Un barrio rico y fantasma

Un barrio rico y fantasma

Inquilinos con pocas opciones y departamentos vacíos: el problema de la Ciudad de Buenos Aires es aún más pronunciado en Puerto Madero. El rol de la especulación y los alquileres temporarios para turistas.

Torres altas y modernas, negocios lujosos que engalanan la vera del Río de la Plata; veredas cuidadas y autos de alta gama en casi todas las esquinas. Sin embargo, las calles están prácticamente vacías y rodeadas de un silencio inusual en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie lo imaginaría a solo dos kilómetros de la Plaza de Mayo. Pero así es Puerto Madero, un barrio casi extranjero. Mientras que el resto de la población se esfuerza por acceder a un alquiler, en esta zona, la más cara de Latinoamérica, con un precio promedio de 5.921 dólares por m2 según la agencia Properati, sobra lugar.

El Censo de 2010 estableció que la población en este barrio era de 4.720 personas para una capacidad de 16.800 habitantes. Esto significa que hace 13 años sólo el 28% de las viviendas estaba habitada de manera permanente. El Censo de 2022 no midió por barrio la cantidad de viviendas, ni las cifras poblacionales, sino que lo hizo por comuna. Es por esto que no hay un dato concreto y específico sobre el nivel de ocupación permanente, aunque se estima que creció un poco.

En 2010, la población en Puerto Madero era de 4.720 personas para una capacidad de 16.800 habitantes: solo el 28% de las viviendas estaba habitada de manera permanente.

Fernando Bercovich, sociólogo y autor de “Trama Urbana” en la revista Cenital, explica que la zona “tiene mucha vivienda desocupada, que es uno de los grandes problemas en términos de generar un urbanismo que responda más a las demandas de la población. Hay mucha inversión como reserva de valor o que apuntan a sectores de clase muy alta, entonces quedan sin vender o están a la espera de que suba el metro cuadrado para aumentar sus ganancias”.

Mientras tanto, en el mundo real, la cantidad de inquilinos crece. La asociación civil Inquilinos Agrupados, que según su página web surge “en este marco de abuso inmobiliario y de ausencia del Estado”, aporta el siguiente dato sobre Buenos Aires: “De 22,1% de inquilinos que había en 2001 se pasó a más del 40% en la actualidad, lo que representa alrededor de un millón de personas alquilando unas 500 mil propiedades. Paralelamente, se construyeron más de 150 mil viviendas en los últimos 10 años, siendo el mayor boom inmobiliario del cual tiene registro la Ciudad.”

Paradójicamente, se siguen construyendo viviendas y hay demanda, pero no hay oferta. La disponibilidad de inmuebles para alquiler a largo plazo cayó más del 60%, informa la consultora Reporte Inmobiliario. Esta caída tiene varias causas, aunque siempre relacionadas a la especulación en un contexto de incertidumbre. En algunos barrios, como en Puerto Madero, se suma la problemática de los alquileres temporarios.

Alquileres dolarizados

Si uno entra en la página de Airbnb, la plataforma digital de alquileres temporarios más conocida del mundo, y busca un alojamiento en Buenos Aires, la zona de Puerto Madero está llena. Los precios van desde los 180.000 pesos mensuales hasta los 2.000.000. Bercovich comenta que “este tipo de alquiler tiene varios beneficios para los dueños de las propiedades porque en general se le puede sacar una renta mayor. Eso, en un contexto de devaluación y aumento del turismo extranjero, le conviene”. El problema, claro, es para los otros: “Así baja la oferta de alquileres a largo plazo y eso al mismo tiempo hace que suban los precios, generando muchas tensiones en el mercado”.

A los turistas se les suman los nómades digitales (una suerte de modernos trabajadores “golondrina”), quienes llegan a los barrios más caros de la Ciudad, aprovechando los bajos precios en dólares y la alta calidad de vida que se ofrece. Buenos Aires recientemente se ganó el primer lugar en la clasificación de la página Nomad List, una página que reúne a la comunidad nómada, por lo que se espera que en los próximos meses lleguen muchos más.

Puerto Madero nunca fue pensado como una zona exclusiva. Alfredo Garay, arquitecto e ideólogo del barrio, escribe en un artículo publicado en “Land Lines” que “fue un proyecto concebido como parte de una estrategia de desarrollo más amplia en todo el centro de la ciudad, que también incluía cambios en las normas sobre el uso del suelo, el reacondicionamiento de edificios y la construcción de viviendas de interés social en áreas tradicionales.” Si bien se lograron varios de sus cometidos, como el crecimiento del área y la creación de miles de puestos de trabajo, a causa de la estrategia de comercialización de los desarrolladores privados, se “diluyeron los objetivos de inclusión social de la gestión pública con el fin de favorecer la creación de un barrio de características exclusivas.”

La especulación inmobiliaria no es una práctica que se dé solo en esta parte de la Ciudad, pero allí se ve de forma más clara. Miles de departamentos continúan vacíos y a la espera de que sus precios se eleven o que las condiciones cambien. El método se repite en todo el distrito y hace estragos en el mercado de alquileres. Inquilinos Agrupados presentó en octubre de 2022 un proyecto de ley que busca revertir la situación.

El proyecto fue nombrado “Régimen de alquiler protegido” y tiene como objetivo mejorar progresivamente el acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que se encuentran en condición de inquilinos a través de la incorporación de los inmuebles vacíos con destino de vivienda. Para lograrlo se debería cumplir el Artículo 31, Inciso 2 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “auspicia la incorporación de inmuebles ociosos” y del Artículo 4 (incisos a, b, c y d) de la Ley 1251. El proyecto estipula que toda vivienda que se encuentre deshabitada en forma permanente y sin causa justificada por el plazo de tres meses pasará a un alquiler protegido del Estado.

La finalidad es enfrentar el déficit habitacional que asedia a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, los mismos que, con mucho esfuerzo le dan vida. Enfrente tienen  una especulación inmobiliaria que se impone desde los barrios porteños más exclusivos.

Prohíben bombardear Buenos Aires

Prohíben bombardear Buenos Aires

Un fallo judicial exigió al Gobierno de la Ciudad que deje de autorizar la demolición de edificios anteriores a 1941 para favorecer los desarrollos inmobiliarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Aurelio Ammirato dictó un fallo que prohíbe al Gobierno de la Ciudad seguir utilizando medidas de excepción para demoler edificios anteriores a 1941. También le solicita que evalúe las construcciones anteriores a esa fecha, una medida que protegería unos 141.000 edificios de Buenos Aires.
Este es el último capítulo de una historia que se inició en 2007 con el dictado de la Ley 2548, una Ley de Emergencia, motivada por la enorme cantidad de demoliciones que hubo en la ciudad. Esa orden fundamentaba el procedimiento de evaluación de los inmuebles antiguos. Sin embargo, en 2011 finalizó el plazo establecido de la Ley de Emergencia y cientos de edificios quedaron sin ser evaluados por el Gobierno de la Ciudad y, por lo tanto, desprotegidos.
Basta de Demoler, una Asociación Civil sin fines de lucro conformada por vecinos preocupados por la rapiña sobre el patrimonio urbanístico, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Fundación Ciudad y SOS Caballito, son quienes iniciaron la causa que motivó el reciente fallo.
“Lo que viene a confirmar el fallo judicial es lo que nosotros estábamos pidiendo hace mucho tiempo: que se haga un catálogo donde se consulte a los vecinos y a diferentes entidades, a través del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, y se decida qué edificios se van a conservar y tienen valor arquitectónico y cuáles edificios se pueden demoler”, explica Mauro Sbartiti, arquitecto y colaborador de Basta de Demoler. “La otra parte interesante del fallo es que se habían elegido 18.000 edificios y uno pensaría que eso es un avance, pero es solamente el 10%. Hay un proyecto de ley con edificios por cada comuna, pero esos proyectos de ley no los trataron porque no hay un interés político, entonces perdieron estado parlamentario. En resumen hay un limbo patrimonial, en donde esos 18.000 edificios que parece que estaban protegidos finalmente no lo están”.

¿Para qué sirve el fallo entonces?

Esperemos que sirva para volver a llamar la atención, para concientizar a los vecinos y para que finalmente los ciudadanos puedan decidir cómo va a ser su entorno. Nosotros no queremos que se conserve todo y que nuestra ciudad sea un museo donde no se pueda tocar nada. Hay muchas cosas que no tienen valor y que se pueden desarrollar. Pero hay muchas otras cosas que son súper valiosas y que se están perdiendo por decisiones muy mal tomadas.

 

¿Desde hace cuánto funciona Basta de Demoler?

La ONG la creó en el año 2007 Santiago Puzo. Él se había ido a estudiar al exterior y cuando volvió, vio todo su barrio muy cambiado y decidió armar Basta de Demoler a través de una cuenta de Yahoo. De ahí empezó a convocar a todos los vecinos del barrio de Recoleta y Palermo para ver qué era lo que se podía hacer con todo el patrimonio arquitectónico que se estaba demoliendo. Lo que nosotros tratamos de hacer es organizarnos con abogados y con gente que trabaja en la comunicación y en otras áreas de la sociedad para denunciar casos de irregularidad jurídica urbanística y de esa manera llamar la atención de la opinión pública y de las autoridades para que las cosas cambien.

 

¿Cuáles son hoy los principales conflictos?

El principal conflicto es la falsa idea de progreso, donde se piensa que construyendo todo de vuelta se van a solucionar los problemas de la gente y no es así. El código urbanístico históricamente, a medida que va pasando el tiempo, cada vez permite una mayor cantidad de construcción y en la Ciudad de Buenos Aires sigue viviendo la misma cantidad de gente desde mitad del siglo pasado, entonces no se entiende muy bien para quién se está construyendo. La lucha por el patrimonio histórico de nuestra ciudad expresa intereses inmobiliarios, la decisión siempre la toma el interés inmobiliario y no junto a un arquitecto o la propia gente del barrio que es como debería ser. Los vecinos son quienes deberían decidir cómo va a ser su barrio y su entorno, no la empresa inmobiliaria que quiere vender la mayor cantidad de metros cuadrados posible”.

 

¿Qué debería pasar para proteger el patrimonio histórico?

Entre las medidas que se podrían tomar, una sería que se cumpla la Ley de Comunas y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde explicita que la ciudad tiene un gobierno con democracia participativa, donde todos los ciudadanos deberían intervenir en las decisiones de su entorno.

Fuego en el humedal Hudson

Fuego en el humedal Hudson

La estrategia inmobiliaria avanza sin cesar. Los vecinos y organizaciones ambientalistas denuncian incendios intencionales y bloqueo de las aguas de la zona para construir barrios privados.

Los negocios inmobiliarios avanzan sobre el humedal incumpliendo la Ley de Bosques. Foto: Archivo 2020.  

“Me quedó la sensación de tener el fuego tan cerca del cuerpo, casi me quema la campera”, relata Diego Berges, vecino de Berazategui y testigo del incendio intencional, según se desprende de sus dichos, de los humedales del Río de Hudson. Su relato continúa: “Ese día fue algo muy groso: era toda una nube blanca que cubría la costa del río. A medida que iba avanzando, más humo y humo. Cuando yo pasé, ya se sentía el ruido y ese olor. El fuego estaba cada vez más cerca de la calle. Llamas de casi dos metros prendiendo los árboles, caían cenizas, los pájaros enloquecidos dando vueltas alrededor de la costa del río, girando y girando, desorbitados, desesperados. El humo era insoportable.” 

Las horas posteriores al incendio, Diego notó el cambio de la reserva: la sequía se dejó entrever en las plantas que se fueron muriendo con el pasar de los días, mientras que otras intentan resistir. Los animales ya no se asoman. En el ambiente, retumba la ausencia de los cánticos de las aves. Una zona devastada por el fuego que deja animales tratando de sobrevivir como sea, aunque eso signifique comerse otros animales en putrefacción, en la orilla del río. 

“Yo después fui varias oportunidades, seguía humeando. Yo decía: no son los humedales, son los humeadores, porque el humo no paraba. Cuidado o supervisión, no vi nada. En ese sentido, todo igual, no cambió nada” comenta Berges.

Vecinos y vecinas del barrio de Berazategui, junto a diferentes organizaciones como Asamblea Hocó, En Pampa y las Vías, El futuro de la naturaleza y el de todos y Preservando Hudson volvieron a convocar una marcha en el centro de la localidad para reclamar la detención de la quema de humedales del Río de Hudson, bosque ribereño formado por más de 900 hectáreas, compuestas por humedales y valles de inundación que se encuentran en un latente peligro pero también evitable. 

Las quejas que encabezan el listado son la falta de agua y su contaminación en el barrio, debido a la salinización y explotación de los suelos; la quema intencional de los bosques, que inunda de humo y color gris la ciudad, perjudicando la visión de los vecinos y su respirar; la destrucción y desaparición de la vegetación, flora y fauna, trayendo como consecuencia grandes sequías, inundaciones, contaminación del ambiente, temperaturas altas inhabitables y extinción de las especies.

“Una de las cuestiones que queremos es que toda la costa de Berazategui sea considerada reserva natural, porque sin reserva hay un abandono de estado bastante intencional. Nadie está cuidando ese espacio” expresa con firmeza Eugenia Arribalzaga, integrante de la Asamblea Hocó, formada con la intención de convocar más vecinos y vecinas que se cuestionen la degradación de los ambientes naturales y la emergencia climática que se está viviendo. 

Las organizaciones de la zona exigen con fervor que se cumpla la Ley de Bosques Nacional, debido al gran avance sobre el río de Hudson por parte de los negocios inmobiliarios; quienes hacen oídos sordos ante los reclamos de los vecinos y atropellan sin piedad a la naturaleza. 

“En plena pandemia y hace dos meses hubo incendios muy grandes. El guardaparque del Pereyra Iraola dijo que los incendios fueron intencionales y sobre humedales, en área amarilla, área protegida. El fuego lo dejaban estar. Hay intereses muy fuertes detrás.” enfatiza Eugenia Arribalzaga. 

Otra de las asambleas protagonistas, Preservando Hudson, está conformada desde el año 2019, y su objetivo es lograr la detención del avance de las obras de El Cano, un barrio privado perteneciente al complejo Pueblos del Plata. Hasta septiembre del año 2022, la construcción se encontraba detenida debido a los insistentes pedidos por parte de las organizaciones, hacia el Intendente Juan José Mussi.

En ese mismo mes, el Ministerio de Ambiente provincial volvió a autorizar la presencia del barrio privado en la zona, para la llegada de nuevos countries y urbanización, a costa de la naturaleza y la vida de las personas.

Estos cambios se materializan en asfalto y un gran murallón que divide la zona del humedal en dos ambientes, con el objetivo de impedir la entrada del río. Al haber ausencia de agua en la tierra, los bosques no logran nutrirse y la flora falla al intentar seguir con su curso natural. Sequías profundas que perjudican a los vecinos y solo benefician a los agentes inmobiliarios, dueños de las hectáreas. 

Los reclamos nunca fueron escuchados, a pesar de que Laura Krayeski, integrante de unas de las organizaciones, haya presentado notas y 8.900 firmas virtuales a la Municipalidad y al Concejo Deliberante para la protección de los humedales, acompañado de análisis que comprueban la contaminación del agua y su imposible gesta.

“Los vecinos están perjudicados porque vas al río, a disfrutar del río, y te cagás de calor mal. No hay vegetación. Hace más calor en el río que en la ciudad. Eso no es normal. El cemento irradia mucho calor, la calidad del agua del río es de terror. Hay un saqueo a este gran pulmón” comenta Laura Krayeski, vecina de la zona.

“Estamos perdiendo calidad de vida y entró en vulnerabilidad la vida humana, por eso nos convocamos. Que la gente lo empiece a entender, el futuro está ahora. ¿Qué queremos nosotros del río? ¿Cómo lo pensamos? No nos van a dar bola pero, ¿qué quiere la gente? ¿Qué queremos nosotros? La idea es que la gente se de cuenta que tenemos que pelear por lo nuestro porque no nos va a ir bien. Es territorio nuestro”, agrega la integrante de la Asamblea Hocó, Eugenia Arribalzaga. 

Sebastián Martínez Ledesma, militante de la ONG de Rosario “Multisectorial Humedales” cuenta que el problema de los humedales no es algo local, sino que podemos observar la decadencia de la naturaleza en un nivel más general del país: “Los humedales a nivel nacional vienen sufriendo diferentes avances de diferentes sectores económicos que llevan a su deterioro, destrucción y cambio de uso del suelo para nuevos emprendimientos como la zona de Berazategui con los desarrollos inmobiliarios pero también el desarrollo de la industria forestal en Corrientes, avance de la agricultura y ganadería en Entre Ríos y Santa Fe y en la zona del norte, Catamarca, Jujuy y Salta, la explotación de litio”. 

“Los humedales son ecosistemas muy necesarios para el desarrollo de la vida humana porque son grandes aportantes de agua dulce, evitan inundaciones, son muy importantes para la regulación del cambio climático porque son captadores que hacen efecto invernadero, son proveedores de alimentos, materia prima para construcción y medicamentos. Valiosos y necesarios para el desarrollo de las comunidades” agrega Martínez Ledesma. “Multisectorial Humedales” exige que se concrete la Ley de Humedales, a nivel nacional, para preservar y hacer uso racional de los territorios sin prohibir que se realicen las actividades necesarias.

“Los humedales son los riñones y pulmones del planeta” dice Sebastián. Y si, tiene razón, ya que tienen la capacidad de filtrar el agua contaminada que se vierte en el río, a través de la vegetación.  

Sobran los motivos

Sobran los motivos

Docentes y maestros porteños marcharon hasta la Legislatura para protestar contra el ajuste educativo. La agenda de reclamos es grande: abandono en infraestructura, bajos salarios, desatención a la educación especial, viandas que no alimentan, falta de seguridad, entre otras cuestiones.

Bruno asiste a la Escuela Técnica Ingeniero Huergo y se unió a la movilización convocada por el Centro de Estudiantes Secundarios de Base (CEB) y gremiales docentes ayer, para exigir la desratización del colegio. Denuncia que desde que inició la problemática hace dos semanas, no hubo respuesta por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de las advertencias, hasta que a un compañero lo mordió una rata y el hecho atrajo la atención de los medios: “Es medio raro que te digan que van a desratizar en un día, porque tienen que sacar los cuerpos y las heces, es un desastre”, comenta.

Los docentes que se movilizaron desde el Normal 1 hasta la Legislatura porteña, también hicieron referencia a las condiciones edilicias en las escuelas. Fernando Grisi, profesor del establecimiento punto de partida de la marcha, explicó que el colegio tiene clausurado su patio interno porque desde hace un año permanece una obra sin terminar, que genera la ruptura de vidrios que forman parte del techo. Por su parte, Silvina Cuello, delegada de Ademys, reclamó que hace dos años no funciona el ascensor en el Instituto de Enseñanza Superior Alicia Moreau de Justo, lugar al que asisten personas con movilidad reducida. Además, advierte sobre robos en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González: “En 2017, como castigo por la lucha contra la Unicaba, nos quitaron la seguridad que tenían las Instituciones de Formación Docente”, denuncia.

La reapertura de paritarias fue el principal reclamo de los docentes. Con la suba que semanalmente presenta el índice de inflación, el salario de maestras y maestros cayó por debajo de la línea de pobreza: “En estos meses cobramos solamente un 14%, que cerró gracias a la burocracia sindical. La proyección de inflación era de 120% y ya fue superada por los problemas con el dólar”, afirmó Cuello. Además del Sindicato Ademys, estuvieron presentes la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), el PTS (Partido de Trabajadores Socialistas), Tribuna Docente y representantes de institutos de educación docente.

Frente a la Legislatura tuvo lugar un escenario en el que Maritza Rodríguez, madre de una persona con discapacidad mental grave, dio a conocer la situación de la educación especial en la Ciudad. Las Escuelas de Formación Integral sufrieron el recorte. Hoy los estudiantes deben culminar su formación a los 22 años, y allí se termina su posibilidad educativa: “No existe un proyecto para la formación permanente de un adulto con discapacidad. Los chicos quedaron recluidos en sus casas sin ninguna posibilidad de formarse en el sistema educativo”, explicó Eliana, mamá de Ignacio, un joven con trastorno de espectro autista. Además, señala que los y las estudiantes que egresan de las Escuelas de Formación no obtienen un título ni una acreditación de saberes: “No se habla ni se ve lo que pasa en la educación especial, y para nuestros hijos es necesaria. Necesitamos que el Estado esté presente”. Ambas madres mostraron su emoción por poder difundir la problemática, ya que aseguran que no se les cedió la palabra en marchas en las que participaron anteriormente: “Darle un lugar a la discapacidad les cuesta a todos”, concluyeron.

La mala calidad de las viandas que se entregan en las escuelas públicas también integró la agenda de la marcha. David, expresidente del Centro de Estudiantes del Normal 1, resaltó que existe una crisis económica. “Es necesario que estas viandas contengan a los pibes, porque hay estudiantes que vienen a consumir alimento además de a estudiar. La comida tiene que venir, ser de calidad y alcanzar para todos”, sentenció, en medio de cánticos y reclamos que se seguirán escuchando hasta que el gobierno porteño brinde una respuesta.

El fuego se hizo costumbre en Iron Mountain

El fuego se hizo costumbre en Iron Mountain

El depósito de Barracas de la empresa internacional dedicada a la custodia de archivos se volvió a incendiar. Fue a pocos días que se elevara a juicio oral la causa que investiga el siniestro de 2014, donde murieron diez bomberos.

Eran las dos de la tarde en el barrio de Barracas y los vecinos comenzaron a alarmarse por el olor a quemado que va tomando intensidad. Quince minutos más tarde el humo ya era evidente, el olor se volvió asfixiante y obligó a cerrar las ventanas. Al igual que en febrero de 2014, el galpón que ardía en llamas pertenece a la empresa Iron Mountain, “una compañía global dedicada a la custodia, protección y gestión de información y activos”, según su propia definición. No es la primera vez —ni la segunda— que la empresa experimenta un incendio. Uno de los abogados de las familias de los diez bomberos fallecidos hace nueve años, Javier Moral, señaló que la empresa “tendría en el mundo al menos seis o siete antecedentes de incendios, que todos comienzan con una ‘contingencia eléctrica’. Esto se llama en la jerga ‘incendio a pedido’”. Este nuevo episodio sucede cinco días después de una denuncia de vandalismo, y a doce de la elevación a juicio de la causa por la anterior deflagración.

El sonido de las sirenas de los bomberos voluntarios retumbaba en las calles. Sobre Melchor Gaspar de Jovellanos, entre Quinquela Martín y Coronel Salvadores el gran galpón de ladrillos, que ocupa casi una manzana entera, se incendia provocando llamaradas de casi 15 metros de altura. El depósito nunca dejó de funcionar porque sigue contando con habilitación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Las causas del incendio de este lunes aún son desconocidas.

Liliana Baricola, hermana de una de las víctimas del siniestro de 2014, dijo a ANCCOM: “Me enteré de la noticia por medio del productor de la película documental En cumplimiento del deber y pensé que se trataba de algo en relación a eso. Pero cuando leí ‘nuevo incendio’ me dio mucha angustia, me retrotrajo a ese día. Es realmente angustiante, eran las mismas llamas de ese año”. En su opinión, al igual que el incendio anterior, fue intencional. “Esto está hecho a propósito para amedrentarnos a todos, incluso a los jueces porque esta es una cámara que no está dentro de Comodoro Py por lo que es una forma de apriete, de decirles que se tranquilicen y que esto no se va a resolver tan rápido. A mí me da lo mismo porque mi lucha personal no va a parar”, dijo Baricola a esta agencia. 

Como si fuera un déjà vu, los vecinos temieron por la seguridad de los bomberos y los civiles. El 5 de febrero de 2014 por la mañana, en el barrio se vivía la misma situación pero con un trágico final. Las llamas que comenzaron sobre la calle Azara se propagaron por todo el depósito y provocaron el derrumbe de una pared sobre la calle Jovellanos, cobrándose la vida de diez personas. Anahí Garnica, Damían Véliz, Eduardo Conesa, Juan Monticelli, Maximiliano Martínez, José Luis Méndez, Leonardo Day, Pedro Barícola, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi. Esos son los nombres de las víctimas y sus rostros quedaron inmortalizados como los “Héroes de Barracas” en unos pequeños carteles ubicados en el lugar de los hechos. 

Casualmente, la semana pasada el tribunal recibió un escrito en el cual se aseguraba la vandalización del inmueble. En consecuencia, el abogado pidió “determinar lo sucedido, sus responsables, así como los daños y faltantes.” 

Por otra parte, hace diez días se había elevado a juicio oral y público la causa del incendio del 2014 en cuyos imputados incluyen a los directivos de Iron Mountain Christian Castiñeiras, Héctor García, Eduardo Sueyras Parra y Guillermo Lockhart y el empleado de seguridad Oscar Godoy; y funcionarios porteños Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Gastón Laugle, Rafael Roldán, Jorge Papanicolau, Vanesa Berkowski, Ricardo Grunfeld, Norberto Ventura Sosa, Félix Lugo, Esther Moroni, Silvia Hers, Luis Cogo y Alberto Graciani.

La querella asegura que el incendio de 2014 fue intencional y que el empleado de seguridad apagó en reiteradas ocasiones el sistema de alarma que se activa para alertar de un incendio de forma temprana. También se han señalado las fallas gubernamentales para controlar el funcionamiento del depósito de la empresa norteamericana.

Por otro lado, Baricola mencionó la presentación de un proyecto por parte del bloque del Frente de Todos que busca lograr la expropiación de estos galpones para construir un espacio comunitario y de conmemoración. Incluso existe una escultura realizada y donada por un vecino que espera desde hace años encontrar un sitio para ser expuesta y apreciada. “Se trataría de un plaza conmemorativa y si bien es una iniciativa linda e interesante, es un poco difícil que se apruebe por parte de la Legislatura”, dice la mujer. 

En esta ocasión no hubo que lamentar víctimas aunque cerca de las 18 una pared cayó hacia Quinquela Martín provocando el destrozo de tres autos estacionados allí. El olor a quemado continuó molestando y perjudicando a los vecinos hasta entrada la noche. Las cenizas y los pequeños pedazos de papeles quemados invadieron el barrio y tiñeron calles y veredas de gris. La lluvia, junto al arduo trabajo de los bomberos, ayudó a mejorar y estabilizar la situación aunque las arterias que rodean al galpón continúan cortadas y controladas para mantener la seguridad de los peatones. El incendio, dicen los bomberos, está controlado. Pero extinguirlo, aseguran, demorará al menos dos semanas.

«Ambientalismo sin compromiso político es jardinería»

«Ambientalismo sin compromiso político es jardinería»

Militantes de ongs ambientalistas sociales y políticas marcharon en el Día de la Tierra en reclamo por la Ley de Humedales, y el cuidado del ambiente. La marcha coincidió con el cierre de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, primer pacto regional ambientalista de América Latina.

El rugido hondo del Subte D va cediendo ante un rugido distinto, el de pasos sincronizados que miran con convicción hacia la 9 de Julio. En el espacio flotan diversos lemas en pancartas y banderas. “#LeydeHumedales ya!”, se lee por acá; “Que todos los días sean días de la Tierra”, se lee por allá; “El agua vale más que el oro”, agita un hombre en su cartel mientras con la otra mano sostiene su bastón. Una comparsa entona “Beso a beso” de la Mona Jiménez con alegría. Así comenzaba la jornada del viernes 21 de abril, cuando organizaciones ambientalistas, sociales y políticas se manifestaron por el Día de la Tierra. La fecha es conmemorada desde el 22 de abril de 1970, año en el cual la preocupación por el medio ambiente fue llevada de forma masiva a las calles por primera vez en Estados Unidos. Las consignas de la movilización son de suma importancia siempre, pero resultan particularmente relevantes durante este fresco viernes de abril, ya que coinciden espacial y temporalmente con el último día de la 2ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. 

 El Acuerdo de Escazú es el primer pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe. “Nos parece un instrumento jurídico muy importante -explicó Stephanie Cabovianco, coordinadora a nivel nacional de Climate Save, a ANCCOM -, especialmente para las comunidades, para los activistas ambientales que están en una situación vulnerable”. Reconoció el lugar privilegiado de la Ciudad de Buenos Aires en lo que refiere a los derechos de los activistas: “No es lo mismo en otras provincias, en otros países, donde realmente es muy difícil protestar sin estar en peligro. Ayer teníamos a una activista en uno de los eventos que organizamos que decía que ella está amenazada de muerte. Estamos acá por ellos”. Efectivamente, uno de los objetivos de Escazú es garantizar la seguridad de los activistas de organizaciones ambientales. Según el último informe de Global Witness, más de tres cuartos de los ataques contra ecologistas registrados en 2021 tuvieron lugar en América Latina.

Bruno también participó de la movilización, al igual que Stephanie. Milita desde 2021 dentro de Jóvenes por el Clima y forma parte del movimiento ambiental desde 2019. Contó que tiene compañeros de asambleas territoriales que se exponen a los horrores de la megaminería y que han sido detenidos. “La sanción del acuerdo no es ningún logro, es un piso -dijo Bruno-. El techo es la implementación y una verdadera implementación es lo que puede ayudar a los activistas. De otra forma, los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales van a seguir desprotegidos”.

Hay una curiosa presencia de alguien que marcha plácidamente en cuatro patas, a la par de los demás. Es un perro negro, barbudo, de baja estatura, que lleva puesta una pecherita de EcoHouse en la que se lee: “Pequeñas acciones por mucha gente”. 

Además de la protección de los derechos de quienes se manifiestan, otros dos ejes importantes del Acuerdo de Escazú son el acceso a la información sobre el medio ambiente y la participación pública en el desarrollo de toma de decisiones ambientales. Es el único pacto vinculante que consagra la participación de la ciudadanía en este sentido. “Está muy relacionado al derecho a tener acceso a la información. La información ambiental tiene que estar libre para quien quiera buscarla, poder encontrarla. Falta mucha información, mucha comunicación, mucha concientización sobre el tema”, comentó Juliana de Embajadores Verdes. Rosa Lucía también acudió a la marcha, en este caso autoconvocada, y destacó al igual que Juliana la necesidad de una mayor concientización: “Soy una mujer del pueblo indígena del pueblo Coya, por eso vine. Dejan sin agua a la comunidad, y no afecta a la gente solamente, sino que afecta a la tierra. Como mujer indígena, no solamente yo tengo que estar acá. Tiene que estar toda una sociedad que tenga conciencia, que venga a defender la madre tierra”. Lleva puesto un sombrero color crema, debajo de él su pelo largo y negro trenzado; se erige detrás suyo una flameante Wiphala.

 

Una consigna siempre presente en el movimiento ambiental es que no hay justicia ambiental sin justicia social. Esto apunta, entre otras cosas, a que siempre que hay algún desastre ambiental, los más golpeados son las clases más bajas. Carteles varios retoman esta consigna, entre ellos uno que dice “Ambientalismo sin compromiso político es jardinería”.

Al fondo de la marcha en movimiento se encuentra la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores. Allí camina Laura. Comparte las mismas inquietudes de los demás manifestantes, pero además expresa una preocupación personal, un vínculo sumamente cercano con la problemática: “Ttengo ansiedad ambiental y cuando pienso en tener hijos de pronto no sé, es una razón que me ha hecho retardar el querer tener hijos. Porque primero quiero saber qué va a pasar con el mundo”.