La Legislatura porteña aprobó el boleto universitario

La Legislatura porteña aprobó el boleto universitario

En la última sesión del año, los legisladores aprobaron una demanda histórica de los estudiantes. La ley no incluye a docentes y no docentes. El único que votó en contra fue el libertario Ramiro Marra.

En la última jornada del año de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, este jueves se aprobó el Boleto Universitario, un reclamo de la comunidad estudiantil que llevaba muchos años.

Alrededor de las cinco de la tarde, después de modificar el orden de temas a tratar en el recinto, la votación por el boleto universitario tuvo una amplia mayoría. Sólo votó en contra el diputado de La Libertad Avanza Ramiro Marra, mientras que el resto de los legisladores su bancada –Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez y Leonardo Saifert– se abstuvieron.

 Requisitos para acceder al boleto universitario

La normativa abarca a universitarios y terciarios, sin límite de edad para obtener el beneficio, siendo requisito obligatorio que el alumno resida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenga un máximo de ingresos de hasta $1.500.000. Se modificó el régimen especial de Boleto Educativo, ahora accederán a este beneficio los alumnos de terciarios y universitarios, quiénes podrán hacer hasta cuatro viajes diarios, con un precio único de 25 centavos.

Juan loupias, legislador de UCR, emocionado aplaudió el avance que alcanzó la iniciativa y reflexionó: “En épocas anteriores secuestraban y asesinaban chicos, y hoy estamos en condiciones de que estudiantes universitarios tengan la posibilidad de acceder al boleto gratuito para que lleven a la educación pública argentina a ser un faro ante el mundo”. Durante el debate en el recinto también se pidió al oficialismo la inclusión en el proyecto a docentes y no docentes, que por el momento deberá esperar.

En este sentido, Anahí Vera, profesora de Centro Educativo de Nivel Secundario 9, dijo: “Es necesario contemplar a los docentes, por eso pedimos que tengan en cuenta este reclamo que realizamos hace años”. Sin embargo, en la nueva ley quedaron afuera.

Alejandra Barry, legisladora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y una de las autoras del proyecto, dijo a ANCCOM que “el proyecto es un dictamen que sintetizó distintos proyectos legislativos. Ahora hay que plantear que no haya ningún tipo de restricción, tiene que ser un boleto que abarque tanto a estudiantes residentes de la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, acompañantes de Nivel Inicial y Secundaria y que les contemple no solo el 50% sino el 100% ya que son las familias de sectores populares las que más sufrieron las consecuencias de tarifazos que atenta contra el derecho a estudiar y trabajadores de la educación”. Para la diputada “es importante seguir luchando por un boleto educativo sin ningún tipo de restricción que abarque al conjunto de la comunidad educativa”.

Con este reclamo se habían congregado frente a la Legislatura estudiantes y docentes agrupados en diferentes centros de estudiantes y sindicatos que, igualmente, festejaron la sanción de la norma.

 

Esa vieja costumbre de incendiar

Esa vieja costumbre de incendiar

Denuncian a los dueños del Ingenio La Esperanza, en Jujuy, por desalojos de pobladores ancestrales, desmontes masivos de bosques y quemas que ponen en riesgo vidas y casas.

“Tengo toda la casa rodeada de fuego”, relata entre lágrimas María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy e integrante de una de las familias afectadas por los incendios. “Trabajamos esta tierra desde 1906, pero ahora los nuevos dueños del Ingenio La Esperanza, la Productora del Noroeste (del Grupo Budeguer), desconocen nuestros derechos posesorios”, señala González.

El sábado 7 de diciembre la familia denunció nuevamente que los actuales dueños del ingenio desconocen sus derechos ancestrales y continúan desmontando los territorios donde viven y producen sus alimentos. “Siguen destruyendo el bosque, queman los árboles añejos que derribaron con cadenas y máquinas», expresa con pesar la campesina jujeña. “El sábado dejaron los cordones de desmonte que rodeaban nuestra casa, luego de que ellos arrasaran con nuestros potreros. Hoy ya empezaron a cavar una zanja alrededor de nuestra casa y corrales sin ninguna orden judicial”, comenta González. «El fuego llega hasta nuestra casa y pone en peligro nuestras vidas», añade.

En 2019, la provincia de Jujuy vendió el Ingenio La Esperanza a la Productora del Noroeste junto con las tierras, desconociendo las numerosas posesiones familiares dentro de ellas. A las familias ya desalojadas les destruyeron todo con máquinas topadoras. Mientras tanto, aquellas que aún permanecen en sus tierras enfrentan restricciones de acceso a los campos donde desarrollan la ganadería. “Por caprichos de Budeguer, no permiten que entren mis hijos ni otros familiares; mis padres, que son personas mayores, están solos. El humo llegó hasta su casa, que es de madera, y entraron en pánico al ver el fuego a solo cinco metros de la vivienda», precisa González.

Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la empresa cañera tucumana transcurrieron entre julio y agosto, pero no fueron exitosas. Los despojos comenzaron a mediados de julio, cuando, con la orden del juez de Control, Sergio González, varias familias del paraje Los Arrozales vieron cómo las maquinarias arrasaron con la vegetación y presenciaron la quema de pastizales. Una de las afectadas fue Amanda Delina Molina junto a su hija, María José Gaypare, quienes se quedaron en su vivienda ubicada en el monte resistiendo la avanzada de la empresa. El 29 de agosto las mujeres fueron detenidas, acusadas por usurpación, y trasladadas a la Comisaría 52 del barrio La Merced, en San Pedro. Desde ese entonces, campesinos y campesinas han denunciado constantes hostigamientos por parte de Productora del Noroeste S.A.

González llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y ponía en peligro la vivienda. “Nos dijeron que, si bien la empresa tenía permiso para quemar, debía tomar recaudos para no afectar los puestos”, relató. Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la compañía, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros. El jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez, explicó que enviaron personal para verificar la situación y que, según el informe recibido, el fuego estaba controlado y no representaba un peligro para la vivienda de la familia González.

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) expresó en un comunicado que, gracias a la tecnología, han podido ser testigos de las agresiones hacia las familias, que incluyen amenazas, golpizas, incendios y la demolición de sus viviendas con topadoras. «Niños corren a esconderse en el monte, mientras las mujeres no pueden más», denuncian. Además, critican la falta de políticas efectivas para regularizar la propiedad de la tierra: “Llegó la hora del debate crucial. No tenemos ni Ley de Reforma Agraria (Bolivia, México) ni institutos de Colonización o similares (Uruguay, Brasil), ni políticas de regularización dominial efectivas (Chile) para el campesinado, los pueblos originarios y los trabajadores rurales”. “Vamos a resistir a este gobierno y sus políticas represivas y racistas”, concluyen.

Un test nacional para detectar el dengue

Un test nacional para detectar el dengue

Ya lo aprobó la ANMAT. Fue creado por el Laboratorio de Virología Molecular liderado por la Dra. Andrea Gamarnik del Instituto Leloir junto con el CONICET. Las autoridades científicas nacionales invisibilizaron un hallazgo que prestigia al área y hará ahorrar dinero al país.

Se acercan el verano, los mosquitos, la fiebre, la incertidumbre, los testeos. El último brote de dengue de la temporada 2023/2024 marcó un récord en la última década en Argentina. Los hospitales colapsaron y los kits de diagnóstico no fueron suficientes. Frente a esta problemática, especialistas del CONICET desarrollaron el primer kit nacional de diagnóstico de dengue para laboratorios de análisis clínicos, que brinda resultados disponibles en tres horas. El test se realiza a partir de una muestra de sangre de pacientes con síntomas y permite establecer la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus. Además, es sencillo de medir y menos costoso que otros, porque no requiere un equipo sofisticado o insumos adicionales.

Con posibles casos de dengue respirándonos en la nuca por la llegada del verano, este kit de diagnóstico rápido de dengue será entre un 30% y 40% más barato que los importados. La producción nacional de este test permite mayor autonomía para los testeos y facilita la distribución a los laboratorios de todo el país que lo necesiten. Además, el diálogo con los laboratorios resulta más fácil: “Tenemos contacto directo con los bioquímicos y técnicos de laboratorio que lo usan, y así podemos perfeccionarlo”, cuenta a ANCCOM Belén García Fabiani, doctora en Bioquímica del Laboratorio de Virología Molecular que desarrolló el kit.

El equipo contaba con el subsidio de Proyecto de Redes Federales, que promueve la formación de redes de investigación en temas prioritarios para el desarrollo nacional. Al respecto, Andrea Gamarnik comentó a ANCCOM que sólo recibieron la primera cuota del subsidio pero no saben qué sucederá con las próximas: de momento no han tenido respuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Este proyecto les permitía formar una red de intercambio con laboratorios y grupos de investigación del interior del país. Asimismo, García Fabiani señaló la importancia del vínculo con los centros de salud y laboratorios, que les permitieron realizar pruebas con muestras de dengue de la temporada 2023/2024. “Trabajar para el CONICET genera una confianza que nos permitió contar con un montón de reactivos y herramientas claves para el desarrollo del kit. Subsidios como este son vitales para que la ciencia crezca en el país de forma federal”, comenta.

La base de la ciencia

 Para alcanzar un logro como este kit de diagnóstico de dengue es fundamental la ciencia básica que estudia los fenómenos naturales sin fines prácticos inmediatos. Antes de desarrollar el kit, fue necesario que científicos estudiaran la proteína que circula en las personas enfermas de dengue. “Es importante que siga existiendo la ciencia básica porque construir científicos con capacidad crítica de pensamiento lleva muchos años de trabajo. Es muy triste que eso se diluya en poco tiempo”, señaló García Fabiani.

En 2024, el CONICET, a cargo de Daniel Salamone, está atravesando un preocupante vaciamiento: menos becas, despidos, demoras o ausencia de respuesta en las altas de investigadores, subsidios paralizados y restricciones en el presupuesto para el funcionamiento y la infraestructura. “La situación es crítica. Creo que lo que más afecta es la incertidumbre de no saber si vas a entrar, si van a dar de alta la beca o no. Porque en el medio hay personas, hay familias, hay puestos de trabajo en juego. Si sabés, al menos podés pensar otras alternativas. Hay muchos becarios que están pensando en irse del país. Y sí, porque salarialmente está dura la cosa, hubo mucha pérdida de poder adquisitivo. No hay esperanza de que eso mejore”, expresa García Fabiani.

No parece que las cosas vayan a mejorar pronto: el proyecto de Presupuesto 2025 para la Argentina contempla una caída de la Función Ciencia y Tecnología del 34,5%, desde 2023 en términos reales. Al respecto, García Fabiani comentó: “Hablan de transformar el sistema científico y yo estoy de acuerdo, pero no en los términos actuales. Hoy hay una situación de destrucción, de estrangulación”.

ANCCOM consultó acerca de que la web oficial del CONICET no difundió esta gran noticia, mientras era furor en todo el país. “No sabemos qué pasó. Es raro, porque este desarrollo nacional puede aportar a mejorar la imagen de los científicos del CONICET. También es raro porque el kit es de todos, del CONICET, de los investigadores que lo desarrollaron en el Instituto Leloir y del Laboratorio Lemos, que lo produce”, cuenta García Fabiani.

El actual escenario evidencia un vaciamiento deliberado, junto con desfinanciamiento e incertidumbre. Nuestros científicos y científicas son violentados día a día y el rol de la ciencia pública es cuestionado sistemáticamente. “En estos tiempos, mi estrategia es focalizarme en lo que hace falta para el país, y en demostrar con hechos que la ciencia sirve. Este kit va a ser muy útil para nuestro sistema de salud y tiene un impacto claro en la sociedad: genera puestos de trabajo y permite una independencia de la importación. Además, nos permite generar ingresos, porque parte de lo que se recaude vuelve a investigación. Queremos seguir trabajando e investigando para el país”, concluye García Fabiani. Los científicos argentinos siguen haciendo ciencia y desarrollando proyectos esenciales para el progreso y la autonomía de nuestro país.

Las comunidades Buenuleo y Los Alerces a punto de ser desalojadas

Las comunidades Buenuleo y Los Alerces a punto de ser desalojadas

El cambio de política gubernamental sobre los derechos de los pueblos originarios comienza a tener impacto directo en las comunidades.

El entonces subsecretario de Articulación de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Gabriel Fuks, el día en que el Estado había firmado el acuerdo con la comunidad de Buenuleo.

Comunidades mapuche afirman que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comenzó a actuar a favor de las empresas y en su contra. Además, a nivel oficial se frenó el relevamiento territorial que el INAI venía realizando y ese organismo dejó de hacerse presente en las audiencias judiciales. En este contexto, las comunidades Buenuleo y Pailako están a punto de ser desalojadas.

Quien hoy está al frente del INAI es Claudio Avruj, exdirector ejecutivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) entre 1995 y 2007 y secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019). El INAI conducido por Avruj no está cumpliendo con la tarea para la que se creó: “la defensa de los derechos indígenas frente a lo que el Estado argentino tiene responsabilidad internacional”.

En la provincia de Río Negro, el INAI dio de baja la resolución que reconocía a la lof Che Buenuleo. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, esta comunidad fue relevada y reconocida en base a la Ley 26.160 por el mismo ente que hoy la niega. En la resolución del 21 de septiembre del 2020, el INAI había reconocido la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche. 

Los ancestros de los Buenuleo habitan allí en Bariloche desde 1880, sin embargo en un reciente juicio sus integrantes fueron condenados por usurpar esas tierras. La sentencia sostiene penas de prisión en suspenso sobre Ramino y Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman y Nahuel Maliqueo, integrantes de la Lof Buenuleo, por delito de usurpación. En este cerro nace el arroyo Ñireco, del que proviene el agua potable de la que se sirve la ciudad de Bariloche. En conversación con ANCCOM, el longko Mauro Millán explicó que si bien la persecución por sobre las tierras en este gobierno se incrementó, es puntualmente por las tierras con nacientes de ríos en donde la cuestión se violenta aún más. 

En 2019, Millán participó de una ceremonia en la Lof Buenuleo, y ese día el empresario que reclama las tierras, Emilio Friedrich, envió una patota armada. Cuando acudió la policía y el Ministerio Público Fiscal en lugar de tomarles declaración por la agresión que habían sufrido, les tomaron sus datos para luego imputarlos en la causa por usurpación que inició Friedrich. En los proximos dias queda conocer el resultado de la audiencia que tuvo lugar esta semana para impugnar la sentencia. El Tribunal de Impugnación de Río Negro decidirá si se procederá o no con el desalojo. En el caso Buenuleo, además de la defensa de sus tierras ancestrales, la lengua mapudungun y las prácticas tradicionales, hay un trasfondo ecológico por los recursos naturales estratégicos para Bariloche.

Así en Río Negro como en Chubut

El 25 de noviembre la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó la presentación de la Lof Pailako Mew en defensa de su derecho a las tierras ancestrales en el Parque Nacional Los Alerces. En esta ocasión, la Lof presentó un recurso extraordinario para evitar el inminente desalojo que ordenaría en breve el juez federal Guido Otranto, por una denuncia del presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

En paralelo a ese fallo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó que el gobierno impulsará la derogación de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas de manera definitiva. Esta ley es la que ampara a las comunidades originarias de no ser desalojadas, aunque el territorio no esté relevado ni reconocido por el Estado. En comunicación con ANCCOM, la periodista y activista por los derechos indígenas Gioia Claro explica que “ya hicieron una inspección anteriormente, y para el Estado y el Poder Judicial allí no hay niños, aunque en realidad sí”. Y destaca que “el propio presidente de Parques prometió desalojar a la Lof Pailako antes de fin de año”.

La ofensiva estatal contra esta comunidad queda expuesta al recordar que el gobernador de Chubut Ignacio Torres acusó, sin aportar evidencias, a miembros de la Lof Pailako de haber sido responsables de los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas de bosques el verano pasado.

¿Existe la vida después de X?

¿Existe la vida después de X?

Numerosos escritores, intelectuales y medios de noticias decidieron dejar la red sociodigital X preocupados por la reproducción masiva de desinformación y discursos de odio que circula en ella. ¿Hay redes alternativas?

Tras la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk en octubre de 2022, se han multiplicado las preguntas acerca de a qué intereses responde la red social y si potencialmente esta puede ser un amplificador de desinformación y discursos  de odio. Los problemas con la red social, rebautizada por su nuevo dueño como X.com, se profundizaron desde la compra. Por esta razón varios medios europeos de gran renombre abandonaron la plataforma, como es el caso del diario britanico, The Guardian y La Vanguardia, uno de los principales diarios de España. Ambos medios argumentaron su preocupación por la fuerte proliferación de noticias falsas y teorías conspirativas que existe en la red social como la principal razón de su abandono.

Por otro lado, el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el consiguiente nombramiento de Musk para dirigir un hipotético nuevo Departamento de Eficiencia del Gobierno, han potenciado el rechazo al personaje y el éxodo de usuarios que deciden no continuar en la plataforma. A los diarios mencionados se sumaron algunas celebridades como, por ejemplo, el escritor estadounidense Stephen King y la actriz Jamie Lee Curtis. Luego, miles de usuarios más anónimos siguieron su camino. En el ámbito local, la periodista María O’Donnell es una de las que anunció que está considerando abandonar X. Pero una pregunta sigue sin ser respondida: ¿Existe una alternativa a la plataforma de Musk?

BlueSky

BlueSky parece ser la red social que más se ha beneficiado del éxodo de usuarios que abandonan X, siendo la principal alternativa a la plataforma de Musk. Fue creada por el antiguo dueño de X, Jack Dorsey y tiene un diseño similar al Twitter original. Además, permite a sus usuarios organizar su timeline y clasificarlo, eludiendo contenidos o cuentas que prefieren evitar y seleccionando temas y usuarios de mayor interés. Debido a su diseño y su protocolo relativamente descentralizado, BlueSky dificulta la acción coordinada de bots y la proliferación de discursos de odio, lo cual explica porque es la opción favorita de aquellos que dejan X preocupados por este problema.

En diálogo con ANCCOM, Martin Becerra explica: “En Bluesky hay y habrá discursos de odio al igual que en toda red social. El tema es que esos discursos no están estimulados por diseño algorítmico, lo que sí ocurre especialmente con X. La organización cronológica del timeline, la posibilidad de desactivar respuestas violentas con las que los trolls suelen citar contenido ajeno y de que los bloqueados no puedan ver el contenido de quienes los bloquearon, atenúan la instalación de los ataques como ADN en esta plataforma”.

Mastodon

Desde el otro lado del ring, en un rincón que recuerda a los tiempos de inicio de la web y sus protocolos abiertos, está Mastodon, una red social creada en 2016 que permite al usuario tener más autonomía en su interacción con la plataforma. Al ser una red social descentralizada, basada en software libre, el usuario no debe conectarse a un único servidor central, sino que puede elegir entre varios que se comunican entre sí mediante un protocolo llamado ActivityPub. Cualquier agrupación, institución o empresa puede instalar su propia instancia en servidores propios y ofrecer a los usuarios que se sumen. Justamente esa falta de interoperabilidad es la que hace tan costoso irse de X: todo el trabajo previo, los seguidores, la trayectoria se pierden. Con Mastodon eso no podría pasar

“Mastodon promueve una relación más personalizada entre los usuarios de ese servidor y la persona que lo mantiene”, cuenta Uctumi, uno de los activistas de la organización Cybercirujas que prefiere utilizar su seudónimo de las redes.  “El problema con las redes que están centralizadas y tienen un dueño, es que pueden ser vendidas y manipuladas por cualquiera. En las redes descentralizadas ese poder central se elimina como posibilidad y el poder pasa a la comunidad”, agrega.

Entre las ventajas que ofrece Mastodon a la experiencia del usuario está que por diseño no tiene publicidad y es posible editar las publicaciones de manera gratuita. Además, la plataforma no cuenta con un algoritmo invasivo sino que el usuario ve cronológicamente el contenido de aquellos a los que decidió seguir. Las redes sociales comerciales, en cambio, en su afán de ganar dinero buscan mantener a los usuarios el mayor tiempo posible utilizando sus aplicaciones para mostrarles publicidad. Para esto utilizan algoritmos que entregan contenidos seleccionados y editorializan la experiencia, justamente uno de los mayores problemas de X.

En Mastodon, el usuario tiene más poder de elección que en otras redes, sobre qué contenidos ver. Uctumi explica: “Tenés varias líneas de tiempo, la más restringida que te permite ver sólo a los usuarios a los que seguís, una más amplia con la que tenés posibilidad de mirar todo lo que transcurre en el servidor al que estás logueado, o ver una línea de tiempo de todos los servidores que federan con ese servidor”. Una red de redes, como en los orígenes de internet, pero no como en la actualidad que cada empresa y plataforma busca generar jardines cerrados en los que mantener a sus usuarios.

 

¿Es sostenible este modelo?

Al ser un fenómeno reciente, siendo ambas plataformas aún muy jóvenes, todavía existen dudas acerca de si este modelo más descentralizado es sostenible en el tiempo. En el caso de BlueSky, al ser una empresa privada, su sustentabilidad depende de varios factores: “El financiamiento de Bluesky es tan opaco como el de otras redes y plataformas digitales, y el riesgo de que sea finalmente comprada por capitales que alteren su actual configuración existe y es real”, opina Becerra. Es importante recordar que BlueSky es una red “poco madura”, surgida en 2022, por lo tanto se requiere tiempo para ver en qué decanta. Como advierte Uctumi de Cybercirujas: “No sabemos si el día de mañana los dueños de BlueSky decidirán abandonar la idea de descentralización y vender su servidor central con todos sus usuarios a algún magnate”.

Por otro lado, el activista de Cybercirujas aseguró que es más seguro que Mastodon pueda mantener su carácter descentralizado que BlueSky: “Al ser una plataforma verdaderamente descentralizada, da muchas más garantías de que ninguna corporación se la apropie”. Habrá que esperar para saber si el fenómeno de la descentralización es algo sostenible en el tiempo. De momento, BlueSky y Mastodon son las opciones más viables para este éxodo de usuarios que abandonan la plataforma de Musk, pero solo el tiempo dirá si estamos ante un cambio de paradigma en el mundo de las redes sociales o la lógica de mercado se termina imponiendo sobre ellas.

Libertad de expresión en la era digital

Libertad de expresión en la era digital

La polémica sobre los bloqueos de redes virtuales privadas en diversos países pone en discusión cuándo se trata de un cercenamiento de la libertad de expresión y cuándo en un resguardo de la seguridad de los Estados.

El ecosistema de los medios de comunicación hoy se encuentra predominado por las plataformas digitales y la moderación de la circulación y acceso a la información está cada vez más regulada por el mercado. Frente a ella, los Estados intervienen con mecanismos de bloqueos, que muchas veces traen aparejada la limitación, cuando no, la prohibición de la libertad de expresión. Existen distintas maneras de regulación a través del bloqueo de redes sociales o sitios de internet como viene sucediendo en algunos países.
Quienes buscan sortear la prohibición pueden hacerlo a través de Redes Privadas Virtuales (VPNs, por sus siglas en inglés), que permite acceder de igual forma a los sitios, aunque se corre el riesgo de dejarles datos a terceros. Otra forma es con The Onion Router (TOR) cuyo significado de su nombre en español sería “el enrutador cebolla”, debido a que funciona en forma de capas.

Esta anonimización del usuario puede conllevar también a usos delictivos penados por los Estados, principalmente ejecutados en lo que se conoce como Dark Web, esto es el conjunto de sitios de internet que no son registrados por los buscadores como Google o Bing.

Cómo sortear los bloqueos

Una red privada virtual (VPN) funciona conectando tu dispositivo a un servidor ubicado en otro lugar, cifrando todos los datos que viajan entre ambos. De esta forma, el servidor actúa como intermediario entre el usuario e internet, ocultando la información entrante y saliente. Es como un carril exclusivo de una avenida, aislando al usuario del tráfico general de internet, con el plus de que no se puede ver desde afuera.

The Onion Router (TOR) divide la conexión en varias capas de cifrado y la envía por diferentes computadoras («nodos»). Cada nodo elimina una capa de cifrado, pero solo sabe a qué nodo enviar después, manteniendo camuflado el origen. TOR también declama “condenamos el mal uso y la explotación de nuestra tecnología para actividades criminales” a la vez que señala que su objetivo “es promover los derechos humanos con tecnología libre y de código abierto, capacitando a los usuarios para defenderse de la vigilancia masiva y la censura en Internet”.

Algunos casos

Recientemente, sitios de noticias y redes sociales (como X) han sido bloqueadas en diferentes naciones, en algunos casos llegando a restricciones totales de internet. En Venezuela, luego de las elecciones cuestionadas por organismos internacionales que dieron por triunfador a Maduro, se bloquearon redes sociales, servicios de streaming y e-commerces como Mercado Libre. En Bangladesh, el apagón de internet se dio a partir de las protestas estudiantiles que terminaron con el gobierno de Hasina, posteriormente detuvieron el apagón pero limitando la conexión con ciertas páginas.

En Colombia, se reportaron bloqueos de internet en manifestaciones ocurridas en 2021. Al respecto, “han habido juicios por acceso a la información pública para ver qué medidas tomó el Estado cuando fueron las movilizaciones respecto de si se dieron algunas órdenes por razones de seguridad para establecer bloqueos a personas que estaban cubriendo la situación en esos momentos”, mencionó Damián Loreti, abogado, titular de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

En Brasil, a partir de que Elon Musk se negó a eliminar perfiles partidarios de Bolsonaro y cerró las oficinas de X, el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal ordenó impedir el acceso a esa red social. En este caso, Loreti resaltó que “es diferente porque no son bloqueos preventivos, sino por incumplimientos a órdenes firmes y se aplican como sanciones procesales. Cuando X no paga la multa, De Moraes les dice que repongan la representación legal y, por no haber cumplido, suspendieron el funcionamiento”.

El especialista en derecho a la información suma: “En eso agrega dos cosas más, una es la prohibición, a cumplir en no más de 5 días, a las tiendas de aplicaciones que no podrían facilitar VPNs ni otras cosas que posibilitaran bypassear la orden. Eso lo suspende al rato, las razones las podemos imaginar, que Google y Apple protestaron. Hay otro punto que se mantuvo, una multa de 50 mil reales (ocho mil dólares aproximadamente) a las personas que, vía VPN, se saltearen la restricción. Esto fue cuestionado, de hecho, se presentó un escrito por la orden de abogados de Brasil, tanto por temas de libertad de expresión como por razones de defensa en juicio, porque le estaban aplicando una decisión judicial a personas que no habían formado parte del juicio, entonces les estaban poniendo una prohibición como resultado del incumplimiento de otro”.

NetBlocks es un sitio que se considera un observador de internet y da cuenta de más casos como en Gabón, el día de las elecciones, o de redes sociales en Senegal, entre tantos otros. Esto ha llevado a los usuarios a tratar de evadir las restricciones, principalmente vía el uso de VPNs, que crea una conexión aparte de la del proveedor de servicios de internet (ISP, su sigla en inglés) permitiendo acceder a contenido disponible que este deniega.

Vancis Roda es técnico superior en Seguridad Informática y estudiante de la carrera de Abogacía, se denomina liberal, aunque ya no milita en La Libertad Avanza. Al respecto, opinó que “estas restricciones y bloqueos a sitios de internet, cuando no responden a razones legales justificadas y adecuadas a los principios internacionales en materia de derechos humanos sino que obedecen a motivos estrictamente de pretensión de control e influencia gubernamental sobre medios de comunicación son un atentado directo contra los derechos fundamentales en el ciberespacio, especialmente respecto a la privacidad”.
Continuó destacando que “no sólo limitan el acceso a la información, sino que también buscan controlar el flujo de ideas, lo cual es sumamente peligroso para cualquier sociedad que valore la libertad. Pese a ello, tampoco es cierto que sea sano para una sociedad que ciertos medios de comunicación dominantes (como lo es X) que operan y permiten el acceso, registro y toda otra actividad de ciudadanos argentinos, permitan un libre albedrío carente de contralor e inclusive desprovista de sistemas de censura y respuesta a órdenes judiciales cuando se advierte la lesión de bienes jurídicos especialmente protegidos, como el derecho al honor, a la intimidad, el cese de acciones de grooming, actos discriminatorios, la glorificación de delitos, el aliento a cometerlos y otros supuestos de excepción”.

Por su lado, Loreti opinó: “Lo que pone en juego esto es de qué modo los Estados hacen que se cumplan sus principios soberanos de estado de derecho y de cumplimiento de sus decisiones judiciales contra empresas que, en muchos casos, son varias veces más grandes que los propios Estados”. A lo que el especialista en derecho a la comunicación y a la información agregó: “Dicho esto, para los relatores especiales de libertad de expresión, los bloqueos per se no son ilegales. Lo que pasa es que tienen que estar fundados en ley, cumplir con un fin legítimo específico y ser la medida menos gravosa, de modo tal de cumplir con ese fin legítimo y no afectar la libertad de expresión de modo innecesario, esto se llama principio de necesidad social imperiosa. La discusión es si en Brasil había alguna medida menos gravosa una vez que el tipo no pagó la multa”.

 

Quién confía en las VPNs

Damián Loreti se expande sobre la tensión que generan los sorteadores. El integrante del CELS agregó que “los mecanismos de anonimización, como la red TOR, están recomendados por David Kaye en un informe del relator de libertad de expresión de Naciones Unidas de 2015 por situaciones de investigación periodística o de libertad de expresión en contextos complejos”. El documento al que hace mención Loreti puede encontrarse en internet y, allí Kaye afirma que “TOR, cuenta con más de 6.000 servidores descentralizados en todo el mundo que reciben y transmiten datos varias veces para ocultar la información de identidad sobre los puntos extremos, creando así un anonimato sólido para sus usuarios”.

A su vez, analiza que “los Estados han tratado de combatir las herramientas de anonimato, como TOR, los servidores proxy y las VPN, denegando el acceso a estas herramientas. China ha bloqueado el acceso a TOR desde hace tiempo y, según informaciones recibidas, funcionarios del Gobierno de Rusia ofrecieron más de 100 mil dólares por las técnicas que permiten identificar a los usuarios anónimos de TOR. Además, Etiopía, Irán y Kazajstán han intentado, al parecer, bloquear el tráfico de TOR. Dado que dichas herramientas pueden ser los únicos mecanismos de que disponen los usuarios para ejercer su libertad de opinión y de expresión de forma segura, se debería proteger y promover el acceso a las mismas”.

Roda, por su lado, enfatizó en que “necesitamos un equilibrio que permita combatir los delitos en línea sin caer en prácticas autoritarias que coarten nuestras libertades esenciales, y para ello necesitamos una sociedad que conozca sus derechos, entienda las herramientas técnicas que se encuentran a su alcance, y pueda tomar mejores decisiones sobre cómo administrar y regular su actividad en línea y la gran huella de la misma”.

Al respecto del uso de la tecnología, consideró que “en este contexto, las VPNs juegan un papel crucial. Son herramientas que permiten a los usuarios proteger su privacidad y acceder a contenidos sin restricciones geográficas o políticas. Las VPNs ofrecen una capa adicional de seguridad frente a prácticas invasivas y monitoreo no deseado. Pero su rol va más allá; también son un medio para sortear censuras y mantener el acceso a información típicamente no disponible por actos de restricción, sean legítimos o no”.

Zack Whittaker es editor en temas de seguridad de TechCrunch y hace poco escribió un artículo en el que recomienda no confiar tanto en las VPNs debido a que “simplemente desvían todo tu tráfico de Internet de los sistemas de tu proveedor de Internet a los sistemas del proveedor de VPN. ¿Por qué deberías confiar más en una VPN que promete proteger tu privacidad que en tu proveedor de Internet? La respuesta es sencilla: no puedes y no debes”.

“Algunos de los peores infractores son los proveedores de VPN gratuitas, que ofrecen sus servicios sin coste alguno a cambio de monetizar tus datos. Esto significa que toman tu tráfico de Internet y lo venden al mejor postor para ofrecerte anuncios específicos mientras estás conectado a la VPN. Las de pago tampoco resuelven el problema de canalizar todo tu tráfico de Internet a una empresa potencialmente poco fiable. También es razonable desconfiar de las ofertas de algunas de las mayores empresas tecnológicas, algunas de las cuales ganan dinero vendiendo anuncios”, explica.

Allí también enfatiza en que “varios proveedores de VPN también afirman que protegen tu privacidad al no almacenar ningún registro ni rastrear qué sitios web visitas ni cuándo lo haces. Aunque esto puede ser cierto, no hay forma de estar completamente seguro. Las políticas de privacidad hacen promesas, pero sólo tenemos la palabra del proveedor. Algunos han afirmado que no almacenan ningún registro, pero se ha demostrado falso tras la filtración de grandes cantidades de datos de usuarios de VPN o al responder a peticiones legales que proporcionan a la policía el tipo de datos que los proveedores afirmaban que ni siquiera almacenaban para empezar”.