Por Sabrina Escosteguy y Guillermina Mercau
Fotografía: Azul Andrade

Funcionarios de cinco universidades nacionales de distintos puntos cardinales explican la situación presupuestaria que atraviesan tras el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Todas marchan este martes en una movilización que para muchos será histórica.

Las impactantes imágenes de cortes de luz, cierre de aulas, reducción en el funcionamiento de ascensores y la dificultad para hacer frente al pago de servicios básicos son reflejo de la seria crisis presupuestaria que atraviesan las 62 universidades públicas nacionales. Siguiendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto de la educación superior disminuyó un 76% respecto al año anterior. A pesar de las medidas preventivas para amortiguar gastos e intentar solventarse con un presupuesto abismalmente atrasado con respecto a la inflación, algunas instituciones anticipan la posibilidad de cierre para la mitad del año lectivo.

Frente a la negación del gobierno a entablar un diálogo con las instituciones y bajo la consigna “En defensa de la educación pública”, el CIN convocó a una marcha federal el próximo martes 23 junto al Frente Sindical Universitario. El Consejo insta a que se adhieran todas las instituciones comprometidas con la educación y aclararon que la marcha es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.

La convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estipuló para las 15:30 horas en el Congreso de la Nación, para comenzar a marchar desde allí hasta Plaza de Mayo. A las 18 horas se hará lectura de un documento fuera de la Casa Rosada.

La crisis presupuestaria impacta a lo largo y ancho de todo el país. Con el fin de explorar cómo se está experimentando la lucha por el financiamiento universitario en diferentes regiones de la Argentina, ANCCOM conversó con representantes de cinco instituciones públicas localizadas en diferentes provincias: la Universidad Nacional del Litoral; la Universidad de Salta; la Universidad del Comahue; la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Universidad Nacional del Litoral

Este año, el sistema universitario ha sido financiado mediante la asignación del mismo presupuesto del año anterior, una medida contemplada en la Ley de Administración Financiera. Según explicó Germán Bonino, Secretario de Gestión y Administración Presupuestaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esto significa que el presupuesto que reciben las instituciones hoy se ha calculado en septiembre del año 2022 y fue pensado para el 2023. De esta forma, “hoy recibimos el mismo monto nominal que el año pasado, pero la inflación es de más del 280%. No estamos en caos pero es una situación crítica, si siguen estas condiciones no vamos a llegar a fin de año”, declaró el secretario.

A esta estrategia de desfinanciamiento se le agrega la quita de subsidios y el incremento de las tarifas de servicios públicos, principalmente de la luz. “En la UNL, la última factura de luz fue de 100 millones de pesos y recibimos 141 millones en total para todos los gastos. Con la diferencia hay que pagar las becas, el mantenimiento de las facultades, llevar adelante las obras públicas, los proyectos de investigación y extensión, hasta las fotocopias para los éxamenes. Claramente no alcanza”, confirmó Bonino.

La Universidad Nacional del Litoral tiene alrededor de 60.000 alumnos y nuclea estudiantes tanto de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos. Es un nodo central de la economía santafecina por la cantidad de jóvenes que estudian allí, por los proyectos y el conocimiento que genera y por los egresados que se insertan como profesionales de diversas áreas.

Otra dificultad que encuentran los administrativos de las universidades del país es la imposibilidad de proyección en los próximos meses, ya que se desconoce el presupuesto asignado para el resto del año. Sobre esto, el encargado del presupuesto de la UNL aclaró: “No sabemos cuánto va a llegar mes a mes. Eso es algo que estamos reclamando desde las universidades. Necesitamos saber con qué disponemos, sea mucho o poco”.

Universidad Nacional de Salta

Las acciones preventivas para controlar los gastos fueron adoptadas por la mayoría de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Su vicerrector, Nicolás Innamorato, expresó su preocupación por la gestión gubernamental de la situación: “Hemos implementado medidas, al igual que todas las universidades nacionales, pero son insuficientes. La crisis debe ser manejada de otra forma. La educación bajo ningún punto de vista puede ser recortada porque no es un ‘gasto excesivo’ o ‘inútil’ como dice el presidente. Son inversiones para el crecimiento de la sociedad en su totalidad”.

La UNSa tiene aproximadamente 80.000 estudiantes, cuenta con cuatro centros de investigación en conjunto con el CONICET y está trabajando en 300 proyectos que se vuelcan para la mejora de la comunidad. Para Innamorato, el rol que juegan los establecimientos de educación pública superior del país en el crecimiento social es esencial: “La única institución en el país que genera una movilidad social ascendente es la universidad nacional, pública y gratuita. Se perjudica, entonces, a todos los ciudadanos argentinos que de una forma u otra se ven beneficiados con una carrera o con una actividad dentro de la universidad”.

El vicerrector criticó la falta de plan del Gobierno para revertir o mejorar la situación en la que se encuentran. “A pesar de tener una comunicación fluida con las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, hasta el momento ni siquiera nos mostraron una planificación para el año 2024; y esto nos preocupa mucho. La mezcla de insensibilidad en cuanto al diálogo sumado a la incertidumbre por parte de los organismos oficiales es lo que genera mayor impacto”, declaró Innamorato.

Universidad Nacional del Comahue

La Universidad Nacional del Comahue no fue la excepción a la regla: sus directivos tuvieron que tomar medidas de recorte y disminución de las actividades académicas. Beatriz Gentile, rectora de la institución comentó: “Suspendimos la convocatoria a becas de investigación y extensión, redujimos los turnos de limpieza y priorizamos aulas y baños. Hay tasas municipales, deudas de agua u otros servicios que no estamos pagando”.

La Universidad Nacional del Comahue es la más grande en cantidad de alumnos, carreras y extensión territorial de la región patagónica; tiene sedes en diez localidades de dos provincias vecinas, Río Negro y Neuquén, y asisten más de 33.000 estudiantes. Esta institución juega un rol esencial en la democratización de la educación en la Patagonia Norte. “Llegamos a territorios que difícilmente llegue otra institución del Estado. Nos caracteriza esta vocación de ofrecer estudios superiores para todos y todas. Es necesario crear todas las condiciones para que hasta el último chico que está alejado de las ciudades también pueda estudiar en la universidad”, sostuvo la rectora.

Universidad de la Plata

Marilia Fogel, investigadora de Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata conversó con ANCCOM sobre el ataque del Gobierno nacional a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico. La docente afirmó: “Este ataque tiene varias dimensiones, ya que desde lo simbólico se ataca desprestigiando a las universidades instalando el discurso que las universidades son ‘centros de adoctrinamiento’. Esto es una mentira absoluta: en las universidades puede estudiar quien quiera, de todas partes del país y de Latinoamérica. Hay pluralidad de voces y eso se ve en todas las instituciones”.

El impacto del recorte presupuestario afecta gravemente a la enseñanza y el desarrollo de los programas de estudio. Fogel imparte Química General a estudiantes de primer año de licenciaturas en Biología y Geología, una materia que depende de una infraestructura de laboratorios y suministros especiales. «Necesitamos reactivos, guantes y material de laboratorio para llevar a cabo las prácticas. Estamos viendo cómo reciclar lo que tenemos y ajustarnos al presupuesto disponible. Todo esto afecta directamente la calidad educativa, ya que es posible que tengamos que reprogramar o incluso reducir algunas prácticas si la situación no cambia».

Además de los suministros, es crucial mantener la infraestructura existente. «Las carreras con orientación científico-tecnológica necesitan ciertos equipos y dispositivos, como microscopios, que requieren mantenimiento y, en caso de averías, reparación”, comentó Fogel. Además, destacó que existen otros gastos operativos continuos asociados al funcionamiento de las universidades.

Otro punto importante es la imposibilidad de realizar las prácticas y los viajes de campaña obligatorios para cumplir con los planes de estudio. “Los egresados y las egresadas de las carreras de naturales, además de cumplir con la aprobación de las materias, para acreditar la carrera deben tener una cierta cantidad de viajes de campaña que son obligatorios. Estos viajes están contemplados también dentro del presupuesto, por lo que este año esos viajes posiblemente no se realicen”, aseveró Fogel.

Universidad Nacional de Avellaneda

Ricardo Petraglia es el Secretario General de ADUNA, la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y hace énfasis en la problemática de las universidades de menor envergadura al atravesar la crisis. Destacó que las instituciones más nuevas, como es el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), carecen de relaciones que las puedan ayudar a afrontar la crisis, en desventaja con aquellos establecimientos más antiguos que ya han atravesado situaciones similares. “No es lo mismo ir a pelear el presupuesto siendo una universidad con una tradición y una capacidad de presión de años. A las universidades nuevas les llevará un tiempo para que eso ocurra. Para ello, es importante que el sistema universitario entienda las universidades nos necesitamos entre todas”, agregó Petraglia.

La UNDAV surgió en el año 2011 como un plan para enriquecer la cultura y la educación del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Si bien cuenta con seis departamentos orientados a diferentes áreas, el secretario afirmó que la UNDAV no tiene desarrollado un plan de otras formas de ingreso como los posgrados o los trabajos a terceros que le ayuden a hacer frente a la crisis.

Petraglia se mostró preocupado sobre la situación del salario docente. “El ajuste en sueldos más grande que había tenido la universidad fue durante el gobierno de Mauricio Macri, de entre 15 y 20 puntos. Ahora, en los primeros cuatro meses del gobierno actual, ya estamos en más del doble”. Remarcó que el ajuste presupuestario no se está dando de forma aislada sobre las universidades sino que “es parte de un ajuste que se está haciendo en toda la sociedad argentina y particularmente sobre el pueblo trabajador”.

De cara a la movilización del 23 de abril, el secretario dejó en claro: “Si bien las expectativas sobre la movilización son muy grandes, la marcha será sólo el inicio de un proceso de lucha que probablemente sea largo”. Finalmente, manifestó la importancia de mantener la unidad de los trabajadores, de los claustros y de las autoridades para defender la educación pública en Argentina.

Frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar el sistema universitario nacional, las universidades de todo el territorio convocan a marchar el martes 23 de abril en defensa de la educación pública, libre, laica, no arancelada y de calidad.