Exigen libertad a los presos por twittear

Exigen libertad a los presos por twittear

Feb 23, 2024 | DDHH, Destacado 4

Los familiares de Villegas y Morandini brindaron una conferencia de prensa en el Congreso a 50 días de su detención. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales.

Familiares de los detenidos jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas convocaron ayer a una conferencia de prensa organizada por la diputada del Frente Todos, Natalia Zaracho, en el Anexo A del Congreso de la Nación para exigir su libertad inmediata y desprocesamiento. Ambos llevan detenidos 50 días por haber publicado en redes sociales información sobre el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales. “Es muy difícil explicarle a un niño que hay dos personas presas por hacer un chiste”, dijo Lucía Castro Olivera, compañera de Morandini, sobre la situación que vive con sus hijas. En la conferencia también estuvieron presentes diputados de diferentes bloques y representantes de organismos de derechos humanos.

Desde el 4 de enero, el docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Roque Villegas permanecen en prisión preventiva por twittear una broma sobre el matrimonio del exgobernador Gerardo Morales y Tulia Snopek y por difundir un flyer en redes, respectivamente. Desde entonces, los familiares y compañeros exigen la libertad inmediata de ambos, denuncian lo sucedido y difunden el caso a través del hashtag #PresosPorTwittear. A esta causa se han unido diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y organismos de derechos humanos. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

La primera integrante de las familias en hablar fue Lucía Castro Olivera, quien actualmente tiene un bozal legal por el que no se le permite mencionar a los denunciantes, como es el caso de otros familiares y amigos de los detenidos. Castro Olivera recordó cómo la policía entró a su domicilio de civil para confiscar el celular a Morandini y detenerlo. “Tenemos dos niñas pequeñas que tienen que ir a ver a su papá en el penal”, expresó Castro Olivera con angustia. “A mí me resulta muy difícil explicarles la situación”.

“Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”, dijo Castro Olivera.

En diálogo con ANCCOM, Castro Olivera dijo: “Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”. Este viaje para hacer oír el caso de su compañero en la Capital argentina requirió de mucho esfuerzo, pero señaló que es necesario: “A pesar de que ya hay denuncias a nivel internacional, los jueces no se hicieron eco de eso, entonces creemos que la única forma es que esto tome estado público, se convierta en un escándalo nacional y de esa manera presionar al gobierno de la provincia para que se ajuste al derecho internacional y a las normas más básicas de la convivencia democrática”.

La siguiente en tomar la palabra fue la hermana de Villegas, Norma Vega, quien habló de cómo la detención de su hermano afectó a su familia, en especial a su madre, y sobre su accionar ante esta situación: “Nos llevó a salir a tocar puertas, a pedir de alguna manera que cese la detención, que no sea extendida, porque no hay causa, no hay razón, no hay delito”. Luego de ella habló Elizabeth Gómez Alcorta, parte de la defensa de Morandini y conocida por litigar en defensa de Milagro Sala. La abogada leyó el tweet de Morandini  y señaló que este no menciona a nadie ni acusó a nadie de nada y que cumple con todos los estándares que la Corte Suprema fija respecto al derecho de libertad de expresión, que “habla respecto del humor” y que se trata de “una publicación en una red social como es Twitter que tiene una dinámica particular”. Gómez Alcorta concluyó que “todos los que estamos acá, si somos usuarios de Twitter, estaríamos presos si viviésemos en Jujuy” y que “depende de nosotros que en los próximos diez días, en donde se vencería el plazo de la prisión preventiva, podamos alzar la voz”.

Pablo Lachener, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habló del historial de violaciones a los derechos humanos en Jujuy y expresó que este caso es “una banalización del derecho penal y una banalización de la historia” ya que los denunciantes Morales y Snopek han imputado a los detenidos por supresión de identidad. Diego Maita, docente de la Universidad Nacional de Salta, habló sobre Morandini, sobre las violaciones de derechos humanos en Jujuy y Salta e hizo un pedido a sindicatos y organizaciones para que acompañen esta causa para poder lograr la libertad de los detenidos. Finalmente, Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, contó sobre la iniciativa de un Amicus Curiae por parte de su federación y expresó que pretenden “romper con el cerco mediático que existe en Jujuy y en otras provincias”. Staiti también expresó: “Vienen por todos, todas y todo” y que “lo que hoy está en juego es pensar libremente”.

Lola Castro Olivera, cuñada de Morandini, dialogó con ANCCOM sobre las condiciones en las que se encuentran detenidos su cuñado y Villegas: “Los tres primeros días estuvieron en una celda de castigo, que es algo que es ilegal en todo el mundo, estuvieron incomunicados, desnudos y comiendo con las manos”, situación que se logró detener gracias a la intervención del Comité contra la Tortura y los Tratos Crueles. Luego de eso, Morandini fue trasladado seis veces y llegó a “una situación de detención más liviana” en la que sus familiares pudieron verlo todos los días y brindarle alimentos cocinados por su familia. Sin embargo, “arbitrariamente, en un momento, se lo regresa otra vez al penal” donde solo lo pueden visitar un par de veces por semana, aunque si se pueden comunicar más seguido a través de llamadas.

Durante la conferencia de prensa, también tomaron la palabra diputados de diferentes bloques, como Alejandro Vilca, Vanina Biasi del FIT y Mónica Macha y Daniel Gollán del Frente de Todos, quienes coincidieron al señalar lo antidemocráticas que son estas detenciones y lo compararon con situaciones similares en otras provincias. Además, Maita y Catro Olivera leyeron, respectivamente, cartas de Villegas y Morandini. El primero expresó en su carta que sus denunciantes “no tienen cómo demostrar todo este mamarracho que pusieron a la luz para tapar los verdaderos problemas de Jujuy” y que “hoy somos nosotros y si no se frena en Jujuy estamos todos a un paso del paredón”. Por su parte, Morandini expresó en su carta que su tweet “era en lenguaje potencial y no hace mención directa a nadie” y denunció: “Ajustados, sumisos, amedrentados y disciplinados, eso es lo que pretenden para nuestra sociedad”. Morandini concluyó que “con este caso buscan un precedente, el precedente de poder disponer de tu libertad para hacer uso de una red social”.

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

Feb 22, 2024 | DDHH, Destacado 2

Fuerte rechazo de organizaciones sociales por el anuncio de cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni.

En la mañana del jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). «Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo», indicó Adorni.

Pese a los dichos del vocero, el Instituto tiene un papel central para muchos grupos sociales: “Quienes tenemos en nuestros cuerpos y en nuestras trayectorias de vida las marcas de la discriminación, el racismo y la xenofobia somos principalmente mujeres, trans, lesbianas, gays, nobinaries, intersex… Este tipo de organismos bregan para trabajar de forma comunitaria y colectiva en todo el territorio nacional en la sensibilización, asistencia, acompañamiento y atención a víctimas de discriminación”, explicó Flora Viola, referenta nacional de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro.

Horas más tarde, luego de fuertes repudios a la medida, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado donde se informaba que las funciones del Instituto y una parte del plantel  serían absorbidos por dicho Ministerio. El Instituto ya funcionaba en la órbita del Ministerio antes conocido como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero de forma descentralizada. Así, podía garantizar los objetivos de recibir y centralizar denuncias, hacer un registro nacional, diseñar y ejecutar políticas públicas y asesorar técnicamente al Ministerio Público y a tribunales judiciales.

A nivel individual, el INADI como organismo independiente podía asesorar y asistir frente a situaciones de discriminación, hacer informes que puedan ser presentados en eventuales denuncias ante el Poder Judicial y gestionar para que voluntariamente una persona deje de discriminar. El proceso judicial era otra vía que las personas damnificadas podían optar seguir, ya con información sobre sus detalles e implicancias y una denuncia que las amparaba.

El subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, tuiteó luego de la conferencia de prensa que el Instituto «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia porteña, donde «se investigan crímenes, violaciones y robos» y que “ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos”. Luego de los despidos del último mes, el Instituto tiene 355 trabajadores que sufren “las campañas de desprestigio y demonización del gobierno de Javier Milei”, en palabras de Viola. En el comunicado ministerial de la tarde se caracterizó al INADI como una “superestructura” ineficaz, pero la decisión de desintegrarlo, entorpecería su funcionamiento.

Para Manu Mireles, co-fundadora y secretaria del bachillerato Mocha Celis, el cierre del INADI atenta contra la garantía de la democracia y los derechos humanos. El Instituto “brinda asesoramiento integral y gratuito a grupos víctimas de discriminación, xenofobia y racismo. Desde una perspectiva interseccional, la comunidad travesti-trans es una de las más afectadas por la vida cotidiana”.

Más allá de su rol social, Mireles remarcó que “es fundamental que podamos tener en el Estado argentino una instancia de elaboración de políticas públicas contra la discriminación para garantizar los derechos de todas las personas”. En esa línea, el Frente Orgullo y Lucha, que reúne a organizaciones LGBT+ de todo el país, destacó la participación del INADI en las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Reproducción Humana Asistida, Cupo Laboral Travesti-trans, Respuesta Integral al VIH, entre otras. 

Además, el Frente afirmó que “el INADI devino un símbolo indiscutible de convivencia democrática en la diversidad, no sólo sexual, sino de toda índole. Y se puede considerar, también un ejemplo de política de Estado, sabiendo trascender las gestiones de gobierno que nuestro país ha tenido desde la creación del organismo”.

No sólo las asociaciones de géneros y diversidad comunicaron su repudio, sino también activistas de la salud mental y discapacidades. Por ejemplo, la seccional de Quilmes de Hablemos de Autismo Red Federal llamó a las autoridades a “reconsiderar esta decisión y garantizar la continuidad del INADI en su misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos”. La Red Federal de Familias TEA y TGD expresó su “enérgico repudio” en un comunicado de redes sociales: “Esta medida representa un retroceso en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en nuestra sociedad”.

Laura Alcaide de Orgullo Disca resaltó la “amplia lucha” del Instituto por los derechos de los discapacitados. El organismo está vinculado con la Ley 26378 de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la creación de normativas para la fabricación de productos y tecnologías accesibles. “Tiene que existir un organismo que medie para que la vulneración de derechos no ocurra. Este gobierno está intentando que volvamos a nuestras casas, a situaciones de violencia y que nadie pueda mediar por nosotres”, advirtió Alcaide.

Jony de la Silla, militante social y artista popular, se posicionó en defensa del Instituto “como persona con discapacidad, pero también como negro, pobre, que se pinta las uñas y es militante”, ya que “todos tenemos que luchar por el derecho a una vida digna y el INADI aporta un montón a eso”. Gracias al Instituto fue posible la Ley 26162 de Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), una herramienta vital para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las identidades negras y marrones.

La organización Defensoría de Laburantes explicó que “la agenda de Milei promueve explícitamente avanzar contra las minorías, que no tengan voz y que se le dé rienda suelta a su discurso violento, discriminador, misógino y homofóbico. Para eso, el INADI es un obstáculo a remover”.

¿Un país sin universidades?

¿Un país sin universidades?

Feb 22, 2024 | Comunidad, Destacado 1

Ante la prórroga del presupuesto destinado para el año pasado, las universidades alegan que, con una inflación que llega al 250 por ciento interanual, peligra su normal funcionamiento. A esta realidad se suma también el conflicto por las paritarias docentes.

El Poder Ejecutivo nacional decidió disponer para la actividad universitaria de 2024 la misma partida presupuestaria que en 2023 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presupuesto ni siquiera suma un ajuste por inflación, que en el ultimo año se aproximó al 250%, algo que afecta gravemente el financiamiento de la educación superior en su conjunto.

En las últimas semanas las universidades comenzaron a explicar a la sociedad por qué la educación superior resulta así inviable. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que manifiesta el estado de “extrema preocupación” de la comunidad respecto de su situación presupuestaria y encomienda al rector realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Capital Humano a efectos de disponer de un presupuesto que garantice la continuidad de las funciones de docencia, investigación, salud y extensión, desarrolladas en las distintas unidades académicas.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera de las trece que componen la UBA en manifestarse a través de un comunicado en redes sociales donde se explica que “durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”. Con el nivel de inflación interanual del 250 por ciento, para funcionar este año se necesitan 645 millones de pesos lo que deja un déficit estimado de 406 millones.

Al respecto, en diálogo con ANCCOM, el vicedecano de Sociales Diego de Charras explicó que con la réplica del presupuesto 2023 para este año la Facultad puede garantizar el funcionamiento por un plazo de algunos meses y sosteniendo sólo los servicios y necesidades esenciales, por lo que están evaluando todos los gastos a ser afectados de modo que no se perjudique un mínimo funcionamiento.

“En principio intentamos postergar gastos no urgentes, como pueden ser arreglos o compras que se tienen previstas para este año y priorizar aquello que hace al funcionamiento de la institución con condiciones de seguridad e higiene” indicó el vicedecano. Además, De Charras considera que, si bien desde la gestión y organizaciones sindicales se están llevando adelante gestiones ante la Universidad de Buenos Aires y de allí a otros niveles de gobierno, “la principal medida hoy es la información y la concientización de nuestra comunidad, y luego de toda la sociedad, acerca de la gravedad del recorte y de los riesgos para la educación pública”. Si la situación no se destraba, aclara, “seguramente se evaluarán medidas de fuerza de otro tenor”.

Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, remarca que su rol es velar por los estudiantes y especialmente los más vulnerables que son quienes terminan abandonando las carreras universitarias: “El centro viene manifestando desde diciembre, cuando vimos cómo se presentaba la situación, que lo principal es que nadie deje de cursar y que cualquier estudiante se pueda acercar a hablar con nosotros. Si queremos ser un montón en las calles defendiendo la educación pública primero tenemos que estar en las aulas” enfatiza la responsable del Cecso.

Congelados

La Universidad Nacional de Quilmes también emitió una comunicado titulado “Modificaciones en la oferta académica” por el congelamiento presupuestario que regirá para las carreras de grado y pregrado en las modalidades presencial y a distancia. Allí se establecen nuevos topes para la inscripción a materias. El argumento que dan es que “el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024: esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades que formamos parte del sistema público”.

En consecuencia, desde la UNQ se estableció una adecuación de la oferta académica a las posibilidades del presupuesto actual y ya no será posible costear cursos adicionales como tampoco contratos de docentes extra, y en los próximos periodos de inscripción a materias se ponen nuevos topes de dos materias más una tercera de forma adicional. Desde ANCCOM se intentó comunicarse con los responsables del área de prensa de la Universidad Nacional de Quilmes y respondieron que por el momento solo se van a limitar a la difusión de lo publicado en su página web.

También la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia Córdoba, se sumó a las advertencias indicando que se encuentran en una “situación económica crítica” y denuncian que “el presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, como así también es posible que se genere devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacte en la adquisición de insumos para docencia e investigación, en la ejecución de programas especiales, entre otras tantas actividades del quehacer institucional”.

 

La paritaria docente: conflicto en puerta

Otro foco de conflicto en el contexto inflacionario actual es el acuerdo por los aumentos salariales a los docentes universitarios. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó a ANCCOM que solo se ofreció un 6 por ciento de recomposición salarial sumado al 10 por ciento que arreglaron con el gobierno anterior, todo a cobrar en marzo: “Durante el mes de enero tuvimos cero por ciento de recomposición, por lo tanto, la licuación de poder adquisitivo ronda un 40 por ciento. Rechazamos esa propuesta del gobierno actual y pedimos una nueva reunión donde se nos trajera un número que nos permita recuperar lo perdido frente a la inflación pero esto no ocurrió y la situación en las universidades se va a ir profundizando considerando la urgente necesidad de aumento del presupuesto”, enfatizó la representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. (CTA Autónoma).

Juan Donati, Doctor en Derechos Humanos y secretario general del Sndicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lanús, cuya federación a nivel nacional es FEDUN, comenta que el clima le hace acordar a los meses previos al 2001 cuando todo terminó en un estallido social. “La situación afecta a los sectores más vulnerables y para quienes tenemos salarios fijos, la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa. Esto incluye docentes e investigadores”, remarca Donati.

En la Universidad de Lanús se llevó adelante una asamblea con más de 60 docentes dónde el análisis fue por un lado el problema del poder adquisitivo; por otro, el desfinanciamiento educativo. Dice el secretario general ADUNLa que el rector les aviso que “los fondos alcanzan para funcionar hasta el mes de mayo, nos vamos a declarar en emergencia”.

Donati explicando que “desde la Federación de Docentes Universitarios, como parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha decidido llevar adelante un plan de lucha junto con otros claustros. Una escalada de actividades para ser visibilizados y, si no se va resolviendo la situación, llegar hasta el paro nacional”. Para Donati “el ajuste no tienen que ser los trabajadores mientras las multinacionales se llenan de dinero. Plata hay pero existen desigualdades en la distribución. Nosotros no somos la casta”.

La situación de ahogo presupuestario a las universidades públicas y la licuación del salario de los trabajadores son una realidad que pone en riesgo un derecho fundamental: la educación pública y gratuita. Sin ese recurso mínimo para igualar un poco las posibilidades de todos, la “meritocracia” que pregona el gobierno se torna aún más injusta. La tradición de lucha histórica del movimiento estudiantil y docente será clave para combatir las nuevas (viejas) ideas que solo pretenden generar exclusión, hambre y miseria.

 

La jibarización del salario docente: el caso misionero

La jibarización del salario docente: el caso misionero

Feb 22, 2024 | Destacado 5, Trabajo

La compleja estructura salarial de los docentes cruje por todos lados. Con gobiernos provinciales al límite y un Estado nacional que se corre deja a los maestros en la pobreza.

Desde la asunción del presidente Javier Milei uno de los blancos de los recortes presupuestarios ha sido la educación. La obsesión porque cierren los números de la macroeconomía afecta, no solo a maestras y maestros, sino también a los niños y niñas. De momento, todo indica que peligra el inicio del ciclo lectivo que está estipulado para las próximas semanas.

Todas las provincias se ven afectadas pero Misiones es una de las más golpeadas y resulta un reflejo del sector a nivel nacional. Desde noviembre, los docentes misioneros deberían haber cobrado cerca de $250.000 mensuales tomando como cargo testigo el de maestros de grado de entre 0 y 10 años de antigüedad, según acuerdos de la Paritaria Nacional Docente. Sin embargo, nunca llegaron a ese monto y en los meses siguientes la situación sólo empeoró.

 Hay siete provincias -Misiones, Corrientes, Jujuy, Formosa, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero- que aducen no poder pagar el mínimo que establece la paritaria nacional.

Dos tramos
El sueldo docente misionero, como también el de otras provincias, está compuesto por distintas partes. Así lo explica Sergio Andrés Rondán, docente: “El gobierno provincial pone de su bolsillo un total de $161.000, de esos hipotéticos $250.000 que nunca se cobraron. El resto lo ponía Nación en concepto de FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y de Conectividad Nacional. Hay siete provincias -Misiones, Corrientes, Jujuy, Formosa, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero- que aducen no poder pagar el mínimo que establece la paritaria nacional. En ese caso Nación, hasta ahora, enviaba lo que se conoce como la garantía nacional para compensar lo que la provincia dice que no podía pagar”. Estos orígenes distintos del salario implicaban que se cobrara en dos partes: lo pagado por el gobierno provincial se cobraba el último día hábil y el resto entre el 18 y 20 del mes.
“A partir de diciembre no cobramos más la garantía ni el FONID. La Conectividad la terminaron pagando en enero. El problema que se termina generando es que el docente de grado está cobrando al día de hoy $161.000, teniendo en cuenta los ajustes de la inflación y la devaluación”, agrega Rondán. Este termina siendo un salario sumamente pobre que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total, e inclusive, se encuentra por debajo de la Canasta Básica Alimentaria ($285.661), que mide el nivel de indigencia.

Una garantía nacional desviada

Frente a lo adeudado del pago de la Garantía nacional del mes de noviembre, diciembre y enero, el frente Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha (FTEL), integrado por sindicatos, agrupaciones y docentes autoconvocados e independientes, investigó la situación.

Jorge Romero, docente e integrante del FTEL, explicaba: “Logramos acceder a información de transferencias no automáticas correspondientes a los últimos meses del 2023, cuando no se pagaron esos conceptos y la sorpresa es que los fondos sí habían llegado. Ya desde enero observamos un corte total, pero en relación a noviembre y diciembre la conclusión es esta: al parecer el gobierno provincial retuvo esos fondos”. No saben qué pasó con esa plata que sí llegó a la provincia pero no a los sueldos docentes y tampoco les dan respuestas.

“En una mesa salarial que se organizó la semana pasada, el FTEL llevó toda esta información al Consejo General de Educación (CGE), que es la entidad que le paga a los docentes. En esa mesa ninguna de las autoridades supo dar cuenta de la plata que falta, se hicieron los distraídos”, asegura Rondán. Además, agrega que dentro del salario docente hay dos ítems que no se actualizaron. Uno corresponde a 40 pasajes de colectivos del área urbana de Posadas y el otro a 50 litros de nafta:  “No se actualizaron, quedaron al valor del boleto de Posadas de octubre, que estaba $150 y el litro de nafta de octubre que estaba aproximadamente alrededor de $300. Es más, cuando se les mencionó estos dos ítems, las autoridades dijeron que ‘hubo una decisión política de no actualizarlos’”, añade Rondán

El FONID
Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se llevaron a cabo medidas de desregulación y descentralización del Estado Nacional, incluida la educación. Lo que se hizo fue transferir la gestión de las escuelas a las provincias. En muchos casos estas no tenían los fondos suficientes para costearlo.
El 2 de abril de 1997, frente al Congreso de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires se levantó la Carpa Blanca, también llamada Carpa de la Dignidad, con 50 maestros, convocados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Luego de 1.003 días, el 30 de diciembre de 1999, la Carpa Blanca se levantó. Durante las primeras semanas del Gobierno de Fernando de la Rúa se sancionó la Ley 25.239 de Reforma Tributaria. Así se incorporó un fondo de 660 millones de pesos provenientes de rentas generales. Implicaba un fondo para la educación, para el financiamiento educativo y promoción cooperativa, así también como el mantenimiento del FONID.
El FONID tenía prevista una vigencia de 5 años, pero se fue actualizando y renovando año tras año mediante decretos y leyes. La última tenía vigencia hasta el 1° de enero de este año, pero el Ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir más”. Esto implica en la práctica la reducción de un 30% de los salarios docentes.
“Hay otro tema con el FONID: es plata que entra en negro. Por eso a la hora de, por ejemplo, calcular el aguinaldo o la jubilación, esos fondos no cuentan”, asegura Rondán.

Un acuerdo por definir

Los docentes misioneros se juntan todas las semanas en la Plaza 9 de Julio de Misiones desde mediados de diciembre del año pasado, convocados por el FTEL.“En Posadas, en la Plaza 9 de Julio hicimos una marcha y éramos 300 personas, que para Posadas es un montón. El jueves pasado éramos 150 y el 10 de enero éramos 15 personas. Es una movida que está creciendo, que se va activando”, asegura Rondán. La situación se va complicando cada vez más. Se van sumando personas y distritos, dado que “nadie, está llegando a fin de mes, ni siquiera están llegando al día 15 o 20”.

“Uno ve filas de docentes en las casas de los prestamistas, docentes vendiendo cosas por Marketplace, docentes trabajando de albañiles, técnico de aire acondicionado, de lo que sea en sus vacaciones, todos están reventando la tarjeta a más no poder, viven endeudados”, agrega el docente.

El lunes 19 de febrero se realizó una Asamblea Provincial, convocada por el FTEL, frente al Consejo General de Educación. En esta exigieron la cancelación de la deuda, como también una recomposición salarial digna. Romero asegura que: “El panorama es muy difícil, pero seguramente prometedor en cuanto a que habrá organización y lucha para enfrentar estos embates”.

En esta asamblea se definió una marcha provincial para el día 29 de febrero, que busca agrupar a los diferentes sectores docentes dado que “a nivel nacional está todo muy caldeado y a nivel provincial muchísimo más”. También el próximo martes 27 de febrero, a las 18:00, se convocó, desde la Secretaría de Educación de la Nación, a los ministros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a representantes de los gremios con representación nacional para acordar el salario docente.

El sector docente es, históricamente, uno de los blancos preferidos para los golpes de los gobiernos ajustadores. Las condiciones para hacerlo se construyeron gracias al esquema menemista de la descentralización educativa que, en la práctica, dejó a los docentes en manos de los caprichos del Estado nacional. Misiones es un ejemplo de ello, un espejo de lo que atraviesa todo el país.

“Nos faltaron el respeto”

“Nos faltaron el respeto”

Feb 22, 2024 | Destacado 4, Trabajo

En medio del paro por 24 horas que convocó La Fraternidad, el Gobierno les ofreció un 12 por ciento de recomposición salarial, muy lejos del 50 que piden los maquinistas.

«Nos hemos opuesto a la política de este Gobierno, sabiendo que nuestro accionar probablemente perjudicará a muchos. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos hacer entender al Gobierno nuestra situación si no podemos operar más trenes para aumentar la producción?», se preguntó ayer el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, en una rueda de prensa realizada al mediodía en la sede del sindicato.

En la conferencia, Maturano confirmó que el paro continuaría hasta la medianoche debido al “fracaso” de las negociaciones salariales con el Ejecutivo nacional. «Hoy (por ayer) fuimos a una reunión, demostrando la buena voluntad del sindicato de conciliar, y nos propusieron el 12 por ciento de lo que habíamos solicitado. Nos volvieron a faltar el respeto, como se lo faltaron a la CGT», expresó el jefe de los maquinistas, quien agregó que están a la espera de una nueva propuesta en una reunión convocada para el martes 27 de febrero.

Según el dirigente ferroviario, la ausencia de conciliación obligatoria representa un obstáculo para la resolución del conflicto. “Nos explicaron que es la nueva política de este Gobierno, no aplicar la conciliación obligatoria”, señaló. Lo cierto es que, tal como están las cosas, las negociaciones entre el Gobierno y el sindicato están en un punto muerto, lo cual aumenta la posibilidad de que la situación se agrave en los próximos días.

La falta de respuesta oficial ha exacerbado aún más la tensión y deja a trabajadores y usuarios en una situación de incertidumbre. «No quieren cuidar la paz social, no quieren cuidar a los pasajeros, y el responsable es el Gobierno nacional, no es el trabajador, que está reclamando un pedido básico no de aumento salarial, sino de que le repongan el salario debido a la inflación», agregó Maturano.

Mientras tanto, un millón de personas resultaron afectadas por el paro. La mayoría, ante la falta de trenes, debieron afrontar largas colas y más tiempo para tomar el colectivo como alternativa de transporte. En Plaza Constitución, para subir a un colectivo, hubo gente que tuvo que esperar más de una hora. La espera, sumada, en algunos casos, a la necesidad de pagar múltiples boletos para asegurar el traslado, puso a prueba la paciencia de los pasajeros.

“Hace una hora que estoy esperando el colectivo. Encima tengo que tomar otro más para llegar a casa. Estaré llegando a Berazategui seguramente en tres horas. Diariamente tomo el tren porque me ahorro tiempo y dinero”, expresó Luciano Arriola, uno de los trabajadores afectados por el paro de trenes.

A unos metros, en medio de la vorágine de una jornada agitada en la parada de colectivos, Angelina Acevedo, una auxiliar de enfermería, contó: «No alcancé a almorzar porque tuve que salir corriendo a tomar el colectivo, salí dos horas antes de casa y aun así no llegué a tiempo». Y añadió: “Tengo dos trabajos para llegar con lo justo del mes, porque no me alcanza un solo salario. Mido las compras del mercado, ya no nos damos gustos como antes. Todo sube: el alquiler, el transporte, los servicios. Pero el salario no sube”.

La espera por una resolución del conflicto salarial de los maquinistas se mantiene. La oferta del Gobierno de un 12 por ciento de aumento quedó 40 puntos por debajo del reclamo de La Fraternidad. “Hay que esperar al martes, a ver si cambia la propuesta –anticipó Maturano–. Si hay nuevos valores podremos acordar, y si no hay, vamos a tomar nuevas medidas”.