Denuncian a los dueños del Ingenio La Esperanza, en Jujuy, por desalojos de pobladores ancestrales, desmontes masivos de bosques y quemas que ponen en riesgo vidas y casas.
“Tengo toda la casa rodeada de fuego”, relata entre lágrimas María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy e integrante de una de las familias afectadas por los incendios. “Trabajamos esta tierra desde 1906, pero ahora los nuevos dueños del Ingenio La Esperanza, la Productora del Noroeste (del Grupo Budeguer), desconocen nuestros derechos posesorios”, señala González.
El sábado 7 de diciembre la familia denunció nuevamente que los actuales dueños del ingenio desconocen sus derechos ancestrales y continúan desmontando los territorios donde viven y producen sus alimentos. “Siguen destruyendo el bosque, queman los árboles añejos que derribaron con cadenas y máquinas», expresa con pesar la campesina jujeña. “El sábado dejaron los cordones de desmonte que rodeaban nuestra casa, luego de que ellos arrasaran con nuestros potreros. Hoy ya empezaron a cavar una zanja alrededor de nuestra casa y corrales sin ninguna orden judicial”, comenta González. «El fuego llega hasta nuestra casa y pone en peligro nuestras vidas», añade.
En 2019, la provincia de Jujuy vendió el Ingenio La Esperanza a la Productora del Noroeste junto con las tierras, desconociendo las numerosas posesiones familiares dentro de ellas. A las familias ya desalojadas les destruyeron todo con máquinas topadoras. Mientras tanto, aquellas que aún permanecen en sus tierras enfrentan restricciones de acceso a los campos donde desarrollan la ganadería. “Por caprichos de Budeguer, no permiten que entren mis hijos ni otros familiares; mis padres, que son personas mayores, están solos. El humo llegó hasta su casa, que es de madera, y entraron en pánico al ver el fuego a solo cinco metros de la vivienda», precisa González.
Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la empresa cañera tucumana transcurrieron entre julio y agosto, pero no fueron exitosas. Los despojos comenzaron a mediados de julio, cuando, con la orden del juez de Control, Sergio González, varias familias del paraje Los Arrozales vieron cómo las maquinarias arrasaron con la vegetación y presenciaron la quema de pastizales. Una de las afectadas fue Amanda Delina Molina junto a su hija, María José Gaypare, quienes se quedaron en su vivienda ubicada en el monte resistiendo la avanzada de la empresa. El 29 de agosto las mujeres fueron detenidas, acusadas por usurpación, y trasladadas a la Comisaría 52 del barrio La Merced, en San Pedro. Desde ese entonces, campesinos y campesinas han denunciado constantes hostigamientos por parte de Productora del Noroeste S.A.
González llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y ponía en peligro la vivienda. “Nos dijeron que, si bien la empresa tenía permiso para quemar, debía tomar recaudos para no afectar los puestos”, relató. Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la compañía, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros. El jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez, explicó que enviaron personal para verificar la situación y que, según el informe recibido, el fuego estaba controlado y no representaba un peligro para la vivienda de la familia González.
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) expresó en un comunicado que, gracias a la tecnología, han podido ser testigos de las agresiones hacia las familias, que incluyen amenazas, golpizas, incendios y la demolición de sus viviendas con topadoras. «Niños corren a esconderse en el monte, mientras las mujeres no pueden más», denuncian. Además, critican la falta de políticas efectivas para regularizar la propiedad de la tierra: “Llegó la hora del debate crucial. No tenemos ni Ley de Reforma Agraria (Bolivia, México) ni institutos de Colonización o similares (Uruguay, Brasil), ni políticas de regularización dominial efectivas (Chile) para el campesinado, los pueblos originarios y los trabajadores rurales”. “Vamos a resistir a este gobierno y sus políticas represivas y racistas”, concluyen.