El precio de la salud no para de aumentar

El precio de la salud no para de aumentar

Feb 12, 2024 | Comunidad, Destacado 2

En todo 2023 los medicamentos aumentaron 319%. Desde que se dictó el DNU 70/2023 que quitó regulaciones y se discontinuaron acuerdos gubernamentales con laboratorios los valores se dispararon aún más. ¿Qué estrategias adoptan los pacientes para poder seguir un tratamiento?

Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), el precio de los medicamentos más requeridos aumentó un 319,1% entre enero y diciembre del 2023, pero solo en el último bimestre del año pasado subieron otro 90%. El mismo informe también hizo notar que existen diferencias significativas entre los precios de distintas marcas que venden medicamentos muy utilizados, como son “omeprazol (antiulceroso), losartan (antihipertensivo), clopidogrel (antitrombótico), paracetamol (analgésico), ciprofloxacina (antibiótico) ibuprofeno (analgésico), salbutamol (broncodilatador) y enalapril (antihipertensivo)”.
Ceprofar recalcó que estas diferencias se explican por “el bajo cumplimiento y deficiente difusión de la Ley 25.649”, de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, sancionada en agosto de 2002. La misma indica, en su Artículo 2, que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis por unidad, con detalle del grado de concentración”. Lo que sucede en muchas ocasiones es que en las recetas se incluyen las marcas comerciales, incentivando al consumidor a comprar la marca detallada que, además, suele ser la más cara.
Para entender en términos comparativos, en enero de 2023 la variación en los precios de medicamentos había sido de un 4,86% según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, más de un punto por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 6%. Por otro lado, la variación interanual entre enero del 2022 y enero del 2023 estuvo entre el 83,9% en medicamentos de la canasta de 25 drogas más vendidas y el 96% en medicamentos de venta libre, también por debajo del IPC anual que fue del 98,8%. Con varios aumentos en el medio, entre el 18 de agosto y el 31 de octubre de 2023 rigió un acuerdo de precios entre el Gobierno nacional y los laboratorios nacionales y cooperativos que congelaba los valores de los medicamentos. Desde que terminó, los aumentos escalaron en noviembre y sobre todo en diciembre. En sólo dos meses, aumentaron más de un 90%. Quedan por conocer los datos de enero, pero lo que se evidencia en distintas farmacias del país son más aumentos exponenciales.

“Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía», señala Figueroa.

Marina, empleada de universidad pública que vive en la Ciudad de Buenos Aires, registra mes a mes los aumentos de los medicamentos especiales que su mamá necesita por padecer de una enfermedad neurológica incapacitante. Si bien PAMI lo cubre en su totalidad, el aumento desde noviembre fue tal que, por ejemplo, la misma droga, quetiapina, pasó de $27.969 en septiembre, cuando aún regía el control de precios, a $44.310 en diciembre. “Si ella tuviera que cubrir con su jubilación mínima ese medicamento junto a los otros para el corazón, el colesterol o la  presión, no solo no llega a fin de mes sino que encima tendría que conseguir más plata para poder pagarlos”.

 

Con la entrada en vigencia del DNU 70/2023, algunas leyes que regulaban los valores de las cuotas de las prepagas de salud, la actividad farmacéutica y el recetado también se modificaron sustancialmente. Esto impactó directamente en el acceso a la salud de la población debido principalmente a las cuotas de las prepagas, que sin restricción pudieron aumentar los valores y ocasionaron la baja de muchos afiliados.

Otra de las complicaciones surgió a partir de la marcha atrás de un artículo del DNU, que ratificaba la Ley 25.649 de medicamentos genéricos, debido al lobby de los principales laboratorios. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, resaltó que hay obras sociales como IOMA que poseen coberturas fijas y que el aumento quintuplicado de los medicamentos más comunes las volvió inútiles.

Al respecto, el farmacéutico Mariano Figueroa Sobrero coincide en la gravedad del asunto. El también exrepresentante de Comunidad del Hospital Iturraspe de Santa Fe durante 18 años advirtió en diálogo con ANCCOM que las personas recurren a distintas alternativas para poder acceder a los medicamentos. “Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía. Un farmacéutico sabe lo grave que es tomar antibióticos sueltos y no completar un tratamiento, por lo que siempre sugerimos que vaya a un hospital o centro de salud para que no sostengan esa práctica. Y esto también repercute en el sistema de salud público, porque un diabético que discontinúa el tratamiento, por ejemplo, llega al hospital con un coma diabético. Así de sencillo”.

El tratamiento para la diabetes, por ejemplo, requiere de distintos insumos, y muchos de ellos están atados a precios internacionales, como puede ser la insulina. Según datos oficiales, “se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición”. En porcentaje, se estima que la prevalencia es de un 12,7% según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2019.
José Casais, empleado bancario en la Ciudad de Buenos Aires que padece de diabetes tipo 1 que lo hace dependiente de la insulina, cuenta en diálogo con ANCCOM cómo es el día a día de una persona con diabetes: implica medición de glucosa en sangre y al menos una aplicación de insulina diaria. Casais explica que ampliación de la Ley 23.753 de Salud Pública incorporó cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para el autocontrol al 100%: “Si no tuviera la cobertura del Estado, el precio sería prácticamente inaccesible. La insulina común, la llamada lenta, que se aplica una vez por día, sale en promedio $200.000 por mes. Y a la rápida, que acompaña las comidas, se le calcula $100.000 por mes. Como la insulina a aplicarse está en función de la medición de glucemia que tenés, que varía según las condiciones físicas de cada persona, tenés que sumarle el aparato de medición y las tiras reactivas, que sale en promedio $20.000 la caja de 50 unidades. Además, están las agujas descartables para la aplicación de la insulina. Entonces hoy, con la inflación galopante, se calculan mínimo $320.000 por mes”. De no tener la cobertura total o incluso parcial, José estima que un 50% de sus ingresos se irían en la adquisición de la insulina y los elementos necesarios: “¿Qué pasa, entonces, con una persona que percibe un salario mínimo o igual al gasto mensual que acabo de indicar?”. Su temor, como el de muchos que padecen la enfermedad, es un inminente cambio en la ley, como ya sucedió con tantas otras a partir del DNU 70/2023.
El farmacéutico Figueroa cuenta que compañeros suyos que trabajan también en hospitales públicos están viviendo experiencias inéditas: “Está pasando con diabéticos de tipo 1, insulino-dependientes, por ejemplo que hacen un trueque. Se intercambian desde la tiras reactivas sueltas hasta la insulina misma, situación que indica un doble problema: primero, es muy arriesgada porque rompe la cadena de frío que debe respetarse y segundo, que hay gente que no llega a comprar la insulina, ni en los centros de salud ni con la cobertura de las obras sociales. Nosotros como farmacéuticos lo hacemos notar porque queremos que llegue al Ministerio, al provincial, al menos, para que lo investigue y para que empiecen a pensarse políticas de cobertura”. El día anterior a que Figueroa conversara con ANCCOM, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Pablo de la Torre suspendió la ayuda que brinda la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) a pacientes oncológicos, con enfermedades crónicas discapacitantes o patologías agudas urgentes que no poseen cobertura de salud. El pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer.

Cancha libre para los laboratorios

Un informe de la OXFAM presentado en Davos el pasado 15 de enero denuncia que los laboratorios tienen la misma política de aumento de precios a nivel internacional, y que solo se ven limitados en su accionar en aquellos países cuyos gobiernos ejercen políticas de control y regulación de precios. Además, agrega que existen “10 gigantes mundiales de la industria farmacéutica que son resultado de la fusión durante dos décadas de 60 empresas farmacéuticas”. De esta forma, pocos laboratorios se llevan el grueso de las ganancias y profundizan las brechas entre los multinacionales y los nacionales, aumentando los precios desmedidamente. En otras palabras, OXFAM refuerza la idea de que los laboratorios son una empresa que no está interesada en el avance de la ciencia y la medicina, sino que tiene únicamente un fin de lucro.

En Argentina, “ni las farmacias ni los farmacéuticos son formadores de precios. El costo de los medicamentos es una caja de pandora que solo conocen los propios laboratorios: son ellos los verdaderos responsables de los precios”, agrega Figueroa.

Un paisaje que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares

Un paisaje que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares

Feb 12, 2024 | Culturas, Destacado 5

«Paisaje», la película de Matías Rojo, es un thriller atrapante con la inmensidad de la naturaleza de Uspallata como antagonista.

Leandro y Eugenia, una pareja joven, transitan el octavo mes de embarazo cuando deciden regresar de las vacaciones familiares de manera impulsiva. En el transcurso del viaje el auto se rompe y quedan varados. Se acerca la noche y deben enfrentar numerosas adversidades en medio de las montañas en un crudo invierno.

Este es el comienzo de la película Paisaje. La oscuridad descubre la verdadera naturaleza, dirigida por Matías Rojo. Se trata de un thriller rodado en Uspallata, Mendoza. “Paisaje fue pensada para ser disfrutada en una sala de cine”, asegura el director, dado que el paisaje no pasa desapercibido sino que se transforma en un antagonista de los personajes.

Rojo cuenta que la historia gira sobre la paternidad, “de ésta como una pregunta, una construcción compleja y que pone en movimiento la identidad”. Aparte del “retrato emocional de ese tránsito” se generan reflexiones con respecto a los vínculos familiares, algo que se ve en Leandro, interpretado por Juan Luppi, y su padre, con Dady Brieva en ese rol. El elenco principal se completa con Ailín Salas como Eugenia y María Ucedo como madre de Leandro, a los que se suman actores y actrices mendocinos.

“La película cumple muy bien con dos niveles muy diferentes. Uno a nivel narrativo con la aventura que vive esta pareja esperando un hijo y con las adversidades en la montaña que se presentan, y otra a nivel simbólico: cómo se ven reflejadas la paternidad o la relación del personaje de Leandro con la vida”, menciona Luppi, dado que también su personaje pasa de la niñez a la adultez con la llegada de su hijo. Por otro lado Ailín Salas plantea que se manifiesta la soledad de manera más abstracta y que la película “deja muchas preguntas más que respuestas sobre vínculos y sobre las personas”.

Paisaje es de la productora audiovisual mendocina Madraza. El largometraje recibió financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), está respaldado por el Gobierno de Mendoza mediante el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y el programa Mendoza Activa, impulsado por el Ministerio de Economía de la provincia. Cuenta también con el apoyo del Municipio de Las Heras y del Gobierno de Entre Ríos.

El cine bajo alerta

 El cine argentino, la cultura en general, se ve amenazada por la Ley Ómnibus aunque ahora el proyecto haya vuelto al primer casillero. De aprobarse, se produciría un recorte del presupuesto al INCAA, que hace posible películas como Paisaje. El presupuesto aportado para la realización de películas nacionales no queda solo en el cine, sino que se genera una cadena que implica un amplio equipo, sueldo a familias, promoción del turismo, representación de costumbres locales, etc.

Frente a esto Luppi comparte: “Es un momento donde vos prendés Netflix y tenés acceso a las mejores series y películas nórdicas, y hay que competir con eso. La competencia de ahora, en el mercado, es internacional, tenes que hacer contenido que pueda competir con Breaking Bad porque la persona que mira puede elegir una cosa u otra”. Y agrega que los recortes al INCAA implican que no se pueda hacer películas o que se hagan películas cada vez peores, siendo así excluidas del mercado.

“Lo que me da esperanza es que es un país con un pueblo que lucha fuerte, que todo a lo que quieran sacar que construiste con años de lucha se defiende, la gente está demostrando eso”, reflexiona Salas. Asegura que el cine argentino ya venía golpeado, pero este último tiempo más aún. Pese a todo, aclara, “es un gran momento del cine argentino”, debido a los grandes éxitos y reconocimientos internacionales que tuvo.

Paisaje pone en la sala no solo la riqueza de la naturaleza mendocina, sino también la reflexión de los vínculos familiares, la paternidad, la soledad y la apreciación del cine nacional.

 

Paisaje. La oscuridad descubre la verdadera naturaleza se estrena el 15 de febrero en diferentes salas del AMBA y Mendoza.

Una Página/12 en blanco

Una Página/12 en blanco

Feb 9, 2024 | Destacado 4, Trabajo

El viernes 9 de febrero quienes componen la redacción del diario Página/12 dejaron de realizar sus tareas habituales en reclamo por la recomposición de sus salarios al Grupo Octubre. Los sueldos, señalan los trabajadores, se encuentran bajo la línea de indigencia. También protestan por los aumentos selectivos para desactivar su plan de lucha.

Los trabajadores de Página/12 decidieron realizar un paro de actividades cotidianas porque la empresa dueña del medio se niega a brindar una recomposición de los salarios y otorga aumentos selectivos para boicotear el plan de lucha que llevan adelante. Según comunicaron en su cuenta de X @delegadesp12 la patronal es “empobrecedora y antisindical” y brinda aumentos a discreción mientras mantiene congelados los sueldos de la inmensa mayoría de su planta. “Sabemos que la actitud, antisindical y discriminatoria, pretende quebrar el plan de lucha que desde hace un mes sostiene la asamblea de trabajadores en reclamo de mejoras salariales en medio de la brutal inflación de los últimos meses”, escribieron en el comunicado difundido en redes sociales.

Además de participar junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires en las negociaciones paritarias, los trabajadores del diario presentaron un petitorio con una serie de puntos que incluía una suma de emergencia a pagar en enero. “La redacción de Página/12 funciona toda a distancia porqué nunca volvimos a la presencialidad y usamos nuestros recursos para poder conectarnos y trabajar, entonces también había items como el teletrabajo”, contó  a ANCCOM Ana Paoletti, delegada sindical. También se pidió que se subieran las colaboraciones y que no se hicieran diferencias entre colaboradores permanentes y eventuales. “La respuesta a ese pedido fue subir el concepto de teletrabajo a 4.500 pesos, el cual consideramos insuficiente y en la última asamblea votamos un paro de 24 horas”, explica Paoletti.

Desde que asumieron las delegadas presentaron tres pedidos de reunión con la dirección periodística a cargo de Nora Veiras y Victoria Ginzberg las cuales nunca accedieron al encuentro. Algunos trabajadores que prefieren mantenerse en el anonimato denuncian que no solo están mal pagos sino que también son víctimas de maltrato y situaciones de acoso laboral.  

La semana anterior, como trabajadores de prensa, desde Página/12 asistieron a la puerta de la Secretaría de Trabajo donde hubo una nueva audiencia paritaria y las cámaras empresarias no les llevaron nada digno de ser considerado: “Nos ofrecen un voucher de 80.000 pesos a cobrar en marzo, la situación es angustiante porqué nuestros salarios básicos de convenio están debajo de la canasta de indigencia”, remarca la delegada sindical. Así fue como se resolvió implementar la medida de fuerza

Algo que resaltan desde el seno del diario es que en 2016 cuando el Grupo Octubre compró Página/12, el salario de los trabajadores estaban un 45 por ciento arriba de la canasta básica y hoy se ubica por debajo de la canasta de indigencia fijada en 240.798 pesos por el Ministerio de Economía. 

Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, explica que un redactor cobra 200.000 pesos en mano y califica la situación como gravísima. Además vuelve a remarcar que “tras más de un mes de audiencias con las cámaras empresarias la respuesta son sólo vouchers”.

La mayoría de la gente tiende a creer que la realidad de los trabajadores de los medios de comunicación es aquella que ostentan los famosos conductores de los programas del prime time televisivo o las radios más escuchadas. La realidad es de un alto grado de precarización que obliga a un trabajador a tener más de un empleo para poder redondear un salario que le permita pagar sus gastos de la vida cotidiana y sin la pretensión de acceder a una vida de grandes lujos.  

El Gobierno avanza contra los medios públicos

El Gobierno avanza contra los medios públicos

Feb 8, 2024 | Culturas, Destacado 5

Especialistas, académicos e investigadores critican y rechazan el decreto presidencial que dispuso la intervención de Telam, Radio Nacional, TV Pública, entre otros medios. ¿Qué significa la amenaza de la privatización?

La soberanía del país está en jaque. Este lunes se publicó el decreto 117/2024 en el Boletín Oficial de la Nación, donde el Gobierno nacional oficializó la intervención de los medios públicos. La misma ya se encuentra activa en la agenda y se enmarca en un pretendido “reordenamiento” de empresas públicas. Aquí se ven afectadas la agencia de noticias Télam, Radio Nacional y Televisión (RTA) y Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar. El presidente Javier Milei puso a cargo de las empresas estatales al jefe de Gabinete Nicolás Posse, dándole plena facultad para reestructurar estas instituciones, desde el personal y directorio hasta en las estrategias de comunicación y contenidos.

Frente a este escenario surgen algunas interrogantes que algunos especialistas y protagonistas del tema comentaron a ANCCOM. “Los medios públicos son un símbolo de soberanía comunicacional y cultural, que han llevado la voz a cada rincón de nuestro país”, sostiene Daniela Rodríguez, trabajadora de Radio Nacional y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Rodríguez plantea que los medios públicos están presentes allí donde los medios privados no llegan, defendiendo la cultura incluso en las fronteras y teniendo un papel vital para las provincias argentinas. Son eslabones clave de la democracia que garantizan la pluralidad de ideas y voces. En este sentido Ezequiel Rivero, especialista en medios públicos y becario posdoctoral del CONICET, destaca la labor de canales temáticos como Encuentro, PakaPaka, y DeporTV y admite que la TV Pública enfrenta críticas que la acusan de parcialidad política, falta de independencia editorial, y gestión ineficaz de recursos públicos. Él mismo valida algunas de estas críticas e insiste en la urgencia de abordarlas para mejorar el desempeño de los medios estatales. No obstante, cree evidente que el actual gobierno utiliza estas debilidades como excusa para justificar la violencia institucional que ejerce mediante su intervención. Y señala que no existe un plan para el crecimiento o mejora de los medios estatales, sino más bien un interés en reestructurarlos, con vistas a una privatización o la entrega de ese patrimonio a otro tipo de negocios.

Por otro lado Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, explica que en 2015 la facultad hizo una medición de la calidad de la TV Pública a través de un conjunto de indicadores propuestos por la UNESCO pensados para analizar a de este tipo de emisoras. Allí se evaluaban gestión y programación entre otras cosas. El resultado de la misma fue muy bueno para el caso de Argentina. Sin embargo, hoy, nadie tiene en cuenta esta evaluación, señala Kejval. “Aquí lo que está puesto en cuestión es la propia existencia de los medios públicos, es decir, si el Estado argentino, sea el gobierno que sea, debe tenerlos”. Y sostiene que no se puede prescindir de medios que tienen la capacidad de llegar a todo el país son sus propias programaciones sin estar pendientes del mercado, con calidad educativa, y donde se expresan diversas voces, intereses y preocupaciones que quizás no son rentables necesariamente.

“Todos los Estados que el presidente dice emular tienen sus robustos medios públicos –afirma Kejval–. En todo caso, las medidas tendrían que enfocarse en robustecer estos medios y no desarmarlos o privatizarlos”.

Rodríguez destaca que la información no puede ni debe ser una mercancía que dependa de los intereses económicos de las diferentes empresas privadas. Para Rivero la privatización conduce a la conversión de los medios estatales en activos del sector privado de servicios audiovisuales, o peor aún del sector inmobiliario. “Están especulando con el valor de nuestros inmuebles donde están emplazadas la TV Pública, cada una de las emisoras de Radio Nacional y la planta transmisora de la radio”, expresa la delegada de ATE.

Kejval sigue la misma línea: “Esto es un plan económico de saqueo en el menor tiempo posible, saquear a nuestro pueblo de sus recursos”. E insiste en que la medida del Gobierno gestiona una apropiación privada de los grupos concentrados de ciertos recursos y un vaciamiento cultural de las herramientas que la sociedad tiene para ejercer sus derechos, ejercer la soberanía nacional y desarrollar pensamiento crítico y todo lo que hace mejor a un pueblo y nación.

“Los desafíos legales asociados a una privatización no representan un gran impedimento para un oficialismo que parece distanciarse de los principios republicanos”, expresa Rivero, que también se desempeña en el Centro de Investigación de Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio Público (ICEP) de la Universidad de Quilmes (UNQ).

El oficialismo también señaló al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como un obstáculo para que los argentinos tengan más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país. Según Rivero, la intervención a esta institución no está relacionada con estas cuestiones: “El obstáculo desde la óptica oficialista no es el Enacom sino la presencia de representantes de otras fuerzas políticas en su directorio”, asevera.

En contraposición a lo que afirma el gobierno, el Enacom financió la mejora en la cobertura y calidad del servicio de internet a una variedad de proveedores de esta red en todo el país, sostuvo el programa de internet en barrios vulnerables y financió la conectividad de centros de salud primario y escuelas de todo el territorio, comenta Rodríguez, y agrega que esas acciones fueron fundamentales para las poblaciones más vulnerables. También advierte que siguiendo las medidas que desea el oficialismo no se podrá acceder a contenidos de calidad de forma gratuita.

Pospandemia se desarrollaron muchos programas relacionados al acceso y la conectividad. “En el libro Conectividad Popular damos cuenta acerca de cómo las políticas públicas permitieron el fortalecimiento y acompañamiento de redes comunitarias de internet y cooperativas de tal modo de que se pueda llegar a muchos lugares del país donde el mercado no llega, porque no le es rentable prestar el servicio”, cuenta Kejval y agrega que para ello fue y es fundamental el sostenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica con activa participación del Estado que en este caso sería la Empresa Estatal Argentina de Telecomunicaciones (ARSAT).

Rivero cree que la intervención es innecesaria, ya que vuelve al organismo aún más dependiente del Poder Ejecutivo, que ahora puede vincularse con sectores económicos estratégicos como las telecomunicaciones, la conectividad y el audiovisual, de forma directa, discrecional y sin rendir cuentas.

Esta visión es compartida con el ámbito académico. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (Redcom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) presentaron ante los legisladores una carta en contra del avance de las medidas del oficialismo. La misiva se encuentra firmada por César Arrueta, presidente de Fadeccos y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, y de Aixa Boeykens, presidenta de Redcom y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Además obtuvo el apoyo de más de 50 carreras de instituciones públicas y privadas.

 El escrito advierte el daño que supone llevar a cabo las medidas que plantea el gobierno en materias de derecho a la comunicación, democracia y soberanía. También destaca que la historia de los medios públicos en nuestro país es inmensa y rica, siendo el sistema de medios públicos más grande y federal de América Latina. “Se quiere convencer a la sociedad argentina de que las privatizaciones y cierres significan un ahorro que beneficiará al país cuando ya se ha demostrado en diferentes oportunidades que los fondos en cuestión resultan nimios para el déficit fiscal”, se asevera en la carta, donde también se plantea que la intervención no es más que un capricho ideológico que busca dañar aquello que represente o pueda representar visiones antagónicas a la del capital concentrado.

Uno de los puntos del texto menciona la importancia de la Defensoría del Público. Kejval destaca tareas fundamentales que realiza esta institución: “Su papel es profundamente formativo y ha desarrollado una sensibilización con respecto al derecho a la comunicación”, explica, y cuenta que han hecho foco en las infancias, juventudes, migrantes, mujeres, salud mental, en definitiva, en las diversidades. Uno de sus trabajos fue el de elaborar materiales para la formación periodística con el fin de ejercer la profesión de una manera más respetuosa. Observación que Kejval considera clave, ya que uno de los lugares que históricamente ha estereotipado a muchos actores han sido los medios de comunicación. Su disolución, asevera, sería una enorme pérdida.

El objetivo final del Gobierno no está muy claro, pero sí es evidente que en la intervención de los medios estatales hay un interés económico y la posibilidad de anular la representación y eventual contrapeso de otras fuerzas políticas dentro del directorio, especialmente en el caso de Radio y Televisión Argentina S.E. “Si el gobierno de Macri se ocupó de bajarle el volumen a unos medios estatales que habían sonado fuerte durante el kirchnerismo, el de Milei tiene todos los condimentos para terminar de apagarlos”, expresa Rivero.

Mientras tanto, la realidad de los trabajadores de los medios es delicada. El escenario de los mismos oscila entre amenazas de cierre, despidos multitudinarios, difamaciones, sueldos congelados por decreto y todo esto con sólo dos meses de gobierno de Milei. “Nuestra realidad como trabajadores de medios públicos empeora día a día y mucho más rápido que durante cualquier otro gobierno neoliberal”, cierra Daniela Rodríguez.

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Feb 8, 2024 | DDHH, Destacado 4

La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.

En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.

Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.

Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.

Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA

El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.

El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.

También en la Ciudad de Buenos Aires

Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.

En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.

Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.

 

Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.

También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.