Meta problemas

Meta problemas

La Junta de Supervisión interna le exigió a Mark Zuckerberg que respete los derechos humanos en Facebook e Instagram. Así, le dio la razón a organizaciones que plantearon cuestionamientos sobre contenidos distribuidos por las plataformas que incitan a la violencia.

Mark Zuckerberg en el video que publicó el 7 de enero de 2025 anunciando el cambio en las políticas de la plataforma. Captura de pantalla.

La Junta de Supervisión (Oversight Board) de Meta selecciona y analiza en última instancia algunas decisiones sobre qué contenidos circulan o no en Facebook o Instagram. Funciona como una suerte de autorregulación que creó Mark Zuckerberg el 6 de mayo de 2020. Actúa como un organismo de independiente para revisar decisiones de contenido polémicas tomadas por la empresa y ofrecer un proceso de apelación para los usuarios que no están de acuerdo con las mismas. 

El 27 de mayo, Derechos Humanos – América Latina publicó una nota sobre el caso de una publicación realizada por un grupo extremista religioso, La Resistencia, que incitaba a la violencia contra la defensora de derechos humanos en Perú.

La publicación mostraba el rostro de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual había sido manipulada con inteligencia artificial para mostrarla cubierta de sangre junto a un mensaje que la acusaba a ella y a su organización de supuestos actos de corrupción y violencia. El posteo alcanzó más de mil visualizaciones y 100 reacciones.

A los tres días, la publicación fue denunciada por un usuario de la red social por violar las políticas de Meta. La denuncia fue atendida por un moderador humano que determinó que la publicación debía permanecer en línea por estar conforme a esas políticas. La decisión fue apelada, pero automáticamente la queja fue cerrada por Meta, por lo que la publicación siguió circulando.

“Los intermediarios en Internet no deberían desentenderse de la responsabilidad corporativa que tienen sobre el impacto que el uso de sus plataformas conlleva en términos de desinformación, discursos de odio o circulación de discursos discriminatorios, como así tampoco de los efectos que ello puede generar sobre el debate público”, opina Bernadette Califano, investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, especialista en políticas y regulación de medios.

La Junta de Supervisión de Meta decidió de manera unánime que la publicación en cuestión constituía una amenaza “implícita o velada” de violencia, que contraría la Política de Incitación al Odio de Meta. Y rechazó la interpretación hecha por Meta respecto de la imagen como no problemática, fundamentada en que las barreras que tenía la plataforma contra el contenido violento y la desinformación en sus redes fueron suprimidas.

En un video que publicó el 7 de enero de 2025, Zuckerberg anunciaba un cambio en las políticas de la plataforma. Comenzaba saludando con un “es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión en Facebook e Instagram”. Y presentaba el reemplazo de los Fact–Checkers (Verificadores de Datos) por las Community Notes (Notas de la Comunidad). “Esto hizo Elon Musk en X (ex Twitter). Después de que Trump ganó las elecciones en 2016, los medios tradicionales no paraban de hablar de que la desinformación era una amenaza para la democracia. Nosotros intentamos, de buena fe, abordar esas preocupaciones sin convertirnos en árbitros de la verdad. Pero los Fact–Checkers (verificadores de datos) han estado demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que crearon, especialmente en EE. UU”, explica la experta consultada por ANCCOM.

Califano agrega que “el discurso que expresa el CEO de Meta para desmantelar los sistemas de verificación de sus plataformas a favor de la libertad de expresión se revela falaz. Hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión conlleva responsabilidades específicas.” En su mirada, “es un derecho que está sujeto a restricciones legítimas, tal como lo establecen varios tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Esas restricciones son necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás, la reputación individual, la seguridad nacional, el orden público y la salud pública.”

Otro anuncio de Meta fue que reajustaron los filtros de contenido para requerir un nivel de certeza mucho más alto antes de eliminar publicaciones. “La realidad es que esto implica un equilibrio: significa que detectaremos menos contenido dañino, pero también reduciremos la cantidad de publicaciones o cuentas de usuarios inocentes que eliminamos por error”, dijo Zuckerberg.

Por último, anunció que recomendará más contenido político en sus plataformas, incluidas Facebook, Instagram y Threads; y que trasladarán los equipos de Trust and Safety (Confianza y Seguridad) y Moderación de Contenido, de California a Texas.

No alcanza

Carolina Martínez Elebi, licenciada en Comunicación que investiga el impacto de las TIC en los derechos humanos, afirma que “la diferencia en este caso es que no es solo un veredicto, sino que la Junta de Supervisión le está diciendo a Meta que la flexibilizaron en las políticas de moderación, que propone desde enero de 2025, no cumplen con las normas de derechos humanos dentro de las plataformas que el propio Zuckerberg posee.” Y agrega que “a la Junta le parece que la empresa tomó esas medidas sin hacer el debido análisis en cuanto a derechos humanos y sin evaluar el impacto de estas políticas”.

No solo la propia Junta de Supervisión señaló a Meta, sino que también, hace unas semanas, la gubernamental Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos denunció a Meta de prácticas monopólicas. También sus multas en Europa continúan y su carrera tecnológica con China, a simple vista, no lo muestran como el candidato predilecto a ganar. 

El giro trumpista de Meta, como lo menciona Martin Becerra en sus análisis sobre el tema, pareciera que todavía no le dio ninguno de los beneficios que pensó conseguir. Según Becerra, “el objetivo explícito de mimetizarse con Trump se justifica, en palabras de Zuckerberg, por la necesidad de que el Gobierno apoye a las big tech estadounidenses ante la creciente competencia china, que las priorice en contrataciones estatales y que las proteja de multas y regulaciones legales en Europa.”

Martinez Elebi suma que “Meta es una de las plataformas que censuró a Donald Trump cuando fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ahora trata de congraciarse con el gobierno de turno para evitar problemas políticos, económicos y legales. Estas plataformas operan y toman sus decisiones en función de capitalizar y acumular poder económico y político”.

Según los reportes oficiales de Meta Platforms Inc. de 2024, el número de usuarios activos en sus redes sociales a nivel global es de tres mil setecientos millones en Facebook, dos mil cuarenta millones en Instagram, dos mil setecientos ochenta millones en WhatsApp, y ciento cincuenta millones en Threads; siendo la población mundial unos ocho mil quinientos cincuenta y seis millones de habitantes. Con estos números, el año anterior, Facebook tenía dentro de sus usuarios casi a la mitad de la población mundial, siendo de esta forma la red social más grande del mundo.

Sin embargo en la página web de Meta, en la sección Noticias, su directora jurídica, Jennifer Newstead, y exasesora jurídica del Departamento de Estado de los Estados Unidos titula en un escrito: El caso de la Comisión Federal de Comercio de EEUU contra Meta es débil e ignora la realidad. Y se explaya explicando que la Comisión Federal de Comercio de EEUU para intentar ganar el caso alega que los únicos competidores de Meta son Snapchat y MeWe. Para Newstead, falta tener en cuenta Tiktok, Youtube y X. También suma que: “Es absurdo que la FTC intente desmantelar una gran empresa estadounidense al mismo tiempo que la Administración intenta salvar a TikTok, que es de propiedad china.”

 

La ex clase pasiva

La ex clase pasiva

Cada vez más jubilados trabajan para compensar los magros haberes que reciben mensualmente y poder hacer frente a los gastos cotidianos. Historias de canosos con empleo.

La postal de jubilados que se ven en la necesidad de volver al trabajo se repite cada vez más seguido en Argentina. Según la Encuesta Permanente de Hogares, uno de cada seis jubilados (15,47%) sigue en actividad, lo que representa un aumento del 42% en comparación con 2011. La necesidad económica es el principal motor: el haber mínimo ronda los 366 mil pesos, mientras que la canasta básica del adulto mayor supera los $1.200.000.

“Cuando vi que me faltaban cuatro o cinco años para jubilarme dije: ‘¿Qué hago?’ Porque con la jubilación mínima no iba a poder vivir. Entonces me puse a estudiar abogacía y ahora trabajo en eso”, cuenta Lili Kunis, jubilada de 71 años, que trabajó como docente durante 35 años en la provincia de Buenos Aires. Se recibió a los 54 años en la Universidad Nacional de La Matanza y ejerce como abogada laboralista. “Me gustaría no tener la obligación de trabajar. El trabajo que hago me gusta, pero también es correr todo el tiempo, con plazos y escritos. A los 71, me gustaría dejar de correr”.

La situación se agrava por la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de subsidios a los servicios. “Los jubilados hemos perdido con todos los gobiernos, pero esto es brutal”, asegura Kunis. “La quita de los medicamentos gratuitos también nos afecta mucho. En las marchas me cruzo gente llorando porque no puede comprar sus gotas. Me dicen: ‘Si me las compro, no como’”.

«Me parece que están queriendo instalar un discurso: que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”, dice Silvia.

Rosario Sastre, jubilada de 67 años, comparte la misma preocupación. Cobra la mínima y vive de changas: es podóloga, lleva personas con discapacidad al médico, hace compras y cuida enfermos. “Por mes puedo sacar unos 200 mil pesos, y olvídate de comprar carne. Hay gente que me dejó de llamar porque no puede pagarme”, dice. “Una cosa es trabajar por elección, pero yo trabajo porque no me queda otra. Este mes, con el aguinaldo, somos Gardel: cobramos 500 mil pesos. ¡Qué tristeza tener que reírse de eso! Nos sacaron todo”.

Sastre vive en Ciudadela y camina diariamente para ahorrar en transporte. “Estoy cansada, agotada, con bronca. Quisiera pasear con mi nieta, pero tengo que trabajar todos los días”. Su alquiler es de 220 mil pesos. “Con la jubilación se me va el alquiler, y el resto en luz y gas. La mayoría está igual: los que tienen casa propia, no pueden pagar los impuestos; los que pueden, siguen trabajando”.

Silvia Bondareff, de 63 años, y Juan Domingo Redondal, de 72, son una pareja que hace changas de albañilería en Tres de Febrero para poder subsistir. “Me quedaron algunos clientes de cuando trabajaba en la construcción y con la jubilación mínima no podemos vivir, así que sigo en la lucha”, dice Juan Domingo. Silvia es profesora de gimnasia y estudia psicología social, pero lo ayuda en el trabajo: “Lo acompaño para que no le sea tan duro y no tenga que ir solo. Llevo los baldes, hago la mezcla. La gente nos mira como diciendo: ‘¿es la peona o la dueña de la casa?’. Cuando estamos revocando una pared también es raro, porque somos grandes”. Tienen cinco hijos, uno de ellos estudia en la universidad: “Es nuestro mayor gasto. Queremos que termine, que no tenga que dejar por trabajar”, cuenta Juan Domingo. Silvia agrega: “Me jubilé gracias a la moratoria para amas de casa. Siempre trabajé, pero nunca tuve aportes. Pensé que podría hacer lo que me gusta, pintar, él ser profesor de fútbol. Pero nos dimos cuenta de que íbamos a tener que trabajar de nuevo. Me parece que están queriendo instalar un discurso de que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”.

“La dignidad no se vende”

Para Juan Domingo, la lucha sigue: “La mayoría de los jubilados que nos sentamos en el Anexo del Congreso venimos de la década del 70 y nos han cagado a palos siempre. Pero este tipo (en referencia al presidente Javier Milei) rompió las normas. No entienden que no vamos a abandonar las calles. Nos han quitado los remedios, nos han aplastado el sueldo. Lo único que nos queda es la dignidad, y eso no se vende”. Silvia coincide: “Nuestros amigos están vencidos, como que no activan. Algunos votaron a Milei y piensan que hay que esperar. Ahora se ven más jubilados autoconvocados en el Anexo y eso te da ánimo para seguir luchando”. Juan Domingo concluye: “Para este gobierno somos un grano en el culo, nos van a hacer de todo, nos van a meter gases y matar los sueldos, pero no nos van a sacar de la lucha. Ese es el legado que le dejamos a esta juventud. No es solo por nosotros, es por los que vienen atrás”. Silvia agrega: “Voy al Anexo por mis hijos y mis nietos. Algún día se van a acordar, como yo me acuerdo de cuando mi papá iba a la marcha de Norma Plá y yo le preguntaba: ‘¿Para qué vas?’. Ahora lo sé”.

El aumento en la esperanza de vida es otro de los factores que complejiza el panorama. La Fundación Navarro Viola advierte que los sistemas previsionales fueron diseñados cuando la mayoría de las personas fallecían a los cinco años de jubilarse. Hoy, muchas viven 15 o 20 años más. Según el informe, casi un cuarto de los jubilados menores de 70 años sigue trabajando.

Víctor C. Amarilla tiene 72 años y es encargado de edificios. Se jubiló hace nueve años, pero sigue en actividad. Cobra un poco más de la mínima: 420 mil pesos de jubilación y 400 mil pesos como encargado. “No me alcanza. La luz y el gas cuestan más de 100 mil pesos. Uno come lo que puede. Me levanto a las 4:30 para trabajar. Estoy podrido. No puedo ir al cine, no puedo salir a pasear. Mis amigos están desesperados: ganan poco y muchos están enfermos. Yo no sabía que iba a tener que seguir trabajando. Pensé que iba a hacer una changuita, pero al final es lo único que me permite vivir”.

En situaciones similares están Ana Montenegro y Luis Relinque. Ana, de 69 años, tiene discapacidad visual y cobra la mínima. Para sobrevivir, intenta vender ropa en ferias barriales, pero enfrenta trabas del Ggobierno de la Ciudad. “Nos sacan como si fuéramos delincuentes. No nos dejan vender. Fui a Parque Patricios, Parque Centenario, Chacarita, Mataderos, y nos sacaron de todos lados. Nos persiguen. Lo único que quiero es vivir tranquila, pero no nos lo permiten. Cobro 350 mil pesos y tengo que trabajar los fines de semana desde las 4 de la mañana. Mis hijos me ayudan, pero no quiero ser una carga. Yo también hice este país, no nos merecemos esto”.

Luis, de 75 años, vende alfajores frente al hospital Evita. Cobra la mínima y vive con su hijo y su nuera. “Me las rebuscaba, pero el último año ya no. Empecé a vender cuatro alfajores por mil pesos. Gano unos 7 u 8 mil pesos por día. Con la jubilación no alcanza: la mitad se me va en servicios. Dejé de pagar los impuestos. Quisiera comer una pizza en Corrientes o ir al teatro con mi nieta, pero no puedo. Antes iba al cine, ahora no. Tengo 75 años: mi vida es hoy, y no quiero pasarla mal”.

Tocaría descansar

El escenario es desolador. La falta de políticas previsionales integrales, la eliminación de la moratoria y la intención de anular regímenes especiales profundizan la crisis. “Los choferes de colectivo, los docentes, van a tener que esperar. Antes uno decía: ‘los jubilados tienen la ayuda de la familia’, pero ahora ni eso. Las familias también están fundidas”, advierte Kunis. “Yo voy a tener que seguir trabajando hasta que pueda. No es por gusto, es por necesidad”.

La jubilación mínima ​​se encuentra actualmente en 296.396 pesos, a esto se le suma el bono de 70.000 pesos, congelado hace más de un año. Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, cobran los haberes mínimos con bonos poco más de 5 millones. La Cámara de Diputados dio media sanción una ley que otorga un  aumento del 7,2% en todos los haberes y una actualización del bono a 110.000 pesos. También repone la moratoria previsional, que venció el 23 de marzo y no fue renovada por el gobierno, dejando a un estimado de 243.000 personas sin poder jubilarse en 2025. Ahora le toca votar al Senado para que entre en vigencia. De todas formas, Javier Milei ya anticipó que de aprobarse, vetaría la norma por lo que la situación de penuria de los jubilados seguiría tal cual está ahora. 

El fenómeno de los jubilados que no pueden dejar de trabajar crece y se expande. La falta de una respuesta estatal deja a miles de personas mayores atrapadas entre el hambre y la precariedad laboral. La imagen de adultos mayores en ferias, limpiando vidrios o trabajando en edificios se multiplica en las calles de todo el país, mientras las políticas de ajuste profundizan un escenario cada vez más injusto.

¿Por qué los empresarios apuestan por un gobierno que les hace perder plata a sus empresas?

¿Por qué los empresarios apuestan por un gobierno que les hace perder plata a sus empresas?

“El país que quieren los dueños”, el libro compilado por Alejandro Bercovich, propone una mirada con lupa sobre quiénes son y cómo operan los poderosos que definen el destino de la Argentina.

¿Cómo nombramos a la Argentina? Varios sentidos circulan en simultáneo, de eso se trata la complejidad. Y Argentina es compleja. Además, cada quien tiene una interpretación de lo que es la patria. Seleccionar una acepción no es excluyente, pero no todos los sentidos de la patria son compatibles entre sí.

Para “los dueños del país” la patria es un negocio. Un negocio que manejan, utilizan, manipulan. Y es que esa es la acción inherente a un negocio: la operación de sacar un provecho, un beneficio. Los dueños de la Argentina imaginan un determinado modelo de país. Pero, ¿cómo es esa Argentina que desean?

ANCCOM dialogó con Alejandro Bercovich, el autor junto con Cecilia Rikap, Lara Bersten, Juan Odisio, Gustavo García Zanotti y Augusto Tartufoli del libro El país que quieren los dueños. Antes de pensar qué país quieren los dueños hay que pensar qué es el país para los dueños. Y antes de pensar qué es el país para los dueños hay que repensar el concepto de “dueños”. En este sentido, el libro propone discutir el rol de la élite empresarial en nuestro país.

¿Hay un proyecto productivo, una idea de desarrollo nacional autónomo o solamente se trata de un mero plan de negocios? A esta élite la recorren diferentes intereses. Por un lado, como capitalistas dueños de las grandes empresas argentinas, y por otro, como acreedores, o sea, dueños de los bonos. De esta forma, muchas veces estamos ante capitalistas ricos pero con empresas pobres. “El patrimonio de los grandes capitales no está siendo destruido. Es más, está creciendo de manera inédita. Y justamente la trama offshore de empresas cáscara -aquellas que se dedican a realizar maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias y fugar capitales- y de guardias fiscales es lo que les permite a estos magnates acrecentar su patrimonio mientras el grueso de la población se empobrece”, afirma Bercovich.

Cuando el país entra en crisis, a los empresarios desde su condición de capitalistas les conviene que el Estado renegocie sus deudas y empuje el crecimiento. Pero, contrariamente, desde su carácter de acreedores les conviene que el Estado realice un ajuste. En este sentido, el autor plantea que “la apuesta de los grandes capitales por [Javier] Milei muestra para mí que prima el carácter de acreedor, de millonario, de rico, sobre el carácter de industrial, de emprendedor o de empresario. Se valora más desde el capital la continuidad de los pagos de la deuda, el no default y no tanto la reactivación.”

Esto explicaría por qué muchas veces los grandes empresarios apoyan gobiernos que perjudican sus compañías, como sucede en el actual. Un gobierno que renuncia al desarrollo autónomo y al entramado industrial. “Lo que ocurre es que algunos capitalistas empiezan a perder dinero en sus negocios principales, a perder ingresos” -sostiene Bercovich y agrega: “Y a pesar de esa pérdida tienen a buen resguardo su patrimonio, porque lo tienen en el exterior y no lo tienen invertido en ese negocio. Esta apuesta se mantiene igual a pesar de las pérdidas que se generan en las empresas. Eso es lo que me produce curiosidad y perplejidad porque se me escapa del sentido común que alguien apueste por un gobierno que le hace perder plata.”

Este particular escenario puede explicarse en la Argentina por el acérrimo antiperonismo que recorrió (y recorre) por años la historia de la Argentina. Según Bercovich, “ahí es donde entra justamente la dimensión político-ideológica de esta apuesta, que es la apuesta de una élite que arrastra sus perjuicios, sus ambiciones, sus piezas, sus viejos conflictos”.

Además, Milei representa esa displicencia que siente la élite respecto de la democracia y del resto de la comunidad. “De algún modo en Milei lo que encontró es la llave para disciplinar al resto de la sociedad y terminar de fijarse como una élite dominante, aun cuando no construya la hegemonía que construyen las clases dirigentes”, comenta el periodista. 

Bercovich retoma el concepto de “capitalismo caníbal” de Nancy Fraser: al capital ya no le alcanza con explotación del trabajo sino que necesita expropiarlo. En el ámbito macro, los Estados se encuentran subordinados a los mercados. En la esfera micro, las familias se subordinan a las empresas. “Fraser despliega en su libro cómo se combina la crisis climática, la acción de la ultraderecha fascista y racista, el ajuste y la deuda con el mecanismo de palanca de ese ajuste y la crisis de la democracia de occidente. Son todas cosas que van de la mano y que no pasan solo en Argentina. Está pasando en simultáneo, por lo menos, en la mitad del planeta”, señala el autor.

El país que quieren los dueños está compuesto por seis capítulos. El primero a cargo del mismo Bercovich que es también el compilador de esta obra polifónica. Le sigue un análisis de Gustavo García Zanotti sobre las grandes empresas y las guaridas fiscales. En el tercer capítulo, Cecilia Rikap aborda la dimensión comunicacional de la imagen de Javier Milei en la era digital. A continuación,  Juan Odisio propone un recorrido histórico sobre la élite argentina. El quinto, un ensayo de Lara Bersten, se centra en Vaca Muerta. Finalmente, el libro cierra con el capítulo de Augusto Tartufoli, dedicado a la vida cotidiana y al tiempo libre de la élite.

Sobre el ensayo de Rikap, docente e investigadora del CONICET que indaga en las asimetrías de poder y la economía digital, Bercovich plantea que “el análisis de las plataformas y los algoritmos que hace es clave para entender la lógica de lo que está en el negocio de la red. En el capitalismo monstruario, la renta está tomando la forma que tomaba en el feudalismo, una renta que se concentra muchísimo en los propietarios, en este caso no de la tierra, sino de la nube. En esa lógica, nuestros tecnocapitalistas, nuestros tecnofeudales, son vasallos de otros más poderosos que están en Estados Unidos”.

La actual tecnoburguesía local es la mayor defensora de la ultraderecha, que se subordina a los magnates digitales. “La hipótesis del libro de que las grandes familias apuntaron por Milei porque de algún modo renunciaron a la Argentina se verifica muy concretamente en este carácter vasallático de todo el ecosistema de plataformas y algoritmos argentinos nominalmente, pero que funcionan sobre la infraestructura estadounidense y que no derraman en absoluto ni en capacidades tecnológicas ni en  ventajas económicas para la Argentina”, indica el autor.

La pregunta por cómo nombramos a la Argentina no es solo simbólica: es económica y política. La patria se disputa desde múltiples sentidos en tensión. El país que quieren los dueños propone mirar esta disputa desde la élite empresarial, una mirada que apunta en contra de la soberanía de la Nación en pos de maximizar sus beneficios individuales.

Frente a una élite que renuncia a un horizonte común, la pregunta se vuelve urgente: ¿es posible construir una Argentina que no funcione como un negocio para pocos sino como un proyecto colectivo? 

El bombardeo se sigue reescribiendo

El bombardeo se sigue reescribiendo

A 70 años de la Masacre de Plaza de Mayo, cuando la Fuerza Aérea argentina lanzó un ataque contra su propia población, dejando más de 300 muertos y 800 heridos, autores del libro “16 de junio de 1955. Bombardeo y masacre: imágenes, memorias, silencios” revisan el acontecimiento y reconstruyen la memoria de una herida aún abierta y fragmentada.

“Este es el único caso en el que un sector de las Fuerzas Armadas, en este caso la aviación de la Marina de Guerra, bombardea a sus propios ciudadanos sin que haya ninguna señal de que algo de este orden podía suceder”, señala Juan Besse, antropólogo, profesor de Geografía en la Universidad de Buenos Aires y autor del libro 16 de junio de 1955. Bombardeo y masacre: imágenes, memorias, silencios, junto a María Graciela Rodríguez. El investigador usa un concepto de Antonin Artaud, “el teatro de la crueldad”, para describir los sucesos que ocurrieron aquel día. Más de un centenar de bombas cayeron en el centro porteño, bombas que producían efectos de mutilación. Además, los militares también usaron sus aviones para ametrallar a trabajadores que habían salido a protestar en la zona del Bajo. “Este teatro tuvo efectos de discernimiento político”, agrega.

Lo que siguió fue un silenciamiento de los hechos, sobre todo en los primeros años de la Revolución Libertadora y la proscripción del peronismo. Para Besse, los historiadores encargados de narrar la masacre instauraron una “prefiguración arcaica de la Teoría de los Dos Demonios”, donde se puso al mismo nivel el bombardeo y la posterior quema de iglesias por parte de militantes del gobierno: “Cuando se describe lo que sucedió se dice que hubo un bombardeo, pero no se dice nada sobre las víctimas, y se dice que hubo incendios, y por supuesto tampoco se habla de muertos porque no los hubo. Lo que se perdió fue patrimonio histórico religioso. Toda esta corriente historiográfica liberal suscribió a algo que uno podría asociar con la figura de una guerra justa”, sostiene.

El libro de Besse y Rodríguez revisa el tratamiento que recibió el bombardeo durante las décadas posteriores, desde el punto de vista de múltiples actores sociales como la política, la prensa o la academia.  “Algo que me resultó sorprendente es que tanto el equipo de María Graciela como el equipo que yo dirigía, no éramos historiadores. Éramos sociólogos, comunicólogos, politólogos, o en mi caso un antropólogo devenido geógrafo. Eso también es indicial”, destaca el investigador, que afirma que esta singularidad da cuenta de “las timideces historiográficas para plantarse frente a este acontecimiento”.

Un nuevo abordaje, el literario

El bombardeo. Plaza de Mayo. 16 de junio de 1955 es una antología literaria publicada este año que reúne una serie de textos de autores sobre lo ocurrido, algo que casi no tiene antecedentes debido a que la literatura sobre aquellos años se remite a otros hechos, como los fusilamientos de José León Suárez (Operación Masacre). Cuenta con 13 relatos de distintos géneros escritos por Mercedes Araujo, Humberto Bas, Juan José Becerra, Juan Carrá, Albertina Carri, Alejandro Covello, Esther Cross, Mariano Dubin, María Pía López, Carla Maliandi, Sebastián Martínez Daniell, Ricardo Romero y Luis Sagasti. Para el compilador y autor del prólogo, Julián López, el bombardeo “es un evento que los artistas no terminamos de escuchar, de representar o de entender”, y a él le parece que eso “es un motor bien interesante para la escritura, un desafío que te deja en un lugar de inseguridad, de incertidumbre y hasta te guía de cierta prevención”.

Con la antología, el objetivo fue abrir una puerta: “Lo único que busca es la posibilidad de la lectura. Y en ese sentido hay una ambición, tal vez un poco desmedida, que es que se pueda leer ese evento. Tal vez no que se empiece a leer, pero que vuelva a circular. Que a 70 años de esa barbaridad se generen nuevas posibilidades de lectura, de referencia, de asociación, de identificación, de cuestionamiento. Entender también por qué el silencio ganó esa partida”. De esta manera se configura un texto que incluye una narración colectiva, una forma de representar inédita para el bombardeo. “No hace falta siquiera opinar, no hace falta siquiera saber. Hace falta abrir el libro y leer”, afirma el escritor.

Guernica sin Picasso

Ambos autores comparan el ataque aéreo argentino con el producido por la aviación italiana y alemana sobre la localidad vasca durante la guerra civil española en 1937, que inspiró la obra del afamado pintor español. “Guernica es una aldea muy pequeña, en relación sobre todo a Buenos Aires, pero tiene el cuadro de Picasso. Tiene esa representación universal de magnitud máxima. Y que el bombardeo no tenga una significa que no permeó de alguna manera”, explica López. Juan Besse recalca que el número de víctimas y de destrucción en el pueblo ibérico fue menor, pero que “la ausencia de una inscripción como la que Picasso produjo con ese cuadro marca una relativa invisibilidad del acontecimiento”.

“Las bombas aparecen ahí como un corte, como la marcación de un tipo de violencia que va a asestar el trabajo y el proceso político en las décadas venideras”, afirma Besse. Recién con el aniversario 50 del hecho se empezaron a instalar políticas gubernamentales en torno a la recuperación de información, reparación histórica y divulgación para entenderlo como un suceso de lesa humanidad. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios de signo político en el gobierno la reivindicación por la memoria vuelve a ser difusa: “Es un riesgo permanente de las políticas que quieren darle visibilidad, inscripción institucional, a algo respecto de lo cual los dueños de la Argentina no quieren saber nada”. Para el investigador el silencio que hubo y hay es “muy complejo”, ya que “se entraman distintos actores y distintas estrategias”.

López sostiene que el bombardeo fue un “quantum disciplinador fabuloso que definió y que define hasta nuestros días muy poderosamente nuestra vida política, social y cultural”. “Lo que estamos viviendo ahora, y por supuesto en el 76, tiene una línea directa inabordada, una coherencia de un tipo de proyecto que es capaz de asesinar a 309 compatriotas y hacer esa locura”.

Besse subraya que el bombardeo es un acontecimiento sobre el que “no hubo un llanto nacional. Como si fuera muy difícil universalizarlo. Siempre se lo particulariza y parece que esto fue una cosa que afectó a los peronistas”, y sentencia: “se bombardeó una ciudad y mataron a un montón de gente y me imagino que había peronistas y no peronistas”. Además, habla de la necesidad de realizar un debate serio y no oportunista sobre la historia y un duelo, que por la lejanía temporal de lo sucedido sería “transgeneracional”.

López, por su parte, reafirma la importancia de enseñar “que una fuerza tuvo su bautismo de fuego en contra de ciudadanas y ciudadanas del país que las sostiene, las mantiene, que eso implicó la proscripción de un líder político durante 18 años y contribuyó a generar una matriz de expresión política que negó a las mayorías y que prohibió palabras”.

SiPreBA cumple 10 años

SiPreBA cumple 10 años

En medio de estigmatizaciones y un feroz ataque del gobierno al periodismo mezclado con un nivel de precarización laboral inédito, el gremio de prensa cumplió una década y lo celebró en el teatro Picadero.

En un contexto que atraviesa fuertes tensiones económicas, sociales y políticas, el periodismo argentino enfrenta uno de sus momentos más complejos desde la restauración democrática. Con el gobierno de Javier Milei, las condiciones para ejercer la profesión se vieron erosionadas por una combinación de factores: concentración de medios, reducción de pauta oficial, precarización laboral y crecientes discursos de estigmatización y violencia hacia la prensa crítica. Sin embargo, nada de eso, como tampoco el frío y la lluvia, impidieron que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires organizara el pasado sábado, a una semana del Día del Periodista, un acto en el Teatro Picadero para celebrar sus diez años de vida. A lo largo de la década, ganó la representación gremial y desbancó a la histórica y desgastada Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Matias Colombatti e Ivana Zerman, a cargo de la conducción, presentaron al panel de debate que contó con la presencia de los periodistas Ari Lijalad y Silvia Mercado; Fabian Grillo, padre del fotorreportero herido por un gendarme en la represión a los jubilados del 12 de marzo en Congreso; y Carla Gaudensi, secretaria adjunta de Sipreba y trabajadora de Télam. “Este gobierno quiere silenciar lo que está sucediendo. La única forma de lograr que este ajuste brutal, de que el endeudamiento de todos los argentinos se mantenga oculto es si en una manifestación Patricia Bullrich impide que los reporteros gráficos, los cronistas cuenten lo que está pasando, es intentando disciplinar a los trabajadores de prensa de Casa Rosada para que no pueda decir lo que está pasando ahí adentro”. Para ella, “la libertad de expresión y salarios se relacionan íntimamente. Sin derechos y condiciones dignas, nosotros no podemos ejercer bien nuestra profesión”. El Sipreba se encuentra en una campaña para elevar el salario de las redacciones, con la exigencia de que no pueden seguir estando por debajo de la canasta básica.

 

“Para mí, la libertad de expresión es un tema colectivo y el mayor ataque que recibe son los salarios de mierda que pagan la mayoría de los medios, que cobramos la mayoría de nosotros, porque eso deteriora nuestra posibilidad de hacer periodismo”, dijo Lijalad, denunciado por escribir una columna de opinión y respaldado por más de 600 periodistas. “El problema de Milei no es con periodistas individuales, lo que busca es imponer miedo y autocensura. No nos dejan recorrer la Casa Rosada, quieren que hagamos gacetillas, solo con sus fuentes oficiales. Deslegitiman nuestro trabajo con ataques permanentes a quienes hacemos periodismo”, denunció el periodista de El Destape. Durante el acto se proyectó un anticipo de Redactores, documental a 50 años de los principales convenios colectivos de trabajo de la actividad, del estatuto que firmó Juan Domingo Perón poco antes de que la dictadura interviniera los medios. 

Asimismo, la directora bonaerense de Empleo, Claudia Lazzaro, participó del panel en donde se abordaron temas como la precarización laboral, la libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto actual, atravesado por el hostigamiento del Gobierno nacional. Allí se presentaron datos socioeconómicos sobre la situación del trabajo en prensa de la provincia de Buenos Aires.

Fabian Grillo, muy emocionado y agradecido por el cariño que viene recibiendo, comentó sobre el estado de salud de su hijo Pablo: “Los profesionales me dicen que es un milagro la enorme mejoría de Pablo, y no tengo dudas que es por esto. Por todo el amor que le dan y le llega a el”. Este hombre de barba canosa y grandes ojeras, que se convirtió en un símbolo del repudio a las represiones cotidianas del gobierno de Milei y Bullrich, expresó que “estamos en un gobierno que necesita de la mentira como herramienta de acción y quiénes la revelan son muy peligrosos, una foto es un arma terrible para ellos”. Y apuntó: “En el caso de mi hijo, lo juzgaron e intentaron ejecutarlo, en el mismo momento. Definieron que ser fotógrafo periodista es un delito, o sea que legislaron”.

A su turno, el secretario general del Sipreba Agustín Lecchi dijo: “Consolidamos un sindicato que lucha por un periodismo con salarios justos y condiciones dignas para garantizar el derecho a la información”. Si bien el propio dirigente calificó este momento de la prensa como uno de los peores, fue enfático al decir que no hay margen para la resignación. “¿Cómo no pelear y resistir después de ver lo que el gremio fue capaz de construir en estos primeros diez años?, expresó. “Sin democracia no hay libertad de expresión para que volvamos a tener una democracia con justicia social necesitamos un sindicato fuerte con propuestas, nosotros tenemos ideas para recuperar los medios públicos, para fortalecer los medios populares y para eso necesitamos salarios justos

Al finalizar el evento, la Comisión Directiva entregó el reconocimiento Osvaldo Bayer a referentes históricos del gremio, y el “SiPreBA10años” como muestra de agradecimiento a distintas organizaciones y figuras del sindicalismo, la política, la comunicación y los derechos humanos que fueron fundamentales en este recorrido acompañando las luchas del gremio. Así, subieron al escenario del Picadero referentes de Argra, el Cels, la Correpi y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, con la presencia de su directora, Larisa Kejval y del exdirector y actual vicedecano de Sociales, Diego de Charras. Hicieron lo propio representantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda; dirigentes de las principales centrales sindicales como Maia Volcovinsky (CGT), Hugo Yasky (CTA-T), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A) y Alejandro «Peluca» Gramajo (UTEP); la legisladora porteña Victoria Montenegro; la ministra bonaerense de la Mujer, Géneros y Diversidades Estela Díaz y los exministros nacionales Jorge Ferraresi, Carlos Tomada y Raquel Olmos.

Entre el público pudo verse al abogado de derechos humanos Pablo Llonto, al abogado laboralista León Piasek, a la expresidenta de Télam Bernarda Llorente, al periodista Carlos Ulanovsky, a la periodista y exdefensora del Público Miriam Lewin, a Fernando “Tato” Dondero, uno de los fundadores del sindicato junto al fallecido Rubén Schofrin, y a Carlos Rodríguez, histórico delegado de Página12 y símbolo del redactor comprometido con lo social y lo colectivo en detrimento de los egos que abundan en el oficio.

Desde las bases

El Sipreba se fundó el 7 de junio de 2015, luego de un amplio plebiscito en el que participaron más de 2000 trabajadores y trabajadoras de redacciones, canales de televisión y radios. “Tomamos la decisión de reconstruir el sindicato de prensa para todos los medios —privados, públicos y autogestionados— sin importar su orientación política o el sector al que pertenecieran”, expresaron en enero de 2023, tras lograr la histórica obtención de la personería gremial. El sindicato se fue consolidando como un actor clave en las negociaciones paritarias del sector y mantiene una fuerte presencia en medios de alcance nacional como Telefé, América, A24, El Trece, TN, La Nación, Infobae, Olé, Noticias Argentinas, Página/12, Cronista, Perfil, Ámbito, Futurock, Radio con Vos, Radio Nacional, TV Pública, Radio Continental, Letra P, Diario AR, entre muchos otros.

Nacido de comisiones internas que habían quedado huérfanas de estructura sindical, durante esta década, el SiPreBA peleó contra el vaciamiento del Grupo 23 y apoyó la recuperación cooperativa de Tiempo Argentino; revirtió los 357 despidos de 2018 en Télam y acampó cuatro meses en 2024 para resguardar los puestos de trabajo de esa agencia; logró reincorporaciones y sostuvo la organización sindical en Clarín a pesar de un centenar de despidos entre 2019 y 2023; se organizó frente a la represión de Patricia Bullrich en el macrismo y en la actualidad. El flamante sindicato superó la pandemia y reconstruyó la Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) apostando a la unidad nacional de prensa. Entre otras tantas luchas, confluyó con los movimientos feministas, de derechos humanos y sindicales, convirtiéndose en partícipe y protagonista de todas las reivindicaciones populares por la ampliación de derechos.

En este décimo aniversario, y en un contexto especialmente crítico para el periodismo y la democracia, sus dirigentes reafirmaron su compromiso con el futuro “por el trabajo en prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión” y reivindicaron la organización colectiva, la pluralidad y la unidad”. En ese momento, el teatro entero cantó “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”.

Pese a todo, cientos de periodistas continúan ejerciendo con compromiso su labor informativa, resistiendo desde la trinchera del oficio y apelando a nuevas formas de financiamiento y colaboración. Plataformas independientes, cooperativas de prensa y medios autogestionados resurgen como espacios de resistencia profesional y ética. La idea de que en tiempos de incertidumbre, el periodismo se reafirma como pilar indispensable para la democracia fue la que sobrevoló el acto. Pero para que pueda cumplir ese rol, necesita libertad, recursos y respeto. Y eso, con un gobierno que promueve el odio se vuelve una pelea cotidiana.