Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
A tan sólo algunos metros del escenario montado para inaugurar los Juegos Olímpicos de la Juventud, miles de profesionales de la salud de 600 hospitales de todo el país se movilizaron desde el ex Ministerio de Salud -hoy devenido en Secretaría- hasta Plaza de Mayo para denunciar el deterioro general del sector a lo largo y ancho de la Argentina y repudiar el ajuste implementado por el gobierno de Cambiemos.
Este jueves, médicos y personal de enfermería, pero también estudiantes, docentes y trabajadores, salieron a la calle bajo la consigna “Defiendo la Salud Pública”. Todos los carteles y banderas coincidieron en condenar las políticas del gobierno nacional. En sus leyendas, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fueron visualizados como los máximos responsables en el deterioro del sistema de salud público.
La movilización comenzó al mediodía al calor de un sol radiante y el estruendo de algunos petardos que acompañaron los pasos de los manifestantes, junto a los bombos y trompetas que musicalizaron el avance de las distintas columnas. La manifestación también contó con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales, políticas y organismos de Derechos Humanos.
La multitudinaria marcha volvió a poner nombre y rostro a las historias de desamparo que produce el ajuste en un sector sensible. Gabriela, trabajadora de la Unidad Sanitaria del Hospital El Cruce de Avellaneda, describió las consecuencias del ajuste en primera persona. “Yo tenía al papá de mi hijo, que fue trasplantado y, cuando hubo cambio de gobierno, le negaron la medicación y falleció. Para mí esto es una lucha personal que tengo por mí, por mis hijos y por él. La gente no se puede morir por esperar. Yo lo pasé, de ir todos los días a los dos ministerios y que me digan que no. ¿Sabés qué triste fue decirle a él que se iba a morir porque no le dieron los remedios?”, sentenció entre lágrimas en diálogo con ANCCOM.
Uno de las columnas más nutridas y ruidosas fue la de los trabajadores del Hospital Posadas. Ese centro vital en el oeste del Conurbano bonaerense sufrió más de un millar de despidos que provocaron el desmembramiento de áreas clave como la de Cirugía Pediátrica. Al grito de “el Hospital Posadas no se vende, se defiende”, los trabajadores avanzaron y ganaron espacio entre la muchedumbre.
Claudio, médico del área de Diagnóstico por Imagen del Hospital, relató algunas de las carencias que están sufriendo con la reducción del personal. “Hemos vivido épocas difíciles, pero ninguna como ésta. La parte pediátrica quedó desmantelada. En muchos otros sectores y servicios han despedido médicos con mucha experiencia, con trayectoria, que además de atender pacientes, son formadores de los médicos más jóvenes”, puntualizó a esta agencia.
“La situación en el Hospital es terrible, sobre todo por el clima de persecución y de miedo. Han instalado cámaras de seguridad por todos lados y lo militarizaron. Les dicen a los trabajadores que si van a las asambleas los van a despedir, y las cámaras no están en los pasillos para cuidar a los pacientes ni a los trabajadores sino que están para vigilarlos”, aseguró Claudia, exsecretaria en el Área de Diagnóstico por Imágenes de Alta Complejidad.
La preocupación también alcanza a los residentes de clínica ya que la crisis golpea de lleno en su formación profesional. “La idea es trabajar ahí y quedarte, y te quitan esa posibilidad al eliminar a todo el personal poco a poco. Muestra que no te quieren trabajando con la gente, sino en algún sanatorio privado haciendo, todo por plata”, diagnosticó Marcos. Su compañero, Juan, también compartió esa evaluación y agregó que las políticas del poder central “están desarticulando los hospitales de mayor complejidad porque son los que más recursos requieren”. Y advirtió: “Apuntan a que cada ciudadano solvente con su propio gasto o a través de alguna prepaga, con lo cual aumenta un montón el costo a nivel individual y también la renta de ganancia empresarial”.
María, Cristina y Rocío, médicas del Hospital de niños Pedro de Elizalde «Casa Cuna» // Marcha federal en defensa de la salud pública, CABA, 04/10/2018, por Lucía Barrera Oro para ANCCOM.
Los alrededores de Plaza de Mayo se vuelven poco a poco intransitables. Tras la mención de las adhesiones, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lee el texto de reclamo consensuado por las organizaciones convocantes. El foco de reclamo está puesto en las consecuencias de la degradación del Ministerio de Salud, la intención del gobierno de instalar la Cobertura Universal de Salud (CUS), la reducción y subejecución del presupuesto y el cierre de programas, los faltantes de medicamentos, el desarme del Plan Nacional de Vacunación, los despidos en el Posadas, el desmantelamiento del PAMI y la injerencia del Banco Mundial y el FMI en el diseño de las políticas públicas de salud.
“Es indignante. Ya nadie quiere ir a trabajar a lugares públicos porque no hay seguridad, no hay condiciones de trabajo, es indigno” sentenció, al término del acto, Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y licenciada en Enfermería.
Leandro Santoro, diputado porteño de Unidad Ciudadana, también trazó su diagnóstico en diálogo con esta agencia. “Creo que es una cosmovisión, es una mirada dogmática del gobierno. Cree que los bienes públicos son mercancías que hay que comprar y vender y que la sociedad ideal es sin impuestos y donde cada uno se paga lo que se puede pagar. Una sociedad justa debería tener garantizado el mismo piso de igualdad y dignidad en el acceso a la salud y educación tanto en calidad como en extensión”, subrayó.
La Plaza de Mayo se va vaciando de a poco. Puede palparse algo de esperanza en el aire. Algunos cánticos resuenan y los rostros de los asistentes que caminan hacia la 9 de Julio incluso se permiten algunas sonrisas de satisfacción por haber protagonizado una masiva marcha en defensa de la salud pública.
Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
En Argentina, por cada peso que se invierte en el cuidado ambiental, se destinan veinte pesos hacia los sectores que colaboran con su degradación. Esa es una de las conclusiones que se desprende del análisis del presupuesto nacional para medio ambiente, según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esa organización y otras entidades del sector social concuerdan en destacar lo poco que invierte el Estado nacional en ese área.
“Este trabajo llegó para quedarse, hace rato”, afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN. El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen. “En el último tiempo hay medidas de ajustes que no procuran la conservación del ambiente, sino que buscan posicionar a la economía en lugares que fomentan energías que no son consideradas limpias. Por ejemplo, hay presupuesto creciente para el sector de la minería, pero no para remediar los efectos vinculados a esta actividad”, explica.
En el documento se detalla que este año se aplicaron un millón 700 mil pesos para detectar los glaciares que no se pueden usar para evitar su degradación, mientras que el monto para la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales es muy superior. Así, por cada peso a la ley que los protege, se destinan 66 al mapeo minero. Ocurre algo similar en el sector energético: por cada peso que se asigna a energías renovables o eficientes, hay 61 pesos que subsidian los combustibles fósiles.
El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen.
El informe también analiza las partidas presupuestarias a la Ley de Bosques: “Sólo se le dio el 0,02% del presupuesto nacional, cuando en realidad debería tener al menos 0,3%. Es decir, se lo constituyó con solo un 5% del fondo que debería tener según ley”, enfatiza Di Paola. Sobre este ítem, Darío Rodríguez, coordinador del Banco de Bosques, consideró que si bien esta ley generó una baja en la tasa de deforestación, ésta sigue siendo una de las más altas del mundo. “Se ha deforestado más del 70% de las áreas boscosas. Las penas que se adjudican son mucho menores a la ganancia que le representa a los dueños de estas tierras explotarlas. Además, es muy poco lo que se destina al control. Desde la sanción de la ley se estima la pérdida de 750 mil hectáreas de bosque de forma ilegal”, expresa.
Sobre las causas principales de esta política, Rodríguez afirma: “Quiero creer que es más porque nuestros gobernantes no saben todo el mal que están haciendo. Pero es innegable que el lobby que hacen las empresas que se dedican a la compra de tierras para su deforestación es y siempre ha sido muy fuerte. Los beneficios económicos a corto plazo, en un país como el nuestro, siempre parecen ser una buena idea para el gobierno de turno, pero a nivel local los niveles de pobreza aumentan, así como las enfermedades y los desastres ‘naturales’”. El directivo de Banco de Bosques agrega: “Todavía persiste la idea de que para producir, generar empleo y ‘progresar’, hay que hacerlo destruyendo nuestros recursos naturales”.
Contaminación del Río Reconquista
Por su parte, Adriana Anzolín, coordinadora de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil de la cuenca del Río Luján, explica: “Hay algunas áreas donde directamente están vacías, como en la Organización para el Desarrollo Sostenible (OPDS), no tiene gente ni presupuesto y es la encargada de realizar controles de contaminación y las habilitaciones de las urbanizaciones cerradas”, declara. Según dice, lo mismo ocurre con el plan de obra sobre el Río Luján. “Van a destruirlo, quieren rectificarlo en 48 km. Todas estas acciones deberían estar controladas por la OPDS y lo que sucede es que el Ministerio de Infraestructura es el que realmente tiene el poder y la OPDS queda subordinada a él”, revela. Desde la Plataforma denuncian que el ensanche del río borra los meandros -curvas y contracurvas- propios del ecosistema, quedando rectos y dando como resultado la poca infiltración del agua hacia las napas subterráneas que proveen el agua potable. “Esta gente ve a los ríos como caños y si las lluvias son muy intensas, se desborda a una velocidad impresionante que puede arrasar con lo que encuentra, ya no van a estar las curvas”, expresa.
Jun 28, 2016 | inicio
La mirada de Wenceslao Costa Díaz es chispeante y curiosa. Tiene barba, es casado y padre de dos hijos, pero cuando muestra sus dientes blancos su sonrisa se confunde con la de sus alumnos de sexto grado. No hace tanto estaba sentado en un pupitre de su colegio primario tratando de entender matemática, disgustado con la forma en que le enseñaban, soñando un espacio en donde alguien le ayudara a comprender de qué se trataban los números y de no sentir que lo estaban dejando afuera. En 2011 -con apenas 24 años- creó, junto a un grupo de colegas, el colectivo docente Matepública, cuyo objetivo principal es mejorar la relación de los alumnos de escuela primaria con las matemáticas, haciendo foco en el aspecto didáctico.
«Somos un grupo de docentes que invitamos a jugar con los números a pequeños matemáticos y matemáticas. Sumamos nuestras ganas de enseñar para elevar al infinito y más allá la calidad de la Escuela Pública», afirman en el encabezado del blog del colectivo. Llevan a cabo su militancia por medio de varias acciones: desde talleres extracurriculares que funcionan como refuerzo de la materia hasta encuentros de desafíos matemáticos al aire libre, dos o tres veces por año, en la que confluyen niños y docentes de distintos distritos porteños. En cada una de las actividades lo que prima es la adhesión a una pedagogía que implica enseñar partiendo del conocimiento que aportan los propios chicos.
El colectivo docente Matepública tiene como objetivo principal mejorar la relación de los alumnos de escuela primaria con las matemáticas, haciendo foco en el aspecto didáctico.
«No queremos que la enseñanza sea una bajada de línea. Las tablas ya no se enseñan de memoria. Por ejemplo, proponemos que los chicos aprendan a dividir con restas sucesivas para que entiendan el proceso y descubran por ellos mismos su funcionamiento», explica Wenceslao sentado en un café a dos cuadras de la Escuela N° 17 “Blas Parera”, de Palermo, en la que da clase desde hace cinco años. Junto con su compañera Marta García, aprovechan la hora del almuerzo para dar clases a los chicos y amigarlos con los números. «Si veo que a un estudiante no le está yendo muy bien, lo convoco al taller de una hora al mediodía. La idea es recomponer esa pelea que se tiene con la matemática. Llega un punto en que si te va mal, hasta los mismos compañeros te ponen en un lugar de ‘no saber’. En el taller recuperan la confianza y vuelven a participar en clase», agrega el docente.
Quienes forman parte de Matepública no cobran horas extra, y muchas veces ponen de su bolsillo para conseguir los materiales que se necesitan tanto en los talleres como en los festivales que realizan al aire libre. En esos casos recaudan algo de dinero a través del buffet, que lo atienden los propios padres, agradecidos con el trabajo que el colectivo docente hace con sus hijos. Los familiares también son invitados a asistir a los talleres y festivales para aprender mejores formas de explicar la materia en casa.
«La matemática te enseña a percibir la belleza del mundo. Yo no era muy bueno, y trato de que Teo me supere», cuenta Gerardo Mirkin, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Está orgulloso de que su hijo haya pasado a la siguiente ronda de las Olimpíadas Matemáticas Ñandú (OMÑA), con tres problemas resueltos sobre tres.
Otro de los objetivos de Matepública es preparar a los alumnos para que formen parte del certamen y mejoren su desempeño año a año. En 2015, once estudiantes que van a los talleres extracurriculares pudieron llegar a la instancia final, con sede en Mar del Plata. «Para muchos ir a la costa es el incentivo. Además de llegar a la final, muchos ven el mar por primera vez. De todas maneras, siempre hablamos con la familia para pedirles que no les pongan presión a los chicos, la idea no es que ganen sino que se superen a ellos mismos», aclara Wenceslao.
Quienes forman parte de Matepública no cobran horas extra, y muchas veces ponen de su bolsillo para conseguir los materiales que se necesitan.
En cada instancia, los docentes les recuerdan a los chicos que lleven puesto su guardapolvo. «Sueño con que cada vez haya más guardapolvos blancos en las rondas», comenta Wenceslao, quien además de enseñar matemáticas trata de transmitirle a sus estudiantes la importancia del acceso gratuito e irrestricto a la educación.
El último festival de Matepública se realizó el pasado sábado 25 de junio en Plaza Mafalda -Concepción Arenal y Conde-, en Colegiales. «Elegimos esta plaza porque es de las pocas que no está enrejada», explica Wenceslao desde el micrófono. Al encuentro asistieron más de cincuenta niños en edad escolar junto con sus familiares y amigos. A medida que van llegando, los organizadores los dividen en grupos y les dan un formulario para que anoten los puntos que sacan en cada desafío que implica sumar, restar, dividir y multiplicar mientras se salta a la soga, se juega al tiro al blanco, al bowling y a los dados. No hay ganadores. Luego del cierre se reparten regalos iguales para todos los participantes.
Por ahora son tres las escuelas en las que se han podido instalar los talleres extracurriculares –la 13, la 17 y la 30 del Distrito 9-, que a su vez dependen de la buena voluntad de los directores que permiten que se realice la actividad, ya que no forma parte del diseño curricular de las escuelas. Algunos directivos son reticentes a dar lugar a las clases que los docentes proponen dar en forma ad-honorem, e incluso se niegan a repartir los volantes del festival en los cuadernos de comunicaciones. Santiago Foucault, docente de Matemática de la Escuela Nº 15 del tercer distrito, confirmó a ANCCOM durante el festival que los talleres comenzarán a darse en su escuela en el próximo semestre.
El último festival de Matepública se realizó el pasado sábado 25 de junio en Plaza Mafalda -Concepción Arenal y Conde-, en Colegiales.
«¿Podés saltar la soga con esos tacos?», le pregunta bromeando Nicolás, uno de los maestros -de guardapolvo blanco-, a una de las participantes del juego. El docente da clase en la Escuela N° 13 Teodoro Roosevelt, que queda justo frente a la plaza. Le resulta difícil implementar la idea de los talleres extracurriculares como los que se dan en la 17 porque en su colegio hay jornada simple. «Es complicado sostener el proyecto porque también depende de la buena voluntad de los profesores, que no siempre pueden quedarse más horas», agrega el docente, quien sostiene que una de las mayores dificultades que enfrentan los maestros es la cantidad de alumnos por clase: veinticinco o treinta.
Los organizadores del encuentro en Plaza Mafalda son entre quince o veinte docentes que se acercan convocados por el colectivo. Entre todos se encargan de la infraestructura: la construcción y despliegue de los juegos –la mayoría están hechos a mano-, la música, los carteles, los regalos, el micrófono. Mientras los chicos van corriendo de desafío en desafío, algunos familiares conversan sentados en los bancos, otros tiran una manta sobre el césped y toman mate.
A medida que van llegando, los organizadores los dividen en grupos y les dan un formulario para que anoten los puntos que sacan en cada desafío.
Matepública es una iniciativa que responde a -y a la vez denuncia- la ausencia del gobierno porteño en materia educativa. Sobre una tela que cuelga en los alrededores de la plaza dice, en letras grandes, mayúsculas, y pintadas con témperas de colores: “Escuela pública de pie”. Se exhiben, también, varios carteles que revelan algunas de las políticas educativas llevadas adelante por el macrismo durante los últimos nueve años: “El porcentaje del presupuesto destinado a Educación pasó del 27,4 por ciento al 22,1 por ciento”, “se presupuestó la construcción de una sola escuela para el presente año”, “reducción de cursos y postítulos de formación docente”, “salarios docentes que implican pagos en negro y en cuotas, que no contemplan el porcentaje inflacionario real y que continúan achatando la escala salarial”, “las inversiones destinadas a infraestructura y mantenimiento pasaron de un 9,71% en el año 2008 a un 3,63 por ciento en el año 2016”.
A modo de cierre, Wenceslao les pide a los familiares que se reúnan con los niños para pensar qué tipo de escuela pública les gustaría tener. Quince minutos después, cada chico tomará el micrófono para compartir sus deseos: “Que aunque no tengan plata, los chicos puedan saber”, “que todas las escuelas sean públicas”, “que todos tengan los mismos derechos”, “que vayan todos los chicos”, “una escuela pública justa y linda”, “que la comida sea rica” –pidieron más de una vez-, “mejores computadoras”, “más respeto y amor”, “que haya pileta”, “buenos maestros”, “almohadones”, “que haya clases”, “que siga siendo gratis”, “que haya doctores”, “que esté limpia e iluminada”. Y entre todos los pedidos, estuvo también el reconocimiento para algunos de los maestros que llevan adelante el colectivo Matepública: “Que haya profesores buenos como la seño Paula”, “que haya más maestros como Wences y Carla”.
Los organizadores del encuentro en Plaza Mafalda son entre quince o veinte docentes que se acercan convocados por el colectivo.
Actualizada 28/06/2016
Jun 8, 2016 | destacadas
El debate público por el impacto del ajuste presupuestario y los tarifazos en los servicios en las Universidades eclipsó en las últimas semanas una consecuencia inmediata del ajuste en las unidades académicas del Conurbano bonaerense: la lenta pero sostenida deserción de jóvenes estudiantes que ya no pueden afrontar los gastos de traslados básicos para continuar con sus estudios.
Referentes educativos y estudiantiles de las Universidades Nacionales de La Matanza (Unlam), de Lanús (UnLa) y de Avellaneda (Undav) consultados por ANCCOM describieron el nuevo escenario y plantearon los desafíos de la comunidad académica para intentar retener a sus estudiantes. Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.
“No nos alcanza la plata para cargar la sube”, afirmó Emiliano Grillo, estudiante de la carrera de Trabajo Social y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús.
En el Conurbano, describió Grillo, la mayoría de los estudiantes “son hijos de laburantes, muchos son la primera generación de su familia que puede ir a la Universidad por lo que tienen recursos limitados”. Y subrayó: “Son laburantes, trabajan ocho horas y tienen que tomar dos o tres colectivos para ir a laburar. Y a eso se le suma el gasto del boleto para venir a la Universidad”.
Al fuerte aumento en el transporte, se le sumaron también las subas en materiales necesarios para poder estudiar como fotocopias y libros. “Muchos estudiantes se encontraron con una disyuntiva, en el análisis de ver qué hacen, si continúan o no estudiando, si cursan menos materias, si dan libres”, describió el referente estudiantil.
“Hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, por eso tuvimos una marcha en La Plata por el boleto educativo en la provincia de Buenos Aires. Frente a todo este tarifazo, principalmente en el transporte, lo mínimo que puede hacer el gobierno es pensar un poco en los estudiantes”, manifestó Grillo.
El boleto educativo en la provincia de Buenos Aires fue sancionado el año pasado por amplia mayoría parlamentaria y publicado en el Boletín Oficial bonaerense por Daniel Scioli al final de su mandato. La actual gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, debía reglamentarlo para su ejecución en febrero pasado, pero decidió ponerle un freno con el viejo argumento de la escasez de recursos presupuestarios.
Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.
“Algunos alumnos ya empezaron a abandonar”, manifestó a ANCCOM Ana Moreno, docente de la UnLa y licenciada en Trabajo Social de esa casa de estudios. “Ya hay varios docentes que comenzamos a dar clases virtuales”, describió.
Ante esta situación, se sigue “promoviendo el sistema de becas que tiene la Universidad, un sistema de fondo solidario, que fue creado con la idea de acompañar a los estudiantes, para que puedan terminar sus estudios”.
La socióloga y docente Gabriela Mariño, referente de la junta promotora de la gremial docente ADUNA de la Undav, trazó un diagnóstico similar. “Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, puntualizó en diálogo con esta agencia.
Nicolás Lozza, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza y referente de la agrupación estudiantil La Demo, sostuvo que el aumento del boleto “afectó más a los estudiantes que los propios cierres de cursos y que el propio presupuesto que pueda recibir la Universidad”.
“Hablé con estudiantes que me dijeron que directamente no podían estudiar o que tenían que dejar materias porque no les alcanzaba para pagar el boleto, hay estudiantes que tienen que viajar una hora, tomarse uno, dos, hasta tres colectivos en muchos casos y no pueden afrontar el gasto, entonces, obligatoriamente tienen que dejar de cursar alguna materia”, remarcó ante la consulta de ANCCOM.
Durante los últimos años, la implementación de un conjunto de políticas inclusivas en Educación Superior como la creación de nuevas Universidades Nacionales o la ampliación del sistema de becas e incentivos económicos llevaron a un exponencial crecimiento de la matrícula universitaria.
En el último anuario publicado por la Secretaría de Políticas Universitaria, en el año 2013 las Universidades Nacionales de la región metropolitana poseían un total 540.485 alumnos, con una inscripción de 11.978 nuevos jóvenes y un total de 27.942 egresados.
En la UnLa, la cantidad de estudiantes registrados pasó de 5.971 inscriptos en el 2002 a 12.825 en el año 2013, un crecimiento del 7,9% anual, según el anuario. Un proceso similar se registró en la Universidad nacional de La Matanza, en donde la población universitaria pasó de 20.515 en el 2002 a 36.338 en el 2013, un incremento del 5,8 %.
En el mismo informe, se indica que las becas destinadas a la educación superior, pasaron de 2.452 otorgadas en el 2002 a 45.513 durante el 2013, de las cuales 16.669 corresponden a las dadas directamente por las universidades y 28.664 formaron parte de las Becas del Bicentenario, entregadas por el gobierno nacional.
Los ajustes y aumentos definidos por el gobierno de Cambiemos basados en el “sinceramiento” de la economía pusieron en jaque tanto el funcionamiento de las instituciones públicas como la posibilidad de ingresar, permanecer y finalizar los estudios superiores a sus estudiantes.
El recorte presupuestario fue negado tanto por voceros como por el propio ministro de Educación nacional Esteban Bullrich quien, en declaraciones recientes a la agencia estatal Télam, sostuvo que “no hubo recortes ni desvíos de fondos de las universidades”, al referirse al envió de recursos a las provincias por unos 800 millones de pesos, los cuales tenían como objetivo primario, la inversión en educación primaria, secundaria y superior.
“Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, dijo Mariño.
A las dificultades presupuestarias como consecuencia de las subas en los costos de los servicios públicos se sumó también la decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias de “congelar” las obras destinadas a ampliación o mejoras. Nuevas aulas en el campus de la UnLa, una sede descentralizada de la misma Universidad en la localidad de González Catán y un polideportivo que fue devengado del presupuesto pero cuya construcción, por la suba de los costos en materiales, está detenida, sólo son algunos ejemplos del cuadro actual.
“Al ser universidades jóvenes se caracterizan por estar todo el tiempo en obra, se están construyendo”, enunció Grillo.Y agregó: “Se están haciendo aulas pero las obras están frenados, porque no está el presupuesto destinado. Al aumentar todos los precios, varió el presupuesto para esa obra”.
Además, explicó, se detuvieron “por una decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias del actual gobierno, que quiere hacer una revisión y saber para qué están destinados esos fondos”.
En este mismo sentido, Mariño expresó que las universidades nacionales del conurbano “recién nacen y necesitan de un empujón un poco más fuerte por parte del Estado. Tenemos cinco obras en las distintas sedes de la Universidad que están paradas”, graficó.
Nacidas con el objetivo de establecer un vínculo profundo con los lugares en donde fueron creadas, las universidades del conurbano pasaron de pensar e implementar políticas educativas a imaginar cómo subsistir, a como pagar los servicios y mantener su funcionamiento.
La Unla (1989) y la Unlam (1995) forman parte de las seis universidades que fueron inauguradas en el período 1989 y 1995, durante los gobiernos de Carlos Menem y bajo el paradigma neoliberal, que se plasmó en la ley de Educación Superior de 1995.
La Undav (2009) forma parte de segundo momento de ampliación de las Universidades Nacionales, constituidas por el nuevo vínculo que se estableció entre el Estado y las universidades en las gestiones kirchneristas. A partir del 2009, se crearon también las Universidades de Moreno, del Oeste con cabecera en el partido de Merlo, la Universidad Arturo Jauretche en Florencio Varela, y la Universidad Nacional de José C. Paz.
La generación de recursos propios es una tarea en construcción. “La mayoría de las universidades del conurbano no tiene un recurso propio, no es que tienen fotocopiadoras como la UBA, no es que manejan comedores, las universidades del conurbano no manejan nada, no manejan un solo peso”, sostuvo Grillo.
“Nuestra Universidad tiene apenas recién años de vida. No trabaja con recursos propios, durante estos años nos hemos preocupado por implementar políticas públicas que siguieron sosteniendo una matrícula universitaria, que en nuestro caso es un 80 % de primera generación de universitarios, no estábamos preocupados en generar recursos propios, de todos modos la Undav si tiene una cooperadora”, aseguró Mariño.
Actualización 08/06/2016
