Por Jazmín Alter
Fotografía: Maria Bessone (archivo)

Un fallo judicial exigió al Gobierno de la Ciudad que deje de autorizar la demolición de edificios anteriores a 1941 para favorecer los desarrollos inmobiliarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Aurelio Ammirato dictó un fallo que prohíbe al Gobierno de la Ciudad seguir utilizando medidas de excepción para demoler edificios anteriores a 1941. También le solicita que evalúe las construcciones anteriores a esa fecha, una medida que protegería unos 141.000 edificios de Buenos Aires.
Este es el último capítulo de una historia que se inició en 2007 con el dictado de la Ley 2548, una Ley de Emergencia, motivada por la enorme cantidad de demoliciones que hubo en la ciudad. Esa orden fundamentaba el procedimiento de evaluación de los inmuebles antiguos. Sin embargo, en 2011 finalizó el plazo establecido de la Ley de Emergencia y cientos de edificios quedaron sin ser evaluados por el Gobierno de la Ciudad y, por lo tanto, desprotegidos.
Basta de Demoler, una Asociación Civil sin fines de lucro conformada por vecinos preocupados por la rapiña sobre el patrimonio urbanístico, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Fundación Ciudad y SOS Caballito, son quienes iniciaron la causa que motivó el reciente fallo.
“Lo que viene a confirmar el fallo judicial es lo que nosotros estábamos pidiendo hace mucho tiempo: que se haga un catálogo donde se consulte a los vecinos y a diferentes entidades, a través del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, y se decida qué edificios se van a conservar y tienen valor arquitectónico y cuáles edificios se pueden demoler”, explica Mauro Sbartiti, arquitecto y colaborador de Basta de Demoler. “La otra parte interesante del fallo es que se habían elegido 18.000 edificios y uno pensaría que eso es un avance, pero es solamente el 10%. Hay un proyecto de ley con edificios por cada comuna, pero esos proyectos de ley no los trataron porque no hay un interés político, entonces perdieron estado parlamentario. En resumen hay un limbo patrimonial, en donde esos 18.000 edificios que parece que estaban protegidos finalmente no lo están”.

¿Para qué sirve el fallo entonces?

Esperemos que sirva para volver a llamar la atención, para concientizar a los vecinos y para que finalmente los ciudadanos puedan decidir cómo va a ser su entorno. Nosotros no queremos que se conserve todo y que nuestra ciudad sea un museo donde no se pueda tocar nada. Hay muchas cosas que no tienen valor y que se pueden desarrollar. Pero hay muchas otras cosas que son súper valiosas y que se están perdiendo por decisiones muy mal tomadas.

 

¿Desde hace cuánto funciona Basta de Demoler?

La ONG la creó en el año 2007 Santiago Puzo. Él se había ido a estudiar al exterior y cuando volvió, vio todo su barrio muy cambiado y decidió armar Basta de Demoler a través de una cuenta de Yahoo. De ahí empezó a convocar a todos los vecinos del barrio de Recoleta y Palermo para ver qué era lo que se podía hacer con todo el patrimonio arquitectónico que se estaba demoliendo. Lo que nosotros tratamos de hacer es organizarnos con abogados y con gente que trabaja en la comunicación y en otras áreas de la sociedad para denunciar casos de irregularidad jurídica urbanística y de esa manera llamar la atención de la opinión pública y de las autoridades para que las cosas cambien.

 

¿Cuáles son hoy los principales conflictos?

El principal conflicto es la falsa idea de progreso, donde se piensa que construyendo todo de vuelta se van a solucionar los problemas de la gente y no es así. El código urbanístico históricamente, a medida que va pasando el tiempo, cada vez permite una mayor cantidad de construcción y en la Ciudad de Buenos Aires sigue viviendo la misma cantidad de gente desde mitad del siglo pasado, entonces no se entiende muy bien para quién se está construyendo. La lucha por el patrimonio histórico de nuestra ciudad expresa intereses inmobiliarios, la decisión siempre la toma el interés inmobiliario y no junto a un arquitecto o la propia gente del barrio que es como debería ser. Los vecinos son quienes deberían decidir cómo va a ser su barrio y su entorno, no la empresa inmobiliaria que quiere vender la mayor cantidad de metros cuadrados posible”.

 

¿Qué debería pasar para proteger el patrimonio histórico?

Entre las medidas que se podrían tomar, una sería que se cumpla la Ley de Comunas y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde explicita que la ciudad tiene un gobierno con democracia participativa, donde todos los ciudadanos deberían intervenir en las decisiones de su entorno.