Los senadores aprobaron anoche la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica, a la vez que rechazaron los decretos de Milei que desguazaban el INTA, el Inti, Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos y varias instituciones culturales. Mientras tanto, en la Plaza del Congreso, diversos colectivos se congreraron para evitar que los legisladores pactaran con el Gobierno. Mirá las fotos de ANCCOM.
El imputado Julio César Leston protagonizó los relatos de dos declaraciones de una nueva audiencia de la megacausa de Mansión Seré IV y RIBA II. Lo sindicaron como “médico” integrante del grupo represor y torturador “La Patota” que funcionó en este centro clandestino de tortura y exterminio, y por su encuentro en 2009 con un sobreviviente.
Este martes 19 se realizó la vigésimo octava audiencia por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que juzga delitos de lesa humanidad cometidos en la subzona 16 del gran Buenos Aires. Tres fueron las declaraciones que se sucedieron en el tribunal, aunque una no fue transmitida por la negativa de la declarante de que sea difundida.
“Fueron tan solo 20 días, pero en el mismísimo infierno”, dijo Susana Graciela Ávalos, sobreviviente, la primera persona en declarar, que estremeció al tribunal por la crueldad que transmitió en su relato, el detalle de las múltiples torturas físicas y violaciones, y la vigilancia posterior a su secuestro. “Me juré que no iban a robar la dignidad ni las convicciones, que fue lo que me mantuvo en el centro de detención, donde uno pasaba a ser nada. Allí lo único que se sentía era el olor a muerte. Eso no se borra nunca”. El calvario de Ávalos comenzó cuando su madre, Natalia Cecilia Almada, fue secuestrada en su presencia el 16 de octubre de 1976. “Fue un operativo con gran presencia militar, casi una razzia, donde se llevaron a varios vecinos que, como mi madre, integraban la Comisión Vecinal del barrio”, relató la testigo, oriunda del barrio Mariano Pujada de Morón. A los diez días, volvieron por ella.
Ávalos logró precisar sobre quien más la atormentó durante aquel tiempo: “El señor que se presentó en Mansión Seré como un supuesto médico está acá sentado y es Leston. Yo nunca lo pude identificar fotográficamente en el juzgado, pero cuando lo vi en la primera audiencia a la que asistí de este juicio, supe que era él, no me queda ninguna duda. Tampoco de que su guardaespaldas era Marcelo Eduardo Barberis. Julio César Leston era ‘el médico’ que me citó tres veces en Palomar, el que fue a amenazarme a mi casa, que estuvo presente en mis torturas, violaciones y hasta en el traslado de la Comisaría de Castelar a Mansión Seré”. Ante la pregunta de Nicolás Aguilar, abogado defensor de Leston, Ávalos describió con detalle al excabo 1° de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA): “Alto, en estado atlético, con cabello ondulado y frente ancha con entradas. Tenía labios finos, cara alargada y solía usar lentes espejados”, mientras que desde la virtualidad el recuadro del zoom muestra la cara de un arrugado y envejecido Leston que presencia la audiencia aburrido, o vencido.
“Luego de la tortura, me sacaban fuera de la casona Seré y escuchaba cómo torturaban a mis compañeros. Una de esas veces, apareció un hombre que decía ser médico y que daba las órdenes al resto para detener, o no, las torturas. Me dijo que habían estudiado mi caso y que me iban a liberar pero que debía ir a una serie de citas con él”, explicó Ávalos sobre el infierno que, una vez en libertad, no cesó. Al menos tres veces debió ir cada jueves a las 13 horas a Palomar. La escena en general era la misma: la trasladaba en un auto hasta el Hospital Posadas, donde en “El Chalet” funcionó un centro clandestino, y allí la interrogaba. “La entrada estaba controlada por militares y luego al interior del predio había gente de civil dando vueltas. Él me preguntaba si había visto a alguien, si algún militante me había visitado. Yo le respondía la verdad, que no había ido a ningún lado, porque tenía miedo. Siempre andaba con otro hombre que llevaba una ametralladora, como si fuera su custodia personal. En el último encuentro me dijo que, aunque no iba a tener que ir más, ellos me iban a seguir vigilando. Que esta vez zafaba, pero que no hiciera más denuncias -en relación a trámites iniciados por el secuestro de su madre, incluida una carta al dictador Jorge Rafael Videla-. Sobre mi mamá dijo que no iba a vivir porque la gente como ella no lo merecía. ‘Tu mamá es punta de lanza. Además esto es una guerra y en la guerra todos perdemos’, recuerdo que me dijo”.
Sin embargo, Ávalos no cesó la búsqueda, luego de un tiempo “el médico” se presentó en su domicilio junto a otros integrantes del grupo de tortura apodado “La Patota” y los que Ávalos reconoció de sus días de cautiverio en Seré. “Me interrogaron en una habitación y dijeron que a mi mamá no la iba a ver más, que ya no haga más averiguaciones, mis hermanos, que también estaban en ese momento, luego me confesaron que habían tenido miedo de que me maten. Sé que estuve vigilada hasta 1992”, afirmó.
El mismísimo infierno
Al momento de su secuestro Ávalos se encontraba en el domicilio de su hermana, con quien compartía vivienda tras la desaparición de su madre. En lo que describió como un trayecto corto, fue trasladada en camioneta hasta la 1° Brigada Aérea del Palomar donde pasó sus primeros diez días de cautiverio. Del lugar, la sobreviviente pudo detallar la serie de abusos, agresiones y torturas que sufrió. Los detenidos eran trasladados regularmente en camionetas, desde las celdas, a un lugar alejado, húmedo y lleno de agua donde había un galponcito desmoronándose. “Me ataban con un elástico de cama boca abajo, me estaquearon, me pegaban con un látigo. Cuando terminaban conmigo, comenzaban con los otros y yo escuchaba cómo los torturaban, a dos hombres y una mujer”. Sólo en el momento del traslado a la Comisaría 3° de Morón reconoció que esa mujer que escuchaba era su mamá. “Me tiraron dentro de la camioneta, junto a otras personas. Una cayó a mi lado. Ahí la reconocí. Era la mujer que estaba en la celda contigua a la mía, a la que escuchaba cómo torturaban y amenazaban con matar a sus hijos”.
En la Comisaría le explicaron que dependía de la Fuerza Aérea “y que estaba allí porque iban a decidir qué harían conmigo”. A los prisioneros los dividieron en las celdas según si dependían de la 1° Brigada Aérea del Palomar o de la 7° Brigada Aérea Mariano Moreno. La primera noche pudieron conversar entre los detenidos y nombrarse, confirmó así que su mamá también había sido trasladada desde la Base Aérea a la Comisaria de Morón.
Durante un tiempo, en la comisaria, compartió celda con Cristina Ovejero hasta que se la llevaron: hasta hoy continúa desaparecida. Luego de eso, relató una escena de abuso sexual, la cual su madre debió presenciar desde la celda contigua. “Mi madre pedía que por favor no lo hicieran, pero le dijeron que si no se callaba me mataban”. Al día siguiente pusieron a madre e hija en la misma celda, la cual compartieron por dos noches, hasta que Ávalos fue trasladada, una vez más, a Mansión Seré para su última sesión de tortura y abuso, antes de ser liberada. Regularmente, Ávalos junto a “el turco” -Jorge Zurrón- y “el chalchalero” -Ernesto Lahourcade-, también detenidos en la Comisaria de Morón, eran trasladados a la antigua casona para ser torturados. Fue allí donde ella conoció a Leston. Como le habían explicado los carceleros a la testigo: “La situación de los tres dependía de la 1° Brigada Aérea del Palomar”, cuyo Grupo de Tareas 100 operaba en el centro clandestino que funcionaba en Mansión Seré.
A su madre no la vio nunca más. Pudo saber de casualidad, a partir de un folleto de una actividad de memoria, que fue trasladada a El Vesubio donde fue vista por última vez.
Por solicitud de Nicolás Aguilar, abogado defensor de Julio César Leston, testificó en esta audiencia la abogada Julieta Paradela, que respaldó lo declarado por Norberto Urso, en mayo, ante el mismo tribunal. “Llamé por teléfono al número que me había facilitado Norberto Urso y hablé con una persona que dijo ser el hijo de Leston. Me repondió que su padre no estaba en ese momento, le pedí que se contactara conmigo. Leston padre lo hizo. La reunión fue en mi estudio. Norberto comenzó haciendo unas preguntas que tenía preparadas y a tomar nota de las respuestas. Al tiempo, Norberto me pidió concretar un segundo encuentro al que Leston nunca concurrió”, fue el relato de la abogada, concordante con lo relatado por el sobreviviente Urso. Sin embargo, el hijo del imputado, Gabriel Leston, en declaraciones previas desmintió haber atendido el teléfono
Paradela recordó algunos de los temas tratados durante el encuentro, como la actividad de vigilancia de Leston sobre la sobreviviente Zoraida Martín y los integrantes de “La Patota”. “Él nunca se reconoció como parte del grupo, sino como personal de la Fuerza Aérea. Hablaba como testigo privilegiado y no como si se sintiera parte de los hechos. Salvo en el caso de Zoraida Martín, de quien habló como una tarea menor que le habían asignado y él cumplía: la de vigilarla”.
Finalizadas las declaraciones que colocaron al imputado Leston nuevamente como protagonista de este juicio, la próxima audiencia quedó programada para el martes 26 de agosto a las 9 horas de manera presencial y la transmisión puede verse a través de La Retaguardia.
La Cámara Baja convalidó el veto de Javier Milei al aumento jubilatorio y la reposición de la moratoria. En cambio, los legisladores rechazaron el de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ahora decide el Senado. Se aprobó la distribución de ATN a las provincias pero no darían los votos para desactivar el casi seguro veto presidencial.
La Cámara de Diputados vivió este miércoles 20 de agosto una sesión especial que quedará en la historia parlamentaria: por primera vez desde la recuperación democrática, la oposición logró anular un veto presidencial. Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, se restituyó la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un resultado celebrado por las familias y organizaciones que desde hace meses reclaman por el deterioro de las prestaciones.
El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) declaró a ANCCOM: “Me hubiera gustado que, antes de que la Cámara tratara este tema, el Gobierno resolviera la situación de las prestaciones para las personas con discapacidad, que hoy se encuentran en estado de emergencia. Lo que se generó con esta votación es una expectativa en las familias, pero aún no una solución concreta. Ahora es el Senado el que debe rechazar el veto, tal como indicaban los números hasta la última votación, para que finalmente se pueda resolver la emergencia. De todas maneras, mi expectativa es que el Gobierno se haga cargo y resuelva de inmediato el problema de las prestaciones”.
Desde el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano destacó el rol del quórum y denunció la falta de apoyo sindical: “Lo que se logró hoy fue una nueva derrota para el Gobierno, producto de la movilización de las familias de personas con discapacidad. Reclamamos que la CGT debería estar apoyando esta lucha con un paro, y no lo hace. Eso demuestra una complicidad muy grande que denunciamos con fuerza”.
En la misma línea, Myriam Bregman (PTS–Frente de Izquierda Unidad) subrayó que el rechazo al veto “es un logro del colectivo de la discapacidad, que luchó lo suficiente y consiguió un triunfo muy importante”. Más tarde vinculó el debate con el contexto internacional: “Acá hay una decisión del FMI de recortar jubilaciones y todas las partidas sociales, incluidas las de discapacidad, y próximamente también la Asignación Universal por Hijo. Lo que hay que cuestionar de raíz es el acuerdo con el Fondo y que la Argentina tenga que someterse a este tipo de políticas”.
El segundo gran tema de la sesión fue el veto presidencial al aumento del 7,2% a las jubilaciones y al bono. En este caso, La Libertad Avanza, con apoyo de un sector del PRO y de gobernadores aliados, consiguió mantener la decisión oficial. La votación terminó con 83 diputados en contra de la Ley y 160 a favor de insistir, sin llegar al número necesario para revertir el veto. “No se trata de ganarle a Milei, sino de que gane la Argentina”, afirmó Pablo Juliano (Democracia para Siempre), mientras que Nicolás Massot (Encuentro Federal) advirtió: “No estamos en la sintonía de eliminar a cero bienes personales y licuar 50% las jubilaciones, o en bajar impuestos a autos importados mientras no se garantizan los presupuestos mínimos para ciencia y universidades”.
La tercera definición de la jornada fue la aprobación del proyecto de los gobernadores para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo millonario que este año podría recaudar alrededor de un billón de pesos. Hasta ahora, la Nación retenía la mayor parte y transfería los montos de manera discrecional. La nueva norma establece un reparto automático: el 41,2% para la Nación y el 58,8% para las provincias, según los coeficientes de coparticipación. La votación arrojó 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones: mayoría clara, aunque sin alcanzar los dos tercios que blindarían la ley frente a un eventual veto.
El diputado Tomás Ledesma (Unión por la Patria) destacó en diálogo con ANCCOM: “En un contexto de crisis y de gran complejidad financiera y económica que atraviesan nuestras provincias, municipios y sobre todo las pequeñas y medianas ciudades, los Aportes del Tesoro Nacional son una herramienta fundamental, que siempre funcionó con rapidez. Es necesario ajustar su distribución para que sea verdaderamente federal, pero no se puede prohibir el uso de una herramienta tan importante en un momento como el que estamos viviendo. Lo que ocurrió hoy con la votación también debe proyectarse en una agenda constante hacia adelante. Eso es lo que da peso, continuidad y permite sostener en el tiempo las decisiones que toma el Congreso. No estamos en una Argentina donde, simplemente porque se rechace un veto o se sancione una ley, la realidad cambie de inmediato. Para que las medidas se vuelvan efectivas necesitamos el compromiso de todos los espacios políticos”.
En la misma línea, Juan Fernando Brügge (Partido Demócrata Cristiano – Hacemos Coalición Federal) sostuvo: “Desde nuestro bloque hemos mantenido siempre una visión federal, especialmente en esta etapa en que el presidente de la Nación utiliza los fondos de la recaudación tributaria sin presupuesto aprobado ni control. Vemos aquí una oportunidad para trabajar con sensatez y compromiso. Es alentador observar cómo diputados que históricamente acompañaron a La Libertad Avanza hoy reconocen la inequidad y la falta de lógica de las medidas del presidente, y deciden votar junto a nosotros”.
También se aprobaron otros proyectos del temario: la conformación de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, el cambio de huso horario en invierno y la reforma del Régimen Penal Tributario.
Quedaron pendientes, en cambio, la emergencia climática en Bahía Blanca, la moratoria previsional y la eliminación de los fideicomisos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que no lograron consenso. “Teníamos el objetivo de un temario completo. Sabemos todas las tensiones que provocó el debate sobre jubilaciones. Lo mejor es retomar estos puntos en una nueva sesión”, admitió Germán Martínez (Unión por la Patria).
La sesión terminó con un cimbronazo político: cuatro diputados de La Libertad Avanza anunciaron la conformación de un nuevo bloque, presidido por Carlos D’Alessandro (San Luis) e integrado por Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González. La fractura expone la pérdida de cohesión del oficialismo en vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre y anticipa un escenario de mayor fragmentación en la Cámara baja, donde cada votación se transforma en una pulseada decisiva para el rumbo del Gobierno.
Mientras que las personas con discapacidad festejeban frente al Congreso el rechazo de los diputados al veto de la Ley de Emergencia que realizó Milei, los jubilados mantenían sus protestas por la caída de la ley que aumentaba sus haberes.
Guardapolvos de personal de la salud y educativo, familia y ciudadanos de a pie comienzan a agolparse alrededor de un parlante frente al Congreso de la Nación. Se acercan madres con sus hijos en sillas de ruedas. De repente los jubilados interrumpen su habitual radio abierta. Nadie se quiere perder el resultado de la votación de la Cámara de Diputados por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hasta el sol sale en ese momento, tras dos días seguidos de lluvia y cielo nublado. Cuando la tensión llega a un punto inaguantable, finalmente se escucha “172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo”.
La emoción se desata, los gritos llaman la atención del resto de los presentes que se suman al festejo. Por fuera de esa ronda espontánea de personas que ahora se funden abrazadas, Maria Chiribao abraza a su madre al tiempo que comienza a sonar el Himno Nacional. Lloran, no se sueltan, le dan besos al cartel con la foto de su hija Mía de 5 años: “Tiene parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Ella sufre más de 40 crisis por día. Nuestra obra social que es UTA, del transporte de colectivos, nos está negando lo que para ella sería una mejora en la calidad de vida con una terapia cetogénica y una internación domiciliaria con enfermería las 24 horas. Nosotros estamos luchando por eso, ya nos la rechazaron dos veces. Mi hija tiene riesgo de muerte súbita porque tiene más de 40 crisis por día y es farmacorresistente, toma siete medicaciones a la mañana y siete a la noche”, cuenta Maria, aún recuperándose de la emoción.
La Ley de Emergencia en Discapacidad actualiza mensualmente aranceles y eleva las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo, compatibles con empleos formales de hasta dos salarios mínimos. Además, incluye la regularización de pagos a prestadores condonando intereses y deudas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras de gestión, un mecanismo de transparencia que obliga al Ejecutivo a informar sobre ejecución y políticas, y la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El Poder Ejecutivo Nacional la vetó, alegando que atenta contra el equilibrio fiscal. Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto, restando aún la decisión de los Senadores. La ley, en el caso de ser aprobada, tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Hace un mes, el Presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la disminución de retenciones al sector agropecuario, lo que representa el 0,20% del PBI nacional.
La situación para prestadores, docentes y personas con discapacidad llegó a un punto crítico. El último aumento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en octubre de 2024, sumado a que los pagos de la obras sociales llegan con hasta 6 meses o un año de atraso. Todo esto repercute en la calidad del servicio brindado e impacta directamente en el nivel de vida de las personas con discapacidad. “Venimos acompañando a las familias con un esfuerzo enorme que muchas veces es a pulmón, sin recursos. Sabemos que faltan acompañamientos e inversión. Vemos cómo a los chicos se les caen las prestaciones y cómo impacta eso en sus trayectorias en las escuelas y en sus familias. Son recorridos que cuesta mucho sostener y llevar adelante y que, de golpe, por la falta de inversión, se cae un prestador. Nuestros chicos quedan en banda por más esfuerzo que realicemos los docentes desde las escuelas. No alcanza si no hay presupuesto, no alcanza si no hay inversión en discapacidad”, señala Mariana Scayola, una docente que conoce desde adentro la importancia de las maestras integradoras.
El contraste con lo que ocurre dentro del Congreso es inevitable: mientras en los pasillos se discute el impacto fiscal de entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, afuera se mide en terapias que no llegan, medicamentos que se atrasan o chicos que se quedan sin acompañamiento escolar. Según el último censo, más de 3 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en la Argentina, y son ellas quienes están en el centro de esta pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.
Luego de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad, en la Cámara de Diputados llegó el turno de debatir el aumento a jubilados, que establecía un incremento del 7,2 % en los haberes jubilatorios y la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Con esa fórmula, la jubilación mínima pasaría de 309.295 a 331.000 pesos, y sumando el bono alcanzaría los $441.000 mensuales.
Afuera, en la Plaza del Congreso, los jubilados desplegaron su tradicional manifestación de los miércoles, esta vez con el objetivo explícito de hacerse escuchar por los legisladores. Entre cánticos, risas y aplausos, se organizaban en la ronda que da la vuelta a la plaza. Liliana Carci, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, se ríe con sus compañeros, todos con chalecos naranjas, mientras inventan rimas que desembocan en el definitivo: “Traigan a la Bullrich y a Milei para que vean que estos viejos no cambian de idea. Pelean, pelean, son la rebelión”. “Les diría a los diputados que prueben vivir con 300 mil pesos por mes a ver hasta qué día llegan”, sostiene Liliana. “Ellos están ahí porque alguien los eligió; su tarea no es hacer negociados con el gobierno. Si ya se votó la ley, deberían respetar ese resultado. Pero, ¿qué pasa? El gobierno los está comprando para que modifiquen el voto original y no nos den el aumento que, aunque no soluciona todas nuestras necesidades, ayuda un poco. Hay que acordarse que también nos quitaron los medicamentos que tenían el 100% de cobertura. Entonces, encima de que no nos aumenten el haber jubilatorio, nosotros tenemos que pagar nuestros medicamentos y las personas de 70 años o más tenemos enfermedades crónicas que son producto de la edad”.
Por la noche, con la Plaza ya desértica y tras largas horas de debate, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios y el veto se mantuvo, haciendo oídos sordos, una vez más, a los reclamos y necesidades de un colectivo que seguirá luchando todos los miércoles.
En cada protesta de los jubilados ante el Congreso las fuerzas de seguridad estatales se ensañan con su blanco favorito: los trabajadores de prensa. Las detenciones arbitrarias, balas de goma, gases y golpes contra fotógrafos y periodistas persiguen el doble objetivo de amedrentar y de ocultar los reclamos sociales. Sipreba, Argra y el Cels denunciaron la escalada represiva ante la justicia y la CIDH.
Cada miércoles cronistas, reporteros gráficos o movileros son atacados violentamente por las fuerzas de seguridad durante las coberturas de las marchas de jubilados ante el Congreso de la Nación. La saña y el ataque de los efectivos de seguridad es dirigido contra los trabajadores de prensa que informan y fotografían el abuso de poder que los armados perpetran contra aquellos que ejercen su derecho constitucional a la protesta.
El miércoles pasado fueron violentamente detenidas y demoradas durante al menos cinco horas las fotoperiodistas Camila Rey y Yazmín Orellana, finalmente liberadas sin mayores explicaciones de las causas de su detención. La semana anterior, la descarga de agua de un camión hidrante golpeó y derribó al dos veces ganador del premio Pulitzer, Rodrigo Abd. En manifestaciones previas fueron atacados a balazos de goma el movilero de C5N Nicolás Munafó y su camarógrafo, y fue detenido Tomás Cuesta, fotorreportero colaborador de La Nación y de varias agencias internacionales de noticias. Antes, aún, al fotoperiodista Pablo Grillo le partió el cráneo el disparo de un gas lacrimógeno. Los nombres cambian pero cada semana la escena es la misma: trabajadores de prensa, sin distinción del medio de procedencia, de la trayectoria o del género, son agredidos, lastimados y detenidos por las fuerzas de seguridad que también tienen su cuota de palo y gas pimienta para el resto de asistentes.
Florencia de la Vega, fotoperiodista free lance y colaboradora de La Garganta Poderosa, en entrevista con ANCCOM se refirió a la situación que afecta a la profesión: “Trabajadores de prensa, en este momento, es una mala palabra para cierto sector de la sociedad que cree en el ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’, que propone Milei. Hay una violencia que se ejerce desde las altas esferas del gobierno y recae en todos los sectores de la sociedad. Se ha naturalizado odiar al que está al lado, y esa ruptura del entramado social, que es lo más peligroso, se expresa en un acto sumamente violento como es la represión. Se instauró la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, que en principio y de manera rutinaria sucede cada miércoles, pero que ejercen cada vez que tienen oportunidad. Desde el gobierno corrieron la vara de la violencia y el mensaje que transmiten es dual: no vengas a manifestarte porque te vamos a reprimir, y tampoco muestres lo que sucede. Hay ciertas cosas, como el abuso de poder, que no quieren que fotografiemos porque nuestras imágenes pueden servir como pruebas ante una denuncia. Soy trabajadora de prensa y tengo la convicción de que hay que mostrar y documentar lo que pasa, en este caso, el abuso de poder y la violencia institucional”.
¿Siempre existió tanta violencia contra la prensa en las coberturas de manifestaciones?
Hace muchos años que cubro movilizaciones y la diferencia que he notado y me llama mucho la atención, es la saña y el odio, casi personal, de los efectivos policiales. Sienten goce por el maltrato, por tirarnos gas pimienta a la cara. Se les nota en el accionar que nos quieren lastimar, cada vez que pueden nos empujan y nos pegan con los escudos. Cuando rompen su barrera y comienzan a reprimir a los primeros que atacan es a la prensa: te insultan, te pegan y te gasean. En otros gobiernos, al cubrir manifestaciones siempre estaba la posibilidad que ligaras algo medio de rebote, pero podrías hacer tu trabajo. En la actualidad el ataque es directo y dirigido a nosotros, la vara de la violencia la corren los efectivos policiales que reprimen cuando la cantidad de asistentes es menor a la de efectivos, que es lo que sucede los miércoles. Además, el ataque es doblemente violento en tanto nosotros estamos laburando y se meten con nuestro trabajo, con lo que nos da de comer y a nuestros hijos. Me estas lastimando a mí y a mi equipo, y yo si mañana no trabajo no cobro. Es duro pensar ¿por qué mi trabajo se transformó en un riesgo?
¿Cuándo comenzó la escalada de violencia?
Hubo una fecha específica en la que se dio un quiebre. En la manifestación del 31 de enero de 2024 –y los subsiguientes 1 y 2 de febrero, mientras la Cámara de Diputados discutía la Ley Ómnibus– inauguraron el uso del gas pimienta que produce quemaduras químicas. Recuerdo que sentíamos fuego donde nos había pegado el gas, no entendíamos lo que nos pasaba porque no lo conocíamos. Recuerdo que le dieron a Rodrigo Abd que estaba al lado mío, le tiraron directo a la cara. Al día siguiente fue que nos acorralaron con las motos arriba de la Plaza del Congreso y nos dispararon con balas de goma. Creo que a partir de ahí comenzó a cambiar todo. Ellos podían reprimir sin consecuencias y nosotros tuvimos que comenzar a preocuparnos por cómo protegernos. Luego, el 12 de abril de 2025 cuando fue herido Pablo Grillo por un proyectil disparado directamente hacia él por el Cabo Héctor Guerrero, fue un quiebre aún mayor. Ese hecho nos enseñó que de ninguna manera podíamos ir sin equipo de protección.
La fotógrafa destacó que la profesión fue siempre muy solitaria e individual, pero que “se está volviendo cada vez más colectiva a partir de que el monstruo de la violencia nos atacó de manera directa. Lo que están logrando es que nos unamos. En la medida en que uno se arriesga todos vamos a saltar a ayudarlo, entonces es importante no arriesgarse en vano. Estando en el terreno, cuidar al compañero es cuidarse a uno mismo y viceversa. Quien me va a salvar es el que tengo al lado. A Pablo Grillo lo salvó un compañero”. Ante la consulta por la eficacia del amedrentamiento policial, agregó: “Miedo tenemos, pero es un miedo que me cuida aunque no me paraliza, porque son nuestros derechos, nuestros trabajos y vamos a seguir mostrando lo que sucede”.
Florencia de la Vega, fotoperiodista.
Por su parte, Sebastian Vricella, fotoperiodista presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), describió la rutina de cada miércoles como “un mensaje de adoctrinamiento a la sociedad que tiene que ver exclusivamente con la represión a los jubilados, que están en pleno derecho a manifestarse, y los ataques deliberados a la prensa por mostrar lo que perpetran contra quienes marchan a la plaza. En definitiva, a quienes reprimen es a los trabajadores, a la prensa y a quienes trabajaron toda su vida y ahora están jubilados”.
ARGRA junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron, en la justicia argentina, la ilegalidad e inconstitucionalidad del “protocolo antipiquetes” del Ministerio de Seguridad, luego de la represión brutal en las manifestaciones de diciembre de 2023 y enero de 2024 durante la votación de la Ley Ómnibus –aunque la primera denuncia data del 16 de diciembre–. Los mismos hechos fueron denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Han venido veedores y se llevaron un panorama que no se esperaban, ahora comienza toda una etapa de interpelar al gobierno en instancias internacionales”, explica Vricella. La búsqueda de justicia se extiende también al caso de Pablo Grillo. “Pablo sufrió un intento de asesinato por un arma, utilizada de manera letal, que le arruinó la vida. Lo que queremos es justicia, que las autoridades reaccionen finalmente ante esta situación de ilegalidad”.
Sebastián Vricella, presidente de ARGRA.
“El fotoperiodismo es un trabajo que requiere de tener el cuerpo en la calle cumpliendo el rol de informar lo que sucede –dice Vricella–. Junto al movilero, el camarógrafo, somos trabajadores objeto de la represión, de las detenciones arbitrarias, cuando lo único que queremos hacer es informar. Nunca vamos a abandonar este rol, pero hoy en día lamentablemente tenemos que extremar los cuidados y salir a cubrir con elementos de seguridad que los medios de comunicación no brindan. Uno tiene pasión por lo que hace, pero no hay que olvidar que primero está la vida. Creo que es necesario seguir yendo a la plaza, mostrar los delitos que se cometen porque es la única forma de que quede registro, aunque estamos en una situación de riesgo inédita desde el retorno de la democracia”.
