Se cumplen cinco años de la desaparición del adolescente, tras haber sido detenido por la policía en pandemia. El hallazgo de su cuerpo y las irregularidades en la causa desataron un intenso pedido de justicia que su madre, Cristina, sostiene hasta hoy.

Facundo Astudillo Castro tenía 22 años, conseguía trabajos ocasionales, amaba tocar en la batucada y militaba en el programa Jóvenes y Memoria, de la CPM. El 30 de abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia, salió temprano desde Pedro Luro, un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, donde vivía con su familia. Quería llegar a Bahía Blanca para ver a su exnovia, pero como no tenía dinero se fue a pie, haciendo dedo por la Ruta 3. En el país regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el COVID-19, y en su camino Facundo fue detenido al menos dos veces por policías. No tenía permiso para circular, por lo cual estaba violando la cuarentena. Nunca llegó a su destino. 

La última imagen que se conserva de él lo muestra al lado del patrullero que manejaba Mario Sosa. Desde entonces, no se supo nada más de su paradero hasta que el 15 de agosto de 2020 los restos incompletos de su cuerpo esqueletizado fueron hallados en un cangrejal de Villarino Viejo. La autopsia determinó que murió por asfixia por sumersión, una muerte violenta no natural. Sin embargo, aún no se estableció si fue un accidente o un homicidio. Su mochila con su ropa rota y signos de haber sido quemada apareció días después en la misma zona.

El voluminoso expediente judicial que investiga los hechos sigue caratulado como el primer día: desaparición forzada seguida de muerte. La hipótesis apunta directamente a la Policía Bonaerense, la misma fuerza que lo detuvo aquel día. Durante la investigación se hallaron pertenencias de Facundo en dependencias policiales, hubo contradicciones en los testimonios de los agentes y se detectaron indicios de encubrimiento. Pese a todo esto, los policías sospechados que fueron llamados a indagatoria por el fiscal Ulpiano Martínez jamás declararon, lo que no quita la hiperactividad que desarrollan sus abogados en una causa, que ya pasó por cambios de fiscales y jueces, pericias demoradas, testimonios truchos, dilaciones sistemáticas e incluso denuncias cruzadas y amenazas a testigos y a la familia, que teme la imposición de la impunidad. Antes de la aparición del cuerpo, habían sido recibidos junto a sus abogados por el expresidente Alberto Fernández y en ese encuentro le pidieron a la ministra de Seguridad Sabina Frederic que apartara a la Policía Federal del caso, porque esa fuerza “estaba ejerciendo las mismas maniobras e interferencias que la Bonaerense”, tal como lo expresaron. 

En estos cinco años, la voz de Cristina Castro no dejó de exigir justicia y se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia institucional. ANCCOM habló con ella y comenzó relatando cómo vivió este tiempo sin respuestas.

“Es durísimo. La salud me lo está cobrando”, dijo y agregó: “No poder hacer el duelo, no poder llorar tranquila. Estar todo el tiempo defendiéndonos de los ataques. Me van a hacer una ecografía de la tiroides porque tengo algo en la garganta, y el médico me dice que es psicológico.”

Ella trabaja en la estación de servicio Shell de Pedro Luro, y hasta allí fueron a intimidarla. “Los ataques nunca cesaron”, subraya. La policía local la hostiga incluso en trámites cotidianos. “Cuando cambié la moto y me dieron la tarjeta con todo en regla, igual me cerraban el paso. Sabían que era mía, pero me buscaban igual. Dos veces casi me hacen caer”, contó.

En un pueblo chico las versiones oficiales pesan. “Luro se involucró en nuestro apoyo, pero algunos, como el intendente Carlos Bevilacqua, primero dijeron que nos iban a meter presos y después se sentaron a tomar café en mi lugar de trabajo. Hoy sigo trabajando ahí, aunque me pusieron a una testigo hostigando a mis compañeras. Ella pidió mi cabeza, pero no lo logró porque mis jefes me defendieron”, recordó.

53 policías 

La causa judicial está estancada a la espera de los resultados de la Datip (Dirección de Asistencia Técnica a la Investigación Penal) de los cruces telefónicos de los celulares de los policías, para determinar quién hizo qué cosa en qué momento. Esa dependencia también aportó un estudio de 213.420 Geolocalizaciones que mostraron 53 abonados de interés, entre ellos los oficiales Sosa, Siomara Flores, Jana Curruhinca y Alberto González, además de algunos de sus jefes. “Seguimos esperando las pericias. A principio de año, la fiscal, Iara Silvestre, me dijo que habían desbloqueado unos teléfonos y me iba a mandar la información. Todavía la estoy esperando. Los policías se niegan a entregar su clave. ¿Por qué será?”, planteó la mamá de Facundo. “La justicia actúa según el poder político de turno. Desde que se fue el fiscal que estaba por la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), cambió todo”. Cristina se refiere al paso de Andrés Heim por la causa, ahora designado juez en Pehuajó.

“Los celulares que entregaron no eran los que los policías tenían”, dijo Leandro Aparicio, abogado del caso. “El teléfono desde el que se sacó la última foto de Facundo, que era de Jana Curuhinca, nunca fue hallado”, agregó para tomar apenas un botón de muestra sobre las irregularidades.

En abril de 2025, Marcos Herrero, el instructor de perros que había trabajado en la causa, fue condenado a siete años de prisión en una causa iniciada por los mismos policías sospechados de la desaparición de Castro. Ayer salieron los fundamentos de su sentencia. Ernesto Sebastián, magistrado del Tribunal Oral Federal, afirmó que el acusado: «sabía perfectamente que sus canes no detectaban los hallazgos que él refería» y que su actuación fue «una cadena de falacias constitutiva de una gran farsa». Para Castro, “lo que le hicieron a Marcos fue terrible. Es una manera de ensuciar para que quede la parte como el todo, pero aún sin esos hallazgos la causa sigue en pie porque hay mucha otra prueba sustancial”. Cabe destacar que tanto los fiscales como las instancias superiores tomaron por válidas las pruebas ahora cuestionadas –el amuleto y las piedras turmalinas– al momento de expedirse en el caso. Y resta en pie el hallazgo de un cabello en un móvil policial, que contiene el ADN mitocondrial de Cristina Castro.

Temor y desasosiego

“Este año es más triste todavía, la gente de Facu está asustada. No vamos a hacer nada el 30 de abril por miedo. Solo queda un mural suyo, los otros fueron tapados. Y encima dicen que si la justicia no actúa, por algo será. Pero no es así”, advirtió.

Cristina no baja los brazos: “Quiero que Facundo tenga justicia. Que los chicos puedan salir sabiendo que no hay asesinos sueltos. Yo no lo voy a ver ni escuchar más. Cada ataque lo vuelve a matar un poco más”.

Sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo, Cristina contó una certeza visceral. “Sentía que esos huesos me decían ‘llévame a casa’. Cuando vi la zapatilla, que encima estaba intacta, supe que era de Facu. La buscaba como una señal. Estaba a 30 metros de donde habían marcado. Ellos ya sabían que estaba ahí”.

En estos cinco años, las respuestas tampoco llegaron del Ejecutivo. “De este gobierno no recibimos comunicación. Las que siempre estuvieron fueron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y las familias a las que les pasó lo mismo, que la policía les mató un chico. Con Sergio Maldonado habló seguido. Nos contenemos entre nosotros. Somos los que sabemos lo que se siente”, relató.

Facundo militaba y participaba en marchas en defensa de los derechos humanos, entre ellas las que reclamaban justicia por Santiago Maldonado. “Yo no quería que mis hijos se metieran en política, pero él estaba muy conmovido. Me explicaba cosas del sistema y después me tocó vivirlo en carne propia”, señaló Cristina. Y a su memoria vienen las imágenes de los policías de Luro y Villarino hostigando a Facu y los demás pibes que acudían al Semillero Cultural –una actividad de La Cámpora local– que les rompían la huerta orgánica y los ponían contra la pared como delincuentes cuando salían de un taller de literatura o de batucada.

Este 30 de abril no habrá acto. Hay miedo. Pero la lucha continúa. “Voy a seguir hasta donde la salud y la vida me den. Facu no se merece esto. No puedo dejar que me borren la alegría de haberlo tenido 22 años. A mi hijo lo crié sola, me costó mucho. Y a pesar de todo, no me quiero ir de este pueblo. Es el lugar donde crecieron mis hijos y murió mi madre. La gente es buena, es el poder político y judicial el que está mal”.

Leandro Aparicio, uno de sus abogados, ha trabajado en causas como la de Daniel Solano, peón rural desaparecido en 2011 y cuyos policías responsables tienen condena firme, y la de Sergio Avalos, desaparecido en 2003. “Entiendo que esta causa puede llegar a durar 20 años”, confiesa y agrega: “pero ante este panorama desolador, las pruebas duras de la DATIP me dan esperanzas”. Entre esas “pruebas duras” también está la confirmación de que un patrullero de Bahía Blanca estuvo diez días antes de la aparición del cuerpo a pocos metros del hallazgo, en el cangrejal de Villarino Viejo.

Cristina encontró algo de paz en sus nietas. “Con ellas tengo momentos de armonía. Tati es buena, tranquila, y Milenita, un torbellino. Veo mucho de Facu en ellas. A veces besan su foto y le dicen ‘el tío Pacu’, lo reconocen. Y eso me parte el alma porque sé que él las habría adorado”.

El caso de Facundo Astudillo Castro es, cinco años después, una herida abierta. La justicia tiene elementos pero no avanza. Cristina aún no puede llorar a su hijo en paz. “Sé que el día que pueda soltar a mi hijo él descansar, yo voy a poder hacer el duelo. Mientras tanto, estoy en el ojo del torbellino”.