La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que el Gobierno dio marcha atrás con un incremento establecido en la Ley de Presupuesto.
El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con un aumento del Presupuesto Público para este año, que había sido acordado por el Congreso en conjunto con organizaciones no gubernamentales, y que tenía como destino programas sociales vinculados a la niñez, ambiente y vivienda. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la transparencia constitucional de la decisión e instó al gobierno a revertir esta situación. La abogada y Coordinadora del Programa Justicia Fiscal de esa entidad, Julieta Izcurdia, expresó: “Democráticamente nuestro sistema republicano dice que es el Congreso quien aprueba la ley y el Ejecutivo quien debe implementarla”.
Según ACIJ, la inconstitucionalidad de dicha modificación por parte del Ejecutivo no solo es desconocer la actuación del Congreso, sino que también vulnera elementos reconocidos en la Ley Nacional 26.061, vinculada a los derechos de las infancias. “En términos constitucionales, es un problema. Hay una ley nacional que aplica solo a políticas de infancia, justo las más recortadas, omitiendo un principio muy importante en materia de derechos humanos, que es el de no regresividad y de intangibilidad. Significa que el Estado no puede retroceder el nivel de derechos que garantiza a su población y eso se ve reflejado en el recorte presupuestario. Esa ley dice que todos los años no pueden bajar el gasto público en las infancias y eso es lo que está sucediendo, incumpliéndola”, dijo Izcurdia.
Mientras las últimas estadísticas del INDEC conocidas miden que, del total de la población argentina, el 36,5 por ciento estaba bajo la línea de pobreza, las organizaciones civiles advirtieron recortes significativos en áreas claves como niñez, ambiente y educación. El Congreso había consensuado con una serie de organizaciones en aumentar más de 500 millones de pesos para diferentes programas que garanticen derechos sociales en estos sectores más afectados por la pobreza. “Desde el año 2015 empezamos a reunirnos en el Congreso junto con otras organizaciones que trabajamos diferentes temas, con asesores, diputados y diputadas para mostrar cuando veíamos que había recortes, para pedir aumentos si era posible y visibilizar lo que venía pasando en términos de presupuestos o políticas sociales”, recuerda Izcurdia.
“El año pasado, después de una mesa de trabajo, especialmente con la Comisión de Niñez, donde participaron otras organizaciones también, se ampliaron varias partidas de políticas alimentarias como a comedores escolares y asignaciones familiares, porque habíamos visto que hubo un recorte. El Congreso reconoció que era necesaria la suba porque la pobreza sigue estando en los mismos niveles y los pibes son los más afectados”, agregó.
Sin embargo, a principios de este año, el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto Público a través de la Decisión Administrativa 4/23, desestimando esos aumentos. Según la Ley de Presupuesto 27.701, es el Poder Legislativo el que aprueba y los ministerios quienes deben aplicarla. “Pero ahora todos esos aumentos desaparecieron. No están en la distribución. La mitad era para políticas sociales pero también había subas para algunas provincias. Todo eso se desconoció”, remarcó.
Las consecuencias, si no se asignan estas subas, según la coordinadora del Programa Justicia Fiscal, tendrán impacto directo en los sectores más vulnerables de la población. “Las políticas que se van a ver más afectadas están en el parte de niñez, familias y hogares más pobres. Con la Tarjeta Alimentar por ejemplo, con la que solo se puede comprar comida y también políticas de viviendas, programas de urbanización y mejoras de barrios populares del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Después había algunos fondos más chiquitos pero que habían aumentado en el Plan del Manejo del Fuego y bosques nativos, vinculado a la problemáticas de los incendios y deforestación y eso también se recortó”, expresó.
La abogada Izcurdia observa también una falta de credibilidad en la distribución equitativa de los fondos: “Es muy difícil hacer un seguimiento de la gestión de recursos públicos, si es un ‘vamos viendo’ constante. Hay un montón de factores que influyen, desde la inflación a la deuda con el FMI y sus condiciones. En caso de que lleguemos a un 60% de inflación, tiene que volver el Presupuesto a discutirse. Nunca pasó eso que durante el año se vuelva discutir el Presupuesto porque se desconfía de la inflación que se está estimando
La ACIJ envió notas a todos los jefes de los bloques legislativos para obtener respuestas o justificativos de este revés presupuestario. “Hasta ahora no parece ser restituido ni recibimos nada. Pedimos también explicaciones de por qué se desconoció la voluntad del Congreso. Es verdad que el argumento puede ser que durante el año el Ministerio de Economía va a dar adecuaciones. Pero la realidad es que hoy, las instituciones como el Ministerio de Desarrollo y ANSES, no saben si van a contar con esa plata que se recortó. No es que vaciaron las políticas, tienen menos dinero que el Congreso decidió que debía tener”, remarcó Izcurdia. Ante la falta de respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Programa de Niñez de ACIJ evalúa si presenta un amparo para revertir esta situación.