«Hay una comunitarización para resolver el hambre»

«Hay una comunitarización para resolver el hambre»

Ante el retiro de las políticas estatales, los especialistas en investigar la pobreza argentina advierten que hay un proceso de buscar soluciones dentro de las propia comunidades.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) la pobreza alcanzó al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el primer trimestre de 2024. Esto se traduce en que 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas de nuestro país se encuentran en situaciones de pobreza.

Las cifras surgen a partir del análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del primer trimestre de este año. El indicador de pobreza por ingresos, que es el más utilizado en América Latina, consiste en realizar un relevamiento de los ingresos y compararlos con la canasta básica alimentaria que le corresponde a ese hogar según la composición de cantidad de integrantes, género y edad.

En diálogo con ANCCOM, Roxana Mazzola, licenciada en Ciencia Política y especialista en políticas públicas, transparencia, cuidados e infancias en Argentina y América Latina hace más de 23 años, señala: “Las cifras reflejan mucho las políticas que se vienen implementando desde el gobierno nacional en el último tiempo con un enfoque más fiscalista, orientadas a un ordenamiento de las cuentas públicas en función de un ajuste sobre los salarios, las jubilaciones y los sectores más vulnerables sin importar las consecuencias sociales que esto tiene”.

En la misma línea, Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, explica: “El gobierno actual decidió tomar medidas de políticas de shock para ordenar la macroeconomía. La devaluación de casi un 120% se transmitió fuertemente a los precios, como pasa generalmente en Argentina”.

Los datos arrojados por la UCA se suman a los últimos números publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en relación a la actualización de las proyecciones de crecimiento económico para los países de la región. Publicado en mayo, el informe muestra que para este año se espera una proyección de caída económica de-3,1% para Argentina, que se posiciona como el país con mayor decrecimiento económico de toda la región latinoamericana por debajo de Haití, que tiene una proyección de -2,0%.

En este contexto de crisis económica, aceleración de la inflación y aumento de precios, la merma de salarios, jubilaciones y transferencias sociales no es una cuestión menor en el aumento de los niveles de pobreza e indigencia. Los ingresos de las familias no se actualizan a la misma velocidad que la inflación, en el caso de que se actualicen. Además, las transferencias del Estado, las pensiones contributivas y las no contributivas se actualizan cada tres o seis meses. Entonces, cuando hay sacudones muy grandes en relación al aumento de precios como hubo cuando asumió el gobierno de Milei, la población en situación de pobreza e indigencia aumenta.

En términos de desigualdad, no afecta a todos del mismo modo. Hay consecuencias muy grandes en términos de oportunidades de vida y a futuro en aquellos sectores de mayor informalidad laboral: niños, niñas y las madres de familia, las cuales en muchos casos son jefas de hogar, sobre todo en los sectores más vulnerables. “Se adopta un enfoque asistencialista, lo que genera que terminen siendo transferencias de ingresos sueltas, sin articularse con políticas de salud o educación a la par. Esto se produce porque la nación se corre del rol de nivelador de inequidades y deja de preocuparse por determinados tipos de políticas sociales, que pasan a estar a cargo de los gobiernos sub-nacionales, de las provincias y los municipios” señala Mazzola.

En este sentido, explica que estos desplazamientos producen una fuerte mercantilización de determinadas prestaciones, que las familias deben comprar en el sector privado si pueden. Y agrega: “Por otro lado se produce una comunitarización, es decir que las organizaciones sociales o los gobiernos locales tienen que ver cómo resolver el hambre en un barrio determinado, y al interior cada familia tiene que ver cómo lo resuelve también. Son procesos de fuerte individualización, que generan un proceso de ruptura del lazo social. Hay todo un sistema de bienestar que está en crisis”.

En nuestro país el problema de la pobreza a nivel estructural persiste en la agenda pública hace más de veinte años. “En Argentina el nivel de incidencia de la pobreza en la población es muy elevado y nunca representa una cifra menor al 25%, en la que 1 de cada 4 argentinos estuvo en una situación de pobreza en los últimos veinte años”, remarca Donza. Y agrega: “Mejoró mucho después de la crisis del 2001, hubo mejoras muy importantes hasta el año 2008-2009 y luego se estanca. Actualmente, hay un 25/26% de la población que constituye el núcleo duro de la pobreza”.

Frente a este panorama desolador, tanto Mazzola como Donza concuerdan en que es sumamente necesaria la continuidad de las transferencias sociales articuladas con políticas públicas en materia de salud y educación para amortiguar el nivel de pobreza. “Las transferencias no contributivas del Estado (Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar) son estrictamente necesarias. Sin ellos, estaríamos por arriba del 70% de pobreza” señala Donza.

“En un formato federal como el nuestro, todas las teorías del federalismo fiscal te demuestran que en programas de ingresos la nación nunca puede correrse de ese rol de sentar directrices y de transferir de modo diferente teniendo en cuenta esas heterogeneidades territoriales y desigualdades”, explica Mazzola. Sin embargo, no constituyen la solución. Es necesaria la generación de empleo genuino para lograr mayor crecimiento económico, y el aumento de salarios y jubilaciones.

“Hace un tiempo largo que Argentina no crece, más allá del gobierno actual. En el último tiempo lo que se produjo es un proceso de agravamiento de la cuestión social. Si no tenés crecimiento económico, recomposición de salarios y jubilaciones y no hay actividad económica, las consecuencias son graves en términos sociales”, señala Mazzola. Por su parte, Donza remarca: “Necesitamos políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y empleo de calidad, y que sean consensuadas con los actores de la producción y el trabajo para dar un giro importante con respecto a la pobreza e indigencia. Hay que producir más no solo en volumen sino en una calidad y tipo de bienes que sean exportables para dar vuelta la balanza comercial”.

No existen soluciones mágicas. Si los precios suben por ascensor y los salarios por escalera, es más que necesario generar consensos como país y estrategias de desarrollo que sean sustentables y sostenibles en el tiempo.

Teatro para todos

Teatro para todos

“Más Teatro”es un programa de subsidios a cooperativas teatrales que busca fomentar el trabajo actoral. Este año, el ciclo ofrece 44 obras independientes con entrada gratuita hasta el 13 de noviembre.

La tercera edición del programa “Más Teatro”, impulsado por la Fundación SAGAI en apoyo a proyectos teatrales independientes, busca promover la cultura mediante el acceso gratuito a obras de teatro.

“Está dedicado a la gente que quiere llegar a los actores y actrices”, afirma, en diálogo con ANCCOM, María Fiorentino, secretaria de la Fundación que preside su colega Jorge Marrale. “Vale la pena que las personas que no pueden pagar una entrada puedan tener acceso a esta propuesta”, agrega.

Todos los lunes y miércoles, la sala “Hugo Arana”, ubicada en 25 de Mayo 585, microcentro porteño, colma su capacidad de 70 butacas, y en algunas funciones, incluso permite el ingreso de hasta 90 personas para que puedan disfrutar el espectáculo de pie. “Es hermoso ver tanta gente moviéndose por el lugar y que me digan que se sienten como en su casa”, expresa Fiorentino.

La inauguración de la sala, en 2022, dentro de la nueva sede de la entidad, permitió expandir el proyecto. Además del apoyo económico, brindan un espacio para que las cooperativas teatrales se presenten y formen parte de la programación cultural. “Intentamos tender redes, sabemos que dimos un paso que nadie más ha dado”, aseguraFiorentino.

Desde su creación, en 2009, Fundación SAGAI ha apuntado más a lo audiovisual, pero el éxito de “Más Teatro” los ha llevado a considerar nuevos proyectos, desde la inclusión de cortometrajes que sean óperas primas, hasta buscar espacios más grandes en los que los artistas puedan desplegar sus talentos.

“La idea es extendernos fuera de la sociedad de gestión para ir a la sociedad civil”, explica Fiorentino.“Más Teatro”, que va por su tercera edición, se encuentra en línea con otras acciones que impulsa la organización, como el Concurso de Piezas Audiovisuales Independientes y el ciclo de talleres y cursos de formación profesional destinados a intérpretes y artistas. 

Aunque la entrada es gratuita, al finalizar las presentaciones, el público tiene la opción de brindar un bono contribución. Este dinero se destina a cubrir los costos técnicos de la sala, así como el traslado de la maquinaria, escenografía y los vestuarios.

En un contexto desafiante para la cultura, propuestas como las de la Fundación SAGAI constituyen un refugio. Fiorentino sostiene que se trata de “un espacio de encuentro, de reflexión y de aprendizaje que se necesitaba” y destaca: “Los actores y actrices nos han hecho llegar su agradecimiento porque no hay otro lugar que los invite así”.

Con nueve obras más que en la última edición, la programación de este año se caracteriza por presentar dramaturgias que atraviesan temáticas históricas hasta situaciones cotidianas de amor y amistad. Entre las obras seleccionadas para septiembre sobresalen: Los otros Duarte, una historia sobre los hermanos y hermanas de Eva Perón; La gravedad de las burbujas, una propuesta experimental que investiga las narrativas simultáneas; y Trinidad Guevara, un unipersonal que retrata la vida de una de las pioneras del teatro rioplatense. 

Las entradas pueden conseguirse a través de la página web de la Fundación SAGAI o por Alternativa Teatral. Las reservas se habilitan los miércoles para las funciones de los lunes y los viernes para las funciones de los miércoles.

Criminalización de la protesta en Chubut

Criminalización de la protesta en Chubut

Seis personas que se manifestaban contra la aplicación del RIGI en la provincia fueron judicializados. También periodistas de medios sociales de comunicación.

Seis ambientalistas fueron denunciados por el vicegobernador de Chubut Gustavo Menna y otros dos diputados de Juntos por el Cambio por amenazas e incitación a la violencia en el marco de las protestas en contra de la adhesión al Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI).

 El pasado 15 de agosto se aprobó en la Legislatura chubutense la adhesión de la provincia al RIGI, un nuevo hecho que se suma a las razones de la histórica lucha de los grupos ambientalistas contra la megaminería y la explotación de los recursos naturales en la región.

En el transcurso de esa jornada, un pequeño grupo de manifestantes se acercó a las inmediaciones del lugar para expresar su descontento por esta decisión, y se encontró con un fuerte dispositivo policial que rodeaba la Legislatura. Fue durante el cuarto intermedio, alrededor de las 17, que se dio un acalorado intercambio entre los ambientalistas y los diputados Luis Juncos y María Andrea Aguilera, que en ese momento estaban comiendo en un bar en las cercanías.

Este hecho resultaría en la denuncia de ambos legisladores, más tarde ampliada por el vicegobernador Menna, hacia seis personas: Noelia Silva, Aníbal José Aguaisol, Vilma Beatriz Pérez, Iván Alejandro Marín, Bettina de Fátima Granillo y Luis Alejandro González. La mayoría de ellos son comunicadores sociales y activistas conocidos en la provincia.

Con un buen número de policías que lo rodeaba, y la grabación de una de las imputadas que se encontraba transmitiendo en vivo lo que sucedía, este grupo manifestante se acercó a la mesa de los diputados para comentar las implicancias del proyecto que acababa de ser votado. Y ante las respuestas negativas de los legisladores, y la creciente rispidez de la discusión, es que deciden dar por terminado el conflicto y retirarse tranquilamente del lugar por entre medio del cuerpo policial.

Entre los delitos que se les atribuyen se encuentra la incitación a la violencia, amenazas y la privación de la libertad y agresión a una menor de edad, hija de la diputada Aguilera. Esto fue repetido por muchos de los medios locales más importantes, que se empeñaron en señalarlos como culpables.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, una de las imputadas, comentó: “Obviamente lo que ellos denuncian no sucedió. Nosotros ingresamos estando la policía ya adentro del local y salimos completamente tranquilos, lo que demuestra a las claras que no hubo ningún delito en flagrancia, ni ninguna situación de violencia”.

Ante este hecho, se dictaminó una orden de prohibición de acercamiento a los acusados a 500 metros de la Legislatura, los diputados Aguilera y Juncos, y la menor involucrada. Esto, como mencionó Noelia, afecta directamente a la profesión de los imputados: “Entendemos que esto tiene que ver con acusar específicamente a los que somos comunicadores, como una especie de censura para que no podamos acceder a lugares estratégicos”.

Entre los ambientalistas acusados se encuentra el fotoperiodista y psicólogo Aníbal Aguaisol. “Soy licenciado en Psicología y trabajo en el Hospital de Rawson, que está a escasos 200 metros de la Legislatura. A mí me coartaba la posibilidad de poder ejercer mi trabajo”, dijo a esta agencia. De todas maneras, la orden fue posteriormente recurrida por los acusados, que consiguieron recortar el alejamiento a sólo 50 metros.

 

Modus operandi 

Este tipo de situaciones no forman parte de un hecho aislado sino que a lo largo de los últimos años en la provincia de Chubut los sucesivos gobiernos han realizado numerosas denuncias a grupos ambientalistas, que en su mayoría evolucionaron hacia la inocencia de los implicados.

En diciembre de 2021 hubo en toda la provincia durante una semana una sucesión de paros, manifestaciones y represiones en el marco de la aprobación de la Ley de Zonificación Minera, que permitía el extractivismo y la megaminería en la región, a pesar de la existencia de normativas previas que lo prohibía. Este suceso se saldó con numerosos vecinos imputados con delitos de obstrucción o de provocar incendios, entre otros.

Hoy son ocho los que aún quedan procesados. El pasado 22 de agosto, la jueza penal de Comodoro Rivadavia María Laura Martini resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba de los acusados. Este hecho provocó un ardid mediático dentro de la provincia y alrededores con el fin de desacreditar la figura de la misma jueza y repudiar su accionar.

“El Chubutazo”, como es denominado popularmente fue, en palabras del diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Santiago Vasconcelos, “una de las máximas expresiones en materia de lucha en defensa del ambiente”, donde una enorme pueblada sin precedentes consiguió derrotar el intento de introducir ilegítimamente la megaminería en la provincia.

El diputado agregó que “hubo una represión salvaje, y ahora hay una persecución en términos judiciales a  los vecinos que participaron en las revueltas”. De eso se trata la estrategia que tomó el gobierno de Mariano Arcioni, y que continúa el actual gobernador Ignacio Torres. “Es vergonzoso cómo se alineó el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y el cuarto poder que es la prensa en contra de un grupo de vecinos para criminalizar la protesta y correr el eje”, apuntó.

Vasconcelos describió que “se hizo toda una campaña con todos los medios ligados al oficialismo y con el peso del Estado para criminalizar la protesta, porque además ni a los vecinos ni a mí nos llamaron para contar nuestras distintas versiones”.

Lo que se cuenta en los principales medios de Chubut es sólo una parte de la historia, mientras que sistemáticamente han ido silenciando la otra. Los mismos vecinos entrevistados comentaron que todo este “circo mediático” ha provocado una tendiente ola de descreimiento hacia estos medios por parte de la población general.

De todos los casos judiciales ninguno ha prosperado lo suficiente como para dar la razón al discurso del oficialismo. Sobre el caso de las protestas en contra del RIGI, Aguaisol expresó: “Estoy convencido de que esta denuncia no va a prosperar porque no hay elementos que permitan que esto se sostenga. Lo que preocupa es la utilización de la justicia para proscribir a comunicadores como es mi caso”.

Las continuas luchas por la protección del medioambiente en Chubut están lejos de cesar, la nueva adhesión al RIGI es prueba de ello. “Esto es la devastación total por treinta años, que la decide un gobierno que lo debate por una hora y que tiene un mandato por cuatro años”, explicó Silva. “Se entregan todo tipo de bienes, por mar, tierra y por subsuelo; mata a todas las industrias”, añadió.

Esta decisión implica dejar el ecosistema de la provincia a merced de las intenciones de la megaminería, y atenta contra las vigentes leyes medioambientales, que fueron en su momento importantes conquistas para los vecinos chubutenses. “La ley a la que se está adhiriendo establece que cualquier ley provincial que impida algún proyecto es nula y que cualquier litigio se resuelve en tribunales”, agregó el diputado Vasconcelos.

Y son muchas las consecuencias que ya ha provocado la megaminería en Chubut. El Lago Colhué Huapi, por ejemplo, al sur de la provincia fue secado casi en su totalidad por factores extractivistas. Grandes crisis hídricas azotan los campos de la provincia hace muchos años, y comprometen también el normal desarrollo de la vida de muchos vecinos que durante el verano tienen que sobrellevar épocas de duras sequías que los obligan a buscar nuevas formas de abastecerse de un recurso tan indispensable como es el agua.

 

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

El gobierno intentó bloquear el ingreso a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con la policía. La intervención de la rectora Cristina Caamaño logró recomponer la situación. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el Estado no gira fondos para gastos de funcionamiento ni para pagar los sueldos de docentes ni no docentes.

La policía federal bloqueó ayer la puerta de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo impidiendo la salida y entrada de los trabajadores, docentes, rectores y estudiantes al establecimiento; desconociendo la autonomía universitaria. La rectora de la Universidad, Cristina Caamaño, quedó encerrada en el edificio durante más de cuatro horas junto a otros siete trabajadores de la universidad. La situación generó un repudio generalizado y una concentración en las puertas de la institución en apoyo a la comunidad educativa, lo que llevó a la policía a retirarse del establecimiento luego de varios momentos de tensión.

El operativo se llevó a cabo a partir de un mail no oficial, sin sello ni orden judicial. Estaba firmado por el interventor Eduardo Maurizzio que designó el gobierno de Javier Milei.

La rectora Cristina Caamaño, en diálogo con ANCCOM, expresó: “No quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar” y continuó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

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El cordón policial

Cuenta la rectora Caamaño que, a las diez de la mañana del lunes 2 de septiembre, recibió el aviso de los trabajadores de la universidad de que un uniformado no dejaba entrar a una empleada del instituto para realizar sus tareas con normalidad. La rectora fue al establecimiento y cuando llegó “el tipo no me quería dejar entrar por un mail que había recibido de un gmail, no era un mail oficial, era un gmail firmado por el interventor que puso Milei en la universidad, que decía que no quería que entre nadie y el policía dijo ‘porque él viene a cerrar la universidad’”. En ese momento, la policía recibió una llamada, y la rectora junto a otros trabajadores lograron ingresar.

La policía bajó la persiana metálica dejándolos encerrados dentro del edificio. La rectora cuenta que aproximadamente desde las 10.30 hasta las 15.30 no los dejaron salir, por lo que realizó una denuncia judicial por privación ilegítima de la libertad. La comunidad educativa empezó a difundir la situación en redes y en algunos medios de comunicación, como la Radio de las Madres AM 530, lo que resultó en una concentración a las afueras del edificio en apoyo a la institución: “Y empezó a llegar gente. Entonces ellos llamaron a más policías, y llegó la Infantería, con sus escudos, sus cascos y sus aerosoles. Yo ahí me empecé a preocupar porque había muchos estudiantes en la calle, también docentes.” La rectora continuó: “En el edificio solamente había ocho personas, las que habíamos podido entrar, que después no podíamos salir. Los estudiantes y todos estaban en la calle, queriendo entrar y la policía tapando la entrada, haciendo un cordón”.

La rectora se comunicó con un oficial de mayor rango para solucionar la situación y evitar que reprimieran. El policía accedió a retirar a los oficiales exigiendo que el estudiantado no intervenga. “Estaba todo como muy en caliente. Yo hablé con los estudiantes y les pedí que, por favor, dejen pasar a la policía, que no los puteen, que no los insulten, que no los toquen. La cosa es que después de bastante tiempo, cuatro y media la policía se retiró”. Cuenta, además, que invitó al estudiantado a dar una vuelta a la pirámide, como hacen las Madres de Plaza de Mayo durante las rondas de los jueves desde 1977. Los estudiantes accedieron y participaron de la iniciativa mientras la policía se retiraba del lugar.

Sin salarios

“El interventor cobra cinco millones de pesos por mes, mientras los empleados y los docentes de la universidad no cobraron en todo el año ni un peso desde que asumió Milei”, denunció la rectora Caamaño. Desde que gobiernan los libertarios, la universidad no recibió fondos para los gastos de funcionamiento ni para pagar salarios: “Por eso no tenemos en este momento internet, ni servicio de limpieza, entre otras cosas. Por otro lado, no han pagado los sueldos a pesar de la marcha universitaria que fue multitudinaria y que se hizo justamente para eso. Todas las universidades recibieron algo menos la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo”.

Frente a la pregunta del porqué al ahogamiento presupuestario y la intervención directa del gobierno, respondió que “por un lado, este gobierno está en contra de la educación pública y, por el otro lado, están en contra de los derechos humanos porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura y visitadores de los genocidas. Entonces una universidad que reúne las dos condiciones, que es pública y que además tiene orientación en derechos humanos para ellos es lo peor que les haya pasado, no quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar”. Concluyó: “Yo tampoco le puedo exigir a la gente que venga todos los días a cumplir un horario si hace nueve meses que no cobra”.

La memoria de Hebe

La denuncia por el operativo policial de ayer se suma a otras denuncias y causas en el contencioso administrativo, que se inició a partir de la polémica designación del Ministerio de Capital Humano de Eduardo Maurizzio como interventor en la Universidad. Por el momento, se mantienen activas las medidas cautelares a favor de la Universidad de las Madres y la comunidad educativa, hasta que la justicia dicte su resolución.

La medida que designa como Interventor al funcionario Maurizzio, transgrede la autonomía y autarquía universitaria que establece la Constitución nacional y otras leyes antecesoras, desde el año 1919 y que solo fue interrumpida durante La Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, y La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, dejando como saldo una feroz represión con estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados por la militares de la dictadura.

Además, cuenta otro episodio reciente en el que el interventor “entró al edificio con una patota de seis personas por el sótano, cuando lo nombraron a él. No entró por la puerta, entró por el edificio de al lado. El sótano comunica con una parte de la universidad que no es el ingreso. Apareció ahí, filmó y los mismos estudiantes le pidieron que se retire”.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fue creado por Ley en el año 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde 2015, es reconocida como instituto universitario por el Ministerio de Educación y desde el año 2023 fue aprobada su apertura como Universidad Nacional por el Congreso de la Nación. Sin embargo, su historia data de mucho antes. Fue creada en el año 2000 y comenzó con carreras terciarias y cursos. Desde ese entonces se constituyó como una universidad popular. Cuenta con 2.245 estudiantes y 300 trabajadores docentes y no docentes. La rectora concluyó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

 

El valor de la cultura

El valor de la cultura

Bajo el argumento que no es rentable, el gobierno de Javier Milei emprendió un feroz desfinanciamiento a la cultura. ¿Cómo se mide el aporte de una canción, una película o una obra de teatro? ¿Es sólo una cuestión económica?

Frente al desfinanciamiento permanente que el Gobierno de Javier Milei impulsa de instituciones y políticas culturales, distintos actores del sector, paradójicamente, intentan una defensa utilizando parámetros economicistas y eficientistas.

Desde ese paradigma, es un hecho el aporte de la cultura en términos cuantitativos. La Cuenta Satélite de Cultura del INDEC (CSC), mide la incidencia económica de la cultura en la Argentina para contribuir con la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas y privadas en el área. El informe indica, por ejemplo, que en el año 2022 la producción de bienes y servicios culturales generó un valor agregado bruto de 1,28 billones de pesos, lo que representó un 1,8% en la economía argentina. Los sectores de publicidad, libros y publicaciones y audiovisual concentraron una participación de 62,5% de ese valor agregado. El sector cultural, además, registró 341.300 puestos de trabajo formales, lo que significa un 1,6% del empleo total. La rama que más participó en el empleo cultural fue el audiovisual, representando 3 de cada 10 puestos. Le siguieron el diseño, la publicidad y los libros y publicaciones.

También existen otras herramientas de medición: las reproducciones, las ventas de entradas, los likes en redes sociales, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que escapa a esas medidas? ¿Cómo se mide una canción que te conmueve? ¿Qué aporta la cultura en la sociedad para su armonía, identidad y calidad de vida? Hacernos estas preguntas, también nos permite preguntarnos: ¿Qué está en disputa cuando el Gobierno ataca a la cultura?

Para responder estas preguntas ANCCOM dialogó con Carlos Rottemberg, empresario teatral, también con el dramaturgo Mauricio Kartun y con la doctora en Ciencias Sociales Margarita Martinez.

Mauricio Kartun.

¿De qué hablamos?

Rottemberg se encuentra en su escritorio, en el cuarto piso del teatro Multiespacio en calle Corrientes. Detrás de él, un cuadro con la imagen de un ladrillo con una inscripción que dice “Vos con esto hacés un teatro”. Para empezar a hablar de la cultura el director piensa en su propia historia. Se traslada inmediatamente a un hecho de su infancia. Piensa en cómo él encontró su vocación, ya que no proviene de una familia del espectáculo. Recuerda una escena de cuando él tenía 8 años, en la que estaba junto a su madre viendo La novicia rebelde en el cine: “Si la cultura, en ese caso la cinematográfica, no me hubiese llevado a movilizarme de la manera que lo hizo, y hacerme llorar de la manera que me hizo llorar y decirle a mi vieja en el cine, yo quiero dedicarme a eso, yo no sé si esto hubiese pasado” cuenta y reflexiona que “la cultura es la suma de individualidades”.

Mauricio Kartun da el ejemplo de las canciones que hacen emocionar a un grupo. Sostiene que “la cultura es la identidad de los pueblos”. Explica que la identidad contiene algo que va más allá de las costumbres comunes, para él abarca la forma de los vínculos, los pensamientos, “una metafísica de los pueblos”, algo difícil de evaluar en términos visibles.

“Siendo un mecanismo de identidad, podría haber pueblos sin esa identidad, lo que inevitablemente los vuelve más frágiles. Sin un lazo que establezca la pulsión de defensa común por ejemplo”. Kartun, piensa a la cultura en relación al cuidado del otro, como un elemento humano muy importante: “La cultura une y, por lo tanto, instala por encima de ella una serie de mecanismos complementarios, como la ayuda para el desarrollo del que está junto a vos. Es un lazo de unión. Es una forma de establecer que un grupo de personas se transforman en una comunidad”.

 

Carlos Rottemberg.

¿Cuál es su aporte social?

Para Margarita Martinez, la cultura aporta “la capacidad de mirar al mundo con otros ojos por un rato y que ese modo de mirar no nos abandone nunca”. Sostiene que si tuviéramos que medir cuánto vale eso no podríamos. Reflexiona que “sin embargo está al alcance de cualquiera. Y digo “de cualquiera” sabiendo explícitamente que no cualquiera tiene los medios de pagar costosos productos culturales, ni de hacer el camino que lo lleva a valorar un acervo letrado. Esto último debería estar garantizado por la educación pública y universal. Hoy no lo está”.

Kartun sostiene que un pueblo unido por la cultura es un pueblo muy difícil de romper; por el contrario, un pueblo sin cultura es de una fragilidad extrema: pierde la condición de pueblo. “Se transforma en ciudadanos aislados, de pensamientos e intereses absolutamente diversos y que, por supuesto, frente a cualquier desafío que exige la fuerza popular, no la tienen, porque no tienen esa cultura común que las une”. Argentina, en ese sentido, es muy sólida y por eso es tan peligroso que se avance con la desinversión en cultura. Kartun sostiene que más allá de los lugares comunes de la cultura Argentina, como podría ser el tango, tenemos un montón de elementos “que nos unen, que nos amalgaman y que, por lo tanto, nos dan fuerza”.

 

Margarita Martinez.

¿Se puede medir?

Plantea Rotemberg que hay un número económico que tiene que ver con lo cultural, y se demostró en la pandemia. “Cuando en la pandemia se cierran los teatros en Times Square, en Nueva York, se muere todo el circuito, lo mismo pasó acá en calle Corrientes”. Sostiene que el 73% de las personas que van a las salas de espectáculos, después consume gastronomía, se moviliza en los taxis, compra en los kioscos de la cuadra, las librerías… Rotemberg destaca que el gran porcentaje de público que ve artes escénicas es connacional, eso es algo muy particular que tiene el público de nuestro país.
Para Margarita Martínez lo que podemos leer a través de mediciones es el éxito de determinado producto en un mercado dado, por ejemplo, a través de compras directas, validaciones en redes. Pero aclara que “todos sabemos que hay creaciones que simbolizan lo más alto de la cultura y que, en el momento de su aparición, no tuvieron éxito en el mercado. En la historia humana eso ha sucedido muchas veces y sigue sucediendo”. Observa que “hoy las antiguas figuras de la cultura letrada empiezan a actuar como operadores del mercado o bien, lisa y llanamente, como publicistas”. Da el ejemplo de las reseñas de libros, para ella no existen lecturas críticas de libros, son publicidades más o menos encubiertas.
En este sentido, Martínez se pregunta: “¿Esos juicios miden acaso el valor de lo que hablan (o de lo que venden, si hablamos claro)?”. Se responde que no, “los lectores no sólo que no miden nada, sino que en muchos casos tampoco “dicen nada” sobre aquello respecto de lo cual quieren saber algo. Y esto es trágico: la confusión entre hacer algo que vale la pena y hacer creer a otros que algo vale la pena por el éxito de su difusión afecta a cada vez mayor cantidad de desorientados de la gestión de la cultura. Y digo trágico porque vemos cómo se le ofrecen contratos editoriales a influencers que no demostraron ninguna capacidad literaria, o se arman mesas redondas para tratar temas de gran densidad animándolos con personajes de moda de diverso cariz. Y esto es lamentable porque hay gente de perfil más bajo que realmente escribe, trabaja y piensa que queda en la absoluta oscuridad”.
Para Kartun no hay parámetros matemáticos para medirla, pero hay una existencia dimensional: se puede ver una cultura común. “Por supuesto, las culturas se desarrollan alrededor del propio quehacer del pueblo”. Y agrega: “Lo contrario es cuando la cultura está en manos de la corporación, es decir, cuando la cultura está en manos del comercio, está en manos de aquel que produce cultura con un fin puramente rentable”.
Para Kartun, hay activos que escapan a la medida economicista de la cultura que también –dice- “cumple una función ecológica extraordinaria”. Explica que la cultura crea una red conceptual. Se establece un parámetro de lo que está bien, lo que se usa y la gente aprueba, un círculo dentro de lo cual está todo lo permitido. Pero continuamente –sostiene Kartun- aparecen artistas, que en lugar de trabajar dentro de ese círculo, se paran al borde y dan un paso afuera. Empiezan a hacer algo que nadie conocía, algo totalmente distinto. Esos son los artistas experimentales. “Pueden pasar dos cosas: que la gente no lo acepte porque es diferente o que efectivamente le vaya bien y la gente empiece a disfrutar de algo que no conocía, que no se parece a nada de lo que viene disfrutando y que, sin embargo, le crea un gran placer”. Para el dramaturgo, a estos artistas experimentales le debemos que se agrande el perímetro: “Que ahora que empezaste a disfrutar de escuchar a ese músico, que hace algo muy distinto a los demás, empieces a escuchar a muchos otros músicos que hagan lo mismo que él”.
En relación a las mediciones algorítmicas, Martínez sostiene que aquello que se les escapa suele ser lo que se sale de la norma, incluyendo a lo que mejor se produce. “No todo lo que sale de la norma es bueno, pero lo que sí es seguro es que lo realmente bueno sale de la norma” Reflexiona que “muy pocas veces ocurre que algo que forma parte de lo verdaderamente trascendente en el campo de la creación (y cuando digo trascendente no lo digo para el individuo que lo creó como algo narcisista sino para la sociedad toda) logre tener un éxito mensurable e inmediato”. Sostiene que un error común es confundir “elemento de la cultura” con “elemento de culto” y con “producto de moda”.
Martínez acompaña su afirmación con una anécdota personal: “Un día, cuando yo era muy jovén y leía mucho, me quejé ante un amigo más grande y gran lector de los precios de los libros que yo ambicionaba. Mi amigo me respondió que no era verdad que nunca iba a poder tener una buena biblioteca. Me dijo que las mejores bibliotecas que vea, una biblioteca incluso como la de él, se podía armar mayormente a partir de libros de saldos”. Mirando hacia atrás, sostiene que su amigo tenía razón, ya que hoy en día, ella tiene una biblioteca llena de rarezas y clásicos. “Muchos de esos libros los compré casi a precio de regalo. ¿Por qué? “Justamente por no ser novedad para el mercado pero, no obstante, son textos trascendentes para la cultura”.

El rol del Estado

En relación al fenómeno de lo experimental, Kartun afirma que “hace que la cultura sea una especie de Big Bang, produce una explosión y se va ampliando”, y explica que “la cultura vive en expansión. Y necesita de esos experimentales, que a su vez necesitan apoyo. Si no tienen lugares, si no tienen apoyos de todo tipo, el artista no puede desarrollarse. Si los gobiernos en lugar de pensar estas culturas de expansión, trabajan en el centro mismo de ese perímetro, buscando lo más cómodo, aparece el cine pasatista, la música pasatista, el teatro pasatista. Lo que queda sin experimentación, es la generación de una cultura que trabaja en el centro de ese círculo. Sin arriesgar absolutamente a nada”.

Kartun marca una diferencia: para él todo lo que une, lo que es creencia común, rito, es cultura, mientras que todo lo estándar, lo globalizado, para él es una cultura artificial, la llama “cultura de la disolución”. El dramaturgo, muestra preocupación al sostener que en este momento hay una política de disolución: “Si al cine le quitás el subsidio que hace que pueda ser una expresión popular, los únicos que podrían manejarlo son las empresas con sus intereses empresarios y no con intereses culturales”, plantea.

“¿Hubiese logrado Piazzolla componer varias de sus obras maestras sin el préstamo que recibió del Fondo Nacional de las Artes en sus principios?”, se pregunta Rotemberg. Martínez sostiene que la idea de “financiar la cultura” es un planteo equívoco, algo que corresponde a la burocracia y a la gestión. Afirma que “Cultura se hizo siempre con o sin financiamiento, con o sin prohibiciones, con o sin persecuciones. ¿Hay que destinar dinero público a ello? Sí, por supuesto. Pero la oposición entre la cultura y la no cultura no es la oposición entre los millones y los no millones destinados a tal o cual actividad sino la oposición entre tener algo que decir o nada”.