Una concentración de la UTEP frente al Congreso logró que en Diputados pusieran fecha para tratar el proyecto que prorroga la Ley de Barrios Populares, que pierde vigencia el 15 de octubre. La cita es sobre el límite, el miércoles 12.
El miércoles 5 de octubre, las organizaciones sociales que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron al Congreso, reclamando el tratamiento de la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares que ya había obtenido dictamen favorable. La respuesta llegó esa misma tarde, como resultado de la reunión entre la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y la Mesa Nacional de los Barrios Populares, en la que se acordó que la votación tendría lugar el 12 de octubre, tres días antes de que pierda vigencia la ley.
La Ley Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana o “Ley de Barrios Populares” fue sancionada en 2018. A cuatro años de su sanción, la Mesa Nacional de Barrios Populares propone una reforma que establece como media más urgente que se prolonguen por diez años las prohibiciones de desalojo.
“Salimos con una alegría inmensa de una promesa de sesión, se supone que ya la Cámara de Diputados va a estar votando, espero que se cumpla ya que más de cinco mil barrios están esperando para no ser desalojados”, dijo a ANCCOM Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.
Militantes del Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Movimiento Somos Barrios de Pie, comenzaron a concentrarse a las 12 frente al Congreso. En apoyo a la reforma de la Ley Nacional Barrios Populares, que permite la incorporación de 5687 barrios al registro RENAP (Registro Nacional de Barrios Populares), frenar los desalojos por 10 años y asegurar que las obras de integración urbana sigan llegando a los barrios por medio de las cooperativas.
“Es una ley que nos representa, nos reconoce, reconoce nuestros barrios, nuestra existencia, nuestra historia y trayectoria de vida. También reconoce la deuda histórica del Estado y la política con los vecinos y vecinas de los barrios populares que tiene que ver con la calidad de vida”, explicó Matias Bora, del Movimiento Evita del Barrio Soledad.
Sobre la avenida Entre Ríos y Solís, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, nutridas columnas se agrupaban, con pancartas que se alzaban hacia el escenario, ubicado en las puertas del Congreso. “Necesitamos que exista esta ley y esta reforma, por la historia de lucha de los movimientos sociales”, dijo desde el escenario el secretario General de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.
“Queremos dejar de ser los últimos del tarro, queremos decirle a los diputados que ellos tienen la responsabilidad de que más de cinco mil familias no queden en la calle”, manifestó con emoción Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.
Abajo, levantaban palas y azadones en cerrado festejo, al ritmo de los bombos, al grito de “ unidad de los trabajadores, al que no le guste que se joda”.