Menos presupuesto para la niñez

Menos presupuesto para la niñez

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que el Gobierno dio marcha atrás con un incremento establecido en la Ley de Presupuesto.

El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con un aumento del Presupuesto Público para este año, que había sido acordado por el Congreso en conjunto con organizaciones  no gubernamentales, y que tenía como destino programas sociales vinculados a la niñez, ambiente y vivienda. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la transparencia constitucional de la decisión e instó al gobierno a revertir esta situación. La abogada y Coordinadora del Programa Justicia Fiscal de esa entidad, Julieta Izcurdia, expresó: “Democráticamente nuestro sistema republicano dice que es el Congreso quien aprueba la ley y el Ejecutivo quien debe implementarla”.

Según ACIJ, la inconstitucionalidad de dicha modificación por parte del Ejecutivo no solo es desconocer la actuación del Congreso, sino que también vulnera elementos reconocidos en la Ley Nacional 26.061, vinculada a los derechos de las infancias. “En términos constitucionales, es un problema. Hay una ley nacional que aplica solo a políticas de infancia, justo las más recortadas, omitiendo un principio muy importante en materia de derechos humanos, que es el de no regresividad y de intangibilidad. Significa que el Estado no puede retroceder el nivel de derechos que garantiza a su población y eso se ve reflejado en el recorte presupuestario. Esa ley dice que todos los años no pueden bajar el gasto público en las infancias y eso es lo que está sucediendo, incumpliéndola”, dijo Izcurdia.

Mientras las últimas estadísticas del INDEC conocidas miden que, del total de la población argentina, el 36,5 por ciento estaba bajo la línea de pobreza, las organizaciones civiles advirtieron recortes significativos en áreas claves como niñez, ambiente y educación. El Congreso había consensuado con una serie de organizaciones en aumentar más de 500 millones de pesos para diferentes programas que garanticen derechos sociales en estos sectores más afectados por la pobreza. “Desde el año 2015 empezamos a reunirnos en el Congreso junto con otras organizaciones que trabajamos diferentes temas, con asesores, diputados y diputadas para mostrar cuando veíamos que había recortes, para pedir aumentos si era posible y visibilizar lo que venía pasando en términos de presupuestos o políticas sociales”, recuerda Izcurdia.

“El año pasado, después de una mesa de trabajo, especialmente con la Comisión de Niñez, donde participaron  otras organizaciones también, se ampliaron varias partidas de políticas alimentarias como a comedores escolares y asignaciones familiares, porque habíamos visto que hubo un recorte. El Congreso reconoció que era necesaria la suba porque la pobreza sigue estando en los mismos niveles y los pibes son los más afectados”, agregó.

Sin embargo, a principios de este año, el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto Público a través de la Decisión Administrativa 4/23, desestimando esos aumentos. Según la Ley de Presupuesto 27.701, es el Poder Legislativo el que aprueba y los ministerios quienes deben aplicarla. “Pero ahora todos esos aumentos  desaparecieron. No están en la distribución. La mitad era para políticas sociales pero también había subas para algunas provincias. Todo eso se desconoció”, remarcó.

Las consecuencias, si no se asignan estas subas, según la coordinadora del Programa Justicia Fiscal, tendrán impacto directo en los sectores más vulnerables de la población. “Las políticas que se van a ver más afectadas están en el parte de niñez, familias y hogares más pobres. Con la Tarjeta Alimentar por ejemplo, con la que solo se puede comprar comida y también políticas de viviendas, programas de urbanización y mejoras de barrios populares del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Después había algunos fondos más chiquitos pero que habían aumentado en el Plan del Manejo del Fuego y bosques nativos, vinculado a la problemáticas de los incendios y deforestación y eso también se recortó”, expresó.

La abogada Izcurdia observa también una falta de credibilidad en la distribución equitativa de los fondos: “Es muy difícil hacer un seguimiento de la gestión de recursos públicos, si es un ‘vamos viendo’ constante. Hay un montón de factores que influyen, desde la inflación a la deuda con el FMI y sus condiciones. En caso de que lleguemos a un 60% de inflación, tiene que volver el Presupuesto a discutirse. Nunca pasó eso que durante el año se vuelva discutir el Presupuesto porque se desconfía de la inflación que se está estimando

La ACIJ envió notas a todos los jefes de los bloques legislativos para obtener respuestas o justificativos de este revés presupuestario. “Hasta ahora no parece ser restituido ni recibimos nada. Pedimos también explicaciones de por qué se desconoció la voluntad del Congreso. Es verdad que el argumento puede ser que durante el año el Ministerio de Economía va a dar adecuaciones. Pero la realidad es que hoy, las instituciones como el Ministerio de Desarrollo y ANSES, no saben si van a contar con esa plata que se recortó. No es que vaciaron las políticas, tienen menos dinero que el Congreso decidió que debía tener”, remarcó Izcurdia. Ante la falta de respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Programa de Niñez de ACIJ evalúa si presenta un amparo para revertir esta situación.  

Las secundarias después (¿o antes?) de las tomas

Las secundarias después (¿o antes?) de las tomas

Pasaron las medidas de fuerza estudiantiles del 2022 pero los problemas en las escuelas públicas de la Ciudad continúan. Estudiantes y docentes pronostican un 2023 conflictivo.

Los meses de septiembre y octubre del año pasado, se vieron marcados por un clima de tensión constante entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad. Se realizaron diversos tipos de protestas, hasta llegar a la toma en muchos colegios secundarios. Además se realizó  una movilización histórica de más de 10.000 estudiantes, docentes, madres y padres en defensa de la educación pública.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que “no habría diálogo bajo extorsión” por lo que las tomas debían levantarse. Las tomas se levantaron, y si bien existieron canales de comunicación entre las partes, fueron poco útiles e insuficientes.

Después de los reclamos

“Lo único que recibimos fue una reunión. Cada dirección de área se reunió con los colegios de Capital para escuchar nuestros reclamos, pero no fueron encuentros fructíferos. No cambió en nada la realidad de nuestros colegios. La mala infraestructura y la falta de viandas continúan”, explica Paloma Vecchio, secretaria general del colegio Julio Cortázar.

“A pesar de que hubo algunos arreglos mínimos, por ejemplo, colocaron un plástico protector a las ventanas para que los vidrios no estallen, todavía hay muchos arreglos pendientes. La situación no mejoró. No hubo cambios significativos”, dice Ludmila Tassi, vocera del centro de estudiantes del colegio Mariano Acosta.

Vanesa Gagliardi, docente e integrante del comité ejecutivo de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), lo resume en una sola frase: “No resolvieron los problemas planteados”. En su opinión, las mejoras fueron pocas y solo se realizaron en un nivel “cosmético”, sin llegar a modificar a fondo la situación.

El Estado de las escuelas

“Bancos rotos, aulas sin ventiladores o con ventiladores que no funcionan, algunos pizarrones rotos, enchufes en mal estado, rajaduras en las paredes”: así describe Tassi el estado actual del Mariano Acosta. Tampoco hubo mejoras en las viandas que reciben los estudiantes.

La realidad del Cortázar es similar. No solo reciben muchas veces las viandas en mal estado, sino también poca cantidad. “Somos alrededor de 400 y nos llegan menos de 100 viandas. No alcanzan y para muchos es la única comida que tienen en el día”, cuenta Vecchio.

Otro de los temas en discusión son las prácticas profesionales. “El Gobierno insiste con las prácticas, en que los chicos trabajen de manera gratuita en empresas que no tienen nada que ver con lo educativo”, dice Gagliardi. Desde ADEMyS no se oponen a las prácticas, pero sí a su condición de obligatorias. “Se podrían pensar prácticas que aporten a los contenidos que se ven durante el año, no mandarlos a hacer sanguchitos o a volantear en la puerta de un teatro”, agrega.

 Este año, las prácticas no solo seguirán siendo obligatorias, sino que se aplicarán mucho más a fondo en varios colegios. “El año pasado lo que se hizo fue que una sola división de los quintos vaya a las prácticas. Desde la dirección de área de nuestro colegio ya nos confirmaron que ahora los cuatro quintos deberán realizarlas”, afirma Vecchio. En el caso del Acosta, eran prácticas únicas, es decir, se hicieron algunos días con distintas divisiones y terminaron. Aún resta saber cómo se llevarán a cabo durante este año.

Se viene, se viene…

Desde ADEMyS pronostican que todas estas problemáticas (sumado al salario docente), continuarán durante el 2023. “Nuestra intención es seguir con el plan de acción porque es la única manera de defender la educación pública”, asegura Gagliardi.

“Nosotros queremos ser partícipes de la discusión de qué colegio queremos y en qué condiciones lo queremos. Porque somos nosotros quienes lo transitamos, quienes vivimos el día a día y sus realidades. Somos nosotros quienes recibimos las viandas en mal estado, quienes estamos en las pasantías en malas condiciones, a quienes se nos caen los techos. Queremos hablar con la ministra de Educación, Soledad Acuña, y mantener abierto ese canal de diálogo”, afirma Vecchio. “Este año vamos a seguir juntándonos y tomando medidas en conjunto con otros colegios. Entendemos que la gremialidad es de las cosas más importantes. La unidad nos fortalece”.

Los estudiantes del Acosta piensan de igual manera. Así lo resume Tassi y anticipa lo que esperan para este año: “Durante el 2023 seguiremos dando las discusiones según el panorama y tomando medidas de lucha cuando sea necesario. Siempre tratando de acceder al diálogo para efectivamente solucionar los conflictos que tenemos históricamente”.

El diálogo fluido y permanente entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad, acompañado de un plan de acción eficiente que satisfaga las necesidades de los estudiantes, es la única solución para lograr terminar, de una vez por todas, con la mala situación que padecen la mayoría de las escuelas públicas.

Secos

Secos

¿Cómo se vive en una localidad con 42 grados y sin agua. Crónica de la crisis hídrica en Tartagal.

Son las 6 de la tarde y hace 42 grados. No hay agua en Tartagal, Salta. El agua potable no está al alcance de la canilla desde mediados de noviembre. Más de 50 días.

Para llegar a Tartagal hay que hacer 5 horas de ruta desde Salta capital, 355 kilómetros al noreste de la provincia. La verdulería de San Martín y Gorriti vende el mango a 200 pesos el kilo, a la sombra de un árbol de mango repleto de mangos; los que caen en la vereda se barren. La tropicalidad de Tartagal nunca tuvo un verano tan seco.

23 camiones cisterna distribuyen agua para cerca de 125.000 habitantes. También camionetas con tinacos, tanques de agua de 1100 litros. Se reúnen en puntos en la periferia de la ciudad alrededor de un camión de bomberos para cargar y distribuir, cargar y distribuir. En el centro, solo en el centro, se proveen bidones de agua mineral. El agua de red, cuando hay, no es apta para el consumo humano.

“La gente antes no se levantaba porque solo le faltaba el agua a la gente de la orilla, los del centro tenían. Hoy la crisis no tiene sectores, es todo Tartagal. Y no solo Tartagal, Aguaray, Salvador Maza, Cornejo, Mosconi, Embarcación”, le dice Edith Martearena, que forma parte del Comité de Emergencia Hídrica y es integrante de la Radio Indigena, a ANCCOM.

La sequía que atraviesa la región dejó sin agua al Dique Itiyuro, que abastece la red de General Mosconi, Aguaray y Tartagal. A mediados de noviembre de 2022, en los días del tropiezo mundialista con Arabia Saudita, el norte salteño empezó a atravesar una crisis hídrica que, a pesar de algunas lluvias, sigue sin tener soluciones.

Esta situación excepcional destapó una histórica deuda en infraestructura que todos los años deja sin agua a un porcentaje enorme de la población, sin sequía mediante. Y es que para quienes habitan los barrios periféricos de la ciudad de Tartagal, muchos de los cuales son comunidades originarias, esta crisis hídrica no es una novedad. Su reclamo es el mismo año tras año: igualar las condiciones de acceso al servicio.

“Después de un corte de ruta tremendo, en el que casi me judicializan por, me trajeron un tinaco. Hace 20 días lo trajeron”, cuenta Nancy López, cacique del pueblo Wichi Weenhayek, a ANCCOM.  

Nancy López vive en el paraje Ahajuk (mistol), cuatro kilómetros al este de la ciudad de Tartagal, por la ruta provincial 86. El tanque de agua de 1.100 litros que le llevaron 20 días atrás es para 21 familias, más de 70 personas. La provisión le dura entre 3 y 4 días y la recarga puede tardar hasta una semana.  

“Ha habido cortes de ruta en donde se mezclaban los pedidos, por un lado agua y por otro los tinacos. Se niegan a tener un esquema de abastecimiento comunitario, normalmente piden cada uno un tinaco para su domicilio”, le dice Uluncha Saravia, director del Ente Regulador de Servicios Públicos, a ANCCOM.

Sobre la ruta 86, que comienza en el centro de Tartagal y se extiende hacia el nordeste hasta el Río Itiyuro, viven más de 12 comunidades originarias que tienen que lidiar con los históricos conflictos por la tierra y el constante ataque a su identidad, pero también con las dificultades alimentarias y la falta de agua, este año agravada por la crisis que somete a toda la región.

«Los mataron para tapar mafiosos»

«Los mataron para tapar mafiosos»

“En cumplimiento del deber: Iron Mountain, el incendio” se estrenará el próximo 9 de febrero en el cine Gaumont. La película muestra la historia oculta detrás del fuego, vinculado al lavado de dinero, paraísos fiscales y una red de corrupción que permanece sin condena, con pruebas y documentos inéditos.

El próximo 9 de febrero se presentará en Argentina el documental ”En cumplimiento del deber: Iron Mountain, el incendio”, en el cine Gaumont. Una coproducción de INCAA y la Universidad Nacional de Quilmes, sobre los sucesos del 5 de febrero del 2014, en el siniestro del depósito de la firma Iron Mountain en Barracas, donde se produjo un derrumbe que terminó con la vida de  siete bomberos y dos miembros de defensa civil. El film devela la historia oculta detrás del fuego, relacionado al lavado de dinero a escala global y una red de corrupción que permanece sin condena, con pruebas y documentos nunca antes mostrados.

Dirigida por Jorge Gaggero, la película dura 68 minutos  y cuenta con la voz de la actriz Cecilia Roth en la narración de los hechos. El proyecto retoma lo sucedido y da a conocer el testimonio en la voz propia de familiares de víctimas del incendio. Fue producido por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés y la investigación estuvo a cargo de su hijo, el legislador porteño del FdT Juan Manuel Valdés, el periodista de El Destape Ari Lijalad y su colega especializado en economía Pablo Waisberg. En diálogo con ANCCOM,  Gaggero señala “Fuimos con cámara en mano a acompañar los peritajes desde el 2016 y comenzamos con el trabajo de investigación”. En el documental se pueden observar tomas aéreas del incendio brindadas por C5N, material de archivo de Telefé y de la Policía Federal. La hipótesis de que el fuego se originó accidentalmente fue confrontada rápidamente por los primeros indicios y testimonios de los sobrevivientes. El historial de Iron Mountain confirma que ya había sufrido siniestros en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Italia: en cinco de esos casos fue demostrada su intencionalidad. Veintinueve empresas investigadas por lavado de dinero guardaban sus archivos bancarios en el depósito siniestrado, entre ellas, la misma Iron Mountain. Las primeras pericias confirmaron que el fuego había sido intencional. Mientras que la empresa, beneficiada con una excepción impositiva, no contaba con la habilitación adecuada y los expedientes permanecen desaparecidos. 

En cumplimiento del deber, se presentó de forma internacional en la sección Latinoamérica en Perspectiva del 43º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana que tuvo lugar del 1 al 11 de diciembre del 2022 y contó con la presencia del director y del productor. La película fue seleccionada entre más de dos mil y la función estuvo acompañada por bomberos de la ciudad de La Habana. En el circuito internacional se prevé recorrer los distintos países de Latinoamérica para la exposición de una historia que merece ser difundida. Jorge Gaggero comenta que fue un espacio importante para hacer llegar la película y también para conocer otras historias de bomberos caídos. Además, el director señala que la proyección tuvo un clima emotivo y una buena recepción, dado que coincidió con un hecho desafortunado en el último tiempo, donde un rayo hizo explotar un destacamento de los bomberos de Cuba. 

En este sentido, destaca que la película busca “ser un instrumento para contar una historia, ponerse al servicio de esto, para generar memoria. El documental recorre la lucha de los familiares de las víctimas y el pedido de justicia, donde se enfrentan a intereses muy fuertes, y pregunta: ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes quieren ocultar esta información?” Además, remarca la importancia de la reflexión en relación al contexto político actual: “Es un momento, también, para reflexionar sobre lo que queremos como país y como sociedad”.

“¿Qué escondían esas cajas siniestradas? ¿Qué responsabilidades tuvieron en el hecho el poder político y qué relaciones tenía con las empresas involucradas?”, son las preguntas que resuenan en El cumplimiento del deber. La actriz, Cecilia Roth subraya: 

“Esto afectó de manera irremediable y definitiva a mucha gente. Y está bueno que con el documental afecte a más. Es la única manera que tenemos posible de que la justicia tenga más miradas encima. Para generar memoria y que esto no vuelva a pasar”; y, agrega: “Es muy fuerte, la profundidad con la que está contado, los datos precisos que desconocía la relación con otros Iron Mountains en el mundo. El gran hecho de todos estos incendios y lo que supone para todos nosotros, que haya pasado lo que pasó. El trabajo con los familiares, llevaba a un relato emocional”. Por su parte, el director destacó especialmente el fuerte compromiso de la actriz en todo momento para la difusión de la obra y la historia en sí.  

Como se indicó, la compañía dedicada al almacenamiento de archivos bancarios de grandes empresas y corporaciones, ya había sufrido siniestros en donde fue demostrada su intencionalidad.  En el caso de Argentina, las primeras pericias confirmaron que el fuego había sido intencional. En diálogo con ANCCOM, Liliana Barricola, hermana de Pedro Barricola, uno de los rescatistas fallecidos afirma que: “Era muy sospechoso que en tan poco tiempo cobrara tanta magnitud el incendio, por eso se descubre la intencionalidad del hecho, donde se estima que se colocaron focos ígneos, justo un día antes de que la UIF (Unidad de Información Financiera) se acercara a realizar una inspección por lavado de dinero. Nosotros fuimos un mes después de lo sucedido y todavía salía humo”.

Pedro Barricola era rescatista de Defensa Civil, asistió a los bomberos en los incendios. Liliana explica: “En la primera línea de fuego están los bomberos y los rescatistas están atrás asistiendo, ayudando, sacando heridos, pero no como pasó en ese momento, que estaban todos en la primera línea de fuego. Ellos pensaban que había gente adentro y buscaban salvar vidas. Nadie les dijo que eran sólo papeles de empresas que estaban fundiendo el país, que no había personas adentro. Algunos vecinos nos dijeron que la alarma de incendio sonó seis veces, algunos cuatro y que la apagaban. Quiénes llamaron a los bomberos fueron los mismos vecinos. Actualmente, el cuidador del depósito está prófugo, pero nadie lo busca, porque no les interesa”.

En este sentido, Barricola señaló la importancia de la película y la presencia en el festival  más reconocido en el ámbito latinoamericano: “El festival abre un panorama muy grande, nuestra historia va a llegar a distintos lugares. En Barracas se hizo como un altar en homenaje a los bomberos y rescatistas asesinados, donde se dejaron las cosas quedaron del incendio. Ocho años después se realizó la presentación de la película como preestreno en la calle, en la esquina donde ocurrió. Esa misma semana, lo volvieron a incendiar el espacio, el tronco que quedaba lo prendieron fuego, y se llevaron cosas”.

En relación a la causa judicial, Liliana comenta que tuvo algún movimiento en febrero de 2020, cuando los papás de Maximiliano Martinez, uno de los bomberos fallecidos, lograron reabrir la causa y remarca el pedido de justicia. “Porque esto no nos pasó solo a nosotras, o a once familias más –enfatiza–. Porque después de los chicos asesinados, se suicidaron dos miembros del grupo de bomberos sobrevivientes, ya que tampoco tuvieron ningún tipo de contención psicológica. Esto no fue solo un incendio. Los mataron para tapar mafiosos, el lavado de dinero y todas las grandes empresas que fugaban guita, que perjudicaron económicamente a todo el país. Necesitamos justicia, memoria activa y que esto se siga, que la causa no quede en el olvido. Recorrimos los medios, pero hay muchos que nos cerraron las puertas”.

Todos los años el 5 de febrero se realiza en el lugar del hecho, Quinquela y Jovellanos, un homenaje a las víctimas. Los vecinos del barrio y familiares se reúnen para recordar a los bomberos y los miembros de Defensa Civil. Tanto Cecilia Roth como el equipo de producción coinciden en que los vecinos han sido muy solidarios para mantener el lugar, el santuario: “Lo vivimos el día de la proyección en el lugar de la película en el barrio, los vecinos venían con sillas porque ya no había más lugar, salían y ofrecían cosas. También muchos vecinos se acercaron después de ver la película y nos dijeron “la verdad no sabíamos todo esto”. Vino todo el barrio, nosotros nos sentamos en el cordón de la vereda, fue muy emocionante”. 

El próximo 9 de febrero, acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia,  se presentará en ”En cumplimiento del deber: Iron Mountain, el incendio”, en el cine Gaumont a las 20 hs. y permanecerá en cartelera en los espacios INCAA de todo el país. A partir de marzo se encontrará disponible en la plataforma de Cine. AR. Una película para recuperar la memoria de los caídos.

En busca del equilibrio poblacional de perros y gatos

En busca del equilibrio poblacional de perros y gatos

Unos cinco millones de animales viven en la calle en la Argentina, 500 mil de ellos en el AMBA. Asociaciones de voluntarios rescatan todos los días a perros, gatos y caballos para luego ponerlos en adopción y encontrarles una familia. ¿Qué políticas implementa el Estado?

La raíz del problema es cultural y educacional. La castración temprana no es una práctica cotidiana. Recién en los últimos años, algunos municipios han implementado programas específicos. En zonas rurales, no sólo se siguen utilizando perros para arrear ganado o caballos como animales de carga, sino que también los dejan deambular solos y, así, pueden generar crías que nacen en la calle. Se estima que unos cinco millones de animales domésticos viven las calles del país, 500 mil de ellos en el AMBA.

En septiembre de 2008, en la provincia de Buenos Aires se promulgó la ley N° 13.879 que prohíbe el sacrificio de perros y gatos y tiene como objetivo que municipios y comunas puedan alcanzar el equilibrio de población de perros y gatos, es decir, que la cantidad de animales sea igual a la de familias que los puedan acoger y lograr este propósito sin matanzas. La norma establece que la castración se debe proporcionar de manera gratuita. 

Existen leyes similares en otras provincias. En Santa Fe, en 2014 se sancionó la N° 13.383, que creó la Dirección de Sanidad y Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana. En Chubut, la N° 655 con el mismo fin. En 2019, el diputado nacional Mario Arce (UCR) presentó un proyecto al respecto en el Congreso que nunca se llegó a debatir y fue archivado.

Aunque algunos municipios son vanguardia y lograron el equilibrio, otros ni siquiera tienen departamentos de zoonosis. Almirante Brown es uno de los modelos a seguir. Allí, la ONG Red de Políticas Públicas desarrolló el Programa para el Control Ético de la Fauna Urbana –gestado en el partido y replicado en varias ciudades argentinas– y en 2021 llevó a cabo 32.171 castraciones gratuitas. En otros lugares, mientras tanto, todavía se brindan pocos turnos.

Hay personas que comienzan a trabajar en esto por mano propia, armando sus propios proyectos de rescate y adopción de mascotas. Un ejemplo es Rescatando Huellitas. Su fundadora, Brenda Hernández, empezó ayudando a perros y gatos de su localidad, Villa Fiorito, y en barrios de emergencia cercanos como Villa Acuba, en Lanús.

Con el tiempo se sumaron más voluntarios y hoy llegan a 90, entre quienes se ofrecen como casas de tránsito, traslado, rescatistas y donantes. Casi todos los animales necesitan asistencia médica ya sea por moquillo, infecciones, tumores o fracturas y lastimaduras debido a accidentes vehiculares. Es común que la gente del barrio se comunique con estas organizaciones buscando una salvación para los animales solos en la calle.

Sobre los turnos de castración municipales, Hernández afirma: “En zona sur, donde rescatamos, hay mucha ausencia y si organizan castraciones desde el Municipio son pocos turnos semanales. Somos las organizaciones y refugios quienes realizamos nuestras propias jornadas de castración para animales comunitarios y familias humildes. Si bien en zona norte y Capital Federal es más fácil conseguir turnos, aún no llegan a la cantidad requerida ni tampoco la educación que se necesita hacia los tutores”.

Para adoptar mascotas de su refugio, Rescatando Huellitas pide llenar un formulario, subir fotos de la casa para ver si el perro tendría espacio para correr según su tamaño y que sea un lugar cerrado donde sea seguro que no vaya a escaparse. Finalmente, se debe firmar un contrato donde se acepta la castración obligatoria del animal si es que es cachorro y ellos aún no pudieron hacerlo. Después se hace un seguimiento a través de WhatsApp, durante seis meses, donde deben mandarse fotos de la mascota, de las vacunas dadas y de la muestra de castración realizada.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permite sacar turnos de castración a través de su página web. Si bien se terminan rápidamente, una vez liberados, se anuncian los siguientes días y horarios disponibles en la página de Facebook “Mascotas de la Ciudad”, donde también se informan las jornadas de adopción en diferentes parques.

Los refugios y organizaciones de voluntarios, cuando pueden, también organizan jornadas de castración y adopción. “El Estado debería proveer concientización para así educar más a las personas acerca del tema y de la responsabilidad que eso amerita –dice una de sus referentes–. En muchas ocasiones, la gente vive en departamentos urbanos y decide comprar a criaderos en vez de adoptar, porque al ser perros que no tienen una raza concreta, no puede saberse bien de qué tamaño será la mascota”.

Actualmente existen unos dos mil criaderos registrados en el país, pero se estima que no hay menos de uno por municipio, lo que elevaría la cifra de los clandestinos. En estos suele repetirse el mismo escenario: animales hacinados, falta de higiene, y condiciones físicas y nutricionales deplorables. Algunos logran ser desmantelados gracias a las denuncias por maltrato animal de vecinos o asociaciones protectoras. Los precios de los perros grandes van de los 80 mil hasta los 350 mil pesos, dependiendo del criadero, y los chiquitos de 60 mil a 250 mil pesos.

La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción del país donde la actividad está expresamente prohibida por la ordenanza Nº 41.831/87, que prohíbe los criaderos y solo admite la comercialización de animales domésticos en lugares habilitados, como veterinarias y centros de mascotas, con certificado médico y en presencia del profesional. En el resto de la Argentina, aún no hay reglamentaciones claras.

Según Brenda Hernández, “sin demanda no hay negocio”. “Es decir, si la gente sigue comprando en criaderos, está favoreciendo la explotación animal, hembras con las mamas hinchadas, con tumores, que tienen que parir celo tras celo para que la gente pueda hacer dinero con sus cachorros. No hay buenos criaderos. Que estén en un country con espacio para correr no significa que no sea malo, porque sigue siendo explotación animal para rédito económico. Hay miles de animales esperando un hogar, ¿por qué seguir trayendo camadas al mundo cuando ya hay tantos abandonados?”, se pregunta.

No se trata de un simple capricho. Está comprobado que los animales tienen emociones. Sofía Mezzina es psicóloga y dedicó su tesis de licenciatura al tema. “Hay que pensar muy bien y a largo plazo antes de traer al hogar a un animal, pensar que se trata de un ser sintiente. Informarnos de lo que conlleva mantenerlo antes de tomar la decisión que sería para toda su vida”.

Y agrega: “Con los mamíferos como perros, gatos o caballos, que usualmente son mascotas, compartimos un área del cerebro llamada ‘amiga’, que es el centro de nuestras emociones. Esta nos permite sentir las seis emociones básicas: alegría, miedo, enojo, tristeza, asco y sorpresa. Nosotros podemos identificarlas en ellos y ellos en nosotros cuando las experimentamos, por lo que nos une una empatía emocional”.

El refugio Rotitos de alma rescata y pone en adopción animales. Cuenta con un terreno en el partido bonaerense de Moreno de casi una manzana completa. Allí muchos andan sueltos y solo los enfermos están separados del resto en caniles. Los que están lastimados o discapacitados tienen sectores donde solo hay arena para pisar más suavemente.

La organización rescata alrededor de 20 animales por semana, entre perros, gatos, caballos y hasta gallinas. Si alguno tiene moquillo, compañeros de otros refugios prestan un lugar para mantenerlos aislados hasta que estén saludables. Una de las voluntarias, Marcela Cristaldo, cuenta que “es necesaria la castración para equilibrar la población animal, pero además hay que generar herramientas y concientizar. Muchas personas de la provincia también dejan a sus perros solos, no es solo educar sobre la castración sino sobre las grandes cantidades de animales viviendo en la calle, ahí necesita haber una presencia estatal”.

A Cristaldo, quien comenzó como voluntaria porque siempre tuvo mucha afinidad con los animales, le produce “una gran satisfacción y alegría cuando un perro rescatado finalmente tiene una familia”. Tiene dos perras, una fue rescatada de un criadero. “Es muy miedosa –afirma– y claramente lo es por las secuelas de haber vivido dos años encerrada en una jaula”. Sobre los criaderos, señala: “Conocí a alguien que tenía uno y poseía alrededor de 80 perros en jaulas. Los sacaba solamente una vez por día. Viven como ganado, el que cría perros los ve como objetos que generan ganancias. Las hembras la pasan muy mal y las maltratan físicamente pariendo crías tan seguido”.

En su refugio, hace poco tiempo perdieron a uno de sus perros rescatados, Otis. Tenía cáncer, había sido operado por un tumor en sus genitales hacía un año y durante un tiempo prolongado hizo quimioterapia. Fue adoptado, pero lo devolvieron porque su tumor volvió. Medicado, cuidado, murió mientras dormía, y el dolor por su partida todavía persiste en el refugio.

El trabajo de rescatistas va sembrando conciencia en distintos puntos del país. En julio último, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, firmó un convenio para la creación de hogares de tránsito y adopción de animales en los municipios de Iglesia, Calingasta, Caucete y Zonda. “Se estima que en San Juan puede haber alrededor de 200 mil perros, algunos domésticos y otros en situación de calle”, sostuvo el mandatario durante el acto. En la ciudad de Córdoba, el Comité de Protección Animal realiza talleres de sensibilización y concientización en escuelas. En Jujuy, se aprobó la ley provincial N° 6.293 que declara «a los animales no humanos (ANH) como ‘seres sintientes’”. Aún falta mucho en materia de políticas públicas, sin embargo, las acciones se siguen multiplicando gracias al impulso de las comunidades.