Reforma, reelección y después

Reforma, reelección y después

Este jueves se cumplen 30 años de la última reforma constitucional que, entre otras cosas, permitió la reelección de Carlos Menem e incorporó a la legislación argentina los tratados internacionales que amplían derechos. Convencionales constituyentes y constitucionalistas analizan sus luces y sombras.

“Todas las reformas constitucionales importantes salieron de momentos de crisis”, expresó en diálogo con ANCCOM Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, jurista y sociólogo, al ser consultado acerca de la reforma constitucional de 1994, de la cual se estarán cumpliendo 30 años el próximo jueves 22 de agosto. Este hito histórico, que llevó tres meses de debate mediante una convención constituyente, significó un antes y un después en cuanto a la incorporación de derechos y le devolvió a la Constitución Nacional una legitimidad que había sido puesta en duda.

El “Núcleo de Coincidencias Básicas” fue el antecedente más directo de esta reforma. Más conocido como Pacto de Olivos, este suceso estableció un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del país en ese momento: el Partido Justicialista (PJ), encabezado por el entonces presidente de la Nación Carlos Menem, y la Unión Cívica Radical (UCR), representada por Raúl Alfonsín, expresidente de la república. Si bien durante la presidencia radical ya se había iniciado la búsqueda de una reforma a través de la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, no es hasta 1993, en el mandato menemista, que el proyecto comienza a ver la luz gracias a los acuerdos establecidos entre ambos dirigentes en la Residencia Presidencial de Olivos.

Roberto Gargarella, especialista en derechos humanos, democracia y derechos constitucionales, sostuvo que la reforma tiene que ser explicada a través de dos contextos diferentes pero inseparables. Por un lado, el contexto político de ese momento: “Mirado de cerca tuvo mucho que ver con una extorsión que hizo Menem dispuesto a hacer cualquier cosa, buscando su reelección, que la vieja Constitución impedía”. Y, por parte de Alfonsín, fue un intento de frenar el momento de quiebre al cual se dirigía su fuerza política. En el mismo sentido Eduardo Barcesat, uno de los doce constituyentes electos de Capital Federal por el Frente Grande, agregó: “Afortunadamente, cuando el proyecto llega al Congreso, se habilitaron otros temas más allá de los previstos en el Pacto de Olivos, que favorecían a que se contemple al pueblo de la Nación Argentina y son los que dieron mayor brillo a la reforma constitucional del año 94”.

Gargarella también analizó que vista desde lejos, “la reforma encaja en una serie de procesos que se daban en esos años en América Latina. Estas reformas que se dieron a fines del siglo XX hablan de un modelo latinoamericano de pensar el constitucionalismo que tiene algo muy interesante y algo muy preocupante”. Poniendo a la Constitución mexicana de 1917 como el punto de inicio de dicho modo de pensar, el abogado y jurista explicó que su importancia radica en la incorporación que hubo en materia de derechos económicos y sociales en una Constitución Nacional. No obstante, destacó que estas constituciones que incorporan reformas tan profundas y radicales -entre las que incluye a la reforma argentina del ‘94- presentan una contracara: el constitucionalismo latinoamericano, por un lado, proyecta “una cara progresista, avanzada, de cambios y más acorde al siglo XXI” en lo referente a la incorporación de tratados de derechos humanos como bandera principal pero, por el otro, presenta “una cara conservadora, verticalista, reaccionaria y desconfiada de cualquier democracia que se visualiza en la organización del poder”.

De este modo, la aplicabilidad de los derechos que se reglamentaron en la Carta Magna se ven limitados por los obstáculos generados debido a la jerarquía de poder que se establece entre los jueces, los legisladores y el Ejecutivo. “La mala noticia es que las dos partes de la Constitución no caminan solas, una toca la otra. Lo que no se hizo en materia de organización y preservación del poder termina limitando lo que podemos hacer en materia de derechos”, sentenció el jurista.

Tres meses de deliberaciones

Entre el 25 de mayo y el 22 de agosto 305 convencionales que representaban a 18 fuerzas políticas debatieron y sancionaron la reforma de 44 artículos de la Constitución.

En las gradas del paraninfo de la Universidad del Litoral (UNL), en la ciudad de Santa Fe, se llevaron a cabo gran parte de las sesiones de la Convención Constituyente. Estaban “llenas de representantes de los pueblos originarios, con sus cánticos, sus banderas y sus brazos en alto”, comentó Barcesat, al referirse al debate sobre el Iinciso 17 del Artículo 75 de la reforma que significó una reparación histórica para estas comunidades al serle reconocido su derecho inajenable sobre sus tierras ancestrales. Sobre el cambio en la titularidad de los recursos naturales a partir de la reforma, a favor tanto de la propiedad provincial independiente de nación como del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, el constituyente sostuvo: “Es el derecho a la titularidad de los pueblos, no de los Estados o del Gobierno, sobre el conjunto de sus riquezas”. A su vez, este abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos, resaltó otra cláusula que también generó “gran emotividad popular”: la incorporación novedosa de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que sentaron un gran precedente. Con apoyo de diferentes organismos se incorporaron el habeas corpus y el habeas data, incluyendo la desaparición forzada de personas como motivo para su pedido.

El resto de las sesiones de la Comisión se desarrollaron en Paraná, la capital entrerriana. Durante los tres meses que llevó el debate, las posturas respecto a la modificación de la Constitución se mantuvieron divergentes. “El análisis histórico que hicimos en aquel momento estuvo muy salpicado por la activa oposición de quienes estaban contra la reforma”, aclaró María del Carmen Feijoó, socióloga, investigadora y convencional constituyente electa del Partido Justicialista por la provincia de Buenos Aires. Y continuó: “Pertenece a un tiempo en que la actividad política o partidaria era una actividad totalmente priorizada en el grueso de la sociedad”. Aunque respecto a este punto, Barcesat acotó que la reforma también “tenía una prensa totalmente adversa”.

Entre otros de los derechos incorporados a la Carta Magna se encuentran los referidos al amparo, al medio ambiente sano, al secreto de las fuentes periodísticas y a la defensa de usuarios y consumidores. Creó, además, nuevas figuras como la del Defensor del Pueblo y la del Jefe de Gabinete y estableció novedades referentes a la elección del Presidente, tales como su elección directa, la posibilidad de ballotage, la reducción de su mandato de seis a cuatro años y la posibilidad de su reelección. Por otro lado, se incorporaron mecanismos de democracia semidirecta, dotados de mayor participación ciudadana, como la iniciativa y la consulta popular.

Sin embargo, a pesar de que la reforma introdujo innovaciones en materia de derechos, hay cuestiones que hasta el día de hoy siguen siendo problematizadas como, por ejemplo, la aplicabilidad real de estas incorporaciones. “Para la efectividad de estos derechos hay que hacer una obra de ingeniería social que ponga en conexión el derecho reconocido con la necesidad de que se implemente en la vida material y cotidiana. Si esto no se implementa en normativas y prácticas sociales que lo hagan posible, queda como una especie de nube jurídica que flota sobre nosotros pero que no transforma la realidad pero que desgraciadamente padecemos”, explicó Barcesat.

“Infames traidores a la patria”

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Artículo 29 Constitución Nacional

“El DNU y la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida, constituyen un engendro normativo”, declaró Barcesat. El constitucionalista hizo hincapié en el desprecio que tiene la actual presidencia libertaria, y en particular el mandatario Javier Milei, por el texto constitucional, puntualmente en referencia a la delegación de facultades que le fueron cedidas por aprobación principalmente del oficialismo y la Unión Cívica Radical, durante su tratamiento en el Congreso.

 

Barcesat reflexionó sobre el Artículo 29 de la Constitución Nacional, originario de la constitución de 1853, en donde se condena cualquier hecho de violencia que subsuma la vigencia de la misma con la calificación de ‘infames traidores a la patria’ a quien inste contra la división de poderes. Lo relacionó con el Artículo 39 que fue incorporado en la última reforma y en el que se agrega que todos los ciudadanos argentinos tienen el derecho a la resistencia contra quienes efectúen este tipo de actos de violencia institucional. Considera que “se ha pisoteado” la Constitución Nacional en la actual gestión, que no tiene respeto alguno por su validez y que constituye el principal motivo de la enorme cantidad de juicios políticos que se han desplegado contra el presidente. Explicó que este desempeño debería significar en la práctica la inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos y la nulidad de aquellos actos que se realicen y que por ningún motivo deberían ser permitidos ni quedar impunes. En cuanto al cumplimiento de la misma puntualizó: “Si esta Constitución se aplicara con honestidad habría más protección a lo que llamamos soberanía política, independencia económica y justicia social”.

“Sin fuerzas políticas, sin Estado, lo que hay por delante es el abismo”, declaró Feijoó en diálogo con ANCCOM, en referencia al resquebrajamiento de la dirigencia política actual que, según la socióloga, lleva tiempo derrumbada en una profunda decadencia. Agregó que “la capacidad de renovar un proyecto de convergencia nacional, tiene como condición sine qua non el fortalecimiento de los partidos políticos”. Es decir, que no hay posibilidad de que se consolide un mismo modelo de país sin la condición necesaria de la refundación política, de la que la especialista en desarrollo social, educación y pobreza no ve más que algún destello de lo que supo ser. Feijoó reflexionó acerca del deterioro en el debate político, que ha perdido su profundidad y se refleja en la calidad de la formación de la clase política. Como ejemplo, mencionó la “pobreza franciscana de los últimos debates presidenciales”. Y analizó las causas de esta fragmentación como fruto de diferentes “avatares socioeconómicos” que Argentina ha atravesado en las últimas décadas y dejando consecuencias determinantes en la representación política.

¿Una reforma en el horizonte?

“Así como vivimos una revolución de los derechos en el siglo XX, hoy debemos tomar conciencia que hay un rezago en materia democrática que es tan devastador como lo fue la crisis de los derechos en los 50 después de la debacle del fascismo”, declaró Gargarella, al ser consultado sobre la posibilidad de una nueva reforma constitucional que se aggiorne a los tiempos actuales. Y agregó: “Hoy por hoy hay cosas importantes que se pueden hacer más allá de la reforma. Lo que sí deberíamos mejorar es el diagnóstico de lo que estamos haciendo. La pregunta es cómo el ciudadano común pasa a tener un rol más relevante en la vida constitucional”. Y advirtió: “La democracia no puede ser reducida a elecciones”.

Sobre una futura reforma se expresaron con miradas disímiles Feijoó y Barcesat. Mientras que la primera cree que no es necesaria, Barcesat se autodenomina como reformista del texto constitucional: “Creo que ya se abrió el camino para una nueva reforma” y se refirió a los puntos que le interesaría incorporar: “La integración del dominio y soberanía argentina sobre las islas Malvinas y su sector antártico. Pero además los espacios marítimos y aéreos sobre el territorio”.

El RIGI, fase superior del extractivismo

El RIGI, fase superior del extractivismo

Uno de los capítulos más controvertidos de la Ley de Bases es minuciosamente analizado por críticos y defensores. El modelo de desarrollo económico, la soberanía jurídica, el cuidado ambiental, la calidad del empleo y la equidad impositiva, entre otros temas que se ponen en juego con la nueva normativa. ¿Saldrá airoso o será rechazado en el Senado?

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente para recordar a los gobiernos de todo el planeta la importancia de llevar adelante políticas que promuevan la preservación y mejora del ambiente. Son 52 los años que pasaron desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la efeméride. Lo hizo en homenaje a la Conferencia de Estocolmo, que fue la primera gran disertación sobre temáticas socioambientales que hubo a nivel internacional y cuya apertura tuvo lugar el 5 de junio de 1972 en Suecia. 

No obstante, en estos días el Senado de la Nación ha estado muy lejos de debatir qué acciones se podrían realizar en Argentina para proteger el ambiente y, en consecuencia, promover el bienestar de la población y fomentar un desarrollo económico sustentable y equitativo. Por el contrario, los senadores han estado discutiendo en comisiones los detalles del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), uno de los capítulos del proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que busca profundizar el modelo de desarrollo extractivista con el objetivo de promover una mayor industrialización en el país y su consecuente generación de empleo. 

Según el texto del proyecto de ley, que está disponible para su lectura exhaustiva en www.infoleg.gob.ar, el RIGI pretende “dar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” a empresas nacionales y extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en proyectos vinculados a infraestructura, agroindustria, minería, gas, petróleo, el ámbito forestal, energía y tecnología “a fin de garantizar la prosperidad del país, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones previstas en el RIGI y desarrollar coordinadamente las competencias entre el Estado nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales”. 

Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dijo al respecto: “Se trata de una faceta mucho más agresiva del extractivismo, porque no sólo promueve inversiones de gran tamaño para profundizar nuestra matriz productiva sino que ni siquiera tiene en consideración el desarrollo de los lugares en los que se produce. Lo que siempre discutimos de la matriz extractivista es que muchas veces puede ser valorada por los actores de la comunidad en donde se da porque genera trabajo, pero en este caso ni siquiera está eso porque pueden traer personal de afuera directamente, sin necesidad de formar al personal de acá para que en el futuro pueda conducirlo. El régimen no fomenta ni obliga a la compra nacional, que podría favorecer a las empresas más pequeñas que podrían proveer algún material necesario para la explotación. Ese es el más crudo de los extractivismos porque es venir, explotar y ni siquiera dejarle algo a la gente que está ahí. Además de profundizar el extractivismo, genera un colonialismo”. 

“Eso no es así —se opuso Lisandro Almirón, abogado y diputado nacional por La Libertad Avanza, en diálogo con ANCCOM—. Para cualquier inversión de gran envergadura necesitás motorizar todos los sectores de la economía que hoy pueden estar en recesión. Una es la construcción de caminos, edificios, viviendas. Puede venir mano de obra de otro lado, que no sea de Argentina, pero generalmente se da en cuestiones muy técnicas, cuando otros países tienen recursos humanos que por su formación y capacidad hacen indispensable su presencia en la industria local. Pero el que invierte busca precio, calidad y que su producto pueda ser vendido, exportado, competitivo en el mercado. En la Argentina de principios del siglo pasado las grandes obras no se hicieron solamente con mano de obra local. Los ferrocarriles eran capitales extranjeros y se han fundado pueblos gracias a esa industria, lo mismo con las exploraciones petroleras. No tener en cuenta eso es desconocer la historia. Pero hay que confiar en los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las universidades que tiene el país, hay gente formada para cualquier desarrollo industrial. No podés pensar que la inversión no va a venir acompañada de absorción de mano de obra local calificada. No nos desarrollamos porque tenemos una mentalidad mezquina y conservadora de decir: ‘Dejemos a todos como estamos, inmersos en la pobreza, no generemos inversiones y veamos cómo seguimos arreglándonos con lo que tenemos, sin desarrollo, sin producción y sin tener valor agregado’. Esa visión de pensar que todo lo que viene hará un daño me parece arcaica y mezquina”.

Por su parte, Facundo Ríos, abogado especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, señaló a esta agencia que “al no tener definiciones concretas en un marco jurídico argentino sobre cuáles van a ser para nosotros las evaluaciones de impacto ambiental y cómo vamos a demostrar que las empresas que vienen a invertir desde el extranjero no contaminan el ambiente, vamos a seguir viviendo en un híbrido donde las provincias pueden determinar sin grandes consecuencias cuáles son para ellas esas evaluaciones. Si no tenemos una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional —advirtió Ríos—, es muy difícil que podamos determinar parámetros estándares para que un empresario que quiera venir a invertir no tenga un conflicto legal permanentemente en este país. El RIGI es contrario al orden jurídico actual. Si vos hacés una diferencia ante la ley entre una empresa grande y una chica, lo más probable es que yo te declare inconstitucional esa parte de la norma. Lo que más me preocupa es que a las empresas extranjeras les dejen llevarse los recursos naturales como quieran, les den exenciones impositivas y les permitan no tener sus inversiones integradas a los mecanismos productivos del país”. 

En cambio, Almirón dijo que “eso de que no hay mediciones de las consecuencias de la explotación de los recursos naturales es una interpretación muy subjetiva. Con ese criterio los países desarrollados no podrían haber llegado a los estándares de competitividad a los que han llegado en los últimos años. Quedaríamos muy atrás con un razonamiento muy rígido respecto al ambiente. En Argentina los bonos verdes tienen cada vez mayor aceptación porque otros países valoran que este país no produzca y siga pudiendo ser la reserva ecológica mundial. Pero mientras nosotros somos eso, el resto de los países sigue generando valor agregado a su materia prima y sigue mejorando su calidad de vida. Entonces si vas a medir en función de no aumentar tu PBI con argumentos que son muy radicales respecto al cuidado del ambiente y no hay inversiones por las consecuencias en el impacto ambiental, y si a eso le agregás la falta de credibilidad y seguridad jurídica, estamos muy lejos de sacar el país adelante. Yo no comparto la Agenda 2030, no creo que ese sea el camino para los países que quieran desarrollarse”. 

La agenda a la que se refirió el diputado también se conoce como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se estableció en septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En aquella oportunidad 193 jefes de Estado aprobaron un documento que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que se deben aplicar de forma universal. El Gobierno nacional argentino que asumió en diciembre de 2015 en ese momento tomó el compromiso de implementar esa agenda mundial a nivel local. Entre sus objetivos se encuentran el de garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante así como a modalidades de consumo y producción sostenibles, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la biodiversidad, entre otros. 

Hay que recordar que el extractivismo implica arrancar los recursos naturales y materias primas de la tierra, tales como diamante, oro, plata, cobre, madera y petróleo, entre otros, para venderlos en el mercado mundial. “El principal destinatario del RIGI son las grandes empresas mineras, cuyo principal insumo es el agua. Argentina es el cuarto país del mundo con más conflictos ambientales en torno a la minería, y estamos hablando de un régimen que no tiene precedentes en el mundo. A las inversiones que lleguen se les dan unos beneficios que son absurdos para la explotación en el país”, afirmó Micaela Oroz, referente de la organización ambientalista “Ahora qué?”.

Oroz contó que existen diferentes líneas de pensamiento en el ambientalismo respecto de actividades como la minería y el fracking, una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo de los subsuelos que promueve la fractura de las montañas para extraer minerales e hidrocarburos. Dijo que existe una postura “más dialoguista” que si bien reconoce que esas actividades extractivistas son las principales emisoras de gases de efecto invernadero y generan consecuencias ecológicas como el cambio climático y la crisis de biodiversidad y de gestión de los plásticos, sostiene que la mayoría de los países que hoy impulsan las restricciones a las actividades de impacto ambiental pudieron desarrollarse por la explotación de los recursos en los países subdesarrollados. “Esta línea sostiene que el extractivismo está mal, pero pone en entredicho una oposición tajante a todo, pensando en el desarrollo estratégico a largo plazo para que pueda realizarse una transición ecológica, energética, económica y social, porque a fin de cuentas no se trata sólo de la preservación del ambiente sino también de mejorar la calidad de vida humana”, puntualizó Oroz, y aclaró que esa es la corriente de pensamiento que ella sostiene. Por otra parte, dijo que existe una postura “más purista”, que propone frenar todo tipo de actividad extractivista. “Es una línea súper respetable y valorable, porque sólo del pragmatismo no puede vivir un movimiento y está bueno que haya posicionamientos más puros también”, opinó Oroz. 

Por su parte, Monkes dejó entrever una mirada similar a la de Oroz al afirmar que “no discutimos tanto el proceso productivo en sí sino la postura política que tomás a la hora de encarar esa matriz productiva. Yo no estoy en contra de que explotemos gas; quiero una matriz energética verde pero eso en el corto plazo es irreal. El problema que tenemos hoy es que nadie planifica hasta dónde explotar el gas, simplemente mientras sea rentable se va a hacer. Ese es el pensamiento extractivista, que sólo mide una variable económica y mercantil a la hora de pensar la matriz productiva”. Y ahí viene el RIGI para instalar ese criterio. “El RIGI fomenta esa posición política y filosófica, que hace que no podamos mantener producciones que capaz no son rentables desde lo económico pero que son enormemente productivas desde lo ambiental, como las agroecológicas, que buscan no modificar el paisaje para producir alimentos sino adaptar los alimentos al paisaje. Esto es: tratar de aprovechar los bichos naturales que haya en la zona y que se pueden comer plagas, asociar cultivos porque se benefician mutuamente y alejar cultivos que compiten y, llegado el caso, reducir insumos de síntesis química, como pesticidas y fertilizantes. Yo no tengo una postura tan puritana con la agroecología, porque si hay una plaga que se desmadró en un año determinado por equis motivo ecológico azaroso, no me parece mal que se aplique un fungicida o un insecticida para matar esa plaga porque estás perdiendo la producción. Otros tienen una mirada más purista, para mí se trata de aplicar principios ecológicos a la producción agropecuaria tendiendo a reducir insumos químicos”. 

En cuanto a cómo podría afectar el RIGI a las economías regionales y a los pueblos que habitan las tierras en las que se encuentran los recursos naturales más codiciados, Oroz aseguró que “el RIGI va en contra del Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que están en sus territorios. También va en contra del Artículo 75, Inciso 17 que afirma que los pueblos indígenas preceden al Estado nacional en esos territorios, y reconoce sus derechos sobre esas tierras. Además está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula la consulta previa, pública, libre e informada y la autonomía de las comunidades respecto a sus formas de desarrollo”. 

“Las provincias petroleras patagónicas o las provincias del norte con la industria energética cobran regalías que les permiten recibir ingresos por el solo hecho de que determinadas cosas estén o pasen por ahí sin la más mínima inversión ni proyección. En ese sentido, las provincias tienen un sistema que garantiza que todo tipo de industria tenga efectos directos e indirectos que mejoran sustancialmente las economías provinciales y regionales —objetó Almirón—. Tenemos que ser conscientes de que si bien tenemos recursos naturales, también existen otros países que son altamente competitivos con nosotros. En la reunión que tuvo el presidente de la Nación con Elon Musk, este empresario reconocido a nivel mundial no le ponía tanto el ojo al litio sino más bien al cobre. Y de lo que lleva explotado Chile, Argentina explotó solamente el 10% en el mercado de cobre, nos queda todo para crecer. Si se nos va la posibilidad de atrapar grandes inversiones, se van a ir a otros países”. 

“No comparto esa interpretación de que los pueblos preceden a nada, eso no es así —siguió Almirón—. El concepto de Estado-Nación aparece a mediados del siglo diecinueve y el Estado argentino se funda en cumplimiento de pactos preexistentes. Esa discusión es de tinte separatista, es una interpretación muy maliciosa respecto de la identidad de Argentina y tiende a generar desorden. Una cosa son los derechos de los pueblos originarios respecto a su identidad y otra cosa son los derechos sobre el territorio. Nadie desconoce su identidad, pero el derecho a la propiedad acá tiene un sistema de registración, que lo pone la Constitución y el Estado argentino que gobierna a través de sus representantes, no a través de abstracciones jurídicas o filosóficas. Los derechos subjetivos de los pueblos originarios no tienen nada que ver con los derechos del Estado-Nación argentino”. 

Para Ríos “hemos avanzado, por suerte, con el Acuerdo de Escazú, pero al margen de eso creo que estamos todos de acuerdo con que cada pueblo pueda tomar decisiones sobre lo que se haga con su territorio. Con el RIGI hay que estar alertas de que cuando lleguen las inversiones hay que ver qué pasa al final del camino: qué hicimos con el recurso explotado, cómo lo explotamos y qué fue lo que quedó. Existen muy buenos modelos, como Noruega o Suecia, que con las inversiones crean fondos que hoy les sirven para solventar las jubilaciones y pensiones. En Noruega cerraron una empresa de explotación de carbón súper importante, con un ingreso que era multimillonario, por conciencia ambiental”. 

Quienes defienden la aprobación del RIGI sostienen que esta política va a generar empleo y que se trata de un instrumento para que Argentina deje de ser un país subdesarrollado. “Eso es absurdo. Los mecanismos del RIGI apuntan a que Argentina se condene a ser un exportador de commodities porque no tiene ningún incentivo para el desarrollo local. Yo no veo cómo puede potenciarnos una política que va en detrimento de la industria nacional”, opinó Oroz. 

“Yo creo que la relación entre países desarrollados y subdesarrollados —señaló Monkes— no se rompe con este tipo de inversiones sino con posturas más soberanas a la hora de pensar un país. Naciones que supuestamente van a venir a invertir, pueden dar media vuelta e irse porque no hay ninguna restricción a que vengan, hagan negocios y se lleven esos dólares”.

 En cambio, Ríos apuntó que “el RIGI va a generar un empleo temporal y no va a llevar al desarrollo. Esta política viene a decir a las empresas: ‘Argentina está de oferta, quién es el mejor postor, vengan que nosotros les garantizamos que no les vamos a tocar la plata’”. 

En caso de aprobarse la ejecución del RIGI, las empresas que queden englobadas dentro de él tendrán beneficios económicos y jurídicos por 30 años, entre los que se destacan la importación de máquinas e insumos sin pagar aranceles ni priorizar a los proveedores locales y la reducción del impuesto a la ganancias del 35% al 25%. “El RIGI es ilógico por donde lo mires. Si se ejecuta, podría ser la cosa más dañina que nos ha pasado en los últimos cuarenta años. Estados Unidos, que es el país que Milei más admira, tiene un plan antiinflacionario que es extremadamente proteccionista y que tiene consenso entre demócratas y republicanos”, comentó Oroz. A su vez, Ríos aseguró: “Las excepciones impositivas que propone el RIGI son ilógicas, no tienen antecedentes en el mundo. No generan ningún valor agregado en el país, el único valor es que ingresó el dólar. Lo importante es que con esa plata que vos estás girando pagues impuestos, me ayudes con el desarrollo productivo de mi país, me garantices que no me dejás contaminado el ambiente. Si vos me dejás estructuralmente la situación en mejores condiciones de las que llegaste, por supuesto que girala, si yo necesito que lleguen inversiones extranjeras al país y necesito explotar el litio para hacer la transición energética. Pero yo no estoy a favor de que lo hagas con excepciones impositivas, sin un mecanismo de control y sin mejorar los procesos, porque si vos usás el agua y la dejás evaporarse a la atmósfera, se me termina secando el río, entonces te llevaste el litio y me dejaste un río seco, sin desarrollo y sin pagar impuestos. Eso no le sirve a nadie”.

Por otro lado, el texto del proyecto de ley indica que si surgiera alguna controversia entre el Estado nacional y las empresas adheridas al régimen en cuanto a la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del RIGI, “se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas”. Si esto no fuera posible, la disputa se resolverá según el reglamento de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) o el de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o el del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “El CIADI es una corte norteamericana que siempre falla en contra nuestro, lógicamente”, advirtió Oroz. Por su parte, Ríos opinó al respecto: “Les estás cediendo la soberanía de poder litigar en otro tribunal, porque vos como Estado tenés la potestad, en determinadas cuestiones, de decidir en qué jurisdicción vas a litigar y eso te da garantías. Por ejemplo, los Estados que te prestan plata, lo hacen con la jurisdicción de Estados Unidos, es decir, vas a litigar en ese país porque es el que se elige cuando se pacta el acuerdo internacional”. 

Ahora bien, es válido preguntarse qué otro modelo de desarrollo se podría proponer en contraposición al que pretende establecer el RIGI. “Depende de la ideología. El modelo que a mí más me gusta es uno que sepa que si vas a extraer los recursos naturales, al final del camino vos tengas las inversiones que trajiste integradas al modelo productivo, que los impuestos que cobres a esas megainversiones te garanticen que vas a tener un desarrollo en tu país, fondos para la educación, para el desarrollo de industrias competitivas de tu Estado, como la del conocimiento”, expresó Ríos. 

“Pienso que podemos crear economías de escala a nivel regional, si es a nivel internacional todavía mejor, en las que se generen incentivos para el desarrollo de la transición energética, que me parece que es el punto principal para impulsar el desarrollo sostenible. Esto significa dejar de consumir una energía basada en combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, y pasar a basarnos en energías renovables y limpias, como la eólica y la solar, incluyendo la hidroeléctrica y nuclear, porque tienen menores o nulas emisiones de gases de efecto invernadero”, enfatizó Oroz. “Yo creo que la agroecología es una herramienta para construir soberanía alimentaria”, opinó Monkes. 

Ya pasaron muchos años desde aquella Conferencia de Estocolmo que inspiró a la ONU a crear el Día Mundial del Medio Ambiente, pero en Argentina y en el mundo se insiste con la ejecución de políticas que parecen ir en contra de la preservación y mejora del ambiente, un hecho que invita a preguntarse entonces qué es lo que motiva ese accionar en los diferentes países. “Acá hay que hacer un diagnóstico —subrayó Ríos—. La discusión del nivel de preocupación por los temas ambientales es muy reciente, empezó a subir en intensidad a partir de la década del ‘90, con mucha retórica pero con poca acción. Naciones Unidas determinó que el ambiente es un derecho humano recién en 2022. Yo creo que en Argentina tenemos muchas inconsistencias en nuestro sistema ambiental porque no tenemos diálogo político. Hace veinte años que no podemos tener un acuerdo político entre los partidos. Si no podemos acordar en cuestiones mucho más básicas como la educación, es muy difícil que acordemos un modelo productivo o cuáles son los límites de explotación de nuestros recursos naturales. La falta de instituciones sólidas en nuestro país lleva a tener una falta de desarrollo normativo”. 

A Oroz la desvela, y mucho, que se baje el tono de advertencia sobre el cambio climático. “Uno creería que una amenaza tal como la extinción masiva de especies lograría trascender a los colores políticos. Afortunadamente, en nuestros diálogos con la política más tradicional encontramos mucha más receptividad en torno a estas temáticas, pero el peligro de los discursos de ultraderecha, que tiene el actual Gobierno, es que pretenden desandar debates que ya tenemos saldados hace décadas y eso me preocupa mucho. Que se relativice el consenso que hay sobre el cambio climático es muy peligroso”. 

“Creo que se insiste en políticas como el RIGI porque no tenemos clara la salida, no sabemos entretejer los reclamos ambientales con un mundo cada vez más globalizado, complejo e interrelacionado y a la vez tan fluido, porque el capital va doblegando a cada país por separado. Yo creo que hay que avanzar en una gobernanza mundial que controle esos capitales que se mueven tan fluidamente entre los países”, concluyó Monkes. 

Del tsunami verde a la ola machirula

Del tsunami verde a la ola machirula

Las críticas al feminismo ganan terreno en el debate público y cada vez son con más virulencia. La falta de consenso en torno a las políticas de género se hicieron visibles en los resultados electorales. Las consecuencias del desmantelamiento del Ministerio de la Mujer y diferentes programas que abogaban por la igualdad.

Una encuesta realizada en octubre del 2023 por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA indicaba que un 67% de los varones y un 51% de las mujeres consideraba que las políticas de género promueven el odio hacia los hombres. La cifra ascendía al 82% cuando se trataba de los votantes de La Libertad Avanza. A su vez, un 72% de los votantes de Milei consideró que la justicia suele favorecer a las mujeres. Un 66% de los varones considera, incluso, que los hombres deben tener cuidado al relacionarse con mujeres.

Este cambio de tendencia respeto de los tiempos de la llamada “ola verde” se refleja también en discursos que parecían olvidados: en una reciente entrevista radial el publicista de ultraderecha pura y dura Nicolás Márquez insistió en la utilización de términos anacrónicos y discriminatorios como “invertido y “sodomita, argumentando que la connotación despectiva de éstos fue impuesta por la corrección política de la ideología de género y que él no se sentía obligado a cumplir con esos mandatos. En la misma entrevista calificó a la homosexualidad como conducta insana y autodestructiva.

También en el plano electoral la insistencia de Javier Milei con el tema puso de manifiesto que el repudio a las políticas de género no resta votos al candidato ganador sino todo lo contrario. Las encuestas tanto anteriores como posteriores a las elecciones mostraron que Milei obtenía más votos del electorado masculino, sobre todo entre los jóvenes, y que estos criticaban mayoritariamente los “excesos” del feminismo.

El fenómeno no es exclusivamente local ni mucho menos: según otra encuesta realizada en 2023 por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España un 44% de los hombres y el 32% de las mujeres consideraba que se ha llegado tan lejos en las políticas de igualdad que ahora los discriminados son los hombres.

Estos datos acompañan otras señales de que la ola verde, en los lugares a donde llegó, ahora sufre un reflujo. Este fenómeno está impactando en electorados del mundo occidental y la reivindicación del patriarcado, lejos de espantar votantes, los atrae, sobre todo en los segmentos de hombres jóvenes. Un extenso artículo de The Economist hablaba de una deriva que distancia cada vez más a los jóvenes varones y mujeres entre sí.

Nuevas nuevas masculinidades

Cuestionamientos al feminismo hay desde muchas corrientes. Pero hay una que directamente lo niega y suele estar acompañado por una reivindicación de la masculinidad tradicional. Así, las políticas gubernamentales que se implementaron para generar la participación equitativa de mujeres y minorías en diversas instituciones, pasan a ser repudiadas por una porción de la población que las ve como un trato desigual ante la ley, un “privilegio”, como lo llamaría el actual presidente, alejando a estas políticas del consenso que parecían tener hasta hace pocos años.

Matías de Stéfano Barbero, Doctor en Antropología (UBA), Investigador Asistente del Conicet y especializado en las relaciones entre violencia y género, sostiene que este discurso reviste hoy un carácter de cierta rebeldía. Esto se debe a que  el cuestionamiento de la masculinidad tradicional ganó fuerza en diversas capas de la sociedad pero ahora sufriría una “reacción” esperable e, incluso, deseable porque plantea el desafío de buscar nuevas formas de interpelar y convencer. De Stefano ofrece además una interpretación del particular clima de época que vivimos, asegura que “estamos en un escenario social y político donde prima el ‘sálvese quien pueda’ y el ‘todos contra todos’, donde se instrumentaliza la idea de masculinidad tradicional como una forma de ser en el mundo que puede ayudarnos a sobrevivir”. Según su parecer, esto sólo aumentará el individualismo, la crueldad y la violencia.

Irene Meler, coordinadora del foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, asegura que nos encontramos ante el fenómeno conocido como backlash, una reacción conservadora frente a los nuevos derechos adquiridos por las mujeres en los últimos años. Para la especialista el motivo de esta reacción estaría dado por las condiciones económicas. Según Meler, “la derechización masculina es un síntoma de la añoranza respecto de un status social privilegiado que muchos están perdiendo por la fuerte concentración económica en pocas manos y el desclasamiento de los sectores medios, cuyos jóvenes van a ser más pobres que sus padres.”

La crisis económica favorece, entonces, la reivindicación de refugios que funcionaban en el pasado, pero esto se da sobre todo entre los hombres. “Las mujeres no experimentan su condición de clase del mismo modo que los varones, porque la componen en parte mediante su nivel educativo y su trabajo, pero también a través de la alianza con un hombre, que suele ser quien establece el status familiar. Esta alianza está cada vez más dificultada, pero como expectativa persiste. De modo que el resentimiento juvenil es la causa de la derechización” explica Meler.

La nueva vieja derecha

Desde luego, la lectura que se hace desde los sectores conservadores es diametralmente distinta. Tal es el caso del politólogo Agustín Laje, quien se define como liberal conservador. En una entrevista del año 2017, cuando presentaba el libro que escribió junto a Nicolás Márquez sobre la nueva izquierda, ambos se refirieron a los estudios y las políticas de lo que consideran “ideología de género” y que para ellos resulta dominante y parte de la ideología de Estado.

Según Laje y Márquez las políticas de género corresponden a una estrategia que la izquierda tuvo que emplear desde los años 60 y de manera más acuciante después de la caída del Muro de Berlín, cuando la clase obrera dejó de responder a los postulados del marxismo clásico. Se habría pasado entonces del conflicto estructural al conflicto en la cultura, por ello se salió a buscar minorías conflictuadas que fueran funcionales a la revolución. En esta nueva fase, que Laje y Márquez consideran marxismo cultural, no se busca expropiar los medios de producción sino la forma de pensar, se pasa entonces de la lucha de clases a la lucha de géneros. Las políticas de inclusión consisten, según estos dos autores, en igualar contrafácticamente aquello que por naturaleza es desigual. Por eso, una de las medidas gubernamentales más celebradas por Laje fue la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, medida que el Gobierno nacional implementó en febrero de este año.

 

Cómo acercarme a hablar

Otro de los ejes de discusión en torno al avance del feminismo en los últimos años tuvo que ver con los nuevos parámetros de conducta cuando los varones se vinculan con mujeres, una cuestión dónde también aparecen las denuncias, el riesgo de desprestigio social y la posibilidad de la cancelación.

Cristian Cabrera y Juana Cúneo son profesionales de la fundación Kaleidos, una organización que trabaja con diferentes instituciones educativas en cuestiones de salud reproductiva y la lucha contra las violencias. Ellos advierten que el malestar de los varones por no saber qué se espera de ellos al vincularse con las mujeres no está tan presente en los jóvenes de hoy como sí lo estaba en 2017 y 2018, cuando los escraches en muchas escuelas de la ciudad empezaron a ocurrir ante cualquier actitud violenta o irrespetuosa por parte de los varones. Para los especialistas eso generaba, por esos años, cierta parálisis o resistencia al cambio de paradigma de muchos varones. La fundación trabaja en ámbitos escolares y deportivos, los cursos y talleres que brindan se enfocan en abordar la violencia como temática en todos los órdenes posibles. Los profesionales cuentan que a veces se acercan ellos mismos a las instituciones, otras veces llegan por pedido de los directivos y a una escuela incluso llegaron por parte del centro de estudiantes. Sobre la búsqueda de una masculinidad más sana explican la importancia de no conducir a la formación de un nuevo estereotipo de masculinidad ya que detrás de ese estereotipo pueden esconderse viejas formas de violencia y subordinación.

Sobre la cuestión del respeto y el consentimiento, Matías de Stéfano Barbero explica que si bien algunos hombres expresan hoy cierto grado de malestar por no saber cómo es la forma correcta de proceder, sus discursos son muy diversos. Aunque algunos son más reaccionarios, otros denotan incertidumbre por el cambio en ciertos límites. Y aclara que es importante revisar ciertas prácticas que podrían significar un avasallamiento a la voluntad de las mujeres.

¿El aborto en cuestión?

Durante la campaña presidencial Javier Milei había prometido cerrar el Ministerio de las Mujeres y desde sus primeras apariciones públicas siempre se mostró en contra de la legalización del aborto. ¿Están en peligro los derechos por el retorno de las ideas conservadoras? Meler afirma que sí y que una muestra de eso se encuentra en los intentos de revisar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los profesionales consultados coinciden en señalar que un cisma entre varones y mujeres podría llegar a ser aún más perjudicial, ya que una salida superadora precisa de la acción en conjunto. Para prevenir la violencia de género y generar una comunicación respetuosa, es necesario erradicar todo tipo de violencias de las prácticas cotidianas y no sólo en vínculos sexoafectivos sino entre pares, en la amistad o en la familia. Atender a las complejidades que supone ser hombre en nuestra sociedad no necesariamente implica una oposición categórica al feminismo. La masculinidad tradicional no ofrece sólo privilegios sino también sufrimiento y alienación.

Tanto sea por razones económicas, culturales o políticas, lo cierto es que los cuestionamientos al feminismo se han instalado en el debate público y han permeado con más fuerza en el electorado masculino.

 

El Niño que demoró el otoño

El Niño que demoró el otoño

Inundaciones, efecto invernadero, veranos más largos e inviernos más cortos. Pese a que el Gobierno de Milei lo niega, el cambio climático avanza y amenaza a toda la población.

Inundación en la ciudad de La Plata en 2023. Archivo TELAM

El fenómeno de El Niño llegó y alertas amarilla, naranja y roja fueron las que predominaron durante marzo, en el que en un solo día de lluvia cayeron más milímetros de agua de lo que suele llover en todo el mes. Estas condiciones, además, hicieron que el otoño se retrasara más de lo habitual. Pero, ¿qué tienen que ver El Niño y el otoño? Al respecto, ANCCOM dialogó con Melanie Ayelén Alfonso, militante de la organización Consciente Colectivo y estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM.

Alfonso afirma que el fenómeno de El Niño y el otoño tardío tienen una estrecha relación. Por un lado, aquel genera un aumento de la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial y cambios en la atmósfera y en el clima a nivel global. Aproximadamente, ocurre cada dos a siete años y los episodios suelen durar de nueve a doce meses. “El Niño influye fuertemente en las condiciones del otoño debido a que el cambio climático intensifica este fenómeno. ¿Qué va a pasar? Lluvias, muchas lluvias. Tres de los diez otoños de los que se tiene registro desde los años sesenta fueron los más lluviosos y fueron bajo El Niño”, explica.

“El fenómeno de El Niño suele estar asociado a temperaturas mínimas más altas y máximas más bajas por un menor enfriamiento por la noche y mayor nubosidad durante el día. Además, al aumento de la temperatura media y la reducción considerable de ocasionales heladas, especialmente en la zona centro y norte del país, ya que la nubosidad por las noches conlleva a que la radiación solar acumulada en la Tierra se refleje en las nubes produciendo un esporádico efecto invernadero”, agrega.

Dado el cambio climático que se vive a nivel global, las estaciones van a durar cada vez menos. Alonso sostiene que un dato no menor es que todas las mediciones con las que se trabajan estos fenómenos son del pasado, tiempo en el que no existía un planeta tan caliente como ahora. “Estamos trabajando con un factor de incertidumbre extra que se genera año a año. Según un estudio de 2021, mientras más se intensifica el calentamiento global, las cuatro estaciones del año ya no son equivalentes en duración. Otro señala que entre 1952 y 2011 en el hemisferio norte el verano aumentó de 78 días a 95 días y el invierno redujo su duración de 76 a 73 días”, detalla.

El fenómeno de El Niño no se puede evitar debido a que es algo que sucede naturalmente. Pero, ¿y el cambio climático? Alfonso subraya que “no podemos pelear contra él porque ya sus consecuencias y efectos nos sobrepasan. Sí el Estado, a través de la ciencia, debe implementar políticas de mitigación, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero -que son los que calientan la atmósfera- en las distintas actividades productivas del país y producir recursos como paneles solares para bajar las emisiones. Además, se necesitan políticas de adaptación para prever cómo amoldarse a ciertos fenómenos que sabemos que van a ocurrir sí o sí, como generar infraestructuras para las inundaciones o más espacios verdes”.

En un contexto donde el CONICET y la ciencia argentina están en riesgo de desguace y vaciamiento, el desafío es mucho mayor. “Luchar contra el cambio climático no es trabajo de una sola disciplina. Sin la ciencia nacional en territorio, sin una ciencia que tenga intereses propios, no se pueden crear políticas públicas para tratar los efectos que el cambio climático trae en las distintas partes del país”, remarca Alfonso y concluye: “La coyuntura internacional nos condiciona política y económicamente a cumplir con políticas de mitigación y adaptación porque, por ejemplo, tenemos que seguir cumpliendo con el Acuerdo de París. Incluso nuestra propia Constitución nos obliga a cuidar los bienes comunes. El mismo cambio climático no te va a permitir seguir adelante con ciertos modelos de mercado y política que no son sustentables”.

«Malvinas no figura en la agenda de Milei»

«Malvinas no figura en la agenda de Milei»

Este 2 de abril, el presidente Javier Milei no viajará las ceremonias que se realizarán en el sur argentino y solo dejará una ofrenda floral en Buenos Aires. ¿Cómo ven las políticas del actual gobierno sobre el archipiélago los excombatientes?

El 3 de enero de 1833 las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por las fuerzas del ejército británico, que arribaron al territorio argentino sin previo aviso y en tiempos de paz para desplazar a la población y autoridades que allí se encontraban. Desde entonces, la Argentina no ha cesado de ejercer su legítimo reclamo sobre el territorio, ante la intransigencia del Reino Unido.

Si hay un tema que realmente genera consenso dentro de nuestra sociedad, tanto en la ciudadanía como en el arco político general, es el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Una herida que no cierra, sobre todo a partir de aquel 2 de abril de 1982, cuando la dictadura militar intentó salvar su debacle a través de una fugaz recuperación del archipielgo con una guerra sin posibilidad alguna de victoria.

Pero aquella operación militar que llevó a que más de 23.000 soldados y conscriptos pusieran en riesgo su vida, y 650 la perdieran en el camino, no logra conmover a quienes hoy gobiernan el país. A pesar de los intentos de la vicepresidenta Victoria Villarruel y de la canciller Diana Mondino de mostrar un perfil nacionalista de la gestión, el actual presidente Javier Milei, admirador confeso de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, se encuentra más abocado a la tarea de confirmar su presencia en actos en Miami o encuentros con Vox en Madrid, que en participar de las ceremonias que se realizarán en el sur del país.

Este año se observó el despliegue de ejercicios militares por parte del ejército británico en las Islas, se produjo la visita del Cameron al territorio ocupado, y se llevó a cabo un nueva anexión inglesa del Mar Argentino para ampliar su injerencia de manera unilateral casi 170.000km2

Por caso, se observó el despliegue de ejercicios militares por parte del ejército británico en las Islas, se produjo la visita del Cameron al territorio ocupado, y se llevó a cabo un nueva anexión del Mar Argentino para ampliar de manera unilateral casi 170.000km2 el Área Marina Protegida (AMP) creada en 2012, que establece especiales restricciones a las actividades de tipo extractivo como la pesca o la exploración petrolera y a cualquier otra que ponga en riesgo el ecosistema marino. Estos hechos fueron catalogados por parte de mandatarios provinciales de la oposición, diversas figuras políticas y excombatientes y veteranos como gestos de provocación innecesarias hacia la Argentina y las resoluciones internacionales.

Sobre estas cuestiones Rodolfo Carrizo, excombatiente y presidente del Centro de exCombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIME), señala: “Para nosotros la cuestión Malvinas representa un eje central en la historia política, diplomática, geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de la Argentina, que a lo largo de la historia ha sostenido en todos los foros internacionales, independientemente de la envergadura y de la cantidad de países que represente, una concepción de que la patria es un territorio indivisible, lo cual hace referencia a la integridad territorial y obviamente la cuestión Malvinas tiene que ver con los principios de la defensa de la soberanía territorial y que creemos que es esencial en una política de Estado”.

En ese sentido, agrega: “El 2 de abril de 1982 fue un punto de inflexión en el que una dictadura militar generó una guerra y decidió inmolar a una generación. Ya pasado el tiempo, Malvinas nos ofrece un campo de interpretaciones políticas y geopolíticas que son muy importantes para el destino de la Argentina. Es por esto que creemos que es central comprender que esta causa representa un conjunto de recursos estratégicos básicos para el desarrollo de una nación, en alimentos, en agua potable, en energía y minería, en biodiversidad, etcétera. Las potencias extranjeras siempre han prestado mucha atención a este tipo de cuestiones, entonces encontramos una explicación de por qué el imperio británico ejerce una usurpación territorial hace tantos años sobre este lugar.

Respecto de la política actual del gobierno en el tema Malvinas, Carrizo afirma “Estamos frente a un proceso absolutamente decidido desde ciertos gobiernos, desde las inteligencias militares, no propias sino extranjeras, de llevar adelante un accionar político-militar que tenga un sentido cultural de desmalvinización. Desde la asunción de Milei a la fecha, Malvinas no figura dentro de su agenda ni en la agenda política internacional del gobierno. Todo lo que se está haciendo es en detrimento del patrimonio nacional y en la pérdida de soberanía”. Y añade: “Hoy aparecen acuerdos irresponsables como entregar el control y monitoreo de la red troncal del Paraná al ejército de Estados Unidos, permitir los ejercicios militares de la OTAN y de UNITAS, junto a esto también la irresponsabilidad de romper el frente más importante que tiene la argentina en cuanto a lo diplomático y lo comercial que tiene que ver con América Latina. Este presidente se ha enojado con Lula, ha ofendido a (Gustavo) Petro, a (Andrés) López Obrador, y esto repercute mucho a la hora de conseguir consensos por el tema de Malvinas en el plano internacional”.

Gustavo Adolfo Druetta, sociólogo de la Universidad Católica Argentina, con maestría en Ciencias Sociales en FLACSO-México D.F, y exteniente de Artillería en el Ejército Argentino opina que se viene dando desde hace mucho tiempo un proceso de desmalvinización. “La Argentina es una plataforma monumental de recursos tanto para el bloque occidental como para el bloque oriental, por lo que son muchos los intereses involucrados en esta cuestión. Como país, nos encontramos muy debilitados en términos socioeconómicos, y ni hablar en materia de defensa nacional, como para tener chances de imponer nuestra voluntad y de generar efectos concretos sobre las Islas. Para mí, si hablamos de una desmalvinización, esta es un producto de esa debilidad que tiene la Argentina”.

En  materia de la agenda de política internacional relacionada al reclamo de soberanía, opina que “probablemente el reclamo por parte del gobierno actual es una materia que va a estar pendiente de la dirección geopolítica que tome el mundo. Evidentemente el gobierno actual, que está totalmente alineado con el bloque occidental, en momentos en que la geopolítica está muy caliente con los conflictos Israel-Hamas y Rusia-Ucrania, interpreta que la Argentina tendrá cada vez menos posibilidades de que su reclamo de soberanía sea atendido, porque las Islas son una gran fuente de recursos y un gran portaaviones que tiene la OTAN en el Atlántico Sur, por lo que devolverle el control del territorio a la Argentina no debe ser una hipótesis plausible para la alianza.”

Druetta considera que el gobierno “está tratando de enviar señales al mundo occidental, al que está plegado completamente, de que nosotros no vamos a tratar de recuperar Malvinas con la ayuda de superpotencias contrahegemónicas a Estados Unidos y pertenecientes al bloque oriental, como puede ser China. Me parece que es un mensaje que puede afectar al sentimiento nacional de que las Malvinas son nuestras Islas, lo cual es cierto, pero lamentablemente en materia política están bajo el control del imperio británico hace casi doscientos años”.

Respecto al mejor método para lograr que la Argentina pueda de cara al futuro hacer valer efectivamente su reclamo sobre las Islas, ambos testimonios creen que es fundamental construir un país diferente al actual a través de políticas concretas. Debe ser un país que reduzca drásticamente los niveles de pobreza, que progrese a partir de la generación de empleo y a partir de la producción, que invierta en salud y educación pública y que invierta en obras de infraestructura, todas estrategias que, por visto en los primero tres meses de gestión, no parecen estar incluidas en el plan de acción del actual gobierno.