¿El fin de los derechos laborales?

¿El fin de los derechos laborales?

Esta semana, Federico Sturzenegger prometió reglamentar el capítulo laboral de la Ley Bases. Eliminación de la indemnización, creación de la figura del colaborador, habilitación para despedir a trabajadores que participen de protestas, quita de multas a las empresas que contraten en negro y apuestas por incrementar el monotributismo. La apuesta a la declaración de inconstitucionalidad.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo en Argentina alcanzó el 7,7% en el primer trimestre de 2024, lo que representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Este incremento significa que aproximadamente 1,1 millones de personas están sin empleo en un contexto económico cada vez más deteriorado. A su vez, destaca que se ha evidenciado una reducción en el empleo informal, lo cual impacta especialmente en los sectores más vulnerables.

En este contexto, el pasado 28 de junio se aprobó la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que entre sus artículos resaltan los que modifican, anulan y reemplazan los hasta ahora vigentes del derecho laboral. Para esta semana se espera que el gobierno publique la reglamentación de todo ese capítulo de la norma.

En relación a este panorama del mundo laboral, conversamos con Matías Cremonte, abogado y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y Daniel Arroyo, diputado nacional, politólogo y exministro de Desarrollo Social de la Nación.

Cremonte considera que si bien antes de la llegada del nuevo gobierno existían niveles altos de inflación y que el salario real en la Argentina estaba deteriorado, lo que ocurrió desde el pasado diciembre “fue un cambio trágico, aún antes de la reforma laboral”: la política económica llevada adelante implicó una importante caída de la actividad industrial, el cierre de empresas y suspensiones, lo cual es acompañado por el temor que empieza a hacerse cada vez más presente entre los trabajadores de perder su empleo.

 “Renuncian a derechos para mantener la fuente de ingresos, lo cual es un clásico del mercado de trabajo en el capitalismo, o sea, que haya un ejército de desocupados que presiona a la baja los salarios y a la pelea por mejores condiciones laborales. Es una forma de disciplinar”, denuncia.

Por su parte, Arroyo considera que el parate generalizado en el mercado laboral impacta en mayor medida en los sectores informales de la economía “Objetivamente la gente que hace changas, los ocho millones de cuentapropistas están teniendo más dificultades, y eso lleva en la práctica a que  haya más gente en los comedores comunitarios, más gente reclamando asistencia.”

Otro aspecto que destaca es el sobre endeudamiento de las familias que deben hacer frente a los aumentos en insumos y servicios. “Hoy gran parte de los ingresos se van en comprar comida, con el pan a 2.500 pesos y la leche a 1.500 pesos, todo eso se traduce en el endeudamiento de la familia”, dice.

Con la aprobación de la Ley Bases se cristalizaron muchas iniciativas presentes en el DNU 70/2023 que, según Cremonte, fue anunciada como beneficiosa para el mercado laboral pero está muy lejos de ser así: “Empeora todas las condiciones de trabajo y de vida de todos los trabajadores y trabajadoras por un supuesto beneficio que vendrá luego”. Destaca, adeás, que este tipo de recetas regresivas nunca han funcionado, lo cual fue demostrado por un estudio del 2015 llevado adelante por la OIT en el que se analizaron 63 países en los cuales se llevaron adelante y “en ninguno de ellos el resultado fue un crecimiento económico, todo lo contrario: los indicadores sociales y económicos empeoraron”.

En relación a las normas, destaca entre las más perjudiciales la eliminación de la indemnización, agravada para el caso de despidos de trabajadores no registrados ya que desconoce que el daño que sufre una persona no registrada es mayor y el efecto que tendrá es que “los empleadores no van a sentir ningún temor por no registrar al trabajador, y entonces lo que va a crecer es el empleo en negro”.

Por otro lado, está el artículo que legaliza la figura del monotributista, del trabajador autónomo, que antes era considerado un fraude laboral y que promovería un tipo de empleo sin ninguna protección social. “Antes, si alguien prestaba servicios para otra persona de manera continuada y si se daban ciertas características propias de la relación laboral la ley presumía que había un contrato de trabajo encubierto, ahora eso se elimina”, agrega al respecto. Para el abogado, las modificaciones precedentes en la ley nos retrotraen al siglo XIX o principios del XX, momento en el que no existía el derecho del trabajo.

Al ser consultado por esto, Arroyo plantea otra mirada, ya que considera que una reforma laboral era necesaria y ve con buenos ojos alguno de los aspectos antes mencionados: “El caso de eximir de multas me parece bien, lo de los tres colaboradores si se toma seriamente puede ser un avance”, dice. El exministro refiere a una nueva figura que crea la Ley de Bases que estipula que un monotributista podrá tener hasta tres trabajadores sin registrar bajo la categoría de “colaborador”.

Pero señala que las modificaciones presentes en la ley son parciales y acotadas, y que es necesario un cambio estructural profundo que aborde tres planos: Uno es distinguir el tipo de empresa. No es lo mismo una grande que una pyme que un jardinero con dos ayudantes. La forma de contratación laboral, los aportes patronales, la carga impositiva tiene que ser distinta en cada uno de esos casos. Hay que poner una fuerte impronta en el tema del primer empleo, el gran tema en la Argentina es el tema de los jóvenes de 18 a 29 años, a quienes les cuesta entrar en el mundo laboral. Y por último debería haber un incentivo a las empresas que requieren de mano de obra intensiva, como la construcción, los textiles, producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado, que son en esencia los sectores donde trabajan los más pobres”.

Señala, finalmente, que lo que hay en la Ley Bases son grandes incentivos para la inversión extractiva, no así para que las empresas masivamente contraten trabajadores y agrega que “por eso hace falta una Ley PYME”.

Otro aspecto del mundo laboral es la actividad sindical tanto para el resguardo de los puestos de trabajo como para la mejora de las condiciones de trabajo. Según Cremonte, del proyecto inicial del DNU el ataque a la actividad sindical se ve considerablemente disminuido, pero sin embargo señala dos puntos que la afectan de lleno. Uno es que habilita a la justa causa de despido en base al criterio del empleador, “entonces la participación en medidas de acción sindical qué al simple criterio del empleador impliquen un perjuicio lo habilitarían a despedir sin indemnización”, explica y agrega que esto ya fue utilizado por la parte empleadora en un conflicto de la industria ceramista donde hubo trabajadores intimados a volver a trabajar que fueron amenazados con ese artículo.

El otro aspecto es que elimina la obligatoriedad de reincorporación al puesto de trabajo en los casos de despidos discriminatorios. “La reforma incluye un artículo que modifica esto y el trabajador en caso de determinarse su despido discriminatorio tiene derecho a una indemnización agravada, es decir un monto más que el que le corresponde por despido, pero que en ningún caso tiene derecho a ser reinstalado”, dice Cremonte.

Por su parte, Arroyo considera que “el vínculo entre trabajadores y sindicatos no fue afectado en la Ley Bases” y que así como en el derecho laboral, debe darse un debate serio en relación al esquema de la organización sindical.

Un fenómeno novedoso propiciado por las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo laboral, fue la llegada de los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales. Según Cremonte, existen dos miradas muy diferentes con respecto a estos trabajadores; para su visión no tienen ninguna diferencia a cualquier otra relación laboral y por lo tanto debe aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo.

Arroyo, por su parte, cuenta que se intentó llevar adelante un proyecto de ley que regularizara y formalizara a estos trabajadores pero se encontraron con el rechazo de un amplio sector de los jóvenes, influenciados por las mismas empresas. “Por lo que hay que entender también que hay un cambio en la concepción de libertad y del mundo del trabajo y que estas aplicaciones pegan fuertemente en eso. La legislación tiene que tener en cuenta toda esta nueva complejidad y tal vez avanzar con mecanismos de formalización parciales, de transición, novedosos”.

Al ser consultado por el futuro, Arroyo dice que el gobierno está planteando un país con dos tercios de la población afuera donde los precios y la inflación están estables pero a costa de que dos tercios del país no tengan dinero para consumir. Por su parte, Cremonte ya está viendo conflictividad y “va a haber mucha más debido a la situación social salarial” y añade que “lo que vamos a ver, es que cada vez que se judicialice la aplicación de alguno de estos aspectos regresivos de la reforma se declarará su inconstitucionalidad, lo cual creo va a ser una forma de poner un cierto límite a los efectos nocivos de esta ley”.

Personas desechadas como basura

Personas desechadas como basura

Un informe presentado en la Facultad de Ciencias Sociales registró más de 300 agresiones directas a personas sin techo por parte de policías o vecinos durante el último año. Historias de despojos a los que menos tienen.

El Registro Unificado de Violencias describe la violencia sistemática que reciben las personas en situación de calle.

“Ser pobre no es ser delincuente”, dice uno de los carteles que acompañan a una alguien que está recostada sobre un colchón dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y que tiene puesto un sobretodo gris, un gorro y guantes de lana. A la persona en cuestión le faltan unas zapatillas y un montón de otros derechos. En verdad, no es alguien de carne y hueso, pero bien podría serlo. Se trata de un muñeco que representa a quienes no tienen una casa donde vivir. “Son personas, no basura a ser limpiada”, dice otro de los carteles que lo rodean. Lo han puesto en el hall de entrada de la las organizaciones sociales englobadas dentro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle como parte de las acciones por el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, que se conmemora cada 19 de agosto desde hace veinte años.

“Este informe habla del valor de la vida, de lo que no se puede mercantilizar. Tenemos más fuerza cuando estamos unides. Gracias por elegirnos”, dice Soraya Giraldez, la directora de la carrera de Trabajo Social, a las organizaciones sociales que han venido a contar los resultados del tercer informe del Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle (RUV). Al lado de Giraldez está sentada Florencia Montes Páez, militante del colectivo “No tan distintes” y autora del libro Acompañar es político. Ensayo transfeminista sobre la situación de calle, que es quien ahora toma la palabra. “Es una violencia sistemática”, dice para referirse a las injusticias que constantemente atraviesan los sin techo por vivir en la intemperie y no tener ayuda estatal.

Dentro de un rato Jorgelina Di Iorio, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que también está presente, contará que al tercer informe del RUV lo elaboraron las agrupaciones que forman parte de la Asamblea Popular junto con integrantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dirá que el documento se hizo a partir de relatos contados por los sin techo entre el 16 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024, los cuales fueron escuchados por las organizaciones sociales, y también a partir de noticias referidas a la problemática que fueron publicadas en medios de comunicación nacionales dentro de ese lapso. 

El ambiente de la Facultad se volverá espeso cuando Di Iorio describa los tres tipos de violencia más comunes que suelen recaer sobre quienes viven en la calle. Dirá que el hostigamiento, robo, maltrato o desplazamiento forzado del espacio público que realizan las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos constituyen la violencia institucional, que los ataques físicos perpetrados por ciudadanos de a pie, motivados por un simple rechazo a quienes viven en la calle, conforman la violencia social y que las lesiones físicas graves que se producen por vivir a la intemperie, como las enfermedades o la mismísima muerte, constituyen la violencia estructural. Pero más se tensará el aire invernal que circula por el hall de entrada de la facultad cuando Di Iorio diga, con ese tono de voz que tienen quienes ya llevan muchas calles recorridas, que del informe surgieron como resultados que entre agosto del año pasado y el de ahora hubo 121 situaciones de violencia estructural, 104 de violencia institucional y 95 de violencia social. Todo eso lo dirá con mucha contundencia dentro de un rato. 

«Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más», dice El Punky, que vive en la calle.

Por su parte, El Punky, que vive en la calle, le dirá a esta agencia que “visibilizar violencias está muy bueno, pero no alcanza”. Explicará que ser un cartonero no registrado en una organización como el Movimiento de Trabajadores Excluidos tiene consecuencias. Contará que el Gobierno de la Ciudad determinó que “a los cartoneros que no están en una cooperativa se les tienen que retirar los tachos, porque privatizaron la basura. Mandan milicos con seis meses de registro nacional a laburar, que no saben lo que significa una orden de cateo —dirá El Punky—. Mandan gente ignorante a tener un fierro, que te bardea y te tortura en la calle. Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más, porque los transas son los que pagan las campañas políticas de este país”. 

Ahora, mientras Montes Páez les recuerda a los presentes por qué se conmemora el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, los integrantes de la agrupación Amigos en el Camino reparten alfajores y café a los sin techo que han venido a la facultad también a contar sus experiencias de primera mano. Mientras las personas llenan sus panzas con una merienda caliente repartida con cariño (¿quizá la única comida del día para muchas de ellas?), Montes Páez cuenta que el 19 de agosto de 2004 ocurrió en Brasil lo que se conoce como la “Masacre de Sé”. Ese día, a la noche, quince personas que dormían en la calle fueron atacadas por personal de seguridad hasta el punto de provocar la muerte de siete y ocasionar lesiones graves en las otras ocho. Ese momento quedó grabado para siempre en la memoria latinoamericana y se convirtió en un caso testigo de la violación a los derechos humanos de los sin techo. De ahí que todos los años se recuerda esa tragedia y muchas otras invisibilizadas a través de la efeméride. 

Pero no hace falta ir a Brasil ni viajar al 2004 para saber que situaciones así ocurren todo el tiempo y en todos lados. De hecho, a la presentación del tercer informe del RUV vino a hablar también la jueza Natalia Ohman, que cuenta que hace un mes anuló, por considerarlas arbitrarias y violatorias de la intimidad, 125 detenciones y requisas a personas en situación de calle hechas sin orden judicial en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta que la policía local, para justificar su proceder, había argumentado que las personas portaban “armas no convencionales”, entre las que se encontraban un destornillador, una varilla, un cuchillo Tramontina, un cúter, una tijera y un gancho. Según las actas de contravención, los motivos de las detenciones y requisas habían sido “actitud sospechosa”, “merodeo” y “control poblacional”. Los detenidos habían sido intimados por la policía a despojarse de esos objetos o se les imputaría el delito de desobediencia, lo que también fue anulado después por Ohman. 

“Muchos de esos objetos son para cortar comida y cartón”, aclara Cintia Bernardo, que sabe del tema porque vive en la calle desde hace tres años. En una charla con ANCCOM, Bernardo cuenta que se dedica “al cartoneo y algunas changas” y que suele recurrir a la ayuda de organizaciones sociales como “No tan distintes” y “Abrigar derechos” para subsistir. Dice que el mayor hecho de violencia institucional que experimentó en la calle ocurrió hace un mes. “Me secuestraron el carro”, dice refiriéndose al carrito que usaba para juntar cartón y después venderlo. Cuenta que un día estaba descansando en la Plaza Garay porque la noche anterior se la había pasado juntando desechos. Aclara que en la zona hay mucha competencia con las cooperativas de recicladores urbanos, por lo que a veces necesita duplicar sus esfuerzos para poder quedarse con suficiente cartón como para vender más tarde. “Según los de Espacio Público e Higiene Urbana no podemos estar a las doce del mediodía descansando en una plaza. Yo quería pedirles que no me secuestraran el carro porque había dos policías que lo tenían. Les saqué las manos de la forma más pacífica que pude y terminé en el piso con esposas”, relata Bernardo. Cuenta que, al vivir en la calle, hace pis en un balde para no ensuciar el espacio público ni provocar las quejas de vecinos y que, como defensa, se los revoleó. “Un oficial me dijo ‘Mirá lo que me hiciste’, por dos gotitas de pis que tenía en el uniforme. Mi respuesta fue angustiante porque el carro es mi sustento diario —dice Bernardo, y en las cooperativas de recicladores no hay cupos. Me sacás mi herramienta de trabajo y no me das otra, me estás incitando a que yo tome otras medidas para mantenerme, como la prostitución, la venta de drogas o robos”. ¿Y hay manera de recuperar el carro? “Para que me lo devuelvan me piden que presente un ticket de compra, y eso no existe. Yo lo compré en una villa, a un pibe que no se quería dedicar más a cartonear. No tengo un ticket”, dice. Un rato antes, una mujer de entre el público había opinado sobre los despojos que se dan habitualmente en la calle. “En la Rosada hay un monstruo que defiende la propiedad privada, pero ¿por qué nadie respeta la propiedad privada de los sin techo?”, había preguntado al aire la señora, pero nadie supo qué decirle. 

“Para muchos es pagar el alquiler o comer”

“Para muchos es pagar el alquiler o comer”

Tras la muerte en lo que va del año de 17 personas sin techo en todo el país, agrupaciones sociales y políticas realizaron un colchonazo y merienda solidaria en Plaza de Mayo bajo la consigna «la calle no es un lugar para morir”.

Fotos: www.anred.org 

Frente a la Casa Rosada, ante un cordón policial permanente, decenas de personas se acercaron ayer a recibir un colchón, una manta, abrigo y comida. La convocatoria de las organizaciones sociales coincidió con la conmemoración del Día Latinoamericano y del Caribe de la Lucha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, fecha que recuerda la Masacre de Sé en San Pablo, Brasil, ocurrida entre el 19 y el 22 de agosto de 2004. Durante esos cuatro días, siete personas fueron asesinadas a golpes por agentes de seguridad privada y ocho fueron heridas gravemente. Desde entonces, países como Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Costa Rica realizan anualmente encuentros para honrar a las víctimas y promover los derechos de los sin techo.

El colchonazo comenzó con la recepción de donaciones de ropa, mantas y productos de higiene, seguida por una merienda solidaria y una suelta de globos en homenaje a las personas fallecidas este año. Los globos, algunos sanos, otros completamente en llamas, se alzaron sobre la Pirámide de Mayo iluminando a los protagonistas del encuentro y a los efectivos policiales, bordeando la Casa Rosada. Entre las organizaciones convocantes se encontraban la Red Puentes, Barrios de Pie y Proyecto 7, entre otras.

Según datos recientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la indigencia alcanzó el último mes el 15 por ciento del distrito, es decir que unas 470 mil personas se encuentran en emergencia habitacional o directamente en situación de calle, mientras que un 35 por ciento –más de 1.100.000 personas– están bajo la línea de pobreza. En este contexto, los reclamos principales fueron la declaración de la emergencia para las personas en situación de calle, exigir el cumplimiento de la Ley 3706 de CABA y la Ley nacional 27654, con un presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población, y convertir el decreto 690, que otorga un subsidio habitacional, en ley.

En la Argentina son 17 los fallecidos en lo que va del año por estar en la calle, diez de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, donde paradójicamente funcionan hogares y paradores nocturnos. “Los espacios de tránsito no funcionan porque a las siete de la mañana la gente tiene que levantarse y es automáticamente echada –afirma Eduardo González, de Proyecto 7–. Tienen que volver a hacer un ingreso, si quieren permanecer en el recinto, a la tarde o en otro momento del día. Pueden pasar la noche, pero en la mañana tienen que volver a la calle”.

“A la actividad vino mucha gente que se acercó por su colchón y por algo para tomar y comer. Cada vez hay más gente en situación de calle porque no puede sostener un alquiler, para muchos es pagar el alquiler o comer. Hace casi un año que viene aumentando la cifra de personas que caen en la indigencia y este año, en este invierno particularmente, han fallecido muchas personas. No se puede pagar un alquiler, no se puede comprar para comer, no se puede vivir”, agrega.

González está en situación de calle, vive en el Hogar Monteagudo –gestionado por Proyecto 7– con su mujer y sus dos hijas. “Tengo trabajo, pero me la paso haciendo changas para poder llegar a comprar algo para comer para mi familia. Estoy todo el día trabajando para que mi familia no pase hambre. No pueden decir que no me la rebusco, pero este país está cada vez peor”.

Fotos: www.anred.org 

Juana Mansilla, del Frente La Patria es el Otro, asegura que ayudar a compañeros en la calle, incluso en este contexto tan complejo, le nace desde dentro. “Estamos entregando colchones y frazadas para combatir el frío a los compañeros vecinos, y vecinas en situación de calle. La situación está cada vez peor. Gracias a Dios puedo pagar un alquiler y seguir mandando a mi hija al colegio, pero no todos tienen esa suerte, no todos pueden darse ese lujo tan básico. Hay un montón de personas en situaciones muy vulnerables, y nadie hace nada”.

Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, subraya: “Actividades como esta están sucediendo en todas las regiones, por el reclamo para la implementación y correcto funcionamiento de la ley 3706 para que no haya más personas situación de calle, que pare la represión policial sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y que se declare la emergencia de las personas en situación de vulnerabilidad en la Ciudad porque ya hay más de 12 mil, y claramente está sobrepasando. Lamentablemente, tuvimos 17 muertes en todo el país, de las que tenemos real constancia, pero suponemos que ha habido muchas más”.

Con respecto a las políticas del Gobierno nacional para tratar la situación, Ávila asegura que no hay ninguna, salvo retener 80 mil frazadas conjuntamente con las toneladas de alimentos que “tienen en los depósitos y no quieren entregar”. Y por parte del Gobierno de la Ciudad, las únicas políticas son represivas, de hecho, ayer el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, anunció la incorporación de mil efectivos más a la Policía Metropolitana para combatir las “ranchadas” de la gente en situación de calle.

La calle carga a las personas de caracterizaciones estigmatizantes, el que vive en la calle es peligroso, un delincuente y un malintencionado. ¿Cómo se consigue trabajo si se carga con una reputación así? ¿Cómo se sale adelante? “Nosotros, como organizaciones, trabajamos para que eso pase, pero la verdad que para aquellos que intentan salir de esta situación se torna cada día más difícil: si la política socioeconómica del país no cambia, no sólo va a haber más gente viviendo en la calle, muriendo de frío e inanición, sino que a los que ya están les va a ser muy difícil salir”, explica Ávila.

“El pobre no es pobre porque quiere, como el trabajador no cobra un sueldo bajo porque quiere. La problemática del crecimiento de la indigencia es provocada por los gobiernos. Para estos políticos es más fácil pasarle la pelota a la gente que está sufriendo las problemáticas, en vez de hacerse cargo ellos, que las están provocando día a día –remarca–. Ha cambiado mucho la población de calle, antes la mayoría de los indigentes eran jóvenes o adultos, ahora son abuelos y abuelas, porque con 290 mil pesos por mes nadie puede hacer nada. Entre los remedios para no morirse y pagar una habitación, la jubilación no alcanza. Hay muchas más mamás con criaturas, estamos hablando de familias inocentes. Se ve a muchas de esas familias en la calle con sus muebles, inclusive en las ranchadas, porque hace muy poco fueron desalojadas”.

«Los diputados visitando a genocidas es la ruptura del pacto democrático”

«Los diputados visitando a genocidas es la ruptura del pacto democrático”

Juan Pablo Csipka habla de «Una batalla de todos los días. Cómo recuperamos la democracia en la Argentina», un libro en el que desgrana la transición de los 80, desde el fracaso económico de la última dictadura y su derrumbe hasta los juicios a la Juntas y la asonada militar de Semana Santa.

 

“Desde el primer momento, el objetivo de Alfonsín era evitar otro golpe de Estado”, comenta Juan Pablo Csipka, periodista, investigador y autor del libro Una batalla de todos los días. Cómo recuperamos la democracia en la Argentina (Editorial Marea). Csipka se centra en el levantamiento de Semana Santa de 1987, un momento crucial que sintetiza las tensiones políticas y sociales de la época. El autor utiliza este evento como hilo conductor para analizar el período que va desde la descomposición de la dictadura en 1980 hasta los años 90.

 

¿Cómo surge el libro? ¿Qué te llevó a centrarlo en la transición democrática?

Siempre me interesó el concepto de transición democrática, ver cuáles fueron los límites de esa transición. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó? No hay una convención. Yo digo que la transición empieza, no en Malvinas, sino dos años antes, en 1980: ahí empieza la descomposición de la dictadura. El trabajo sucio ya estaba hecho, y comienzan a exportar la represión ilegal a Centroamérica para reprimir la Revolución Sandinista porque ya no había a dónde más reprimir acá, pero los grupos todavía estaban enviciadísimos. Empieza el descalabro económico, colapsa el modelo de (José Alfredo) Martínez de Hoz. Se produce el recambio de (Jorge Rafael) Videla por (Roberto) Viola, y Viola cae por un golpe interno que le hace (Leopoldo) Galtieri. Este periodo culmina en el verano del 91 con la derrota definitiva de la amenaza carapintada, cuando Carlos Menem reprime en diciembre del 90 como no había podido hacer Alfonsín. En el medio están los indultos: impunidad para todo el aparato represivo y la economía más o menos estabilizada. Volvemos al orden de 1980, es una transición que termina de manera agridulce.

 

En el libro vas narrando y corrigiendo varios equívocos de esa década, como que la Obediencia Debida fue la consecuencia directa del alzamiento pero que Alfonsín ya tenía un borrador, en realidad.

El alzamiento es la reacción al Punto Final. En el verano del 87 vence el plazo de los 60 días que habían dado para hacer las denuncias y en febrero empiezan las citaciones, y los militares están en una situación de sospecha, no se define quién tiene que ir, quién va a ser el próximo y hay un despelote bárbaro. En el medio, Alfonsín va a Las Perdices, un pueblo de Córdoba. Típico acto de presidente de antaño en la Argentina, dice que va a enviar un proyecto de ley que amplíe el alcance del Punto Final, estaba tranquilizando al generalato. No nombra la Obediencia Debida, pero dice que hay militares que actuaron por coerción. Después vino Semana Santa y ese acto quedó en el olvido, pero los carapintadas se han querido quedar con la memoria histórica de decir que la Obediencia Debida la lograron ellos. Otro mito es que el alzamiento de Semana Santa no fue un intento de golpe de Estado; Semana Santa se propuso un objetivo y lo consiguió, e incluso uno podría pensar que realmente buscaban llegar al punto extremo de la reunión con Alfonsín cara a cara y después dejar la imagen de él y la victoria de “sacamos la ley”. La ley iba a salir, el tema es que las condiciones del debate son muy distintas por lo que pasa en Semana Santa.

 

Durante la campaña presidencial, Alfonsín habló de “los tres niveles de responsabilidad”: los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se excedieron. ¿Por qué el gobierno no quería continuar hacia abajo con los juicios por violaciones de Derechos Humanos?

Había mucho desgaste, Alfonsín consideraba que eso consumía todo su gobierno. Consideraba que alcanzaba con juzgar a los comandantes, o sea a los que dieron las órdenes y a los que se excedieron. Algunos nombres emblemáticos de la represión: (Ramón) Camps, a (Alfredo) Astiz él lo quería ver en cana. Y tenía esa lógica de los políticos de la guardia vieja, había que reprimir porque había guerrilla, había insurgencia. Hubo excesos, no consideraba la idea de plan criminal. Reivindicaba la lucha contra el terrorismo, pero nunca iba a reivindicar y aceptar el terrorismo de Estado. Además, era un desgaste muy grande juzgar durante todo su mandato. El juicio a las Juntas termina cuando se cumplen dos años de mandato, un tercio de la presidencia. En el debate del Punto Final él lo plantea en cadena nacional: ya llevo la mitad de mi mandato con esto, diciendo entre líneas: es un desgaste tremendo, hasta qué punto el sistema democrático puede estar tensionado y sufrir la posibilidad de un nuevo golpe si avanzamos.

 

¿Cómo influyó la “Teoría de los Dos Demonios” en la percepción y el tratamiento de las violaciones de derechos humanos en este período?

Hay un libro a comienzos del 84 que es Montoneros, la soberbia armada de Pablo Giussani, que después es una especie de periodista oficial de Alfonsín. En ese libro defenestra a Montoneros; empieza, muy tenebrosamente, a plantear que tenían una estructura que quería equipararse a los militares: cómo manejaban la militarización, ciertos aspectos de mesianismo, y eso armó un debate muy complicado. El propio Alfonsín habilita ese debate con los dos decretos: el 157/83 que procesa las cúpulas de Montoneros y el 158/83, a los comandantes, el propio presidente está aquí haciendo la equiparación. Yo creo que es una cuestión de orden cronológico, o sea para poder juzgar la represión ilegal tenían que avanzar con lo que había generado esa represión ilegal.

 

En el contexto actual, ¿cómo ves la reivindicación de esta teoría por parte del gobierno de Javier Milei?

El gobierno actual va más allá, es la lógica de (Victoria) Villarruel de que hay un solo demonio: la guerrilla. Villarruel no acepta el concepto de terrorismo de Estado, lo ha reivindicado, y cuando habla de terroristas, dice terroristas a secas, habla de la guerrilla. Ni siquiera es negacionista, es justificadora y apologista directamente. La cuestión negacionista en estos últimos años ha alcanzado otros niveles, se discuten las cifras de desaparecidos. La represión fue ilegal, no se puede pedir exactitud. Llegaron al extremo de agarrar a un mitómano, lo de Luis Labraña es vergonzoso, “porque yo inventé los 30.000”. Es mitomanía pura.

 

¿Y sobre la “memoria completa”?

El concepto de memoria completa me interesa porque se le podría haber dado una vuelta de tuerca que lamentablemente no se le dio, que es usarlo en el sentido de referirnos a la represión ilegal por el lado de los militares, pero hay un sector que quedó muy solapado, que nadie le dio demasiado interés, que es el bloque civil de la dictadura. Ese para mí sería el uso más interesante de memoria completa, los civiles. ¿Dónde están los civiles? Martínez de Hoz, todos los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central, los ministros que fueron civiles, los empresarios de medios colaboracionistas: Ford, dentro de nuestro gremio Atlántida, Para ti. Eso para mí es memoria completa. Y la derecha se lo apropió por el tema de la lucha insurgente.

 

Para mí, el uso más interesante de memoria completa sería preguntarse por los civiles: Martínez de Hoz, todos los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central, los ministros que fueron civiles, los empresarios colaboracionistas: Ford, dentro de nuestro gremio: Atlántida, Para ti. Eso para mí es memoria completa. Y la derecha se lo apropió por el tema de la lucha insurgente.

Juan Pablo Csipka

¿Cómo influyó el cambio del programa económico en 1975 en la configuración de las políticas económicas argentinas y el desarrollo del neoliberalismo en el país?

En 1975 se abandona el patrón de la sustitución de importaciones y entra el rentismo financiero. No es un fenómeno local solamente, es un cambio de paradigma en el mundo. La crisis del petróleo había generado una inflación altísima, estancamiento económico, ahí es cuando empieza la cuestión del neoliberalismo. Y esto va de la mano de otra cuestión que se asemeja al 30, cuando entra en colisión la idea de democracia y capitalismo. En el 75, 76, también: el nuevo programa no se podía aplicar en democracia. En 1930 alcanzó con el Estado policial: la policía haciendo inteligencia, torturando, represión pero de baja intensidad. A partir del 76 toma una magnitud nunca antes vista. Además, la dictadura inventó algo con lo cual la democracia nunca se metió: la Ley de Entidades Financieras del 77, que le dio el monopolio, el manejo de la tasa de interés a los bancos. Timba, timba, timba. El alfonsinismo no terminó de entender el cambio brutal de la economía argentina. El que lo asimila es Menem, quien completó la obra, y no lo dimos vuelta, esa es la gran derrota. Destrozaron la capacidad de transformación de la sociedad argentina. La política a partir de 1983 no es lo que era antes del golpe del 76. El Estado se convirtió en una máquina de recaudar solamente para pagar deuda, nada más. No hay plan de desarrollo.

 

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Según Csipka, la Argentina experimentó tres hitos importantes en este siglo: la crisis de 2001, la pandemia y en el medio, el conflicto por la Resolución 125 en 2008. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la política argentina y tuvo repercusiones que se extienden hasta el presente. «La 125 es el acta de refundación de la derecha argentina. No se puede entender la presencia de (Mauricio) Macri sin la 125. El hecho de que la clase media haya asumido el discurso de la Sociedad Rural, o sea, gente que tiene dos macetas en el balcón, acompañando a tipos que tienen 50.000 hectáreas. La gran deuda pendiente de Argentina es que no cambiamos la matriz de la dictadura. La dictadura triunfó de punta a punta. Nos pasaron por arriba y no se pudo regenerar otra cosa”.

 

No hay más amenaza golpista, pero no se ha revertido la matriz económica de la dictadura. ¿Cómo ves el estado actual de la democracia en Argentina?

Uno pensaba que después del 83 la democracia estaba consolidada en términos políticos, el “pacto democrático”: no al golpismo, no a la tortura, no a la violación de derechos humanos. Podemos discutir políticas económicas más a la izquierda, más a la derecha, pero después hay cuestiones que están fuera de discusión: Astiz tiene que estar preso. Y eso entró en duda estos últimos tiempos. Creo que el kirchnerismo se quedó a mitad de camino con el tema de no meter el debate crítico/autocrítico de la lucha armada de las organizaciones. Se generó toda una cuestión revanchista: el curro de los derechos humanos, que ante cualquier emergencia Cristina sacaba a un nieto de un sótano y todo ese tipo de barbaridades. Y así llegamos a tener a Javier Milei y Victoria Villarruel, ahí tenés el estado de la política. Tenemos diputados yendo a visitar genocidas. Eso es lisamente ruptura del pacto democrático. La democracia argentina en términos políticos fue asombrosa por lo que hizo con su modelo de Memoria, Verdad y Justicia, porque no tiene precedente lo que hace el gobierno de Alfonsín. A mí me hubiese gustado, como a todos, que no hubiese habido indultos, ni Punto Final, ni Obediencia Debida. Retrocedimos, avanzamos.

 

Y por último, pero volviendo un poco al principio del libro, me interesa el nombre, Una batalla de todos los días.

Es un fragmento de un discurso de Alfonsín. Me llamó la atención, y un poco lo sintetiza la frase, es la idea de que justamente Alfonsín dice que la democracia empezó el 10 de diciembre, pero la lucha sigue, tenemos que consolidarla. Ahí está la idea de la transición también, no es que de un día para otro pasamos de un sistema al otro. Si bien no es lo mismo el Estado de derecho que el Estado de una dictadura terrorista, el Estado de derecho había que construirlo día por día. Esta idea que Alfonsín tenía de juzgar; decía “vamos a juzgar a los militares”, pero no en el sentido revanchista, sino también en el sentido de garantizar que esto no vuelva a pasar.

La cultura huarpe llega al cine

La cultura huarpe llega al cine

«Lagunas”, documental del director mendocino Federico Cardone, que cuenta con la participación de la escritora santafesina Liliana Bodoc, relata la historia de la comunidad originaria, su transformación frente a las sequías y en paralelo la historia de un cine que ya no existe.

El viernes 16 de agosto se proyecta Lagunas, un documental que aborda cómo los recuerdos se transforman con el paso del tiempo. Lejos de una mirada melancólica, indaga en cómo el pasado puede conectarse con el presente y transformarse en algo nuevo. “Creo que es interesante la idea de poder construir el propio recuerdo en vez de padecerlo”, expresa Federico Cardone, su director.

¿Cómo surgió la idea de realizar el documental? ¿Cómo fue que Liliana Bodoc llegó a ser parte?

La idea de hacer el documental Lagunas nació de las ganas de poder filmar en en el desierto de Lavalle, al norte de Mendoza. Esta zona, que antes era rica en lagunas, fue el principal asentamiento de los huarpes, quienes vivían de la pesca. Con el tiempo, las lagunas se secaron, obligando a este pueblo indígena a cambiar completamente su economía y enfrentarse a problemas que habían tenido siempre, como la persecución, la pobreza y la falta de apoyo del Estado. Esto llevó a que la comunidad que vivía alrededor de las lagunas quedara prácticamente olvidada y que muchos aspectos de su cultura y su vida desaparecieran. Nos pareció un tema muy interesante y decidimos planteárselo a Liliana Bodoc, quien tenía un profundo conocimiento de la tradición cultural de los pueblos aborígenes de Latinoamérica, pero curiosamente, no sabía mucho sobre los huarpes de Mendoza, a pesar de haber vivido allí muchos años. Le pareció súperinteresante esta posibilidad de poder encontrarse con esta cultura y este paisaje que ella desconocía.

¿Qué pasó con el documental cuando ella falleció? ¿Se transformó el proyecto?

La muerte de Liliana Bodoc fue un shock terrible para todos nosotros. En ese momento ya habíamos hecho un primer corte de la película, y su fallecimiento nos hizo cuestionar si tenía sentido continuar con el proyecto. Decidimos ir a ver a su familia en San Luis, donde ella vivía, y descubrimos que en el lugar donde ella trabajaba, en el escritorio donde ella escribía y que su familia lo había dejado tal cual ella lo había dejado, estaba arriba de todo un cuaderno especial, que ella llevó en blanco, especialmente para estrenar en el documental, era un cuaderno verdaderamente muy hermoso, con una hoja muy especial de papel de arroz. Al ver ese cuaderno sentimos que ese viaje y lo que ella había escrito no podían quedar ahí. Era un cuento que escribió especialmente para el documental, en el que los chicos de la escuela con los que ella trabajó al llegar al lugar con motivo de este rodaje, le hacían dibujos y anotaban sus propias historias. Entonces entendimos que Liliana estaba profundamente comprometida e involucrada con todo lo que estábamos haciendo. Eso nos dio la fuerza para seguir adelante con la película.

¿Cuáles son sus expectativas con la presentación del documental?

La expectativa ante todo es que el público pueda conectar emocionalmente con la mirada del pueblo huarpe y cómo ellos veían su entorno. Por otro lado, también es llegar al mayor número de personas posible, llevando historias que quizás no son las más conocidas. Sin embargo, el documental no se enfoca tanto en la temática sino más en una aproximación emocional. No es un documental clásico con una historia que la gente necesite ver para aprender.

¿Con qué desafíos se encontraron a la hora de entrevistar a los huarpes? ¿Qué es lo que más les sorprendió de su forma de vida?

No tuvimos grandes problemas al trabajar con la gente del lugar, muchos de los cuales eran huarpes. Al principio, algunos se mostraban distantes, lo cual es comprensible, ya que en el pasado se hicieron documentales en la zona que nunca se completaron o no se presentaron allí, lo que generaba desconfianza. Sin embargo, nuestra cercanía y el enfoque cálido de Liliana Bodoc ayudaron a romper esas barreras. Liliana tenía una capacidad especial para acercarse a las personas, lo que facilitó mucho nuestro trabajo. Al final, no enfrentamos desafíos significativos más allá de los que podrían surgir en cualquier otra comunidad o cultura.

¿Cómo fue que se te ocurrió relacionar reflexiones de tu propia niñez con la cultura de los huarpes? ¿Tiene que ver con la concientización por preservar la diversidad cultural?

Siempre me han interesado los documentales porque permiten una gran libertad creativa, especialmente en comparación con la ficción. En este caso, sentí que había una conexión interesante entre mi experiencia personal y la historia de los huarpes. Durante mi infancia, trabajaba en un cine que estaba a punto de mudarse y quedar vacío. Y encontré un paralelismo entre ese cine vacío y las lagunas secas en las que los huarpes solían pescar. A partir de ahí, empezamos a trazar líneas de conexión entre mi historia personal, la cultura huarpe y la vida de Liliana Bodoc.

 

El documental “Lagunas” será proyectado en el cine Cacodelphia este viernes, 16 de agosto, a las 19.