Uno de los capítulos más controvertidos de la Ley de Bases es minuciosamente analizado por críticos y defensores. El modelo de desarrollo económico, la soberanía jurídica, el cuidado ambiental, la calidad del empleo y la equidad impositiva, entre otros temas que se ponen en juego con la nueva normativa. ¿Saldrá airoso o será rechazado en el Senado?
Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente para recordar a los gobiernos de todo el planeta la importancia de llevar adelante políticas que promuevan la preservación y mejora del ambiente. Son 52 los años que pasaron desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la efeméride. Lo hizo en homenaje a la Conferencia de Estocolmo, que fue la primera gran disertación sobre temáticas socioambientales que hubo a nivel internacional y cuya apertura tuvo lugar el 5 de junio de 1972 en Suecia.
No obstante, en estos días el Senado de la Nación ha estado muy lejos de debatir qué acciones se podrían realizar en Argentina para proteger el ambiente y, en consecuencia, promover el bienestar de la población y fomentar un desarrollo económico sustentable y equitativo. Por el contrario, los senadores han estado discutiendo en comisiones los detalles del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), uno de los capítulos del proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que busca profundizar el modelo de desarrollo extractivista con el objetivo de promover una mayor industrialización en el país y su consecuente generación de empleo.
Según el texto del proyecto de ley, que está disponible para su lectura exhaustiva en www.infoleg.gob.ar, el RIGI pretende “dar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” a empresas nacionales y extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en proyectos vinculados a infraestructura, agroindustria, minería, gas, petróleo, el ámbito forestal, energía y tecnología “a fin de garantizar la prosperidad del país, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones previstas en el RIGI y desarrollar coordinadamente las competencias entre el Estado nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales”.
Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dijo al respecto: “Se trata de una faceta mucho más agresiva del extractivismo, porque no sólo promueve inversiones de gran tamaño para profundizar nuestra matriz productiva sino que ni siquiera tiene en consideración el desarrollo de los lugares en los que se produce. Lo que siempre discutimos de la matriz extractivista es que muchas veces puede ser valorada por los actores de la comunidad en donde se da porque genera trabajo, pero en este caso ni siquiera está eso porque pueden traer personal de afuera directamente, sin necesidad de formar al personal de acá para que en el futuro pueda conducirlo. El régimen no fomenta ni obliga a la compra nacional, que podría favorecer a las empresas más pequeñas que podrían proveer algún material necesario para la explotación. Ese es el más crudo de los extractivismos porque es venir, explotar y ni siquiera dejarle algo a la gente que está ahí. Además de profundizar el extractivismo, genera un colonialismo”.
“Eso no es así —se opuso Lisandro Almirón, abogado y diputado nacional por La Libertad Avanza, en diálogo con ANCCOM—. Para cualquier inversión de gran envergadura necesitás motorizar todos los sectores de la economía que hoy pueden estar en recesión. Una es la construcción de caminos, edificios, viviendas. Puede venir mano de obra de otro lado, que no sea de Argentina, pero generalmente se da en cuestiones muy técnicas, cuando otros países tienen recursos humanos que por su formación y capacidad hacen indispensable su presencia en la industria local. Pero el que invierte busca precio, calidad y que su producto pueda ser vendido, exportado, competitivo en el mercado. En la Argentina de principios del siglo pasado las grandes obras no se hicieron solamente con mano de obra local. Los ferrocarriles eran capitales extranjeros y se han fundado pueblos gracias a esa industria, lo mismo con las exploraciones petroleras. No tener en cuenta eso es desconocer la historia. Pero hay que confiar en los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las universidades que tiene el país, hay gente formada para cualquier desarrollo industrial. No podés pensar que la inversión no va a venir acompañada de absorción de mano de obra local calificada. No nos desarrollamos porque tenemos una mentalidad mezquina y conservadora de decir: ‘Dejemos a todos como estamos, inmersos en la pobreza, no generemos inversiones y veamos cómo seguimos arreglándonos con lo que tenemos, sin desarrollo, sin producción y sin tener valor agregado’. Esa visión de pensar que todo lo que viene hará un daño me parece arcaica y mezquina”.
Por su parte, Facundo Ríos, abogado especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, señaló a esta agencia que “al no tener definiciones concretas en un marco jurídico argentino sobre cuáles van a ser para nosotros las evaluaciones de impacto ambiental y cómo vamos a demostrar que las empresas que vienen a invertir desde el extranjero no contaminan el ambiente, vamos a seguir viviendo en un híbrido donde las provincias pueden determinar sin grandes consecuencias cuáles son para ellas esas evaluaciones. Si no tenemos una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional —advirtió Ríos—, es muy difícil que podamos determinar parámetros estándares para que un empresario que quiera venir a invertir no tenga un conflicto legal permanentemente en este país. El RIGI es contrario al orden jurídico actual. Si vos hacés una diferencia ante la ley entre una empresa grande y una chica, lo más probable es que yo te declare inconstitucional esa parte de la norma. Lo que más me preocupa es que a las empresas extranjeras les dejen llevarse los recursos naturales como quieran, les den exenciones impositivas y les permitan no tener sus inversiones integradas a los mecanismos productivos del país”.
En cambio, Almirón dijo que “eso de que no hay mediciones de las consecuencias de la explotación de los recursos naturales es una interpretación muy subjetiva. Con ese criterio los países desarrollados no podrían haber llegado a los estándares de competitividad a los que han llegado en los últimos años. Quedaríamos muy atrás con un razonamiento muy rígido respecto al ambiente. En Argentina los bonos verdes tienen cada vez mayor aceptación porque otros países valoran que este país no produzca y siga pudiendo ser la reserva ecológica mundial. Pero mientras nosotros somos eso, el resto de los países sigue generando valor agregado a su materia prima y sigue mejorando su calidad de vida. Entonces si vas a medir en función de no aumentar tu PBI con argumentos que son muy radicales respecto al cuidado del ambiente y no hay inversiones por las consecuencias en el impacto ambiental, y si a eso le agregás la falta de credibilidad y seguridad jurídica, estamos muy lejos de sacar el país adelante. Yo no comparto la Agenda 2030, no creo que ese sea el camino para los países que quieran desarrollarse”.
La agenda a la que se refirió el diputado también se conoce como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se estableció en septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En aquella oportunidad 193 jefes de Estado aprobaron un documento que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que se deben aplicar de forma universal. El Gobierno nacional argentino que asumió en diciembre de 2015 en ese momento tomó el compromiso de implementar esa agenda mundial a nivel local. Entre sus objetivos se encuentran el de garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante así como a modalidades de consumo y producción sostenibles, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la biodiversidad, entre otros.
Hay que recordar que el extractivismo implica arrancar los recursos naturales y materias primas de la tierra, tales como diamante, oro, plata, cobre, madera y petróleo, entre otros, para venderlos en el mercado mundial. “El principal destinatario del RIGI son las grandes empresas mineras, cuyo principal insumo es el agua. Argentina es el cuarto país del mundo con más conflictos ambientales en torno a la minería, y estamos hablando de un régimen que no tiene precedentes en el mundo. A las inversiones que lleguen se les dan unos beneficios que son absurdos para la explotación en el país”, afirmó Micaela Oroz, referente de la organización ambientalista “Ahora qué?”.
Oroz contó que existen diferentes líneas de pensamiento en el ambientalismo respecto de actividades como la minería y el fracking, una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo de los subsuelos que promueve la fractura de las montañas para extraer minerales e hidrocarburos. Dijo que existe una postura “más dialoguista” que si bien reconoce que esas actividades extractivistas son las principales emisoras de gases de efecto invernadero y generan consecuencias ecológicas como el cambio climático y la crisis de biodiversidad y de gestión de los plásticos, sostiene que la mayoría de los países que hoy impulsan las restricciones a las actividades de impacto ambiental pudieron desarrollarse por la explotación de los recursos en los países subdesarrollados. “Esta línea sostiene que el extractivismo está mal, pero pone en entredicho una oposición tajante a todo, pensando en el desarrollo estratégico a largo plazo para que pueda realizarse una transición ecológica, energética, económica y social, porque a fin de cuentas no se trata sólo de la preservación del ambiente sino también de mejorar la calidad de vida humana”, puntualizó Oroz, y aclaró que esa es la corriente de pensamiento que ella sostiene. Por otra parte, dijo que existe una postura “más purista”, que propone frenar todo tipo de actividad extractivista. “Es una línea súper respetable y valorable, porque sólo del pragmatismo no puede vivir un movimiento y está bueno que haya posicionamientos más puros también”, opinó Oroz.
Por su parte, Monkes dejó entrever una mirada similar a la de Oroz al afirmar que “no discutimos tanto el proceso productivo en sí sino la postura política que tomás a la hora de encarar esa matriz productiva. Yo no estoy en contra de que explotemos gas; quiero una matriz energética verde pero eso en el corto plazo es irreal. El problema que tenemos hoy es que nadie planifica hasta dónde explotar el gas, simplemente mientras sea rentable se va a hacer. Ese es el pensamiento extractivista, que sólo mide una variable económica y mercantil a la hora de pensar la matriz productiva”. Y ahí viene el RIGI para instalar ese criterio. “El RIGI fomenta esa posición política y filosófica, que hace que no podamos mantener producciones que capaz no son rentables desde lo económico pero que son enormemente productivas desde lo ambiental, como las agroecológicas, que buscan no modificar el paisaje para producir alimentos sino adaptar los alimentos al paisaje. Esto es: tratar de aprovechar los bichos naturales que haya en la zona y que se pueden comer plagas, asociar cultivos porque se benefician mutuamente y alejar cultivos que compiten y, llegado el caso, reducir insumos de síntesis química, como pesticidas y fertilizantes. Yo no tengo una postura tan puritana con la agroecología, porque si hay una plaga que se desmadró en un año determinado por equis motivo ecológico azaroso, no me parece mal que se aplique un fungicida o un insecticida para matar esa plaga porque estás perdiendo la producción. Otros tienen una mirada más purista, para mí se trata de aplicar principios ecológicos a la producción agropecuaria tendiendo a reducir insumos químicos”.
En cuanto a cómo podría afectar el RIGI a las economías regionales y a los pueblos que habitan las tierras en las que se encuentran los recursos naturales más codiciados, Oroz aseguró que “el RIGI va en contra del Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que están en sus territorios. También va en contra del Artículo 75, Inciso 17 que afirma que los pueblos indígenas preceden al Estado nacional en esos territorios, y reconoce sus derechos sobre esas tierras. Además está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula la consulta previa, pública, libre e informada y la autonomía de las comunidades respecto a sus formas de desarrollo”.
“Las provincias petroleras patagónicas o las provincias del norte con la industria energética cobran regalías que les permiten recibir ingresos por el solo hecho de que determinadas cosas estén o pasen por ahí sin la más mínima inversión ni proyección. En ese sentido, las provincias tienen un sistema que garantiza que todo tipo de industria tenga efectos directos e indirectos que mejoran sustancialmente las economías provinciales y regionales —objetó Almirón—. Tenemos que ser conscientes de que si bien tenemos recursos naturales, también existen otros países que son altamente competitivos con nosotros. En la reunión que tuvo el presidente de la Nación con Elon Musk, este empresario reconocido a nivel mundial no le ponía tanto el ojo al litio sino más bien al cobre. Y de lo que lleva explotado Chile, Argentina explotó solamente el 10% en el mercado de cobre, nos queda todo para crecer. Si se nos va la posibilidad de atrapar grandes inversiones, se van a ir a otros países”.
“No comparto esa interpretación de que los pueblos preceden a nada, eso no es así —siguió Almirón—. El concepto de Estado-Nación aparece a mediados del siglo diecinueve y el Estado argentino se funda en cumplimiento de pactos preexistentes. Esa discusión es de tinte separatista, es una interpretación muy maliciosa respecto de la identidad de Argentina y tiende a generar desorden. Una cosa son los derechos de los pueblos originarios respecto a su identidad y otra cosa son los derechos sobre el territorio. Nadie desconoce su identidad, pero el derecho a la propiedad acá tiene un sistema de registración, que lo pone la Constitución y el Estado argentino que gobierna a través de sus representantes, no a través de abstracciones jurídicas o filosóficas. Los derechos subjetivos de los pueblos originarios no tienen nada que ver con los derechos del Estado-Nación argentino”.
Para Ríos “hemos avanzado, por suerte, con el Acuerdo de Escazú, pero al margen de eso creo que estamos todos de acuerdo con que cada pueblo pueda tomar decisiones sobre lo que se haga con su territorio. Con el RIGI hay que estar alertas de que cuando lleguen las inversiones hay que ver qué pasa al final del camino: qué hicimos con el recurso explotado, cómo lo explotamos y qué fue lo que quedó. Existen muy buenos modelos, como Noruega o Suecia, que con las inversiones crean fondos que hoy les sirven para solventar las jubilaciones y pensiones. En Noruega cerraron una empresa de explotación de carbón súper importante, con un ingreso que era multimillonario, por conciencia ambiental”.
Quienes defienden la aprobación del RIGI sostienen que esta política va a generar empleo y que se trata de un instrumento para que Argentina deje de ser un país subdesarrollado. “Eso es absurdo. Los mecanismos del RIGI apuntan a que Argentina se condene a ser un exportador de commodities porque no tiene ningún incentivo para el desarrollo local. Yo no veo cómo puede potenciarnos una política que va en detrimento de la industria nacional”, opinó Oroz.
“Yo creo que la relación entre países desarrollados y subdesarrollados —señaló Monkes— no se rompe con este tipo de inversiones sino con posturas más soberanas a la hora de pensar un país. Naciones que supuestamente van a venir a invertir, pueden dar media vuelta e irse porque no hay ninguna restricción a que vengan, hagan negocios y se lleven esos dólares”.
En cambio, Ríos apuntó que “el RIGI va a generar un empleo temporal y no va a llevar al desarrollo. Esta política viene a decir a las empresas: ‘Argentina está de oferta, quién es el mejor postor, vengan que nosotros les garantizamos que no les vamos a tocar la plata’”.
En caso de aprobarse la ejecución del RIGI, las empresas que queden englobadas dentro de él tendrán beneficios económicos y jurídicos por 30 años, entre los que se destacan la importación de máquinas e insumos sin pagar aranceles ni priorizar a los proveedores locales y la reducción del impuesto a la ganancias del 35% al 25%. “El RIGI es ilógico por donde lo mires. Si se ejecuta, podría ser la cosa más dañina que nos ha pasado en los últimos cuarenta años. Estados Unidos, que es el país que Milei más admira, tiene un plan antiinflacionario que es extremadamente proteccionista y que tiene consenso entre demócratas y republicanos”, comentó Oroz. A su vez, Ríos aseguró: “Las excepciones impositivas que propone el RIGI son ilógicas, no tienen antecedentes en el mundo. No generan ningún valor agregado en el país, el único valor es que ingresó el dólar. Lo importante es que con esa plata que vos estás girando pagues impuestos, me ayudes con el desarrollo productivo de mi país, me garantices que no me dejás contaminado el ambiente. Si vos me dejás estructuralmente la situación en mejores condiciones de las que llegaste, por supuesto que girala, si yo necesito que lleguen inversiones extranjeras al país y necesito explotar el litio para hacer la transición energética. Pero yo no estoy a favor de que lo hagas con excepciones impositivas, sin un mecanismo de control y sin mejorar los procesos, porque si vos usás el agua y la dejás evaporarse a la atmósfera, se me termina secando el río, entonces te llevaste el litio y me dejaste un río seco, sin desarrollo y sin pagar impuestos. Eso no le sirve a nadie”.
Por otro lado, el texto del proyecto de ley indica que si surgiera alguna controversia entre el Estado nacional y las empresas adheridas al régimen en cuanto a la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del RIGI, “se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas”. Si esto no fuera posible, la disputa se resolverá según el reglamento de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) o el de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o el del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “El CIADI es una corte norteamericana que siempre falla en contra nuestro, lógicamente”, advirtió Oroz. Por su parte, Ríos opinó al respecto: “Les estás cediendo la soberanía de poder litigar en otro tribunal, porque vos como Estado tenés la potestad, en determinadas cuestiones, de decidir en qué jurisdicción vas a litigar y eso te da garantías. Por ejemplo, los Estados que te prestan plata, lo hacen con la jurisdicción de Estados Unidos, es decir, vas a litigar en ese país porque es el que se elige cuando se pacta el acuerdo internacional”.
Ahora bien, es válido preguntarse qué otro modelo de desarrollo se podría proponer en contraposición al que pretende establecer el RIGI. “Depende de la ideología. El modelo que a mí más me gusta es uno que sepa que si vas a extraer los recursos naturales, al final del camino vos tengas las inversiones que trajiste integradas al modelo productivo, que los impuestos que cobres a esas megainversiones te garanticen que vas a tener un desarrollo en tu país, fondos para la educación, para el desarrollo de industrias competitivas de tu Estado, como la del conocimiento”, expresó Ríos.
“Pienso que podemos crear economías de escala a nivel regional, si es a nivel internacional todavía mejor, en las que se generen incentivos para el desarrollo de la transición energética, que me parece que es el punto principal para impulsar el desarrollo sostenible. Esto significa dejar de consumir una energía basada en combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, y pasar a basarnos en energías renovables y limpias, como la eólica y la solar, incluyendo la hidroeléctrica y nuclear, porque tienen menores o nulas emisiones de gases de efecto invernadero”, enfatizó Oroz. “Yo creo que la agroecología es una herramienta para construir soberanía alimentaria”, opinó Monkes.
Ya pasaron muchos años desde aquella Conferencia de Estocolmo que inspiró a la ONU a crear el Día Mundial del Medio Ambiente, pero en Argentina y en el mundo se insiste con la ejecución de políticas que parecen ir en contra de la preservación y mejora del ambiente, un hecho que invita a preguntarse entonces qué es lo que motiva ese accionar en los diferentes países. “Acá hay que hacer un diagnóstico —subrayó Ríos—. La discusión del nivel de preocupación por los temas ambientales es muy reciente, empezó a subir en intensidad a partir de la década del ‘90, con mucha retórica pero con poca acción. Naciones Unidas determinó que el ambiente es un derecho humano recién en 2022. Yo creo que en Argentina tenemos muchas inconsistencias en nuestro sistema ambiental porque no tenemos diálogo político. Hace veinte años que no podemos tener un acuerdo político entre los partidos. Si no podemos acordar en cuestiones mucho más básicas como la educación, es muy difícil que acordemos un modelo productivo o cuáles son los límites de explotación de nuestros recursos naturales. La falta de instituciones sólidas en nuestro país lleva a tener una falta de desarrollo normativo”.
A Oroz la desvela, y mucho, que se baje el tono de advertencia sobre el cambio climático. “Uno creería que una amenaza tal como la extinción masiva de especies lograría trascender a los colores políticos. Afortunadamente, en nuestros diálogos con la política más tradicional encontramos mucha más receptividad en torno a estas temáticas, pero el peligro de los discursos de ultraderecha, que tiene el actual Gobierno, es que pretenden desandar debates que ya tenemos saldados hace décadas y eso me preocupa mucho. Que se relativice el consenso que hay sobre el cambio climático es muy peligroso”.
“Creo que se insiste en políticas como el RIGI porque no tenemos clara la salida, no sabemos entretejer los reclamos ambientales con un mundo cada vez más globalizado, complejo e interrelacionado y a la vez tan fluido, porque el capital va doblegando a cada país por separado. Yo creo que hay que avanzar en una gobernanza mundial que controle esos capitales que se mueven tan fluidamente entre los países”, concluyó Monkes.