Los vecinos de Beccar quieren un parque público

Los vecinos de Beccar quieren un parque público

La Asamblea Barrial de Béccar se opone a la construcción de un shopping de Cencosud, licitado en 1996, en un predio que ocupaba la antigua Obras Sanitarias. Hoy se trata de un baldío y su futuro depende de un fallo judicial.

Los segundos y cuartos domingos de cada mes, por la tarde, los vecinos de la Asamblea Barrial de Beccar se reúnen en el frente del expredio de Obras Sanitarias licitado a Cencosud en 1996. Su propósito es visibilizar la lucha que llevan adelante para que el Municipio de San Isidro los convoque y que el Poder Judicial dictamine a favor de que el terreno vuelva a manos del Estado para que se concrete el anhelo de establecer en ese lugar un parque público. En el último tiempo Ramón Lanús, intendente del partido ribereño y empresario vinculado al negocio inmobiliario, manifestó su intención de llegar a una transacción con la multinacional, a lo que los miembros de la asamblea se oponen contundentemente.    

El derecho a la vivienda, a un medioambiente sano, la participación ciudadana en la planificación urbana y la conservación de la identidad de un pueblo son algunas de las consignas que convergen en el lema “Sí al parque público de Béccar”. La organización y lucha colectiva de la asamblea local espera la resolución judicial desde 2017. Hace casi 30 años que el predio ubicado en Av. Centenario y Tomkinson es reclamado por la comunidad. Aun así, en 1996 Cencosud ganó la licitación para construir un centro comercial en el lugar en un plazo determinado, con la condición de dominio revocable. La multinacional ya perdió sus derechos sobre el lugar, pero se niega a reconocerlo. 

Las rejas que imponen distancia y el estado de abandono del lugar no resultan trabas para resignar el reclamo. Tampoco la gran cantidad de carteles de color amarillo y negro que remarcaban que es una propiedad privada monitoreada por agentes de seguridad. Muchos de quienes se hicieron presentes en el último encuentro son personas mayores, gran parte mujeres, que dedicaron un largo rato de su fin de semana a hacer visible el reclamo. Armaron banderines y pintaron carteles que luego amarraron junto a escritos en las paredes que afirmaban: “Sí al parque público de Béccar”. Una rayuela y otras manifestaciones artísticas en colores dan vida a una vereda desamparada. El pasto del terreno se mantiene corto porque adentro hay caballos que se alimentan de él, aunque no son capaces de disimular la basura acumulada y el desmoronamiento de las instalaciones.

La Asamblea Barrial de Béccar nació en el caótico diciembre del 2001. Elda Cedro se unió en febrero de 2002 y sostuvo que “fueron las distintas causas lo que nos mantuvo tantos años unidos”. Cedro considera a la pandemia como factor fundamental de la reflexión ciudadana sobre la importancia de vivir en un medioambiente sano y la importancia que devino para el reclamo por el parque público. Mientras pintaban con stencils sobre cartones, una de las integrantes de la asamblea repartía a quienes pasaban por la vereda volantes con el reclamo. Ninguno los despreció. Como en cada encuentro, se sentaron en ronda para comentar sobre las actualizaciones del caso y reflexiones sobre la comunidad de la que son parte. 

El expredio de Obras Sanitarias es un punto clave para Béccar, por su ubicación geográfica cercana a las desiguales realidades socioeconómicas de la ciudad. En la parte de atrás es lindero de La Cava, un barrio popular donde, dado las características del terreno por la extracción de arcilla para la fábrica de ladrillos que funcionaba en el lugar, viven en condiciones de hacinamiento y marginación social. 

Junto a una cátedra de Arquitectura de FADU los miembros de la asamblea diseñaron un anteproyecto donde, entre otros objetivos planteados, tres hectáreas del terreno serían destinadas a la construcción de viviendas para vecinos de La Cava. El predio comprende 20 hectáreas de arboleda añosa, diversidad de flora y fauna y estructuras de galpones que, en manos del Estado, resultaría fundamental para garantizar el acceso a la salud pública, a la cultura, al ocio y a  la recreación. 

En un informe que presentó Cencosud en el 2017 expusieron que cementar el predio provocaría la pérdida de la totalidad de su biodiversidad. Más allá de la legislación provincial y consensos internacionales que establecen necesarios entre nueve y diez metros cuadrados de espacio público verde por habitante para una mejor calidad de vida, en Béccar no se superan los 1,5 metros cuadrados.

“Si al parque público Béccar” es la consigna que busca conservar uno de los pocos pulmones verdes que le quedan a la localidad. Los años noventa, durante el menemismo, estuvieron signados por la privatización y el achicamiento del Estado. Fue en este contexto que salió la licitación del predio de Obras Sanitarias y en 1996 fue adjudicado a Cencosud. Tomaron posición en el lugar bajo la condición de dominio revocable, es decir que volvería a manos del Estado nacional en caso de no cumplir con lo pautado. El plazo exacto que tenían para llevar a cabo la construcción estaba expresado en un expediente del que no se conoce paradero, pero por defecto en 2016, 20 años después de la licitación, la Administración de Bienes del Estado (AABE) inició el recorrido judicial para recuperarlo. 

Paradójicamente, el presidente de la AABE entre 2015 y 2019 fue Ramón Lanús, actual intendente de San Isidro, quién ganó la interna de Juntos por el Cambio a Macarena Posse, heredera de una “dinastía” de 40 años de poder en el partido. Según argumentan los vecinos de la Asamblea Barrial de Béccar en la carta presentada el 28 de agosto ante el Concejo Deliberante, el mandatario no disimula sus intenciones de llegar a un acuerdo de manera extrajudicial entre Cencosud y el Estado nacional. Los vecinos, que insisten en la recuperación del espacio verde, esperan el dictamen del Juez Patricio Maraniello y no ven posible un acuerdo con la multinacional, que dejó a la deriva el lugar hace 28 años.  

Cedro argumenta que nunca hubo herramientas democráticas para el pueblo en torno a la planificación urbana, ni tampoco una convocatoria a la comunidad cuando se tratan cuestiones vinculadas al medio ambiente, presente en el Acuerdo de Escazú aprobado en Argentina en 2020 . “Hay siempre una resistencia, y eso es un mérito para nosotros” reflexionó una integrante de la ronda ante el recuerdo de los intentos de atropello con respecto al predio que supieron sortear. En cuanto a la causa judicial, lo próximo que esperan son los resultados del tercer peritaje ambiental solicitado por Maraniello, que Cencosud durante cuatro años intentó evadir. “Si al parque público de Béccar” es una lucha que espera la definición del juez, aun conociendo los tiempos que comprende el proceso, porque consideran al parque fundamental para la identidad y el futuro de las nuevas generaciones.

 

Con orgullo contra el hambre

Con orgullo contra el hambre

La Asociación Mocha Celis, de la comunidad travesti trans, organizó un reparto de comida caliente a quien necesitara calmar el hambre. Los discriminados por odio dieron de comer a otros perseguidos, los abandonados por la política ecónomica del gobierno de Javier Milei.

La calle está en silencio a pesar de ser plena avenida en el barrio Balvanera. Es un domingo gris, ventoso, con probabilidades de lluvia, excusa perfecta para encerrarse en la casa y pasarlo con la misma ropa con la que se sale de la cama. Pero en la esquina de Jujuy y México, a metros del bachillerato Mocha Celis, de la comunidad travesti trans, entran a la plaza unos tacos rojos de la altura de un rascacielos, un shorcito que cubre lo necesario, tops de encaje sofisticados, escotes prominentes, maquillajes glamorosos y mucha coquetería. Pero de a poco también se animan a entrar tímidamente unas viseras, remeras de fútbol, pantalones desgastados, bolsas de tela vieja y zapatillas agujereadas. Detrás de ellos, unos fuentones calientes y llenos de fideos mostachol con salsa boloñesa y queso. En la plaza Velazco Ibarra, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica (COMOLH) se prepara para recibir a quien quiera acercarse a la primera olla popular que realiza, “contra el hambre y el odio”.

La convocatoria es alta, son más de 50 banderas superpuestas en la reja de la plaza, todas de las organizaciones y asociaciones civiles que se agrupan bajo el Frente Orgullo y Lucha. La mesa del domingo necesitó metamorfosearse a banco de plaza, maceta, mantita sobre el suelo, todo lo que sirviera de asiento. “Hay ganas de recuperar la fiesta y ganas de participar y de construir ese mundo en el que queremos vivir”, exclama Francisco Quiñones Cuartas, director de la Mocha.

En esta ocasión inaugural, la Mocha se puso al hombro la preparación de unos diez kilos de fideos, una cantidad equitativa de salsa, bowls de queso rallado que parecían imitaciones a escala del planetario y hasta un ollón de arroz con leche de postre. Su cocina trabajó un día entero, porque también guardaron en el freezer dos eventos próximos más: uno de pastel de papa y otro de empanadas. El activismo no se sacia con una sola comida. 

—Sofi, ¿te ponés dos paquetes de fideos más? Hay gente que quiere repetir.

En la sobremesa, ahora con todas las panzas satisfechas, el tema de debate es la convocatoria al próximo 2 de noviembre, la 33° marcha del Orgullo. Esta vez, su consigna será “El orgullo no se vende, se visibiliza y se defiende”. Las políticas del gobierno de La Libertad Avanza son un ataque directo a la comunidad, como el cierre del INADI, la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, el desfinanciamiento de programas de acompañamiento, y todo un caldo de cultivo basado en “la lucha cultural” que bienrecibe a la violencia, discriminación e invisibilización de la comunidad LGBTIQ+. En esta cuenta neoliberal, al odio se le suma el hambre.

Pero el zarpazo del león no es más que una historia que se repite para muchas de las personas aquí sentadas. Para Virginia Silveira, la nueva directora de la Asociación Mocha Celis, egresada de su bachillerato, no hay tiempo para debates twitteros cuando la compañera de al lado no llega a fin de mes, o si otra no recibe sus medicamentos y una jubilación suficiente para tener una vejez digna (a pesar de que la expectativa de vida siga siendo entre los 35 y 40 años), o si una persona no tiene otro hogar más que la calle. 

Por eso, esta olla no es solo un discurso político combativo, es una idea materializada, un almuerzo de domingo con una familia que te sienta en su mesa sin conocerte, porque entiende que la mejor herramienta son los lazos tejidos a través del amor y el afecto. Solo el arroz con leche del fin de la jornada es tan dulce como esta red.

 

Los universitarios abrazaron al Clínicas

Los universitarios abrazaron al Clínicas

 En una semana signada por las medidas de fuerza para visibilizar el conflicto universitario, miles de integrantes de la comunidad se manifestaron frente al hospital escuela para exigirle al gobierno de Javier Milei mayor presupuesto y aumento salarial para los docentes y los no docentes.

Sindicatos, agrupaciones sociales, estudiantes, docentes y no docentes de diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires, se unieron esta mañana en Avenida Córdoba 2351, para brindarle su apoyo a una de las instituciones más importantes del país, como lo es el Hospital de Clínicas. La movilización se realizó bajo la consigna de abrazo a la institución y abogó por dos claras deudas del gobierno: salarios dignos y presupuesto universitario.

La jornada de visibilización logró unir a miles de personas con el objetivo de evidenciar cuáles son las problemáticas por las que atraviesan la educación y salud pública. Letreros, banderas, guardapolvos hospitalarios y cuerpos deseosos de encontrar respuestas para cambiar el panorama que se vive, fueron las piezas clave para abrazar al hospital desde las 10 de la mañana.

Aplausos, gritos, pancartas y bombos, se hicieron presentes en las calles. Los cánticos que se escucharon con fuerza e hicieron temblar a cualquiera que no formara parte de la comunidad académica fueron:  “Sin salarios dignos, no hay salud y educación públicas”.

Una de las personas con las que ANCCOM tuvo la posibilidad de dialogar en la movilización fue Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA, quien expresó su preocupación por el presente que les toca afrontar e indicó: “Estamos peleando durante todo este año para que la universidad siga estando de pie, necesitamos una universidad estatal, pública, gratuita y laica. Esto implica tener presupuesto para funcionar, para investigar, para hacer docencia y extensión, pero también para salarios de docentes y no docentes”.

Por su parte, María Fonseca, quién es enfermera en el Área de Control de Infecciones en el Clínicas y que a cargo de ese sector hace más de 25 años, dijo: “Estoy movilizándome porque la situación salarial es terrible, ya es insostenible. No nos alcanza para nada y a eso hay que sumarle que el hospital no tiene los insumos necesarios para la atención de los pacientes. Muchas veces se compran cosas que no son de tan buena calidad y se terminan rompiendo, lo que repercute en los pacientes, ya que hay que retirarles el dispositivo y colocarle otro, con el sufrimiento que eso conlleva, lo que supone más trabajo para los médicos, para los enfermeros y es insostenible esta situación”.

En tanto, Sebastián Rodríguez, trabajador no docente de la Universidad de Buenos Aires, cuando se le consultó porque se hizo presente, explicó: “Tenemos que abrazar a la salud pública y a la educación pública, porque sin salarios dignos la UBA no funciona. Invitamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a que nos apoyen, porque la universidad es el desarrollo para un país mejor, el desarrollo para el futuro de nuestros hijos y de la vida de los ciudadanos. Sin educación y sin salud pública, no hay un país en desarrollo”.

Por otro lado, Celotto se mostró confiada de que las diferentes acciones que se vienen desarrollando en los últimos meses van a conseguir las soluciones deseadas. “Esperamos una pronta respuesta del gobierno, lo vamos a lograr porque la universidad se lo merece y nosotros que la sostenemos, también. Tengo una fe absoluta, a pelearla”, estableció.

Sin embargo, la espera es muy larga. Fonseca,  además de enfermera es madre de un niño con discapacidad y argumentó  sobre lo que debe enfrentarse con el actual gobierno. “No estoy de acuerdo con la política de ajuste que está haciendo Milei, nos está asfixiando y personalmente, me siento como que en nuestro país somos ciudadanos de segunda, los que trabajamos en el Hospital de Clínicas y en toda la universidad”, afirmó.

La trabajadora agregó: “El sueldo no alcanza para nada. Solo tengo este trabajo porque a mi nene lo tengo que acompañar más al tener una discapacidad y me replanteo si vuelvo a tener un segundo trabajo para poder dedicarle las comodidades que él necesita o estoy en casa. Es difícil la decisión.”

Fonseca explicó, además, el por qué llevar a cabo ciertas acciones en el Clínicas resulta complejo. “Venimos haciendo varias medidas para que nos escuchen, como paros sin concurrencia. Pero la realidad es que esto repercute también en los pacientes. Este hospital, siempre se caracterizó por ser emblemático, de reconocimiento a nivel de lo que es la salud pública, la mayoría de los pacientes concurren a este hospital porque no tienen la solución en otras instituciones y tratamos de brindarle lo mejor.”

Celotto adelantó algunas de las propuestas en materia de movilización que llevarán adelante en los próximos días: “En todas partes va haber acciones. Nos nucleamos alrededor de nuestras unidades académicas para convocar con todo al 2 de octubre, nos movilizamos y convocamos a toda la población a salir a defender nuestra universidad.”

 

“Un espejo siniestro de aquella época que se refleja en la actual”

“Un espejo siniestro de aquella época que se refleja en la actual”

Una textil recuperada, Overlock, que recrea el clima e historia de otra, Brukman, manejada por sus trabajadores desde la debacle de 2001: de eso trata esta obra de teatro independiente dirigida por Verónica Schneck, una pieza conmovedora, entretenida y altamente política.

La obra Overlock, escrita y dirigida por Verónica Schneck, cuenta la historia de la fábrica de textiles Brukman, una empresa abandonada por sus dueños y recuperada por sus trabajadores en plena crisis del 2001, en el barrio porteño de Balvanera. Al caer la noche, siete actrices y dos actores interpretan al plantel que decidió quedarse en la fábrica; nueve voces que intentarán mantener funcionando las máquinas bajo la inminente amenaza de desalojo, siempre con el retumbar de la ausencia del patrón.

“Me parecía muy interesante la situación de que el dueño se haya ido —dice la directora en diálogo con ANCCOM—. El lugar del poder quedaba como un espacio vacío, y seguía repercutiendo. Entonces se me apareció la idea de un fantasma, y a eso lo asociaba al capitalismo: al fantasma del capitalismo”.

Ese fantasma estará presente en el medio de todas las conversaciones, mientras los personajes discuten, se exasperan, hablan el uno por encima del otro mientras alguien gesticula por detrás, evocando ese caos tan propio de una asamblea o de una jornada de trabajo, en un escenario salpicado de trajes, gajos de telas, maniquíes y máquinas textiles. “Me gusta lo coral, porque me gusta trabajar en términos de ritmo —sigue Verónica, que después concluirá—: Que sea como un caos ordenado. Y para que ese caos fluya, tiene que haber mucho orden”.

Schneck, con un bebé en brazos, cuenta cómo ese caos se fue ordenando en la obra: era un proyecto de doce personas como trabajo final para su graduación en la UNA; a ese primer elenco, del que hoy quedan tres integrantes, se sumaron seis actores y actrices con quienes ella quería trabajar. Lo que faltaba no era talento, sino dinero. “Todo lo que ves en el escenario lo conseguimos: tías, tíos, familiares, todas las máquinas fueron donadas; las mesas son de la UNA; los retazos de telas fuimos a conseguirlos al Once”, dice la directora, que se nota frustrada por la situación actual: “El teatro independiente siempre es difícil —comenta—. Estoy todo el tiempo así: si es momento de ensayar o es momento de hacer función, si no es mucho el reme que hay que hacer en un momento tan difícil, donde hay que estar buscando gente que pague una entrada en tiempos donde no se llega a fin de mes. Bueno, eso de que la plata no alcanza lo dice la obra también, y ahora es lo que nos sucede: la plata no alcanza”.

El 2001, en Textiles Brukman, la plata tampoco alcanzaba. Las trabajadoras decidieron quedarse porque no podían pagar ni el colectivo; el dueño, Jacobo Brukman, les había tirado las llaves sin pagarles los sueldos, a ver qué podían hacer. Lo que hicieron fue tomar la fábrica, ponerla en marcha y resistir los intentos de desalojo con Myriam Bregman como abogada, con el apoyo de otras fábricas recuperadas cortando la calle, mientras por fuera se sucedían los presidentes, cerraban los bancos, gaseaban y apaleaban a obreros, jubilados y estudiantes. Una historia que, dice Schneck, remite mucho a este presente: “Es un poco un espejo, un espejo siniestro, de aquella época que se refleja en la actual”.

Pero Overlock es de todo menos lóbrega. Un momento tan simple como compartir una pizza se siente como un faro de calidez humana; un súbito corte de luz hace saltar al elenco y a la audiencia. Después, los discursos proféticos, llenos de épica: ‘¡Es mejor sin patrón!’, ‘¡La lucha hilvana un mundo mejor, compañeros!’, ‘¡Estatización ya!’… Es una obra directa, altamente política, pero sobre todo atrapante, conmovedora y entretenida.

Los personajes tienen voces únicas, son personas de carne: Eva, la secretaria, peleando contra el fantasma de su amante y patrón; Marcelo, el renegado, con su cinismo y sus solos de guitarra; una obrera inmigrante rusa contrasta el humor con la nostalgia soviética; Jazmín, la empleada nueva, con su cuello ortopédico; Rita, embarazada, de palabra más fuerte y decidida; y así con los nueve, todos en juego, repartidos en focos sobre el escenario, mezclados en diálogos que trasuntan cotidianidad, mundanos en el mejor sentido de la palabra. Cada uno con su jerga, su momento y su tarea: los actores parecen estar pasándolo bien. 

“Yo no creo que esté bueno en una obra independiente que alguien actúe muy poco —dice la directora—. Todos tienen que tener su volumen, su brillo. La obra tiene que enamorarlos, porque no hay dinero, entonces tiene que ser por otra cosa.”

¿Y cuál sería esa otra cosa?

El amor —su bebé llora—. Nada más. Nada más y todo eso.

Overlock será presentada en el teatro Becket (Guardia Vieja 3556) por otras siete funciones, todos los viernes a las 22:30. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral. 

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

Veinte familias fueron desalojadas violentamente en La Boca, en un operativo que pasó por encima de una medida cautelar y que se realizó sin que el decreto que lo ordenaba estuviera aún publicado en el Boletín Oficial. Según los vecinos, en el barrio se producen dos desalojos por semana y hay 200 casas en riesgo de desalojo.

Nancy, una de las vecinas desalojadas, junto a la puerta de la que era su casa.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a 15 familias de la casa donde vivían, en la calle Necochea y Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca. El hecho, ocurrido el lunes 26 de agosto pasado, fue una continuación del desalojo comenzado días antes, el 30 de julio, en cumplimiento de un decreto del jefe de Gobierno Jorge Macri.

El operativo avanzó sobre las propiedades situadas en los números 1476, 1480, 1488 y 1492 de Necochea. “Vinieron a las siete de la mañana con un operativo de vallas, también con mucha policía, no dejando pasar a la abogada de las familias. Tampoco permitieron que familiares o vecinos puedan acceder o ayudar a la gente a sacar sus pertenencias”, cuenta Tomás Lerner, militante barrial presente en el desalojo. “Fue muy violento por la cantidad de policías, por el maltrato, por cómo secuestraban las pertenencias de las personas sin orden judicial”.

“En 37 años que estoy en el barrio no vi algo igual”, comenta Alberto, quien residía en Necochea 1488 junto a su familia. “No trajeron una ambulancia ni personal médico, como es requerido en estos casos. Tampoco había personal femenino para tratar con las mujeres. Se llevaron detenidas a una mujer embarazada y a otra discapacitada”, afirma.

“Hubo gente que no llegó a sacar las cosas, porque estaban apurados”, agrega Marta Yane, integrante de la Junta de la Comuna 4 y responsable del área de Vivienda. “Los muebles que sacaba la policía los subían a los camiones. Suben las cosas y después te dan un papel, un remito de lo que subieron, para que cuando consigas lugar para vivir, vayas al depósito a buscarlas. La realidad es que mirábamos los papeles y faltaban cosas. No figuraba el microondas, el plasma. Eso pasa en muchos desalojos”, denuncia.

Vecinos de la cuadra muestran su apoyo a las familias desalojadas.

Para entender mejor lo sucedido, hay que retrotraerse al 30 de julio, fecha en la que tuvo lugar el primer desalojo, ordenado por decreto. “Al momento de concretarse todavía no estaba publicado en el Boletín Oficial. No había manera de saber que iba a suceder –explica Lerner–.  El 30 de julio vinieron con un operativo de más de doscientos policías con camiones, pudieron avanzar sobre cinco domicilios en el día”.

Ante el decreto, los vecinos interpusieron una medida cautelar para que el Gobierno acredite la utilidad pública del inmueble. El juez Juan José Albornoz, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de CABA, ordenó a la administración de Jorge Macri la acreditación correspondiente, frenando, hasta entonces, el avance sobre el resto de los domicilios de Necochea.

Existen dos razones válidas para llevar adelante un desalojo por decreto: que exista un riesgo para las familias dentro del inmueble o que tenga utilidad pública. El Gobierno acreditó la utilidad pública a través de una orden de expropiación realizada por el intendente Osvaldo Cacciatore, durante la última dictadura cívico militar, para el ensanchamiento de la Avenida Pedro de Mendoza. Si bien el proyecto quedó caduco, la expropiación se concretó en 1997.

El 23 de agosto, Albornoz levantó la medida cautelar y habilitó el desalojo únicamente para los domicilios afectados por la utilidad pública, que comprendía a los que tienen frente en la avenida y a los localizados en Necochea 1488 y 1492. La razón esgrimida es que ambos formaban parte de una misma propiedad que ocupaba la esquina. La casa se fue vendiendo por partes con los años, pero es una única estructura. De hecho, para acceder a la planta superior de Pedro de Mendoza se puede ingresar únicamente por Necochea 1488.

El día 26 de agosto, y a pesar de las órdenes de Albornoz, la policía ingresó sobre Necochea 1480 y 1476 con intención de desalojar a los residentes. “El juez durante esa mañana expresó en dos oportunidades, con dos resoluciones, que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban incumpliendo su resolución y que estaban entrando en desobediencia. El Gobierno de la ciudad decidió avanzar igual”, subraya Lerner.

“Lo novedoso es que hicieron un desalojo administrativo, que normalmente se usa cuando hay peligro de derrumbe”, señala Marta Yane. “En 40 años nunca vi un desalojo administrativo porque sí. En un desalojo administrativo no tenés juicio previo, no tenés oportunidad de defenderte, no tenés tiempo para buscarte otra cosa, que fue lo que pasó acá: llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”.

Sin embargo, sí tuvieron tiempo para planificar un desalojo con tiempo y de manera que los vecinos no queden en la calle de un día para otro. Cuenta Alberto que hace ocho meses fueron del Gobierno de la ciudad a hacer un censo al edificio. “Venían de mañana, por lo que la gente que trabajaba o salía no se encontraba. También dijeron que en el inmueble existía un peligro de derrumbe. Los vecinos pusimos plata para hacer arreglos y pintar el frente. Esa gente no vino nunca más, hasta el 30 de julio”.

Natalia Quinto, miembro de la organización barrial La Boca Resiste y Propone, que acompañó a las familias durante el desalojo, sostiene: “El Gobierno de la Ciudad, pudiendo planificar, ya que este desalojo podían hacerlo en el momento que quisieran, decidió en lugar de fijar un plazo para la relocalización, hacerlo de manera sorpresiva, volviendo los recursos ineficientes. Si el seguro de caución subsidiado y las cuotas acumuladas para ingresos a alquileres hubiesen estado antes, permitiendo un plazo para la búsqueda de lugar, estamos seguros que la mayoría hubiera resuelto de otra manera y se hubiese evitado esta dramática situación que no deja ganancia a nadie”.

Hoy la propiedad se encuentra completamente tapiada. Los ingresos al inmueble desde la avenida fueron bloqueados con paredes de ladrillo, en tanto que las puertas que dan a Necochea fueron selladas con cemento. Sobre esta calle permanece un volquete con restos de muebles que los vecinos no pudieron sacar a tiempo. En la terraza de la casa se colocó una cerca electrificada, aparentemente para evitar ingresos desde Sanchetti, el edificio contiguo.

En total fueron 20 las familias desalojadas, que resolvieron la situación como pudieron, de manera transitoria, alojándose en casas de amigos o familiares. Algunas se tuvieron que ir a provincias o a distintas localidades. “Hay toda una parte de las familias que tienen menores que están resguardados por un amparo de la asesoría tutelar y obliga al Gobierno a darles un subsidio habitacional mejorado –explica Tomás Lerner–. Pero para ello hay que conseguir un alquiler con determinadas características, para que el Gobierno de la Ciudad lo financie”.

Alberto y María residían con su familia en Necochea al 1488. Cuando fueron desalojados tuvieron que separarse. Ellos están parando en un hotel, mientras que su hija se está quedando de prestado con su nena a pocas cuadras.

Gladys vivía junto a su hija y su nieta en Pedro de Mendoza 1477, donde también atendía un kiosco. Luego de que fueron corridas de su casa, ella se presentó en la Dirección General de Atención Integral Inmediata, al igual que otros vecinos, para solicitar un subsidio habitacional. El pedido de Gladys fue rechazado por no contar con la documentación necesaria. Actualmente, ella y su familia se están alojando en una iglesia. “¿Y a mí quién me paga la plata que puse para arreglar el techo?”, reclama.

Para recibir el Subsidio 690, los solicitantes deben presentar un presupuesto de alquiler emitido por el dueño directo o por el hotel donde pretenden alojarse. “En caso de ser de dueño directo, debe figurar: la dirección del inmueble, fotocopia de factura de servicio (AYSA o ABL) y los datos del propietario (nombre y apellido, DNI y teléfono)”, según se informa en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

Los desalojos son moneda corriente en La Boca. Según Marta Yane, solamente en el barrio se están llevando a cabo dos por semana, y existen unos 200 domicilios que corren riesgo de atravesar esa situación. “Tiene que ver con la construcción de las 10 torres de 145 metros que quieren hacer en lo que era la vieja ciudad deportiva de La Boca. Se quiere convertir La Boca en San Telmo. El problema es que La Boca tiene muchos vecinos históricos, es un barrio con mucha identidad y con mucha vida cultural, entonces la resistencia es mayor. Pero recién se está empezando a armar esto”.

 “Todo está relacionado con el proceso de extractivismo del suelo urbano que es el modelo de desarrollo que el PRO lleva adelante en la ciudad –expresa Natalia Quinto–. No hay posible proceso de especulación inmobiliaria que se lleve adelante sobre un suelo ocupado. Estos días escuchamos que el mercado se mueve, es por la generación de expectativas para los inversores de que nada los va a detener en el aumento del precio del suelo”.