faciales, de lo que leen en redes sociales y de la música que escuchan.

Según describió Ellen Barry, que cubre noticias de salud mental para The New York Times, la paciente psiquiátrica Katelin Cruz participó como sujeto de investigación. En el ensayo utilizó un reloj inteligente llamado Fitbit que registró su sueño y actividad física, mientras el celular recogía datos sobre su estado de ánimo, sus movimientos y sus interacciones sociales. El estudio logró la intervención a tiempo por parte del grupo de investigación ante un intento autolesivo. La paciente confesó que fue más fácil decirle la verdad a una computadora sobre cómo se sentía en ese momento, así como lo que tenía pensado hacer. Hecho interesante porque uno de los problemas frecuentes es la falta de comunicación de los pacientes con pensamientos destructivos por los sentimientos de culpabilidad y vergüenza que rodean a la salud mental.

La capacidad de hacer frente a la falta de medidas preventivas eficaces sobre las señales de alarma ante el intento de suicidio, es una de las partes fascinantes de la investigación,  ya que deja en evidencia el  impacto positivo de las tecnologías.

¿Qué dicen las instituciones internacionales?  

Entidades internacionales como la UNESCO, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han puesto el objetivo principal de eliminar el tabú sobre los trastornos mentales, y en aumentar las medidas preventivas de la muerte autoprovocada de todos los países, hecho que se ha puesto en evidencia con la  difusión  de campañas preventivas.

En el marco de la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a fines de septiembre, se llevó a cabo el evento de Promover y proteger la salud mental y el bienestar psicosocial de los alumnos en las escuelas y los entornos de aprendizaje, en donde la OMS junto a otras organizaciones globales destacó la necesidad urgente de transformar la atención de la salud mental en todos los países. La institución pidió reformar los entornos que influyen en la prevención del suicidio de los adolescentes, como las academias educativas, que recomiendan la introducción de programas de aprendizaje social y emocional, mientras se contrarresta el acoso en las escuelas.

El informe global de la OMS de 2022 expone que el suicidio es una de las principales causas de fallecimiento en el rango etario juvenil. La depresión es un origen común dentro de los factores que pueden conducir a la muerte autoprovocada. Las cifras demuestran que el 14% de los chicos del mundo (de 10 a 19 años) viven con un trastorno mental. La ansiedad es la más prevalente entre los adolescentes mayores (4,6%). 

Por su parte la psiquiatra y psicoterapeuta infantil, Monica Alonso, explicó a ANCCOM que los impactos negativos más evidentes de las TIC son el ciberbullying entre los jóvenes, en  especial porque se encuentran en un contexto de vulnerabilidad por estar en pleno desarrollo; y recomienda entre otras buenas prácticas la “higiene del sueño”, pues el hábito de comunicarse hasta altas horas de la madrugada complica el descanso y las capacidades cognitivas.

El Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU), dependiente del Ministerio de Salud, informó en su primer diagnóstico federal de 2021 sobre el efecto que tuvo el covid-19 y sus consecuencias negativas en la salud mental de la población en general, y de los chicos en particular. No obstante, la precariedad en el análisis de los datos impide mapear el problema con líneas de acción que acompañen políticas públicas efectivas.

Para Marcos Vanzini los dos años de encierro en una época en que los adolescentes están armando su personalidad son una clave a profundizar “La escuela es el mundo de un niño ya que ingresa a los tres y sale a los 18. Y en la pandemia los problemas intrafamiliares se agravaron, no socializaron como deberían y no crearon vínculos”.

Monica Alonso manifestó que las estadisticas formales en el medio todavía están en construcción, no obstante señala que “si se ha avanzado mucho en la difusion de los casos y la alerta que se le da a las familias y los profesionales sobre la prevencion del suicidio y la conciencia que dentro de la red estimulan y trivializan la posibilidad de autolesionarse”. La especialista contó desde su experiencia clínica sobre la incidencia por redes sociales y su impacto en los cuerpos, posando su mirada en los sitios web que promueven modelos anorexicos y afectan, en gran mayoria, los hábitos alimenticios.

La Ley de Prevención de Suicidio de Salud Mental N° 27.130 especifica en el Artículo 6 que se debe crear un sistema de registro que contenga los datos de interés especificos como las causa de los decesos, edad o la modalidad utilizada a los fines del mejoramiento de la información estadística. Pero aún existe falta  de identificación de casos para una contrastación efectiva. El último informe nacional en donde se evidenciaron las causas externas data de un periodo previo a marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia.  En este sentido la información meramente especulativa sin base empírica muestra una implementación deficiente en materia de políticas públicas preventivas.

Queda claro que el fallo sobre la menor del Reino Unido de un hecho ocurrido en 2017, junto al estudio de Harvard y los datos globales de las entidades internacionales de salud son ejemplos reales de cómo las interacciones virtuales pueden impactar tanto positivamente como negativamente. 

Las redes sociales como Instagram siguen armando estándares que generan inseguridades y sentimientos de no pertenencia en jóvenes que atraviesan alguna crisis en la pubertad.  Sumado a esto, en la red existe un acceso fácil a grupos en donde se comparten las maneras de dañar el cuerpo, generando la posibilidad en el adolescente de crear una afinidad por la autolesión. 

En contraposicion la IA ha realizado avances tecnológicos para detectar las señales preventivas de lo que los especialistas de salud no lograron; incluso,  las difusiones masivas han hecho que TikTok (Amazon) en el marco del Dia Mundial de Prevención al Suicidio publicara su preocupación sobre la salud mental lanzando nuevos recursos en su plataforma, este hecho es de vital importancia para evaluar la problematica ya que las redes tienden a generar una dependencia adictiva.

Estamos viviendo en un contexto en donde se está deconstruyendo el tabú del suicidio adolescente, para su prevención mediante  un debate necesario en la sociedad con respecto al uso de la red. No obstante, queda en evidencia la emergencia por falta de cifras por parte del Ministerio de Salud, imprescindible para una estrategia federal de abordaje integral del suicidio en la Argentina.

¿A dónde acudir?

En una situación de desborde emocional que se amerite hablar para no sentirse solo, existen diferentes organizaciones de larga trayectoria profesional que te pueden escuchar, como el Centro de Atención al Suicida (CAS) una ONG a la cual podés llamar para recibir asistencia médica gratuita, confidencial y anónima. La línea 135 es para Capital Federal o Buenos Aires y para el resto del país al (11)5275-1135 o al 0800-345-1435.

Los barrios populares quieren su ley

Los barrios populares quieren su ley

Una concentración de la UTEP frente al Congreso logró que en Diputados pusieran fecha para tratar el proyecto que prorroga la Ley de Barrios Populares, que pierde vigencia el 15 de octubre. La cita es sobre el límite, el miércoles 12.

El miércoles 5 de octubre, las organizaciones sociales que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron al Congreso, reclamando el tratamiento de la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares que ya había obtenido dictamen favorable. La respuesta llegó esa misma tarde, como resultado de la reunión entre la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y la Mesa Nacional de los Barrios Populares, en la que se acordó que la votación tendría lugar el 12 de octubre, tres días antes de que pierda vigencia la ley.

La Ley  Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana o “Ley de Barrios Populares” fue sancionada en 2018. A cuatro años de su sanción, la Mesa Nacional de Barrios Populares propone una reforma que establece como media más urgente que se prolonguen por diez años las prohibiciones de desalojo.  

“Salimos con una alegría inmensa de una promesa de sesión, se supone que ya la Cámara de Diputados va a estar votando, espero que se cumpla ya que más de cinco mil barrios están esperando para no ser desalojados”, dijo a ANCCOM Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.

Militantes del Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Movimiento Somos Barrios de Pie, comenzaron a concentrarse a las 12 frente al Congreso. En apoyo a la reforma de la Ley Nacional Barrios Populares, que permite la incorporación de 5687 barrios al registro RENAP (Registro Nacional de Barrios Populares), frenar los desalojos por 10 años y asegurar que las obras de integración urbana sigan llegando a los barrios por medio de las cooperativas. 

 

 “Es una ley que nos representa, nos reconoce, reconoce nuestros barrios, nuestra existencia, nuestra historia y trayectoria de vida. También reconoce la deuda histórica del Estado y la política con los vecinos y vecinas de los barrios populares que tiene que ver con la calidad de vida”, explicó Matias Bora, del Movimiento Evita del Barrio Soledad. 

Sobre la avenida Entre Ríos y Solís, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, nutridas columnas se agrupaban, con pancartas que se alzaban hacia el escenario, ubicado en las puertas del Congreso. “Necesitamos que exista esta ley y esta reforma, por la historia de lucha de los movimientos sociales”, dijo desde el escenario el secretario General de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.  

“Queremos dejar de ser los últimos del tarro, queremos decirle a los diputados que ellos tienen la responsabilidad de que más de cinco mil familias no queden en la calle”, manifestó con emoción Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.

Abajo, levantaban palas y azadones en cerrado festejo, al ritmo de los bombos, al grito de “ unidad de los trabajadores, al que no le guste que se joda”.

«En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía»

«En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía»

Más de diez mil personas marcharon en defensa de la educación pública. Reclamaron viandas de calidad, mejor infraestructura y discutir las pasantías obligatorias. También repudiaron la persecución sufrida por estudiantes y familias.

Estudiantes, familiares, docentes y militantes marcharon este martes hacia la Jefatura de Gobierno porteño en demanda de una mesa de diálogo. “Larreta y Acuña no escuchan nuestros reclamos”, fue la frase más repetida durante la manifestación. Los ejes del conflicto son las condiciones edilicias de los colegios de la Ciudad, las viandas en constante deterioro y que no cumplen con los estándares alimenticios, además del avance de las pasantías laborales precarizadas. Los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y ADEMyS sumaron el pedido de un aumento salarial y cambios en las jornadas de capacitación docente.

La movilización partió alrededor de las 17 desde el colegio Mariano Acosta, ubicado en Urquiza 277. Estudiantes de todas las edades cantaban, saltaban y tocaban el bombo haciendo oír sus consignas. “Este pueblo pelea por la educación”, “Docentes y estudiantes unidos en la lucha”, cantaban mientras caminaban derecho por la calle Urquiza, y al llegar a las esquinas pedían “Tocá bocina si apoyás la educación” y muchos automovilistas acompañaban. Banderas de variados colores y tamaños de los centros de estudiantes y las agrupaciones políticas que acompañaron, la mayoría de la izquierda y también algunas kirchneristas. Carteles con frases y memes sobre Larreta y Acuña.

“Nuestro colegio tiene graves problemas de infraestructura y alimenticios. Las viandas son un asco”, afirmó Gabriel, del colegio Juan Martín Pueyrredón. «Nos envían a hacer pasantías a un instituto gastronómico que no tiene nada que ver con la orientación del colegio que es Ciencias Naturales”, añadió Iara.

“En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía a nuestras casas. A todos los que participamos de la toma nos pasó”, dijo Sofia, estudiante del Lenguas Vivas. “La policía nos amenaza con una denuncia, cuando lo único que hacemos es pelear por nuestros derechos”, manifestó Lara, del Esnaola.

“Queremos que Acuña nos reciba en menos de diez días, sino seguiremos con las marchas y vamos a volver a tomar los colegios”, advirtió Belén, del Mariano Acosta. “Somos una juventud movilizada que no va a permitir que se retroceda en la lucha por nuestros derechos”, sostuvo Nicolás, estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, que si bien no pertenece a la ciudad, sino a la UBA, se solidariza con la lucha.

En la caravana, de unas 10 cuadras, también había familiares, como Lucas, que acompañó a su hija y a las amigas a la marcha: “Me enorgullece mucho estar acá, apoyando esta lucha legítima de los pibes”. Claudia, mamá de uno de los chicos, expresó: “Emociona mucho ver cómo luchan por sus derechos”. Docentes de numerosas escuelas porteñas, como Verónica, que da clases en el profesorado de educación inicial Sara Eccleston, coincidió: “Es un orgullo estar acá hoy y una enorme responsabilidad, siempre acompaño las marchas, estos movimientos transforman el mundo”.

“Vinimos a mostrar nuestro apoyo a los estudiantes secundarios que están haciendo tomas en la ciudad y sufren la persecución de Larreta y Acuña”, dijo Rosario, integrante de Juventud Izquierda Socialista y militante en la Facultad de Ciencias Sociales. “El punto que nos une es el ajuste a la educación”, sintetizó Vanesa Gagliardi, docente e integrante del consejo directivo de ADEMyS. “No hay infraestructura, en la escuela de teatro donde laburo, no hay gas, falta personal, material de limpieza, material didáctico -agregó-. La mayoría de los docentes estamos bajo la línea de pobreza y eso genera precarización laboral, tenemos que ir a tres o cuatro escuelas para llegar a fin de mes. Hay muchos medios que intentan instalar una mirada peyorativa y negativa sobre los chicos. Pero si los escuchás hablar te das cuenta que no están manejados y que tienen opinión propia. Eso queremos: juventudes que puedan pensar por sí mismas y defender sus derechos”.

Al llegar a la puerta de la Jefatura de Gobierno, frente al Parque Patricios, había montado un escenario en donde se realizó el acto de cierre. Directivos de ADEMyS y UTE, integrantes de las agrupaciones presentes y estudiantes de diversos colegios tomaron la palabra, todos bajo la misma consigna: “La lucha por una mejor educación pública continúa”.

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Un grupo de vecinos logró evitar que el Gobierno porteño arrasara al Galpón de Villa Ortúzar. Resistieron con una sentada en su interior. Las autoridades de la Ciudad incumplieron un acuerdo previo para realizar una mediación.

Vecinas y vecinos del barrio Porteño Villa Ortúzar resistían al nuevo intento de desalojo y demolición de El Galpón de Ortúzar, en la Plaza 25 de Agosto entre Heredía y Charlone,  por parte de topadoras del GCBA. Hasta hace una semana en el lugar funcionaban un bachillerato popular, una biblioteca y se realizaban diferentes cursos y actividades. 

A las 5.30 de la madrugada, los vecinos fueron alertados por el ruido de las topadoras, y a través de las redes vecinales y mensajes de WhatsApp dieron el aviso a la comunidad. La reacción fue inmediata, se movilizaron al centro de la estructura y se sentaron en un círculo con carteles para impedir el avance. Antes de su llegada, los obreros municipales habían logrado remover una parte de la estructura y algunos tejados. “Llegamos enseguida, pedimos la orden judicial, no aparece y no nos muestran nada -contó a ANCCOM Juan Chippano, uno de los defensores-. Cuando llegamos estaban trabajando sin arneses, sin cascos, cortando fierros sin los lentes de protección”, aclaró Chippano, subrayando la urgencia con que estaban demoliendo.

El personal de la Comuna 15 y la Policía de la Ciudad irrumpieron en el lugar a las 5.30, con dos camionetas y un camión, junto con la empresa Paolini contratada por la Ciudad para llevar a cabo “una orden de palabra -según aseguraban los empleados comunales-  de parte de la Fiscalía”, para desmantelar el lugar con el argumento de proteger a los vecinos porque había un peligro de derrumbe. 

“No hay un secundario y quieren montar un canil, nuestros perros no necesitan un canil, lo que necesitamos es la educación”, decían los vecinos al inspector Rubén Ramos y a los agentes de la Comuna 15, quienes acudieron al lugar en un intento de calmar a la comunidad y continuar con la demolición. “Es pasar por encima del trabajo comunitario que se ha hecho por años, pero qué les importa”, se lamentaba una de las vecinas que acudió al lugar.

“Esto me hace recordar a la dictadura, se llevaron los libros, se llevaron todo, esto es de no creer”, recordó una vecina mientras el vecindario se iba concentrando en el predio.

El viernes 30 de septiembre, se había pactado no continuar con la demolición de El Galpón hasta que se realizara una mediación en instancia judicial. “No se cumplió la palabra ni el acuerdo que teníamos. Ayer recibimos un llamado de la Fiscalía para confirmar si aceptamos la instancia de la mediación. Dijimos que sí. Nos informaron que se iban a comunicar con nosotros para fijar la hora. Sin embargo, avanzaron con la demolición y tampoco fuimos notificados de que esto iba a pasar”, denunció Chiappano. 

Los vecinos y vecinas se habían reunido el domingo en El Galpón para juntar firmas en su defensa. A lo largo del día habían logrado recolectar más de 400 firmas, según los organizadores, para presentarlas en la mediación y demostrar el apoyo de la comunidad al espacio cultural que lleva en funcionamiento desde los años noventa. 

El lugar se encontraba cerrado por orden de la Fiscalía, que pidió presencia permanente de la Policía de la Ciudad para impedir la entrada de los vecinos. No obstante, los integrantes de El Galpón tomaron la decisión de continuar con las actividades que tenían programadas fuera de las instalaciones, donde el domingo se realizó una mateada, peña y clase de folklore.

El Galpón de Ortúzar guarda una historia de más de treinta años de ayuda vecinal, cuenta con tres murales realizados en grafito, uno de Malvinas, uno en homenaje a Martín Carrizo, baterista de los Fundamentalistas fallecido a principio de este año, inaugurado hace tan solo dos semanas, y otro de Cerati, quien también fue vecino de Villa Ortúzar, todos creados por Osky Di Biase. El Gobierno porteño declaró la intención de preservarlos por el valor cultural que tienen. “La estructura del lugar no da para tirar todo y dejar los murales, las paredes se sostienen entre sí. Si tocás una pared se caen todas”, expresó Juan Chippano en respuesta al GCBA.

 

Los organismos de derechos humanos respaldaron a los estudiantes

Los organismos de derechos humanos respaldaron a los estudiantes

Realizaron una conferencia de prensa junto a alumnos, familiares y sindicatos docentes en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para repudiar la persecución que están sufriendo los secundarios porteños.

Este lunes, organismos de derechos humanos convocaron a una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo ubicada en el barrio porteño de Monserrat, para repudiar la persecución a estudiantes y familiares de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Entre los presentes se destacaron representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la diputada y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, entre otros.

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, dio comienzo a la conferencia de prensa con el objetivo de “apoyar todos los reclamos justos que están haciendo los estudiantes, y felicitar a aquellos que están apoyándolos y que en ningún momento los han dejado solos”. También llamó a mantener la lucha y exigir justicia por la vía legal, sin llegar a la violencia por mano propia.

El representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, realizó un análisis sobre la situación de los estudiantes criminalizados. Explicó que el Gobierno de la Ciudad utilizó distintas estrategias relacionadas al uso del Código Penal y el Código Contravencional, a través de los cuales se acusó a los estudiantes de quedarse en las escuelas sin la autorización de quien poseía el derecho de admisión, y por ende, a sus familias por ser responsables legales. Sostuvo que, de esta forma, el Gobierno porteño se desligó de sus responsabilidades que ahora dependerán de la Justicia de la Ciudad, que deberá investigar los delitos que se acusan. 

De este modo, Morales señaló que el Estado dejó de lado su rol de mediador de los conflictos que se dan en la sociedad, como una manera de rechazar los reclamos, la escucha, y la búsqueda de soluciones. Además, otra de las medidas fue la presión económica a las familias mediante el envío de cartas documento por daños y perjuicios por la toma de las escuelas, “buscando inhibir la protesta, cuando en realidad lo único que se está pidiendo es que el Estado dé respuestas y sostenga la educación en la Ciudad”, agregó. 

Estudiantes de cuarto y quinto año de las escuelas porteñas que actualmente se encuentran tomadas (ante el pedido de diálogo y soluciones rechazado por parte de la ministra de Educación, Soledad Acuña), asistieron a la conferencia para comentar la actualidad de sus instituciones y los reclamos que se están llevando adelante por la calidad de las viandas, los problemas de infraestructura y la realización de las pasantías obligatorias no remuneradas.

Valentina, alumna de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, de Parque Avellaneda, denunció los problemas que tuvieron con la policía, y con gente infiltrada que quería ingresar a la escuela bajo la excusa de ser trabajadores de mantenimiento, aunque no querían identificarse. “Nuestro pedido es en contra de estas pasantías gratuitas que no nos van a servir, además de que nos van a usar de mano de obra gratuita en lugar de arreglar las escuelas o darnos un sistema de alimentación escolar de calidad, que nos nutra y nos llene”, reflexionó. 

En la misma línea se sumaron las palabras de Malena, representante del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano, de Barracas. Comentó que “los estudiantes debemos cursar 11 horas por día, y las viandas no alcanzan, además de que nos cansamos de reclamar porque vienen podridas, en mal estado o con hongos” y agregó: “Estamos tomando los colegios porque estamos cansados de que al Ministerio de Educación y al Gobierno de la Ciudad no les importe lo que los estudiantes vivimos, porque si alguien sabe qué es lo que pasa en los colegios, somos nosotros”. 

Por su parte, Agustina, representante de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg de Palermo, conocido como “Lengüitas”, recordó un hecho de violencia sufrido el jueves, cuando una mujer se presentó en la escuela con un cuchillo para amenazar a una madre. También reiteró los reclamos por el estado de las viandas y la implementación de las pasantías que no se aplicaron tal como se les había prometido, y repudió “toda la presión que se le está metiendo a las familias y por los casos de las denuncias y notificaciones con amenazas a compañeros”. 

Uno de estos casos fue relatado por Elsa Lombardo, abuela y tutora de una alumna de cuarto año de la Escuela Nº1 “Federico García Lorca”. Lombardo relató que un patrullero fue a su casa a las 21, con una citación y la cédula de contravención por la toma de la escuela. Lo consignado era presentarse en la fiscalía dentro de los tres días, o en caso contrario sería llevada por la fuerza. “Intentaron de cierta forma, sembrar terror. Mi nieta me dijo que prefería ir a la escuela a dormir, porque sabía que ahí la policía no iba a entrar”, comentó, y agregó: “Todo esto por las demandas de los estudiantes, que es justa, y la actitud de la ministra Acuña de negar los reclamos”.

En cuanto a esos reclamos, Martina, alumna en representación del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, del barrio de Retiro, repasó las diferentes medidas de fuerzas adoptadas antes de llegar a la toma de la institución: “La semana pasada llevamos a cabo un pernocte, luego tuvimos clases públicas con ayuda de nuestros docentes, participamos de semaforazos, y no obtuvimos respuestas, aunque quieran criminalizar y minimizar nuestra lucha”.

En representación de los gremios docentes tomó la palabra Angélica Graciano, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera). Recalcó el rol de la escuela como ámbito principal de la democracia, y resaltó que los reclamos del movimiento estudiantil datan de hace más de 10 años. A su vez convocó para mañana a las 16 a una marcha desde la Escuela Mariano Acosta hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad junto a la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), para acompañar el reclamo estudiantil y “para decirle a Larreta y Acuña que inviertan en las escuelas, porque los 15 años en baja del presupuesto educativo tienen sus consecuencias”. 

Sobre el cierre, Guillermo Pérez Roisinblit leyó un comunicado en representación de Abuelas, donde expresaron su preocupación por la escalada de violencia en los reclamos que se están llevando adelante en las escuelas, e instaron para que “el Jefe de Gobierno arbitre las medidas necesarias para encausar esta situación a través de canales de diálogo real, que conlleven a una solución de esta situación, que velen por la seguridad de las familias y el respeto por el derecho de los jóvenes”.

La letra, con juicios, entra

La letra, con juicios, entra

Para la ministra Soledad Acuña la mejor solución frente a los diversos reclamos estudiantiles es la demonización de los estudiantes, su estigmatización política y el amedrentamiento judicial a padres y docentes. Un conflicto que crece sin voluntad oficial de diálogo.

El viernes 23 de septiembre la escuela Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires fue tomada por sus estudiantes como forma de visibilizar una serie de reclamos que incluye las malas condiciones edilicias, viandas insuficientes y de mala calidad, y el cese de pasantías en condición de explotación para los estudiantes del último año. 

La toma en el Acosta ya se levantó tras la persecución judicial sufrida por estudiantes y sus padres, pero cuentan 12 las instituciones que mantenían la toma al día jueves 29 con el acompañamiento de dos secundarios preuniversitarios: el Colegio Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Ambos sufren otras problemáticas, principalmente edilicias y de abastecimiento de recursos mínimos como papel higiénico o calefacción. Dependen del rectorado de la UBA y no al gobierno de la Ciudad, pero manifestaron su apoyo solidario. Al cierre de esta edición, las y los estudiantes del Pellegrini levantaron la toma con paro estudiantil.

“Sabemos que son dos colegios con mucho peso por la tradición de lucha que tienen y pensamos que lo más importante es solidarizarnos y visibilizar la lucha de nuestros compañeros”, dijo Micaela Güera de Souza, presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini. “Elegimos esta medida porque toda la comunidad educativa le viene pidiendo mesas de diálogo a la ministra Soledad Acuña y nunca se dignó a recibirnos y escuchar nuestros reclamos”, añadió en una de las pocas entrevistas que dió el jueves por la mañana para el canal A24.

La escuela media Nº. 3 Osvaldo Pugliese de Villa Crespo, también conocida como “La Padilla”, es otra que aún sigue tomada. Una de sus docentes a quien mantenemos en reserva por la persecución judicial del gobierno porteño dijo que “la toma es sin clases, pero es con la puerta abierta, les docentes somos bienvenides y los chicos están con sus familias, están muy organizados”. Sobre los reclamos, apuntó que “la vianda es muy importante porque hay una gran mayoría de estudiantes que comen todos los días lo que manda el gobierno de la Ciudad. También reclaman por la forma en que se implementan las ACAP (Actividades de Aproximación al mundo del trabajo) y por el nuevo régimen académico. Pero insisten con énfasis que nadie los escucha en lo que vienen pidiendo desde principio de año”.

“Las intimidaciones, las amenazas y las causas judiciales que el Ministerio de Educación utiliza como respuesta son medidas que quieren coartar la expresión autónoma y democrática de los estudiantes, que son actores de la comunidad educativa y tienen por tanto derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta en sus propuestas y reclamos. Esa es la escucha que la vida democrática promueve y requiere, incluso no acordando con los reclamos”, agregó la docente. 

Sobre este tema también se expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que advierte: “No tiene una justificación judicial. Entiendo que quienes lo ejecutan saben que no es viable judicialmente, pero lo hacen porque el sentido no es que la causa prospere, sino atemorizar a la organización estudiantil. De hecho, lo primero que hicieron fue anunciarlo ante los medios para que tenga amplificación, no notificarlo judicialmente. Lo que se busca es que los padres les digan a los chicos que no vayan a la toma o a los propios pibes que la levanten. La Convención de los Derechos del Niño protege, entre otras cosas, este tipo de situaciones de protesta”, explicó el director de comunicación del CELS Alejandro Marinelli en diálogo con ANCCOM. “No es la primera vez -agregó- que Larreta persigue a padres. En 2019 fueron denunciados 44 padres de alumnos de ocho colegios y enviados a juicio. Fueron absueltos en primera y segunda instancia. Es usar los mecanismos del Estado para aleccionar”.

El jueves 29 por la tarde, Horacio Rodríguez Larreta emitió un comunicado en sus redes sociales diciendo que “hay un modelo de país que se está acabando (…) En las tomas hay un ejemplo de esto: mientras un grupo muy chico de alumnos y de padres irresponsables impide que unos 5.000 chicos puedan estudiar, hay casi 200.000 que van a clases todos los días y ni piensan en tomar su escuela, y alrededor de 12.000 que están haciendo las prácticas educativas (…) Nosotros vamos a seguir siendo inflexibles en la respuesta. Los padres son responsables de esto y van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos provocan”. 

En respuesta a esas declaraciones, el secretario de Educación superior de UTE CTERA Esteban Sottile dijo que “el jefe de Gobierno ve en la juventud, en el trabajo y en los pueblos originarios aquellos con los cuales quiere confrontar, y desde ese lugar construye una identidad política que le será favorable de alguna manera en la contienda electoral. El tema es que, en el caso de los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad del gobierno es entera. Eso es lo que particulariza la pelea estudiantil. Porque el jefe de gobierno es el responsable político de que el sistema educativo tenga cada vez menos presupuesto. Y al interior del presupuesto educativo también hay un fuerte incremento de partidas en función de la educación privada. Es una decisión política”.

La mencionada profesora de “la Padilla” agregó que sienten que “la tendencia es a homogeneizar escuelas, estudiantes, docentes. Eso desatiende la historia de nuestra educación pública en Argentina. Homogeneizar quiere decir pretender que todas las escuelas sean iguales no en cuanto a sus derechos, sino en cuanto a sus formas. Pero sería muy absurdo pretender que una escuela industrial sea igual en su funcionamiento y en sus formas de enseñar a una escuela de artes. Las escuelas tienen identidades que tienen que ver con el territorio, con la población, con su historia, y esas identidades fortalecen los procesos de enseñanza. Y son cambiantes, también”.  

“La Padilla” es una de las pocas escuelas especializadas en arte y comunicación, lo cual obliga a los equipos docentes a agudizar el ingenio para desarrollar sus prácticas específicas. “Se quita posibilidad a las escuelas de tomar decisiones respecto de su comunidad particular, se pretende bajar una línea donde los docentes y directivos no fuéramos profesionales y no sabemos hacer nuestra tarea. No es tenida en cuenta nuestra opinión. La tendencia parece ser a empobrecer la escuela pública desde lo presupuestario y desde lo identitario del proceso de aprendizaje de cada escuela. Si no tenemos autonomía nosotros para enseñar ni los chicos para expresarse, queda un molde. Las escuelas privadas tienen un proyecto. Las escuelas públicas también, pero nos cuesta defenderlo”, profundiza la docente.

“Pensar que los chicos tengan un espacio significativo de profesionalización que les permita tener más herramientas no está mal planteado. El tema es cómo se implementa, que es por lo que están reclamando, porque se encuentran yendo a lugares donde no aprenden nada y mientras tanto se pierden muchas horas de clase, y de estar en la escuela en quinto año que es un momento muy importante en el proceso afectivo. La escuela no es solamente los contenidos; es estar con los demás, aprender a relacionarse con otros, aprender y fortalecer las pautas de la democracia”, sentenció.

El resultado de la falta de diálogo de la ministra Soledad Acuña deja como balance una semana de clara incapacidad dialéctica. En lugar de promover acciones y soluciones concretas, entiende la confrontación como capital político: 170 padres denunciados ante la justicia en al menos 16 colegios.

Algunos nombres de las instituciones, que curiosamente deben pasar por un proceso de aprobación en la Legislatura porteña, resuenan mal en la cartera educativa. Entre otros, el secundario Laura Falcone, en conmemoración de una de las víctimas de La Noche de los lápices, sigue escribiendo una historia de nuevos reclamos pero con mismo telón de fondo: un modelo educativo que pretende desalentar la educación de gestión estatal y mandar a los chicos  que no pueden pagar cuotas privadas a lavar los platos.