La crisis universitaria, de norte a sur

La crisis universitaria, de norte a sur

Funcionarios de cinco universidades nacionales de distintos puntos cardinales explican la situación presupuestaria que atraviesan tras el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Todas marchan este martes en una movilización que para muchos será histórica.

Las impactantes imágenes de cortes de luz, cierre de aulas, reducción en el funcionamiento de ascensores y la dificultad para hacer frente al pago de servicios básicos son reflejo de la seria crisis presupuestaria que atraviesan las 62 universidades públicas nacionales. Siguiendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto de la educación superior disminuyó un 76% respecto al año anterior. A pesar de las medidas preventivas para amortiguar gastos e intentar solventarse con un presupuesto abismalmente atrasado con respecto a la inflación, algunas instituciones anticipan la posibilidad de cierre para la mitad del año lectivo.

Frente a la negación del gobierno a entablar un diálogo con las instituciones y bajo la consigna “En defensa de la educación pública”, el CIN convocó a una marcha federal el próximo martes 23 junto al Frente Sindical Universitario. El Consejo insta a que se adhieran todas las instituciones comprometidas con la educación y aclararon que la marcha es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.

La convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estipuló para las 15:30 horas en el Congreso de la Nación, para comenzar a marchar desde allí hasta Plaza de Mayo. A las 18 horas se hará lectura de un documento fuera de la Casa Rosada.

La crisis presupuestaria impacta a lo largo y ancho de todo el país. Con el fin de explorar cómo se está experimentando la lucha por el financiamiento universitario en diferentes regiones de la Argentina, ANCCOM conversó con representantes de cinco instituciones públicas localizadas en diferentes provincias: la Universidad Nacional del Litoral; la Universidad de Salta; la Universidad del Comahue; la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Universidad Nacional del Litoral

Este año, el sistema universitario ha sido financiado mediante la asignación del mismo presupuesto del año anterior, una medida contemplada en la Ley de Administración Financiera. Según explicó Germán Bonino, Secretario de Gestión y Administración Presupuestaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esto significa que el presupuesto que reciben las instituciones hoy se ha calculado en septiembre del año 2022 y fue pensado para el 2023. De esta forma, “hoy recibimos el mismo monto nominal que el año pasado, pero la inflación es de más del 280%. No estamos en caos pero es una situación crítica, si siguen estas condiciones no vamos a llegar a fin de año”, declaró el secretario.

A esta estrategia de desfinanciamiento se le agrega la quita de subsidios y el incremento de las tarifas de servicios públicos, principalmente de la luz. “En la UNL, la última factura de luz fue de 100 millones de pesos y recibimos 141 millones en total para todos los gastos. Con la diferencia hay que pagar las becas, el mantenimiento de las facultades, llevar adelante las obras públicas, los proyectos de investigación y extensión, hasta las fotocopias para los éxamenes. Claramente no alcanza”, confirmó Bonino.

La Universidad Nacional del Litoral tiene alrededor de 60.000 alumnos y nuclea estudiantes tanto de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos. Es un nodo central de la economía santafecina por la cantidad de jóvenes que estudian allí, por los proyectos y el conocimiento que genera y por los egresados que se insertan como profesionales de diversas áreas.

Otra dificultad que encuentran los administrativos de las universidades del país es la imposibilidad de proyección en los próximos meses, ya que se desconoce el presupuesto asignado para el resto del año. Sobre esto, el encargado del presupuesto de la UNL aclaró: “No sabemos cuánto va a llegar mes a mes. Eso es algo que estamos reclamando desde las universidades. Necesitamos saber con qué disponemos, sea mucho o poco”.

Universidad Nacional de Salta

Las acciones preventivas para controlar los gastos fueron adoptadas por la mayoría de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Su vicerrector, Nicolás Innamorato, expresó su preocupación por la gestión gubernamental de la situación: “Hemos implementado medidas, al igual que todas las universidades nacionales, pero son insuficientes. La crisis debe ser manejada de otra forma. La educación bajo ningún punto de vista puede ser recortada porque no es un ‘gasto excesivo’ o ‘inútil’ como dice el presidente. Son inversiones para el crecimiento de la sociedad en su totalidad”.

La UNSa tiene aproximadamente 80.000 estudiantes, cuenta con cuatro centros de investigación en conjunto con el CONICET y está trabajando en 300 proyectos que se vuelcan para la mejora de la comunidad. Para Innamorato, el rol que juegan los establecimientos de educación pública superior del país en el crecimiento social es esencial: “La única institución en el país que genera una movilidad social ascendente es la universidad nacional, pública y gratuita. Se perjudica, entonces, a todos los ciudadanos argentinos que de una forma u otra se ven beneficiados con una carrera o con una actividad dentro de la universidad”.

El vicerrector criticó la falta de plan del Gobierno para revertir o mejorar la situación en la que se encuentran. “A pesar de tener una comunicación fluida con las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, hasta el momento ni siquiera nos mostraron una planificación para el año 2024; y esto nos preocupa mucho. La mezcla de insensibilidad en cuanto al diálogo sumado a la incertidumbre por parte de los organismos oficiales es lo que genera mayor impacto”, declaró Innamorato.

Universidad Nacional del Comahue

La Universidad Nacional del Comahue no fue la excepción a la regla: sus directivos tuvieron que tomar medidas de recorte y disminución de las actividades académicas. Beatriz Gentile, rectora de la institución comentó: “Suspendimos la convocatoria a becas de investigación y extensión, redujimos los turnos de limpieza y priorizamos aulas y baños. Hay tasas municipales, deudas de agua u otros servicios que no estamos pagando”.

La Universidad Nacional del Comahue es la más grande en cantidad de alumnos, carreras y extensión territorial de la región patagónica; tiene sedes en diez localidades de dos provincias vecinas, Río Negro y Neuquén, y asisten más de 33.000 estudiantes. Esta institución juega un rol esencial en la democratización de la educación en la Patagonia Norte. “Llegamos a territorios que difícilmente llegue otra institución del Estado. Nos caracteriza esta vocación de ofrecer estudios superiores para todos y todas. Es necesario crear todas las condiciones para que hasta el último chico que está alejado de las ciudades también pueda estudiar en la universidad”, sostuvo la rectora.

Universidad de la Plata

Marilia Fogel, investigadora de Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata conversó con ANCCOM sobre el ataque del Gobierno nacional a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico. La docente afirmó: “Este ataque tiene varias dimensiones, ya que desde lo simbólico se ataca desprestigiando a las universidades instalando el discurso que las universidades son ‘centros de adoctrinamiento’. Esto es una mentira absoluta: en las universidades puede estudiar quien quiera, de todas partes del país y de Latinoamérica. Hay pluralidad de voces y eso se ve en todas las instituciones”.

El impacto del recorte presupuestario afecta gravemente a la enseñanza y el desarrollo de los programas de estudio. Fogel imparte Química General a estudiantes de primer año de licenciaturas en Biología y Geología, una materia que depende de una infraestructura de laboratorios y suministros especiales. «Necesitamos reactivos, guantes y material de laboratorio para llevar a cabo las prácticas. Estamos viendo cómo reciclar lo que tenemos y ajustarnos al presupuesto disponible. Todo esto afecta directamente la calidad educativa, ya que es posible que tengamos que reprogramar o incluso reducir algunas prácticas si la situación no cambia».

Además de los suministros, es crucial mantener la infraestructura existente. «Las carreras con orientación científico-tecnológica necesitan ciertos equipos y dispositivos, como microscopios, que requieren mantenimiento y, en caso de averías, reparación”, comentó Fogel. Además, destacó que existen otros gastos operativos continuos asociados al funcionamiento de las universidades.

Otro punto importante es la imposibilidad de realizar las prácticas y los viajes de campaña obligatorios para cumplir con los planes de estudio. “Los egresados y las egresadas de las carreras de naturales, además de cumplir con la aprobación de las materias, para acreditar la carrera deben tener una cierta cantidad de viajes de campaña que son obligatorios. Estos viajes están contemplados también dentro del presupuesto, por lo que este año esos viajes posiblemente no se realicen”, aseveró Fogel.

Universidad Nacional de Avellaneda

Ricardo Petraglia es el Secretario General de ADUNA, la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y hace énfasis en la problemática de las universidades de menor envergadura al atravesar la crisis. Destacó que las instituciones más nuevas, como es el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), carecen de relaciones que las puedan ayudar a afrontar la crisis, en desventaja con aquellos establecimientos más antiguos que ya han atravesado situaciones similares. “No es lo mismo ir a pelear el presupuesto siendo una universidad con una tradición y una capacidad de presión de años. A las universidades nuevas les llevará un tiempo para que eso ocurra. Para ello, es importante que el sistema universitario entienda las universidades nos necesitamos entre todas”, agregó Petraglia.

La UNDAV surgió en el año 2011 como un plan para enriquecer la cultura y la educación del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Si bien cuenta con seis departamentos orientados a diferentes áreas, el secretario afirmó que la UNDAV no tiene desarrollado un plan de otras formas de ingreso como los posgrados o los trabajos a terceros que le ayuden a hacer frente a la crisis.

Petraglia se mostró preocupado sobre la situación del salario docente. “El ajuste en sueldos más grande que había tenido la universidad fue durante el gobierno de Mauricio Macri, de entre 15 y 20 puntos. Ahora, en los primeros cuatro meses del gobierno actual, ya estamos en más del doble”. Remarcó que el ajuste presupuestario no se está dando de forma aislada sobre las universidades sino que “es parte de un ajuste que se está haciendo en toda la sociedad argentina y particularmente sobre el pueblo trabajador”.

De cara a la movilización del 23 de abril, el secretario dejó en claro: “Si bien las expectativas sobre la movilización son muy grandes, la marcha será sólo el inicio de un proceso de lucha que probablemente sea largo”. Finalmente, manifestó la importancia de mantener la unidad de los trabajadores, de los claustros y de las autoridades para defender la educación pública en Argentina.

Frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar el sistema universitario nacional, las universidades de todo el territorio convocan a marchar el martes 23 de abril en defensa de la educación pública, libre, laica, no arancelada y de calidad.

 

Puan, de la ficción a la realidad

Puan, de la ficción a la realidad

Un ruidazo en Filosofía y Letras, banderazos y clases públicas en Ciencias Sociales, Psicología, Exactas y Derecho, entre otras instituciones universitarias en defensa de su presupuesto. Crónica del cacerolazo en Puán, la facultad que anticipó los hechos en una película protagonizada el año pasado por Leonardo Sbaraglia.

Semanas antes del último balotaje presidencial, la película Puán se convertía en un suceso de taquilla. Casi sin proponérselo se transformó en una bandera de la defensa de la educación pública luego de que en su escena de mayor tensión, docentes y estudiantes ocupaban la vía pública y se enfrentaban a la policía ante la amenaza de cierre de las universidades públicas. Una vez más, la realidad supera a la ficción.

Noche del 10 de abril. La comunidad educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA -la que habita los pasillos que retrató la película- está por realizar un cacerolazo en avenida Rivadavia y Puan. La actualización presupuestaria, la implementación de un boleto educativo y una suba del salario docente y no docente son los principales reclamos. Agenda de lucha que se extiende a las otras sedes de la UBA como la Facultad de Derecho, la de Psicología, la de Agronomía, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Sociales, entre otras, con reclamos, clases públicas y declaraciones. También hubo manifestaciones similares en las otras 61 universidades nacionales como manifestaciones previas y de concientización para la marcha universitaria del 23 de abril.

 Inflación interanual del 276% y un Gobierno nacional que prorroga el presupuesto universitario del 2023, aprobado en septiembre de 2022. Por cada 10 pesos que contaba la UBA en marzo del año pasado, hoy cuenta con 2. Emergencia presupuestaria, denuncia el Consejo Superior. En esa misma línea, las autoridades de FILO -igual que los de las otras facultades- advierten que de no actualizarse los fondos, en junio se verán obligados a cerrar sus puertas.

“No estamos frente a una discusión de presupuestos o lineamientos de políticas educativas, estamos ante un propósito frontal de destruir las condiciones de la educación pública argentina, ligado también a una tendencia muy penosa y dolorosa de desestimar lo que se hace en el ámbito público -comenta, presente en el cacerolazo, el docente Martin Kohan en diálogo con ANCCOM-. Nos manifestamos como lo que somos: una comunidad amenazada por el aparato del Estado”.

Semana de clases públicas, jornada de carteles, banderazo interclaustro y llegó el cacerolazo. Agenda de lucha de CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letra)  en defensa de la educación y gremiales que se suman: FEDUBA (Sindicato de Docente de la UBA), AGD (Asociación Gremial Docente) y la Comisión Interna nodocentes. Alumnos y militantes de diferentes facultades. Todos juntos. Diferentes cuerpos forman un mismo cuerpo: una red que resiste.

Siete de la tarde. La avenida Pedro Goyena separa del tono beige del respaldo de decenas de pupitres que actúan como contorno de ese Cuerpo que está en el medio de la calle Puan al 500 y participa de clases públicas. Antes de cruzar, en la vereda de Roma Café se oyó la charla de un hombre y su mujer “¿Dónde está el protocolo de Bullrich?”, pregunta él con mirada sombría y tono irónico haciendo referencia a ese Cuerpo que está cortando una sola cuadra, la cuadra de una casa de estudios, para que la motosierra no corte con el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. 

Estudiantes, sentados, parados y abrigados, forman un anillo. A metros de la entrada de la Facultad, más clases en el asfalto. Anillos más grandes y anillos más pequeños. “Estudiar es político” dice  un cartel. Atadas desde las persianas rojas bermellón del edificio cuelgan banderas de diferentes organizaciones, una al lado de la otra. “Vamos a prepararnos para ir al cacerolazo”, es la frase con la que una profesora finaliza su clase. Los alumnos se levantan de las sillas, las cargan encima suyo y las empiezan a devolver a las aulas. Van en fila india, abriendo paso entre el resto de la gente. El contorno beige queda suspendido y el anillo disuelto, pero el Cuerpo comienza a moverse. 

“El individualismo, como concepción, está destinado al fracaso. El hombre no se realiza como individuo. Somos individuos comunitarios. ¿Qué decía Aristoteles? ‘Zoon politikon’: somos personas políticas. El ataque genera como resistencia la construcción de lazos comunitarios más fuertes”, reflexiona Martín Cuesta, profesor adjunto en la cátedra de Historia Argentina II de la Licenciatura en Historia que se dicta en Filosofía y Letras. 

La euforia se empieza a sentir y cada vez más. Las ocho de la noche y el horario del ruidazo que llegó. Estudiantes que llevan y traen cosas del interior de la Facultad. Parlantes, banderas y cañas. Los que salen alzan la mirada buscando un espacio por el que meterse. “No al vaciamiento ni el cierre de la universidad pública. Triplicación del presupuesto, boleto educativo, salario para docentes y no docentes”, se lee en una cartulina de casi dos metros que va esquivando al mar de gente de la entrada del edificio; apurados como soldados que se preparan para la batalla, lo transportan los militantes del ¡Ya Basta!, identificados por sus sus remeras rojas con letras blancas. 

“Yo tengo 67 años, me podría haber jubilado a los 65 pero ejercí mi derecho a opción para quedarme hasta los 70 porque tengo algo para darle a esta casa aunque sea en la calle. Esto que tenemos, que es la universidad pública, la facultad en que me recibí, es un logro, un proyecto y un legado de generaciones anteriores a nosotros. Yo soy primera generación de universitarios de mi familia. Tenemos que estar en unidad porque es un patrimonio de todos”, expresa la profesora Irene. “Docentes luchando también enseñando” se vislumbra en otra pancarta.

En la esquina de la Facultad, sobre José Bonifacio, la rotativa luz azul de la sirena de la policía porteña  completa la puesta en escena.  “La jornada se viene desarrollando de manera muy pacífica y con la posibilidad de hacer las clases en la calle. Todo está conversado. No tuvimos mayores problemas. Sí un vecino o vecina que se queja o grita algo a favor de Milei, pero cosas mínimas”, explica Violeta. 

Un cartel que salió mal y la militante que usando el asfalto como mesa se arroja con la brocha para hacerlo de nuevo: “Si hay motosierra hay estudiantazo”, escribe sobre el papel que deviene pancarta.
La columna está a punto de cruzar Pedro Goyena. Como un metrónomo, los bombos suenan a la par de los cánticos que dirige una miembro del CEFyL a través de un megáfono: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo se va armar/ les cortamos las calles y les tomamos la facultad”, entona al mismo tiempo que con su mano libre arenga al resto.
Los fotógrafos van de aquí para allá mientras buscan la toma perfecta, corren. Algunos se alejan para hacer un plano general. Y es que la multitud se prepara para marchar hacia Rivadavia. Vecinos que pasan y se detienen a ver el suceso: algunos con cara seria, otros con una sonrisa entre medio. Un punto en común entre ellos: la cámara de los celulares que registran el hecho.
“Los estudiantes estamos con un ánimo de lucha. Estamos muy enojados ante la amenaza del cierre de nuestra facultad -continúa Violeta-. El reclamo es al gobierno de Milei, pero también busca captar la solidaridad del conjunto de la sociedad”.
Sincronizadas con el compás de los cantos, las bocinas de los autos que se escuchan al pasar. Un repartidor de Rappi va en bicicleta y alienta. Más tarde otro delivery con la tosca mochila de reparto, también de Rappi, pasaría a los empujones por el medio del cacerolazo. Dos señoras cruzan por lo que queda de la senda peatonal de la intersección de Goyena y Puan; quedando a poco más de un metro de distancia de la columna y los militantes del ¡Ya basta!, a una de las señoras se le escucha decir “¿Qué hacen? ¡Vayan a laburar!” a la vez que realiza el típico gesto argentino del montoncito. La voz del Cuerpo se escucha más que la de la señora.
Las distintas organizaciones se reubican. Los de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) toma la delantera y con su enorme bandera verde van al frente de todo; pecheras violetas, varios de los referentes sostienen algunos carteles: “Defendamos la educación pública. ¡Es ahora!”, dice uno con letras naranjas sobre cartulina blanca. “Ganemos la calle para no perder las aulas!! Todxs juntxs”, dice otro. “Hace mucho que no tenía esta sensación de unidad” expresa Lucía, estudiante de Geografía.
“Estamos encantados. En Brasil no tuvimos la misma fuerza para defender la universidad pública“, comenta una pareja de docentes del país vecino que fueron invitados para dar una clase Argentina.

El Cuerpo avanza. Paso firme y decidido, copando las calles. Una marea  inflexible e imparable, yendo a buscar lo que es de todos. “¡Azo/ azo/ azo/ por un estudiantazo!/¡Azo/ azo/ azo/ por un estudiantazo!”.Cruzan Pedro Goyena. El sonido de los bombos continúa.“ Vamos acomodándonos, vayamos más despacio para no dejar atrás a los compañeros”, comunica una estudiante por el megáfono.  La prensa agitada en busca del ángulo adecuado. La bandera del CEFyL que termina de desplegarse. Militantes que corren para estar con su agrupación. Cambian la melodía: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo se va armar”.

 “Estamos en un salto cualitativo en la ofensiva del capital sobre la clase trabajadora -indica el profesor Carlos Garberi- que se viene desarrollando en el planeta entero hace más de 40 años y que tiene su correlato en la crisis de lo que podemos denominar el Estado neoliberal. David Harvey señala que es la transición hacia un Estado neoconservador donde no se mantienen las  libertades democráticas ”

Llegando a  Rivadavia, la marcha de los estudiantes se vuelve a acelerar. Un grupo numeroso con las banderas de las organizaciones de izquierda se ubica en la intersección de la calle Chirimay. El resto de las columnas sigue llegando. Un camión con parlantes, reflectores de luz y una militante empuñando su voz en un micrófono, avanza hacia Chirimay: ”A ver, a ver/ quién dirige la batuta/ Los estudiantes/ o el Gobierno hijo de yuta/ yuta/ yuta”, vocaliza junto a la multitud.  Entre la gente del cacerolazo, una chica con una bolsa con la inscripción “Googleá empatía”. 

En una estrofa se hace presente La noche de los lápices: “¡Damela vos/ damela mi/ por el boleto estudiantil!”, se oye.

Un adulto mayor, Edgardo, pelo blanco, con suéter verde y pantalon negro, sostiene junto a Adela una bandera de la “Asamblea de Caballito. Resistencia Veterana”. Un grupo de jubilados que se organizaron desde la asunción de Milei y hoy están acompañando al movimiento estudiantil. “No es que solamente pedimos por un salario digno, no es un problema de subsistencia, sino de dignidad: trabajamos toda la vida aportando para que nos estafen de esta manera”, desliza Adela.

“¿Todo bien?“, le pregunta Micaela, estudiante de la Licenciatura en Historia, a quien fue su profesora en Antigua I. “Todo bien no, todo mal”, le responde entre carcajadas cómplices.

“Los docentes universitarios estamos de paro. Los estudiantes están en pie de lucha con numerosas clases públicas: en Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la de Ciencias Exactas, en Veterinaria… Esto muestra la energía y  la potencia del movimiento estudiantil, docente y no docente, para resistir y oponerse a la privatización de la universidad que quiere Milei y todo su séquito reaccionario”, comenta una profesora de Sociedad y Estado del Ciclo Básico Común, quien minutos antes animaba a un grupo de estudiantes. “Unidad de los trabajadores/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode!”, siguen los cánticos.

“Un tiempo muy precario del punto de vista conceptual, muy implacable y cruel, en el que hay una desestimación y un desprecio por lo que en definitiva hace a lo público y a la posibilidad de constituirlo como lo que constituimos: una comunidad. Lo han hecho desde la base de una demonización del Estado, no desde una crítica o revisión de aspectos o distintas funciones, una demonización intrínseca de todo el trabajo que se hace en el ámbito estatal”, argumenta Kohan, el escritor-docente.

Hacia el final, Cuesta sintetiza: “Esto es un ataque a un sector central en la formación de comunidad, y uno pone el cuerpo. Pero la sensación de poner el cuerpo en comunidad siempre es gregario: genera más comunidad y nos da potencia”.

Menos presupuesto para la niñez

Menos presupuesto para la niñez

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que el Gobierno dio marcha atrás con un incremento establecido en la Ley de Presupuesto.

El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con un aumento del Presupuesto Público para este año, que había sido acordado por el Congreso en conjunto con organizaciones  no gubernamentales, y que tenía como destino programas sociales vinculados a la niñez, ambiente y vivienda. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la transparencia constitucional de la decisión e instó al gobierno a revertir esta situación. La abogada y Coordinadora del Programa Justicia Fiscal de esa entidad, Julieta Izcurdia, expresó: “Democráticamente nuestro sistema republicano dice que es el Congreso quien aprueba la ley y el Ejecutivo quien debe implementarla”.

Según ACIJ, la inconstitucionalidad de dicha modificación por parte del Ejecutivo no solo es desconocer la actuación del Congreso, sino que también vulnera elementos reconocidos en la Ley Nacional 26.061, vinculada a los derechos de las infancias. “En términos constitucionales, es un problema. Hay una ley nacional que aplica solo a políticas de infancia, justo las más recortadas, omitiendo un principio muy importante en materia de derechos humanos, que es el de no regresividad y de intangibilidad. Significa que el Estado no puede retroceder el nivel de derechos que garantiza a su población y eso se ve reflejado en el recorte presupuestario. Esa ley dice que todos los años no pueden bajar el gasto público en las infancias y eso es lo que está sucediendo, incumpliéndola”, dijo Izcurdia.

Mientras las últimas estadísticas del INDEC conocidas miden que, del total de la población argentina, el 36,5 por ciento estaba bajo la línea de pobreza, las organizaciones civiles advirtieron recortes significativos en áreas claves como niñez, ambiente y educación. El Congreso había consensuado con una serie de organizaciones en aumentar más de 500 millones de pesos para diferentes programas que garanticen derechos sociales en estos sectores más afectados por la pobreza. “Desde el año 2015 empezamos a reunirnos en el Congreso junto con otras organizaciones que trabajamos diferentes temas, con asesores, diputados y diputadas para mostrar cuando veíamos que había recortes, para pedir aumentos si era posible y visibilizar lo que venía pasando en términos de presupuestos o políticas sociales”, recuerda Izcurdia.

“El año pasado, después de una mesa de trabajo, especialmente con la Comisión de Niñez, donde participaron  otras organizaciones también, se ampliaron varias partidas de políticas alimentarias como a comedores escolares y asignaciones familiares, porque habíamos visto que hubo un recorte. El Congreso reconoció que era necesaria la suba porque la pobreza sigue estando en los mismos niveles y los pibes son los más afectados”, agregó.

Sin embargo, a principios de este año, el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto Público a través de la Decisión Administrativa 4/23, desestimando esos aumentos. Según la Ley de Presupuesto 27.701, es el Poder Legislativo el que aprueba y los ministerios quienes deben aplicarla. “Pero ahora todos esos aumentos  desaparecieron. No están en la distribución. La mitad era para políticas sociales pero también había subas para algunas provincias. Todo eso se desconoció”, remarcó.

Las consecuencias, si no se asignan estas subas, según la coordinadora del Programa Justicia Fiscal, tendrán impacto directo en los sectores más vulnerables de la población. “Las políticas que se van a ver más afectadas están en el parte de niñez, familias y hogares más pobres. Con la Tarjeta Alimentar por ejemplo, con la que solo se puede comprar comida y también políticas de viviendas, programas de urbanización y mejoras de barrios populares del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Después había algunos fondos más chiquitos pero que habían aumentado en el Plan del Manejo del Fuego y bosques nativos, vinculado a la problemáticas de los incendios y deforestación y eso también se recortó”, expresó.

La abogada Izcurdia observa también una falta de credibilidad en la distribución equitativa de los fondos: “Es muy difícil hacer un seguimiento de la gestión de recursos públicos, si es un ‘vamos viendo’ constante. Hay un montón de factores que influyen, desde la inflación a la deuda con el FMI y sus condiciones. En caso de que lleguemos a un 60% de inflación, tiene que volver el Presupuesto a discutirse. Nunca pasó eso que durante el año se vuelva discutir el Presupuesto porque se desconfía de la inflación que se está estimando

La ACIJ envió notas a todos los jefes de los bloques legislativos para obtener respuestas o justificativos de este revés presupuestario. “Hasta ahora no parece ser restituido ni recibimos nada. Pedimos también explicaciones de por qué se desconoció la voluntad del Congreso. Es verdad que el argumento puede ser que durante el año el Ministerio de Economía va a dar adecuaciones. Pero la realidad es que hoy, las instituciones como el Ministerio de Desarrollo y ANSES, no saben si van a contar con esa plata que se recortó. No es que vaciaron las políticas, tienen menos dinero que el Congreso decidió que debía tener”, remarcó Izcurdia. Ante la falta de respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Programa de Niñez de ACIJ evalúa si presenta un amparo para revertir esta situación.  

Más presupuesto para el pago de deuda, menos para las áreas sociales

Más presupuesto para el pago de deuda, menos para las áreas sociales

A diferencia del año pasado, el gobierno obtuvo la aprobación del Presupuesto nacional en el Parlamento. Disminuyen las partidas en áreas sensibles.

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2023 con 37 votos positivos y ninguno negativo. El proyecto contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento económico del 2%, una inflación proyectada del 60% y la reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.  ¿Pero qué análisis puede hacerse de la norma?

Luego de haber conseguido los votos necesarios en Diputados, el oficialismo logró la sanción definitiva por unanimidad en una sesión que no contó con la presencia de la oposición. Los legisladores de Juntos por el Cambio habían anticipado su decisión de no participar debido a la incorporación en el temario del decreto que establece nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura.  

De esta manera, el Gobierno vuelve a tener Presupuesto luego de que en el año 2021 la oposición  votara en contra del proyecto y dejara al Poder Ejecutivo sin repartición de partidas por segunda vez en la historia.

En diálogo con ANCCOM, el economista Martin Hourest destaca el acuerdo político que implicó la votación en la Cámara Baja y señala: “Lo que se discute no es una cuestión de política fiscal sino de equilibrio de la balanza de pagos. Todo aquello que no entorpezca su financiamiento será materia de acuerdo”. Agrega, al mismo tiempo, que la votación del proyecto juntó a una parte sustantiva del arco político que va en tándem con las votaciones de los acuerdos con el FMI.

En ese sentido, agrega que el proyecto no debe ser leído como una guía a partir de la cual se puedan prever los efectos de la política económica y que, para dar cuenta de ello, habría que mirar los acuerdos con el FMI.  Sin embargo, advierte que no lo menciona de forma peyorativa y afirma: “Esos acuerdos habilitan el acceso a financiamiento internacional y, en un país que no tiene acceso a los mercados de crédito, el ingreso de dólares es el que determina el nivel de actividad y de empleo”.

Por su parte, Julieta Izcurdia, Coordinadora del Programa Justicia Fiscal en ACIJ, menciona que desde la organización no observan una mayor inversión en comparación con otros años en áreas tales como derecho a la vivienda, a la educación, políticas de género o de ambiente. Sin embargo, advierte lo siguiente: “Existe un aumento en la participación en el total del Presupuesto de los fondos destinados a pagar la deuda pública y, al mismo tiempo, bajan considerablemente las partidas dirigidas a seguridad social”. Destaca, al mismo tiempo, lo problemático que resulta esta orientación de las partidas en un contexto en el cual no mejoran los índices socioeconómicos. 

Otro de los focos de discusión en los cuales hace foco Izcurdia reside en políticas de Ambiente. Al respecto, dice: “La asignación de recursos para el Ministerio de Ambiente en el 2023 será menor de lo que se destinará a sostener el régimen de promoción de la minería. Un régimen que no se revisó desde un enfoque socioambiental y sobre el cual no contamos con información clara para saber si es necesario seguir incrementando sus fondos».

Por último, subraya la importancia de cara al año entrante de revisar la política fiscal de nuestro país. “Uno de los problemas que tenemos es que nuestro sistema impositivo está sostenido por el IVA y el Impuesto a las Ganancias, debemos avanzar en aquellos impuestos progresivos que no tienen demasiada participación y nos permitan robustecer el sistema con el objetivo de darle prioridad al gasto social, que es la única forma de revertir la situación de desigualdad que afecta a la mitad de nuestra población”.

Encuentro de cooperadoras escolares

Encuentro de cooperadoras escolares

Ronda de personas en el 3° Congreso Metropolitano de Cooperadoras Escolares en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevó a cabo el Sábado 21 de octubre de 2018Con la caída del presupuesto de la educación pública como eje y la fuerte preocupación que eso despierta, el 3º Congreso Metropolitano de Cooperadoras Escolares tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Delegados, delegadas y representantes de distintas cooperadoras escolares de CABA se reunieron, el sábado 20, con la intención de debatir acerca del horizonte negro que ya no es que se avecine sino que oscurece el día a día en los niveles inicial, primario y secundario.

La Defensoría es el organismo estatal que mejor acogió a las cooperadoras. Junto a la mesa de entrada, un banner que abarca casi todo el ancho de la sala, promete con letras claras y blancas: “Defendemos Derechos”. En la gigantografía también se pueden leer las palabras “inclusión”, “accesibilidad”, “dignidad”, y “espacio público”, entre otras. Al fondo del salón, los 15 delegados y delegadas que conforman el Cuerpo de Cooperadoras de escuelas públicas de la Ciudad se sientan en ronda, intentan encontrarle la vuelta al primer eje propuesto: la participación.

Miembros de la Cooperadoras de escuelas en el marco del 3º Congreso Metropolitano de Cooperadoras Escolares

Delegados, delegadas y representantes de distintas cooperadoras escolares de CABA se reunieron el sábado 20 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Salvando las particularidades, el nexo compartido es el desafío que implica para las cooperadoras lograr que las familias se involucren con ellas. Además, es frecuente la falta de apoyo de las respectivas Direcciones. La preocupación se profundiza teniendo en cuenta la escasez de recursos que reciben por parte del Gobierno: “Del año pasado a este, el presupuesto destinado a la educación pública estatal ha sido mucho más bajo. Para nosotros, cada vez es más difícil afrontar los gastos. Eso conduce a que las escuelas dependan más de las familias para el sostenimiento de las actividades escolares”, explica Ana Flores, delegada de Cooperadoras Escolares y madre de egresadas de Comuna 15.   

Al llegar el mediodía, se suman al encuentro más invitados e invitadas, representantes de cooperadoras e instituciones educativas estatales del Área Metropolitana. Sin embargo, algunos se ausentan. A pesar de haber sido invitada, los integrantes del Ministerio de Educación no asisten al Congreso.  “No vienen porque saben que se les está reclamando que están cerrando escuelas, que el FUDE (Fondo Único Descentralizado de Educación) no alcanza, y que se está sub-ejecutando el presupuesto de Educación de la Ciudad”, sostiene Camilo Fernández, miembro de la cooperadora de la Escuela Nº 3 – DE 7 “Primera Junta”, y padre de uno de sus alumnos.

Camilo Fernández, , Delegado de Cooperadora Escuela Nro3 D7 Primera Junta.

«No vienen porque saben que se les está reclamando que están cerrando escuelas, que el FUDE no alcanza, y que se está sub-ejecutando el presupuesto de Educación de la Ciudad”, dijo Camilo Fernández.

Las Cooperadoras de las escuelas estatales de la Ciudad recaudan fondos mediante los fondos propios, es decir, los aportes que realizan las familias de alumnos a través de las cuotas sociales junto con los que ellas mismas generan a través de distintas actividades, como fiestas y eventos para la comunidad; y el FUDE. Este subsidio se aprobó en el 2009 para los establecimientos de gestión estatal de todos los niveles de CABA mediante la Ley 3372. El FUDE del 2018 para escuelas primarias fue de 80 pesos por alumno anual. Para el año que viene será aún menor.

El monto para cada año se determina teniendo en cuenta distintos factores, entre los cuales se encuentran: la cantidad de alumnos y alumnas matriculados, las características edilicias, y los materiales destinados a las actividades didácticas. “El FUDE es cada vez menor a nivel inflacionario. El de este año fue igual al anterior. A misma plata, distinta realidad económica, distinto poder adquisitivo. Obviamente podemos cubrir mucho menos” explica Gustavo Alonso, presidente de la Cooperadora de la escuela Julio Cortázar desde hace siete años, ahora casi en retirada.  “Dentro del cálculo del año que viene se consideró el estado de los edificios. Como desde el Ministerio consideran que el problema fue arreglado y ya no hay emergencia edilicia, dicen que se necesita menos plata.” agrega Camilo.

Los requisitos principales para integrar una cooperadora son dos: tener un hijo o hija en una escuela pública y pagar la cuota social correspondiente. Estos colectivos se encargan de conseguir “a pulmón” los recursos que no les brinda el Estado “buscando precios, intentando cubrir las necesidades básicas con el menor precio posible. Hay muchas cooperadoras que se juntan y hacen compras comunitarias para buscar el mango y cuidarlo”, explica Gustavo.

Gustavo Alonso, Presidente de la Cooperadora de la Escuela de Educación Media N° 1 Julio Cortázar,

“El FUDE es cada vez menor a nivel inflacionario. El de este año fue igual al anterior. A misma plata, distinta realidad económica, distinto poder adquisitivo. Obviamente podemos cubrir mucho menos”, dijo Gustavo Alonso.

Las escuelas que no tienen conformada una asociación cooperadora, no están habilitadas a recibir el FUDE. “Eso hace que entren en desigualdad de oportunidades. Es una de las cosas por las que estamos trabajando, que haya un movimiento de cooperadores”, dice Ana. Las cooperadoras se presentan a sí mismas como mediadoras entre el Ministerio, los equipos directivos, y las familias. “Como comunidad podemos decir y hacer cosas que la dirección no puede por una cuestión jerárquica o porque pone en riesgo su trabajo. Nosotros sí podemos reclamar, podemos llevar acciones directas. Tenemos la fuerza de hacer visible un conflicto”.

De este modo, uno de los principales objetivos para el Cuerpo de Delegados de Cooperadoras Escolares de CABA para el 2019 es sumar participantes a esta red, para continuar debatiendo sobre las principales necesidades en los niveles inicial, primario y secundario. Como cooperadores o simplemente a través de un mayor involucramiento por parte de padres y madres, lo importante es aumentar la participación.  “Lo que nos interesa es que los padres se empoderen y realmente valoricen que es un derecho de todos el poder participar. No tenemos que pedirlo. Es nuestro, está, y está bueno ocuparlo”, dice Ana.

Ana Flores, Delegada de Cooperadoras Escolares de la Comuna 15

“Del año pasado a este, el presupuesto destinado a la educación pública estatal ha sido mucho más bajo. Para nosotros, cada vez es más difícil afrontar los gastos”, dijo Ana Flores.